No del Tribunal a fábrica de monos en Guayama
Publicado: 14 de octubre de 2011
¿Cuándo fue la última vez que usted comió fricasé de mono? ¿O huevos de mono fritos? ¿O filete de mono? Y la última vez que usted vio un mono labrando la tierra, o se transportó de un lugar a otro en mono, ¿cuándo fue? Estos fueron algunos de los argumentos utilizados por el abogado Segundo Meléndez para persuadir al panel de jueces del Tribunal de Apelaciones (TA) y establecer que el uso que la empresa criadora de monos Bioculture pretende dar a los terrenos en Guayama no se ajusta a la definición de “agrícola”, y por ende no es cónsono con el ordenamiento territorial dispuesto allí.
El TA declaró ha lugar la solicitud de interdicto presentada por el líder comunitario Roberto Brito y otros ciudadanos en contra el Gobierno de Puerto Rico y Bioculture, la empresa que pretendía construir unas facilidades de crianza de monos para experimentación. Esta sentencia confirma una anterior dictada por el Tribunal de Primera Instancia, que ya había determinado que el permiso de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) a Bioculture había sido “otorgado contrario a derecho”.
“Los apelados lograron establecer que con toda probabilidad serían afectados por la construcción y el uso propuesto del proyecto de Bioculture,” dice la sentencia.
El líder comunitario de Pueblito del Carmen, una de las comunidades directamente afectadas por el proyecto, dijo a Prensa Comunitaria que se siente satisfecho, pero a la vez está incrédulo. “Año y medio llevamos esperando. Estamos bien contentos y agradecidos por el apoyo que hemos recibido. Vamos a montar guardia todos los días allí, porque el tribunal dijo que no pueden seguir construyendo”. Brito explicó que unas 1,000 familias se afectarían directamente por un proyecto de esta naturaleza, y a la vez precisó que unas tres personas de la comunidad trabajaban en la construcción de la fábrica, por lo cual se afectan por la decisión.
El panel compuesto por los jueces Cabán García, Cordero Vázquez y Saavedra Serrano, coincidió con el perito Ivan Elías, en que el proyecto “podría afectar negativamente la biodiversidad de la isla, podría contaminar la Reserva de la Bahía de Jobos, con residuos químicos y desechos fecales de los primates, podría afectar la disponibilidad de agua para los sectores aledaños, aumentaría grandemente el consumo de electricidad, se afectaría el uso de las vías, y podría traer plagas y enfermedades e incomodar a los vecinos por los ruidos emitidos por los animales”.
Sobre la decisión, el abogado Segundo Meléndez se mostró complacido. “Hasta cierto punto lo esperábamos. Estábamos convencidos de que sentamos las bases, llevamos cajas de prueba, nuestro perito Iván Elías estuvo durante ocho horas corridas frente al juez. Ese proyecto debe estar paralizado ya el lunes. Bioculture debe notificarle al contratista; allí no se puede edificar”.
De esta forma se reitera que ARPE expidió un permiso de construcción inválido, ya que al hacerlo violentó las disposiciones de los reglamentos aplicables al certificar la construcción de un proyecto cuyo proceso de evaluación debió llevarse a cabo mediante consulta de ubicación.
Según Meléndez, se estableció de forma contundente que la Evaluación Ambiental que Bioculture presentó no es una Declaración de Impacto Ambiental, las enfermedades que podía causar el proyecto, el hecho de que no caen dentro de la categoría pecuaria, y que la zonificación del lugar rústico común de uso rural no aplica al uso que propone Bioculture, que es de una zona industrial de gran magnitud.
“La propia ARPE fue la que incumplió con los mencionados estatutos al expedir un permiso de construcción y por lo tanto, se excedió de sus facultades, invalidando el mismo… El récord de Bioculture cuenta con cartas y documentos que aparentan, con cierta ambigüedad, ser endosos, pero que definitivamente no constituyen permisos,” dice la sentencia.
“Bioculture hizo pasar cartas por endosos. Ahí hay un claro intento de ocultar información a las agencias por parte de Bioculture. Aquí, los funcionarios públicos pasaron por alto la ley. La agencia proponente del proyecto fue PRIDCO. No se puede ser cínico, y pretender crear empleos y desarrollo económico sin medir las consecuencias. Eso es claudicar a su deber ministerial,” manifestó Meléndez.
Si Bioculture sigue adelante en los tribunales, el abogado de la comunidad instó a la alcaldesa Glorimary Jaime a oponerse no solamente de manera informal en foros públicos, sino por las vías administrativas y legales pertinentes. “Tiene autoridad por ser un municipio autónomo y tener un Plan de Ordenamiento Territorial, a ir más allá de los micrófonos, para decir que este proyecto no debe ir, y no habrá proceso legal que pueda seguir Bioculture,” aseguró el abogado.
El TA declaró ha lugar la solicitud de interdicto presentada por el líder comunitario Roberto Brito y otros ciudadanos en contra el Gobierno de Puerto Rico y Bioculture, la empresa que pretendía construir unas facilidades de crianza de monos para experimentación. Esta sentencia confirma una anterior dictada por el Tribunal de Primera Instancia, que ya había determinado que el permiso de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) a Bioculture había sido “otorgado contrario a derecho”.
“Los apelados lograron establecer que con toda probabilidad serían afectados por la construcción y el uso propuesto del proyecto de Bioculture,” dice la sentencia.
El líder comunitario de Pueblito del Carmen, una de las comunidades directamente afectadas por el proyecto, dijo a Prensa Comunitaria que se siente satisfecho, pero a la vez está incrédulo. “Año y medio llevamos esperando. Estamos bien contentos y agradecidos por el apoyo que hemos recibido. Vamos a montar guardia todos los días allí, porque el tribunal dijo que no pueden seguir construyendo”. Brito explicó que unas 1,000 familias se afectarían directamente por un proyecto de esta naturaleza, y a la vez precisó que unas tres personas de la comunidad trabajaban en la construcción de la fábrica, por lo cual se afectan por la decisión.
El panel compuesto por los jueces Cabán García, Cordero Vázquez y Saavedra Serrano, coincidió con el perito Ivan Elías, en que el proyecto “podría afectar negativamente la biodiversidad de la isla, podría contaminar la Reserva de la Bahía de Jobos, con residuos químicos y desechos fecales de los primates, podría afectar la disponibilidad de agua para los sectores aledaños, aumentaría grandemente el consumo de electricidad, se afectaría el uso de las vías, y podría traer plagas y enfermedades e incomodar a los vecinos por los ruidos emitidos por los animales”.
Sobre la decisión, el abogado Segundo Meléndez se mostró complacido. “Hasta cierto punto lo esperábamos. Estábamos convencidos de que sentamos las bases, llevamos cajas de prueba, nuestro perito Iván Elías estuvo durante ocho horas corridas frente al juez. Ese proyecto debe estar paralizado ya el lunes. Bioculture debe notificarle al contratista; allí no se puede edificar”.
De esta forma se reitera que ARPE expidió un permiso de construcción inválido, ya que al hacerlo violentó las disposiciones de los reglamentos aplicables al certificar la construcción de un proyecto cuyo proceso de evaluación debió llevarse a cabo mediante consulta de ubicación.
Según Meléndez, se estableció de forma contundente que la Evaluación Ambiental que Bioculture presentó no es una Declaración de Impacto Ambiental, las enfermedades que podía causar el proyecto, el hecho de que no caen dentro de la categoría pecuaria, y que la zonificación del lugar rústico común de uso rural no aplica al uso que propone Bioculture, que es de una zona industrial de gran magnitud.
“La propia ARPE fue la que incumplió con los mencionados estatutos al expedir un permiso de construcción y por lo tanto, se excedió de sus facultades, invalidando el mismo… El récord de Bioculture cuenta con cartas y documentos que aparentan, con cierta ambigüedad, ser endosos, pero que definitivamente no constituyen permisos,” dice la sentencia.
“Bioculture hizo pasar cartas por endosos. Ahí hay un claro intento de ocultar información a las agencias por parte de Bioculture. Aquí, los funcionarios públicos pasaron por alto la ley. La agencia proponente del proyecto fue PRIDCO. No se puede ser cínico, y pretender crear empleos y desarrollo económico sin medir las consecuencias. Eso es claudicar a su deber ministerial,” manifestó Meléndez.
Si Bioculture sigue adelante en los tribunales, el abogado de la comunidad instó a la alcaldesa Glorimary Jaime a oponerse no solamente de manera informal en foros públicos, sino por las vías administrativas y legales pertinentes. “Tiene autoridad por ser un municipio autónomo y tener un Plan de Ordenamiento Territorial, a ir más allá de los micrófonos, para decir que este proyecto no debe ir, y no habrá proceso legal que pueda seguir Bioculture,” aseguró el abogado.
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