Un proyecto de reconstrucción coherente, sustentable y colectivo

foto por Eduardo Martínez Rivera.

Notas desde Chile.

En Chile, desde donde escribo, un terremoto de gran magnitud ha sucedido en promedio cada seis años en el registro de los últimos 100 años. Terremotos, erupciones volcánicas, aluviones y tsunamis son parte de la vida cotidiana. El 27 de febrero de 2010 un sismo y tsunami de 8.8 grados sacudió a un territorio de más de 300 millas de extensión. El Estado se impuso la meta de reconstruir 220 mil viviendas destruidas, pueblos y ciudades costeras afectadas y toda la infraestructura y equipamiento devastado. En buena parte el objetivo se logró, el país nunca antes en la historia había estado en una mejor posición institucional y económica para enfrentar una catástrofe de esta magnitud. Sin embargo, la orientación que se le dio al proceso hizo que a pesar de lo favorable de las condiciones, se desperdiciase lo que se llama el “desastre como oportunidad” para transformar las geografías sociales y económicas de nuestro país, caracterizado por una profunda desigualdad estructural.

En términos generales, la gestión de los desastres tiene diferentes etapas. Quizá las más importantes, son la caracterización de la amenaza y la prevención, tareas permanentes que deberían tener consecuencias sobre casi todas las políticas públicas en países propensos a eventos socio-naturales con una dimensión catastrófica. Esto aplica sin duda a Puerto Rico, que no solo es vulnerable a huracanes, sino también a actividad sísmica. Cuando se suscita la emergencia, se activa la reacción inmediata que requiere de una población ya familiarizada con las medidas de protección y organización, tanto individuales como colectivas, a tomar durante e inmediatamente después de un evento. Una vez terminado el evento, comienza la gestión de la emergencia, y finalmente, el  proceso post desastre de reconstrucción: dos fases para las cuales es fundamental un Estado capacitado en una organización y gestión que aporten coherencia. Para el caso de Puerto Rico, que se encuentra en la fase de la gestión de emergencia, las decisiones que se tomen de aquí en adelante son cruciales y pueden tanto generar nuevas vulnerabilidades, como potenciar un ir “de menos a más”.  Estas notas las escribo a partir de mi experiencia trabajando para el Observatorio para la Reconstrucción de la Universidad de Chile, entendiendo, por supuesto, que cada país tiene una historia, institucionalidad y recursos específicos para la gestión del riesgo.  A partir de lo que se aprendió del proceso de reconstrucción tras el terremoto del 2010, comparto cuatro reflexiones.

1. ¿Pueden ser los desastres oportunidades?

Como mencioné más arriba, quizá ustedes habrán escuchado la premisa del «desastre como oportunidad». Esto puede ser entendido de distintas maneras y es quizá el mayor peligro de una reconstrucción mal orientada. En el proceso post-terremoto del 2010 esta «oportunidad», vista como fuente de cambio social positivo, se desaprovechó, por falta de perspectiva a largo plazo. Los eventos catastróficos desatan una fuerza de acción que puede ser puesta al servicio de una sociedad más justa. En la historia de Chile anterior al 2010 las acciones, leyes e instituciones que surgieron para hacer frente a la reconstrucciòn post desastres han tenido este carácter. El terremoto de 1928 dio paso a la primera norma antisísmica en la construcción, modernizada después del terremoto de 1960 (el más grande registrado en la historia mundial). Gracias a ello, pese a su magnitud, el terremoto del 2010 afectó un número restringido de edificios, y lo más importante, se han protegido miles de vidas. En 1939, tras el terremoto en Chillán, se crearon nuevas oficinas de fomento productivo que jugaron un rol crucial en la transformación económica de esta región (CORFO), convirtiéndose en un puntal del proceso de industrialización, no solo de la región afectada, sino también de todo el país. Pese a estas experiencias, el 2010 no generó ninguna nueva institución ni programa de fomento productivo sostenido. Ningún territorio vulnerable, cambió ni cambiará su dinámica por acción de la reconstrucción post 27F, más bien este proceso ha mantenido las geografías de desigualdad del país.

2. ¿Quiénes gestionan la emergencia?

Las emergencias desatan fuerzas y solidaridades desconocidas antes del desastre y surgen numerosos actores que se movilizan para apoyar las poblaciones afectadas. Este puede ser un un factor positivo siempre y cuando esté bien encauzado, de otra manera puede convertirse en una navaja de doble filo. Es común, y Puerto Rico no ha sido la excepción, que como respuesta inmediata una gran cantidad de iniciativas traiga una enorme cantidad de ayudas de numerosas organizaciones no gubernamentales, especialmente en las primeras semanas tras la catástrofe. Sin embargo, visto en su totalidad, estas producen un panorama de fragmentación que necesita un marco mayor que aporte coherencia y balance al proceso si este ha de tener injerencia a largo plazo, cuando la catástrofe ya no sea noticia, pero el país quede aún con una gran tarea de reconstrucción por delante.

En Chile, en el 2010, surgieron cientos de iniciativas de la sociedad civil y organizaciones privadas que en su afán de ayudar ejecutaron acciones dirigidas a tener un efecto inmediato y, en muchos casos, no tuvieron consideración de las complejidades que requiere la sostenibilidad, resultando a la larga en nuevas vulnerabilidades.  Un ejemplo de ello fue la construcción de viviendas temporeras de emergencia que fue llevada a cabo por una institución de caridad cristiana. La Fundación Techo entregaba y localizaba estas viviendas en forma casi autónoma como asentamientos de emergencia. Las construcciones eran precarias y su localización no consideraba equipamiento básico, como escuelas o centros de salud, bajo la premisa de que las personas las ocuparían durante un período muy breve, quizás solo un par de meses. Sin embargo, a esa primera iniciativa no le siguió una coordinación de las agencias estatales que fallaron al no proveer las condiciones para que estas personas abandonaran sus viviendas temporeras, famosamente conocidas en Chile como mediaguas. La mayoría de los asentamientos de emergencia se extendieron por más de tres años y se convirtieron en una nueva catástrofe para sus habitantes.

Otras iniciativas reunieron dinero del sector empresarial, que de paso se benefició mediante exenciones contributivas. De esta forma se construyeron escuelas y otras facilidades. Estas acciones que no formaban parte de una planificación y coordinación mayor, se tendieron a concentrar en localidades que habían logrado mayor visibilidad mediática. En la opinión pública se asentó la idea de que iniciativas como estas jugaron un rol central en la reconstrucción (como es el caso de la iniciativa “Desafío Levantemos Chile”), pero al examinar el cuadro general del proceso, se hace evidente que su peso en la reconstrucción fue menor. La movilización de miles de personas, especialmente jóvenes y celebridades, y recursos por parte de estas iniciativas fue un elemento interesante y novedoso, no obstante, el predicamento de hacer todo rápido amén de una mala entendida “eficiencia”, así como una descoordinación con gobiernos locales y regionales, generaron acciones de baja sustentabilidad y soluciones temporeras que, de la peor manera y a veces en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos, se convirtieron en semi permanentes o permanentes, como se vio más tarde. Claro, esta parte del fenómeno se suele hacer evidente cuando la catástrofe ya no acapara los titulares y por lo tanto, en el caso de Chile, casi no se dio a conocer.

A fin de cuentas, la experiencia chilena nos enseñó que el proceso de reconstrucción requiere de una coherencia y coordinación que debe ser asumida por el Estado. Hoy día no faltará quien esgrima los eventos de las últimas semanas de crisis como argumento de la absoluta incompetencia del Estado y a favor de una mayor privatización y liberalización, dada la deficiente respuesta de las agencias gubernamentales de Puerto Rico. La ironía está en que precisamente podemos identificar la fuente de su incompetencia en que el Estado gradualmente haya abandonado su vocación de gestión perdiendo competencias. Incluso en Chile donde el libre mercado se impone casi sin obstáculos, el 2010 dejó sus lecciones. En el 2015, cuando se produjeron aluviones devastadores en la región del norte de Chile, un gobierno ya más prevenido y mejor preparado decidió activamente limitar el accionar de estas iniciativas y tomar el control de la emergencia y reconstrucción en pos de dar coherencia al proceso. Para resultados óptimos a largo plazo y no solo en la inmediatez, ¡el Estado debe ser capaz de ser el principal actor en estas circunstancias!, garantizando la sustentabilidad, así como la dignidad de las soluciones ofrecidas, tanto por entidades públicas como privadas.

3. ¿Quiènes participan de la reconstrucción?

La reconstrucción solo es posible una vez la emergencia está controlada, es decir, cuando las personas afectadas han restituido en buena parte su vida cotidiana. Reconstruir no es solo repartir agua, reponer techos y volver a levantar paredes. Sino, quizá aún más, trabajar a largo plazo para establecer las condiciones necesarias para la reformulación y desarrollo de los proyectos de vida de las comunidades y sus ciudadanos, especialmente donde estas condiciones no estaban dadas antes.

En el año 2010 se diseñaron “planes maestros de reconstrucción” (conocidos por sus siglas PRES, PRE y PRU) con el objeto de reconstruir pueblos y ciudades fuertemente devastadas. Se pensó en ese momento, que los agentes privados podrían tener un interés en reactivar los territorios en pos de sus actividades productivas. La experiencia demostró lo contrario. Estos planes, cuya formulación fue financiada por empresas privadas, debían buscar la cooperación público-privada, atraer inversionistas y generar proyectos. Pero la realidad demostró que los territorios vulnerables no despertaban interés en el sector privado, agudizando así desigualdades ya presentes. Por otro lado, una visión desde técnicos expertos, muy propia de la esfera privada, generó proyectos sin conexión con los modos de vida, expectativas y conocimientos de los habitantes. Al final, el grueso de la reconstrucción se llevó a cabo a través de los recursos públicos y los procesos de gestión tradicionales, “los experimentos”  —como algunos les llamaron— apenas tuvieron un impacto importante, más allá de lo mediático.

4. Involucrarse, participar y debatir

La reconstrucción es un proceso colectivo. No se limita solamente a encontrar soluciones técnicas o conocimientos expertos. Las personas y sus comunidades deben estar en el centro del proceso, el verdadero desafío es generar canales de involucramiento y participación de la población. También es necesario potenciar el análisis crítico para la acción. Es conocido el concepto de “capitalismo de desastres” (Naomi Klein) que postula que en momentos de conmoción social, ciertas ideas que ya flotan en el ambiente en pos de impulsar cambios y reformas privatizadoras (neoliberales en general) encuentran un terreno fértil, presentadas como solución rápida, eficiente y necesaria para superar la crisis. La sociedad en su conjunto debe mantener mirada atenta a estas acciones. Esto no significa la inmovilidad, sino hacer participar a los habitantes en las decisiones y procesos. No se trata de entregar caridad, sino de potenciar las capacidades de las comunidades locales como forma de empoderamiento en su proceso de reconstrucción. En Chile post-2010 se formaron una serie de iniciativas de base local que sí jugaron un rol fundamental en el debate y fueron capaces de ejercer presión en el proceso, como el Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa, articuladas con el apoyo de acciones desde espacios académicos, entre ellos el Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile, y la sociedad civil, que permitió, a veces con más y otras con menos éxito, lograr que los habitantes fueran protagonistas en sus procesos de reconstrucción.

El desastre no puede ser otra cosa que una oportunidad. La pregunta es para quién. La superación post María debería ser una oportunidad para que los miembros de la nación puertorriqueña se vuelvan a reconocer como comunidad, se reencuentren en un proyecto de presente y futuro, silenciado por el siglo de colonialismo que ha hecho pensar, creer y sentir que los destinos de los proyectos de vida se digitan desde la metrópoli. En Chile, un país donde la mayoría de los ámbitos de la vida social han sido privatizados desde hace décadas, parecía que ya no habría espacio para el Estado ni las comunidades. El proceso mostró que ambos actores fueron fundamentales, a contrapelo de la ideología dominante. Una serie de informes y estudios así lo confirman1.

Lo que se haga en los próximos meses será decisivo. Pero el destino no lo tiene en sus manos ni Estados Unidos, ni las corporaciones privadas por sí mismos, esto se trata de una obra colectiva, simplemente, no hay de otra. En la experiencia chilena post terremoto del 2010, algunas de las comunidades más persistentes en demandar y trabajar en sus reconstrucciones, lograron a la larga mejores resultados que quienes solo esperaron el arribo de las soluciones desde afuera. El camino no fue fácil, la constancia es una cualidad escasa en la población cuando actúa colectivamente, pero fue fundamental para levantar y defender sus proyectos de vida. Las circunstancias llaman a que los puertorriqueños enfrenten esta tarea, ahí estará la clave del éxito.