Agenda legislativa contra la equidad de género
Desde el inicio de la recién electa Asamblea Legislativa en enero de 2017, se han radicado en ambas cámaras 22 proyectos de ley y resoluciones relacionadas con la violencia doméstica y la educación con perspectiva de género. Algunos de estos, vale la pena destacar, surgen de una preocupación por la violencia machista que aún se ceba contra las mujeres en nuestro país, pero otras de las iniciativas legislativas se relacionan con las promesas que el gobierno de Ricardo Rosselló hizo a los grupos religiosos fundamentalistas.
Aparte de su contenido, lo más preocupante ha sido el trámite atropellado que se ha establecido por las presidentas de la Comisión de la Mujer en el Senado, Itzamar Peña y de la Comisión de lo Jurídico en la Cámara de Representantes, María Milagros Charbonier. Es evidente la restricción de la participación de las organizaciones feministas y de defensa de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, en varias ocasiones no han citado al Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico (MAMPR) ni han respondido a sus solicitudes para deponer en las vistas públicas. Le han dado prioridad absoluta y casi exclusiva a la comparecencia de representantes de la agencias gubernamentales mientras relegan a las organizaciones a presentar sus posiciones por escrito. Igualmente, se otorgan pocos días para la preparación de las ponencias, citando a vistas con corto tiempo de antelación. En ocasiones nadie se entera de que se llevarán a cabo. Aun así, tanto la Coordinadora Paz para la Mujer (CPM), como el MAMPR, la Red de Albergues y compañeras en su carácter individual, han hecho llegar sus opiniones en algunos proyectos de mayor importancia.
Haremos mención de algunos de los más relevantes. Uno de ellos ya fue firmado por el gobernador el 3 de abril y se convirtió en la Ley 18 de este año. Enmienda la Ley 54 para permitir la presencia de intercesoras legales y personas de apoyo a las sobrevivientes de violencia en el proceso de solicitar una Orden de Protección (OP) y en las etapas en las que pueda testificar la persona agresora. Las intercesoras, como sabemos, son personas entrenadas en las complejidades de los procesos emocionales por los que atraviesan las víctimas sobrevivientes de violencia de género y además, conocen y pueden explicarles los trámites judiciales. Para intervenir como intercesoras estas personas tendrán que recibir una certificación de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). Solo pueden intervenir de así aceptarlo la solicitante de la Orden y el juez o jueza no puede excluirla de Sala.
El Proyecto de la Cámara 456 presentado por la Lic. Charbonier, propone enmendar la Ley 54 para que al emitirse una OP se suspendan en algunas circunstancias las relaciones paterno filiales de forma automática por un periodo de 30 días en lo que las trabajadoras sociales de la Administración de los Tribunales evalúan el caso y someten recomendaciones al Tribunal. La suspensión procedería si la persona peticionaria ha radicado paralelamente una denuncia por maltrato agravado (por ejemplo, cuando ocurre en presencia de menores), maltrato mediante amenaza o por agresión sexual conyugal; cuando la parte agresora sea reincidente o que la peticionaria de la OP esté albergada.
Es de notar que estas circunstancias no cubren la mayoría de las situaciones en las cuales se solicitan las OP, ya que son muchas menos las denuncias criminales que las primeras. Este proyecto se aprobó en la Cámara y se refirió a la Comisión de la Mujer del Senado, pero no ha sido señalado para vistas públicas.
Un tercer proyecto es el del Senado 207, presentado por la Senadora Itzamar Peña para enmendar la Ley Orgánica del Departamento de Educación (DE) con el propósito de eliminar el lenguaje que le introdujo la Ley 108 del 26 de mayo de 2005, la cual obliga a la agencia a establecer un currículo de equidad de género. La medida pretende sustituir este lenguaje por «equidad de sexo». El proyecto incluye al Departamento de la Familia en la preparación del currículo. La propuesta es parte de los esfuerzos de la alianza de grupos religiosos fundamentalistas con legisladores del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), que en su ignorancia y fanatismo ve en la palabra «género» la encarnación de una agenda que, según ellos, pretende promover la homosexualidad entre las personas jóvenes. Por ello le exigieron al PNP la derogación de la Carta Circular para incorporar la perspectiva de género en el currículo del DE. El Proyecto fue a vistas públicas el 5 de abril sin que hubieran citado a ninguna de las organizaciones o personas especializadas en el tema. Solo fueron notificadas y comparecieron las representantes del DE, de la Familia y otras agencias.
Otra propuesta es la número 171 del Senado, de la autoría de la Lic. Zoé Laboy, que ya fue sometida a vistas públicas. Propone el desarrollo de varios proyectos piloto con modelos coeducativos para promover la equidad por género y prevenir el discrimen en las escuelas públicas. Las vistas fueron ante la comisión que preside el senador Abel Nazario y comparecieron para favorecer la medida la profesora, Dra. Loida Martínez y Vilma González, de CPM. También comparecieron la Asociación de Maestros y la Decana de Asuntos Académicos de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico. Así mismo, comparecieron a oponerse «Alerta Puerto Rico» y la organización llamada «Fieles a la Verdad», las cuales propusieron sustituir la palabra «género» por «sexo». El 24 de abril comparecería la Clínica de Participación Ciudadana de la Universidad Interamericana que presentaría las experiencias de las jóvenes de la Escuela Juana Colón, en Comerío.
Ante la agresiva agenda legislativa de la alianza fundamentalista-PNP contra la equidad de género y los derechos humanos alcanzados, urge que nos mantengamos pendientes y alertas para enfrentarla con estrategias que nos permitan defender nuestro derecho a una sociedad libre de odios, violencia y discrimen.
*NOTA: Artículo publicado originalmente en el último boletín Mujeres en Marcha, de la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora (OPMT).