Múltiples desafíos a la dominación española en Puerto Rico desde 1868-1873.
El alcalde de Manatí, Ricardo de Orta, afirmaba en su comunicación confidencial al Comandante Militar de Arecibo que conspiradores provenientes de los pueblos de Vega Baja, Manatí, Ciales y Morovis contaban con un depósito de machetes para esa operación. Las autoridades españolas arrestaron a Dávila y lo pusieron en prisión.
Durante el resto del año 1868 ocurren en Puerto Rico una serie de hechos de resistencia a la dominación española tales como expresiones políticas abiertas contra el gobierno español en Manatí, manifestaciones de protesta en Cabo Rojo, Mayagüez y San Germán, reuniones de sociedades secretas separatistas en la mayoría de los pueblos de la zona oeste, boicot y entorpecimiento de procesos judiciales por parte de escribanos desafectos a España en Mayagüez y una amenaza de levantamiento en Utuado.
Al año siguiente, en enero de 1869, se arresta en San Juan a un individuo armado que tenía la intención de asesinar a un funcionario español de alto rango. También durante este año se descubren textos de oposición política en San Germán y en el oeste de Puerto Rico, ocurre un connato de sedición de soldados en San Juan, resistencia al pago de impuestos, organización de una expedición libertaria desde Nueva York a Puerto Rico e intento de desembarco en Ponce. Durante el 1870 esclavos de haciendas se resisten y cometen una serie de actos de desafío al poder español incluyendo resistencias de alto perfil, que se caracterizaron por el uso de objetos materiales para ejercer la resistencia con violencia, tales como los asesinatos de mayordomos. En los pueblos de Guayama, Isabela, Arecibo, Peñuelas, Morovis, Manatí, Aguas Buenas y Vega Baja las autoridades españolas investigan hechos de agitación subversiva y reuniones sospechosas. Se descubre una conspiración en Ciales y otras acciones de resistencia contra el gobierno español.
Al punto que quiero llegar con este breve recuento es que la actividad separatista y desafecta en Puerto Rico no cesó luego de los hechos de armas de Lares y San Sebastián del Pepino, como los textos de historia actual dan a entender. Esa representación que dibuja una imagen de un Puerto Rico mayormente liberal reformista versus el sector conservador es una falsedad ideológica, toda vez que el separatismo y la desafección a España estaban más generalizados durante el periodo y la historiografía del periodo lo ha ocultado.
El Archivo General Militar de Madrid contiene una gran cantidad de documentos generados por las autoridades españolas en Puerto Rico durante el siglo XIX. Y más de un centenar de éstos tienen que ver con actos de resistencia contra el gobierno español a lo largo y ancho de todo Puerto Rico entre los meses inmediatamente posteriores al Grito de Lares y el comienzo de la República española en 1873. Al examinar detenidamente estos documentos y compararlos con la historiografía puertorriqueña existente, se llega a la conclusión de que las representaciones del periodo están incompletas, toda vez que reflejan una narrativa ausente de una cantidad considerable de casos de desafección y resistencia al gobierno español en Puerto Rico.
Se trata de una historia de resistencia siempre presente llevada a cabo por miembros de todas las clases sociales de la sociedad puertorriqueña, desde esclavos y jornaleros hasta profesionales y hacendados, todos luchando contra la dominación española. De este continuum de desafíos a la autoridad española perfectamente ausentes de nuestra historia, quiero resaltar dos hechos: la reaparición de Ventura Casellas, líder de la sociedad secreta de Ciales en un nuevo contexto de resistencia, y la aparición de patrullas desafectas de jornaleros, campesinos y personas de color en varios puntos de Puerto Rico durante el año 1873.
Alteraciones al orden público
Desde noviembre de 1868 en adelante ocurren en Puerto Rico una variedad de casos de “alteraciones del orden público”, según fueron clasificados desde la óptica de la oficialidad colonial española. Estos documentos abundan en el Archivo General Militar de Madrid y otras fuentes primarias. A finales de diciembre de 1868 llega el teniente general José Laureano Sanz a relevar del mando de la Isla al capitán general Julián Juan Pavía. Es en medio del clima de efervescencia separatista existente después del Grito de Lares que Sanz comienza a dar forma a lo que sería el conjunto de ideas fundamentales que caracterizaron su gestión en Puerto Rico; una ideología de seguridad nacional cobijada bajo el manto de la necesidad de mantener la integridad nacional ante lo que llamó “desafección a España”, que significa la presencia de personas e ideas contrarias al régimen político imperante.
Sanz reforzaba esa manera de pensar con un virulento discurso anti-separatista que empleaba repetidamente en los textos de sus proclamas, circulares, comunicaciones reservadas y cartas ultramarinas al utilizar palabras despectivas para describir a la oposición política tales como “revoltosos”, “sediciosos”, “laborantes”, “insurrectos”, “traidores”, “desafectos”, “espíritus impacientes e irreflexivos”, “criminal consorcio”, “pérfidos extranjeros”, “rebeldes”, “imbéciles”, “ilusos”, “criminales” y otra serie de epítetos de la misma especie. A su vez, los mandos militares subalternos se apropiaron de ese discurso y lo esparcieron de manera efectiva al emplearlo en sus comunicaciones, toda vez que se repite el mismo lenguaje ideológico de Sanz en los textos de las cartas que se originan en el Estado Mayor de la Capitanía General, las Comandancias Militares de Departamentos, Alcaldías y otras dependencias del gobierno español.
Este gérmen de ideología de seguridad nacional formulado por Sanz, es una doctrina que se verá desarrollada en una forma mucho más amplia y violenta en regímenes altamente represivos del siglo XX, tales como el de Augusto Pinochet en Chile, Jorge Videla en Argentina, Francisco Franco en España, y otros del mismo género en los cuales se utilizó el extermino de forma masiva como arma de terror político. Una variante difusa de la ideología de seguridad nacional es la que se utiliza en el Puerto Rico actual cuando se escucha a políticos y mandos policiales utilizando en los medios de comunicación el estribillo “este es un país de ley y orden”. Esto no es otra cosa que un eufemismo ideológico para “mantener el orden público” reprimiendo a las personas que se manifiestan en contra de las políticas del gobierno que afectan al pueblo. Justifican con esa consigna el uso del gas pimienta, balas de goma, brutalidad policiaca y otros métodos represivos que se observan a menudo contra las manifestaciones del pueblo.
La sociedad secreta de Ciales redux
En otro lugar he analizado la participación de Ventura Casellas como la figura central de la conspiración de Ciales de 1870 contra el gobierno español.* En esa ocasión, la sociedad secreta de Ciales, con Ventura Casellas a la cabeza, participó en la organización de una conspiración separatista, un plan resultado del esfuerzo coordinado entre sociedades secretas y desafectos de la región norte y central del país, que incluía a los pueblos de Morovis, Manatí, Ciales y Vega Baja.
Poco más de un año después, en la noche del 9 de septiembre de 1871, estando la plaza de Ciales repleta de personas de los barrios y pueblos vecinos por motivo de la celebración de las Fiestas Reales, salieron de entre los concurrentes unas cuantas piedras, una de las cuales fue a parar en el balcón de la Casa del Rey. Allí se encontraban apostados algunos centinelas y el Teniente de la Sección de Voluntarios, siendo la piedra dirigida a este último. Sin embargo, la misma le dio en la cabeza a un vecino del campo que estaba a su lado.
Más tarde en esa misma noche, Ventura Casellas reaparece participando activamente en un nuevo hecho de resistencia de la sociedad secreta de Ciales. Casellas, en unión a Esteban Ríos, Antonio Rivera y Juan José Marrero, con José Guerrero, Ramón Padró y José Meléndez de Morovis, y Fabían Miranda y Narciso Cortés de Manatí, más otros cuyos nombres se desconocen, le propinaron una brutal paliza a tres miembros de la sección de Voluntarios de Ciales, y a un soldado de patrulla durante la celebración de un baile. Sobre Antonio Rivera, propietario labrador domiciliado en Ciales, hay que recordar que fue uno de los cinco arrestados y desterrados a Vieques por participar en la conspiración de Ciales de 1870. Posteriormente en 1872, ejercía el puesto de comisario de barrio en Toro Negro, cuando se hizo de la vista larga ante alegaciones de que protegía a un maestro que impartía “lecciones de radicalismo” en una escuela del sector.
Pero en el baile antes aludido, el entonces Comandante del Cuartel de la Guardia Civil de Ciales, Fernando Caso, llegó a la casa donde se celebraba el mismo, encontrando en el lugar a dos miembros del cuerpo de Voluntarios cubiertos de sangre, un tercero golpeado y a un soldado de la patrulla que resultó igualmente atropellado al acudir a prestar auxilio en el lugar. Caso observó que el Alcade de Ciales se encontraba entre los asistentes al baile y que actuaba con completa indiferencia ante el sangriento hecho. Cuando Caso tomó la iniciativa de interrogar a las víctimas de la paliza para intentar conocer quiénes habían sido los agresores, el Alcade reaccionó molesto manifestando que quien mandaba allí era él. Ante la inacción del Alcade para poner tras las rejas a la totalidad de los atacantes, Caso llegó a la conclusión de que dicho funcionario también había sido parte de la brutal agresión bajo investigación.
Plan general de levantamiento en Puerto Rico, 1873
Como mencioné anteriormente, contrario a lo que aparece en los textos de historia actuales, los proyectos separatistas y los hechos de resistencias a lo largo y ancho del territorio nacional prosiguieron sin interrupción desde los meses posteriores al Grito de Lares hasta el advenimiento de la República española en 1873. Durante este periodo existía en Puerto Rico una situación política, social y económica que efectivamente llevaba el pensar y las acciones de los puertorriqueños hacia una manifestación política más desafecta, separatista y en algunos casos hasta revolucionaria que condujo a la creación de espacios de colaboración entre revolucionarios y desafectos a España.
Los desmanes de la administración colonial ocasionaron que se galvanizara la colaboración entre los desafectos a España y el sector separatista. Los incidentes de desafección y resistencia se presentan en prácticamente todo Puerto Rico. Existía colaboración de parte de personas influyentes que no eran conocidos como separatistas, como lo fue el caso de los alcaldes de varios pueblos. No obstante, las circunstancias políticas del momento dictaban si hacían causa común con separatistas y revolucionarios, ya fuera como recurso humano o mediante contribuciones monetarias.
Al analizar las resistencias ocurridas en Puerto Rico en abril de 1873, principalmente en la hacienda de José Cayetano Estrella en Camuy y su entorno, donde personas desafectas se enfrentaron a los cuerpos policiacos y paramilitares españoles con un saldo de varios muertos y heridos, se llega a la conclusión de que para 1873 existía un plan general de levantamiento en la isla. Este plan, que estaba tomando forma desde el año anterior, fue producto de la tensión existente en el país ante la ausencia de reformas políticas que verdaderamente significaran más libertades, modernidad y progreso material para el territorio.
Para las elecciones de Diputados a Cortes de agosto 24 al 27 de 1872, los alcaldes de los pueblos de Yabucoa y Toa Alta comenzaron a plantearse la necesidad de combatir, por la fuerza de las armas, la posibilidad de que se realizara otro fraude electoral como el ocurrido entre el 2 y el 5 de abril anterior bajo la gobernación del General Gómez Pulido, cuando se cometieron una serie de irregularidades para favorecer electoralmente a los candidatos del sector leal a España. En el caso de Yabucoa, patrullas de más de 25 jornaleros armados de machetes estaban organizados por el alcalde para evitar que la Guardia Civil obrara contra su autoridad o la voluntad de los electores. En Toa Alta, el alcalde reformista Pedro Pérez organizó una patrulla de campesinos armados de machetes y palos para evitar que personas que no eran simpatizantes del reformismo transitaran por la población, llegando además a arrestar al sargento de Voluntarios de la localidad.
Entre febrero y diciembre de 1872 se celebran reuniones conspiracionales en Arroyo, Rio Grande, Nueva York, San Juan, Aguadilla y Camuy. Simultáneamente a estas reuniones se realizan protestas en Cayey y Yabucoa, incendio y protesta en Toa Alta, provocaciones a voluntarios y conatos de incendios intencionales en Fajardo. Comenzando el año 1873, se reporta que en Arecibo, durante las horas de la noche, aparecían grupos de individuos haciendo alarde armados de revólveres, machetes y palos. En el barrio Sábalos de Mayagüez, unos hombres agredieron a garrotazos a un soldado de una patrulla del Batallón de Puerto Rico y a un guardia civil que acudió a socorrerlo al enterarse de la ocurrencia. Ambos recibieron heridas en sus cabezas.
Es de notar otra vez la inacción de algunos alcaldes ante estos hechos, rehusando intervenir y asumiendo una actitud de brazos caídos, que no era otra cosa que cometer resistencia pasiva contra la dominación española. Todos estos hechos dan una idea de la situación política imperante al comienzo del año 1873, donde hasta representantes de la autoridad local eran capaces de arriesgar su libertad con tal de dar la lucha contra las injusticias del gobierno español en Puerto Rico.
No es casualidad entonces que la Rebelión de Camuy, la cual tal vez para minimizar su importancia se le conoce comunmente como “La Estrellada de Camuy”, tuvo una extensión mucho más abarcadora que la delimitada a los confines de ese pueblo, e indudablemente contó con la participación del sector separatista. No es casualidad tampoco que la organización de patrullas y fuerzas desafectas compuestas por jornaleros, negros, mulatos y jíbaros —armadas de machetes y en algunos puntos con garrotes y revólveres— ocurrió simultáneamente en varios pueblos de la isla tales como Patillas, Yabucoa, Vega Baja, Caguas, Guaynabo, Isabela, Juncos y Añasco. Además, se observaron movimientos sospechosos entre los jornaleros de Hatillo, en los campesinos de Ciales y Las Marías, y grupos de hombres armados en Arecibo.
Todos estos hechos de resistencia ponen de manifiesto la existencia de un plan general de levantamiento contra el poder español en Puerto Rico. Las patrullas armadas se tiraron a la calle a luchar como resultado de los trabajos conspirativos de una red interna de desafectos y separatistas, pero que no se evidencia una coordinación efectiva para ejecutar un levantamiento sincronizado.
La existencia de este plan es la misma conclusión a la que van llegando los comandantes de las Columnas Volantes en sus investigaciones. Como resultado del hecho de armas de Camuy, el Estado Mayor de la Capitanía General de Puerto Rico inmediatamente puso en marcha la organización, coordinación y movimiento de tropas hacia el lugar de los hechos, efectivamente declarando un estado de campaña militar permanente en todo el país. Desde varios puntos de la isla tan distantes como Aibonito salieron apresuradamente columnas de soldados y caballería de diversos batallones militares y destacamentos. Se trató de una movilización de tropas nunca antes vista en Puerto Rico. Y son estos mismos militares los que en sus recorridos van recolectando la inteligencia sobre lo que estaba sucediendo en el país. Los jefes de las columnas volantes tenían la idea más clara de lo que realmente estaba ocurriendo en el terreno, toda vez que junto a sus tropas recorrieron prácticamente la isla completa en labores de patrullaje y recopilación de información.
Los informes enviados a la Capitanía General por todos esos jefes militares coinciden en que indudablemente existía un plan de levantamiento el cual los alcaldes de varios pueblos ayudarían a ejecutar. Se informaba además que había falta de cooperación e inacción de parte de los alcaldes hacia las columnas volantes, muestras de apatía o rechazo a las tropas de parte de muchos sectores de la población en los puntos recorridos, y la ocurrencia de varios incendios sospechosos o intencionales.
La impresión de los oficiales fue de que esa aparente formación ad hoc de patrullas armadas en varios lugares de la isla, obedecía a un proyecto de resistencia planificada, convirtiendo a los alcaldes o personas que las organizaban en potenciales jefes revolucionarios. Esta historia inédita de desafección y resistencia a España destruye la noción de que nada ocurrió en Puerto Rico luego de los hechos de armas de Lares y San Sebastián del Pepino.
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(* “La Conspiración de Ciales”, 10 junio 2007, http://www.vozdelcentro.org).