Foto por: Mista Stagga
Montados en miedos apocalípticos y cabalgando sobre viejos y trillados discursos moralistas, los sospechosos habituales aseguran que despenalizar el consumo de marihuana traerá la destrucción de la fibra moral que, según ellos, mantiene coherente la sociedad en que vivimos y nos llevará a la destrucción total al estilo de Sodoma y Gomorra. Digo los sospechosos habituales, pues son los mismos sectores que desde el siglo XIX vienen usando el miedo y la insensatez para mantener o impulsar leyes que disminuyan la separación de iglesia y estado, fortaleciendo la primera frente al segundo.
Estos son los mismos que en su momento se opusieron al voto de las mujeres, al consumo del alcohol u otras sustancias, a los matrimonios interraciales, a los derechos de las mujeres sobre su cuerpo y al libre disfrute de la sexualidad entre adultos. Además, son los mismos que se oponen a que se enseñe la teoría de la evolución en las escuelas públicas. Incluso algunos de estos sectores llegan al punto de pensar que Estados Unidos es un país descendiente de cristianos, por lo que no necesita otra ley penal que no sea la Biblia y donde el derecho debe estar al servicio de ayudarnos, por la fuerza si fuera necesario, a fortalecer el espíritu y la virtud moral.
Por tanto, el que esta claque o mafia moralista pretenda imponernos sus valores empujando el control de los individuos por parte de un Estado dirigido por políticos que les temen y responden a su presión, no debe sorprender a nadie. Tampoco debe sorprender a nadie que los poderosos en esta sociedad cierren filas con esa mafia moralista y la utilicen como quinta columna, pues son ellos los que verdaderamente se benefician del control social y de la cultura de encerrar y castigar a cualquiera que no represente, se comporte o por lo menos respete sus intereses. Entiéndase los intereses del blanco, varón, propietario, de apariencia heterosexual y cristiana.
Después de todo, fue esa juntilla compuesta por sectores cristianos conservadores, blancos racistas, viejos oligarcas agrícolas y alguno que otro interés económico, los que lograron pasar las prohibiciones contra el cannabis y otras sustancias durante la primera parte del siglo XX. El gran logro de esa claque conservadora en el Puerto Rico del siglo XXI es hacer creer al pueblo que el problema radica en el uso de las sustancias y no en la prohibición de las mismas.
Por esta razón, tan pronto alguien como el senador Miguel Pereira trata de discutir cuán efectiva es la prohibición para reglamentar el uso de una u otras sustancias, o para evitar que los niños tengan acceso a las mismas, estos grupos responden con una cruzada mediática sobre los peligros o daños que, dependiendo de a quién usted consulte, se relacionan con el consumo de las mismas.
Lo terrible del caso es que al tratar de defender sus puntos de vista los sectores más democráticos, progresistas, libertarios, conscientes y hasta anarquistas del país, inconscientemente le hacen el juego a esos sectores conservadores discutiendo si el consumo de una u otra sustancia hace o no hace daño. De esta manera, el resultado es que se desvía la atención del verdadero asunto en discusión y se termina permitiendo que sean estos sectores recalcitrantes los que dicten la pauta sobre el manejo de la marihuana en la isla.
En este momento la discusión pública no puede ser si la marihuana es buena o mala, si hace daño o no, si es adictiva o no lo es. Después de todo, quien paga la orquesta escoge el repertorio, así que con los recursos económicos adecuados, se puede encontrar el estudio “científico” necesario para probar o crear la duda que favorezca cualquiera de las posturas mencionadas.
Al permitir, no obstante, que los conservadores secuestren la discusión pública con su discurso de miedo moral sobre “los daños” y “los peligros”, se está evitando que se discuta cómo esa fracasada prohibición criminaliza a ciudadanos libres que, sin hacer daño a nadie, deciden buscar su felicidad como ellos o ellas la entienden. Igualmente, no se discute cómo estas leyes hacen más difícil que aquellos para quienes el uso de estas sustancias representa un problema de salud puedan recibir las ayudas médicas necesarias.
Al dejar que los conservadores dominen la controversia con su discurso de pánico moral, tampoco se discute el hecho de que es la prohibición la que alimenta económicamente a los carteles criminales internacionales. Tampoco se debate que, a cuarenta años de esa prohibición, la misma ha costado casi mil millardos (mil miles de millones) de dólares sin tener un solo logro concreto que justifique ese gasto.
Lo que realmente se debe estar discutiendo en este momento, independientemente de lo que usted crea sobre la marihuana, es si los puertorriqueños, como pueblo, deben mantener unas leyes que vienen fracasando desde la primera parte del siglo pasado y cuyos únicos logros son el aumento de la población carcelaria y la criminalización innecesaria de jóvenes en su edad más productiva. Esto sin mencionar cómo estos estatutos crean las condiciones para el aumento de la producción, del tráfico, de los niveles de consumo, de las ganancias y de las esferas de influencias de aquellos vinculados con el comercio de las ilegalizadas sustancias.
Lo que realmente debemos examinar es si el país seguirá, a un costo millonario, convirtiendo en criminales a quienes, como seres libres y sin dañar a otros, deciden intoxicarse de una manera y no de otra. Igualmente se tiene que discutir si es adecuado que una sociedad gaste casi ciento cincuenta mil dólares en arrestar y encarcelar a una persona por el simple hecho de poseer una planta o sus derivados. Pero sobre todo, lo que se tiene que discutir es si Puerto Rico está dispuesto a seguir pagando el callejero tributo de sangre que exige, como consecuencia no intencionada, la prohibición y el mercado negro que ella produce. Esa es la discusión que se tiene que dar. Lo contrario es hacerle el juego a los mercaderes del templo. Llevamos casi un siglo discutiendo sin éxito sobre las sustancias, entre ellas la marihuana. Ya es hora de comenzar a discutir acerca del verdadero problema: la prohibición.
