Estos son los hechos no controvertidos en el caso de las becas presidenciales de la UPR:
1. En medio de una crisis y luego de cinco años en moratoria, se asignan $350,000 dólares para becas presidenciales.
2. Se hace una convocatoria sin transparencia que dicta que el periodo para someter solicitudes será las dos primeras semanas de julio, mes en el que el sistema opera a menos de media capacidad.
3. El Recinto de Río Piedras (RRP) recibe tres becas ($40,000, $25,000 y $23,000) que constituyen el 25% del total.
4. Estas tres becas se le otorgan a un ayudante del expresidente de la institución y hermano del gobernador, un ex ayudante del gobernador y compañero de labores en Fortaleza del Rector del Recinto de Río Piedras y la sobrina del Presidente de la Junta de Gobierno de la institución.
5. Los solicitantes sabían de antemano que se abriría un proceso de solicitud para las becas.
6. Los becarios interactuaron antes, durante y después del proceso para gestionar y recibir las becas y proveyeron borradores de cartas de recomendación a decanos y gestionaron directamente cartas de endoso con el Rector del RRP.
7. Hubo reuniones, llamadas y acciones concertadas y coordinadas entre los participantes, antes, durante y después de la otorgación de becas.
8. Al menos dos de los becarios recibieron desembolsos antes de que el Presidente de la institución firmara los contratos
9. Uno de los becarios recibió el monto total de la beca por dos años, sin evaluación de progreso académico del primer año, mientras trabajaba como profesor por contrato a tiempo completo en el RRP, cobrando beca y salario de la institución simultáneamente.
Estos hechos no están en disputa, como lo confirma el mismo Rector de Río Piedras quien declaró que: “todo el mundo puede equivocarse, como de hecho, nos equivocamos y lo hemos reconocido.” Lo que está en controversia, entonces, es si estos hechos “erráticos” constituyen violaciones a las leyes del país y al reglamento universitario.
Se alega que la Junta de Gobierno utilizó un informe que simplemente presentaba hallazgos para destituir sumariamente a los participantes en este proceso y que por tanto deben ser restituidos hasta que se determine si en realidad violaron o no leyes y reglamentos.
Se malinterpretan las acciones de la Junta que, por abrumadora mayoría, decidió retirarle la confianza al presidente de la UPR y al Rector y varios decanos del RRP. Nótese que la Junta no los acusó de nada, simplemente les retiró la confianza. Es norma institucional y ética que quien sirve en un puesto de confianza renuncie cuando ésta le es retirada por la autoridad a la que sirve. Si el funcionario o funcionaria no renuncia puede ser destituido.
La Junta de Gobierno actuó en su perfecto derecho y, como demuestran las apelaciones recientes, sin perjuicio al debido proceso de ley para los destituidos. Pero ese proceso de ley es distinto del retiro de la confianza. La realidad es que los hechos presentados en el Informe a la Junta de Gobierno han causado indignación entre la mayoría de los académicos íntegros de la Universidad. Que lo tenga claro el pueblo, la mayoría silenciada de los académicos perdimos o nunca tuvimos confianza en el liderato destituido. El tiempo y los testarudos hechos nos dieron la razón.
*Artículo publicado originalmente en El Nuevo Dia que republicamos a solicitud del autor, quien es colaborador regular de 80grados.
Catedrático de sociología de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.
Recientemente fue nombrado director del Instituto de Estudios del Caribe.
Es autor del libro, Crónicas del Colapso: Economía Política y Sociedad de
Puerto Rico en el Siglo Veintiuno el cual recibió mención honorífica del Pen
Club, en 2015 y publicó su tercera edición en 2019.