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Punitivismo como negocio: un terrible presagio


usa_prisoners_6The Police, the courts, and the prison
are not mere technical appendages
for the enforcement of lawful order
(as criminology would have it),
but vehicles for the political 
production of reality and for
the oversight of deprived and 
defamed social categories and 
their reserved territories. 
–Loïc Wacquant1

Poco tiempo antes de las recientes elecciones en Estados Unidos, se estrenó el documental 13th, de la directora cinematográfica Ava DuVernay. Este puso sobre la mesa con fundamentos muy potentes la conexión entre las políticas punitivas de ese país y el racismo estructural que ha imperado desde su propia fundación esclavista. Como si fuese una extensión visual del revelador trabajo realizado por Michelle Alexander en su libro The New Jim Crow, el documental advierte cómo la comunidad afroamericana ha sido objeto de punición con el fin de obtener mano de obra esclava (a pesar de que en 1865 se abolió la esclavitud mediante la aprobación de la Enmienda Decimotercera, de ahí el título del documental), de perpetuar la segregación racial y beneficiar un complejo entramado de corporaciones que colateralmente aumentan sus réditos mientras más prisioneros hayan. La función de la prisión en obtener este fin, no quepa dudas, ha sido protagónica.

Con el objetivo de muy tímidamente reducir la población carcelaria en el país, la administración del presidente saliente Obama ha decretado durante el fin de su mandato una serie de medidas para que grupos de personas convictas, especialmente por consumo de sustancias controladas, no tengan que estar en un sistema penitenciario que mantiene en la cárcel a aproximadamente 2.2 millones de personas, el mayor número de presidiarios del mundo.2 La más reciente medida fue la de cesar, por parte del gobierno federal, la utilización de prisiones privadas. Anuncio que ya presagió estratégicamente la candidata demócrata Hillary Clinton el pasado abril. Un duro golpe a un negocio sumamente lucrativo. No obstante, pese a que el Departamento de Justicia concluyó en agosto pasado que las prisiones administradas por entidades privadas eran menos seguras que las públicas, el día después de que Donald Trump fue elegido como presidente entrante las acciones en bolsa de CoreCivic Co., antiguamente conocida como Corrections Corporation of America, aumentaron en valor más del 58%, y las de Geo Group, un 28%.3

En los pasados meses, con el anuncio del cese en la utilización de prisiones privadas en el sistema penitenciario federal, las acciones de CoreCivic Co., la mayor gestora de prisiones y centros de detención privados (particularmente a nivel estatal) se habían reducido en valor aproximadamente un 35%. El aumento escalonado de las acciones de las principales corporaciones de cárceles privadas en el país es un presagio tan claro como la llegada de un presidente electo abiertamente racista, xenófobo y misógino. Fue el propio Trump quien en una entrevista en marzo expresó lo siguiente: “I do think we can do a lot of privatizations and private prisons. It seems to work a lot better”.4 Los esfuerzos por reducir la enorme población carcelaria del país, de la cual un hombre afroamericano tiene seis veces más probabilidades de formar parte de ella que un hombre blanco, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas, hoy se desvanecen como ideas cuya concreción ha quedado suspendida.5

La norma del mercado para estas empresas no es diferente a la de cualquier otra en un sistema económico tan liberalizado: mientras más demanda de servicio haya, más probabilidades de ingresos puede recaudar la entidad. Esto se traduce, específicamente en el caso de las corporaciones que directa e indirectamente forman parte del llamado complejo industrial de prisiones, en que entre más detenidos haya que albergar en prisiones o centros de detención de inmigrantes, más oportunidad de crecimiento económico existe para entidades que viven gracias a la detención, condena y deportación de personas. Si esto es así, ya nos podemos imaginar por qué razón las acciones en bolsa de las principales empresas de privatización carcelaria en Estados Unidos se dispararon de forma dramática a raíz de la victoria de Trump. Habiendo este ganado, en gran parte, enarbolando un discurso xenófobo y racista de evidente exclusión, y habiendo prometido insistentemente la deportación de millones de inmigrantes en estatus irregular, claramente estas empresas proyectaron la creación de más centros de internamiento de inmigrantes para los pronosticados e interminables procesos de deportación en masa. O al menos entendieron que podrían utilizar los ya existentes para hacinar a las millones de personas inmigrantes que podrían ser detenidas allí mientras esperan su deportación. La desgracia de quienes menos tienen se convierte en la ganancia de quienes por razón de origen no tienen que exponerse a una expulsión territorial forzada.

Las corporaciones de prisiones privadas no son nuevas en la realidad penitenciaria y migratoria en Estados Unidos. Se calcula que desde el año 1990 hasta el 2010, esta industria ha incrementado en 1600%. Asimismo, al año generan ganancias de aproximadamente $3,000,000,000, proviniendo más de la mitad de estas de centros de detención de inmigrantes.6 Para el 2015, en Estados Unidos había 13 prisiones privadas destinadas a delincuentes extranjeros (Criminal Alien Requierment), albergando a casi 14,000 personas hasta el verano de 2014. Las dos corporaciones antes mencionadas tenían, para efectos del año pasado, la operación de aproximadamente 162 prisiones a lo ancho de Estados Unidos y, en el caso de GEO Group, también en Reino Unido.7 No solo se benefician directamente de sus centros de detención, sino de los millonarios contratos que tanto el gobierno federal como los diversos gobiernos estatales le otorgaban cada año. Por tal razón, el anuncio de la administración federal actual sobre el cese de estas operaciones, a nivel federal, fue una nefasta noticia para el negocio de las prisiones.

La relación entre diversas corporaciones y la mano de obra de los prisioneros no es novel en nuestra época. Ya mencionamos que el reciente documental “13th” pone de manifiesto lo que se lleva analizando por décadas: el beneficio corporativo de la encarcelación masiva, particularmente de personas afroamericanas. Es decir, de ordinario la ganancia a raíz de minorías criminalizadas que no fueron directamente absorbidas por el llamado mercado laboral legal. No obstante, lo que se plantea con la concreción de las políticas abiertamente xenófobas de la administración de Trump es una dimensión diferente a esta. El beneficio económico sería aún más temporal, pero probablemente más masivo por las expectativas de volumen. No hay un número cierto, y las versiones de Trump durante la campaña y luego de esta han sido cambiantes en torno a la cantidad de personas inmigrantes que pueden ser deportadas desde Estados Unidos, pero lo seguro es que la implantación de medidas de expulsión masiva de personas –vocabulario que en pleno siglo XXI muchos y muchas no imaginamos utilizar para referirnos a autodenominadas democracias consolidadas- incrementará notablemente la necesidad de servicios dirigidos a procesos migratorios muy complejos. Para ese complejo de instituciones penitenciarias, sin embargo, representa una casi segura bonanza.

El fetiche neoliberal de la privatización y del corte extremo del gasto público son alicientes muy potentes para el crecimiento fructífero de la institución de detención privada. Una magnífica noticia para empresas que se vieron afectadas, irónicamente, por el decrecimiento estadístico de la criminalidad en los pasados años. No obstante, el beneficio lucrativo a partir de la encarcelación masiva de inmigrantes, mayormente latinoamericanos, tampoco es novel para este negocio. Es ampliamente conocido que en el 2010 se aprobó en el estado de Arizona una muy controvertida ley que autorizó a los agentes del orden público a arrestar personas que entendieran que se encontraban en el país de forma ilegal. Toda una puerta abierta a la arbitrariedad pura en la interferencia del Estado con un individuo, sin duda. Normas parecidas fueron aprobadas, a raíz de la de Arizona, en estados como Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah. Las principales corporaciones de prisiones privadas, por su parte, operaron activamente en la promulgación y confección de estas normas, principalmente a través de la contratación de la poderosa organización cabildera conocida como The American Legislative Council (ALEC).8

No solo este tipo de norma que permitía interferir con una persona por su aspecto físico fue impulsada activamente por este negocio de prisiones privadas, sino también otras normas que incluían el aumento en el gasto público para la implantación de normas migratorias más severas, así como la derrota de los esfuerzos del Congreso para impedir las prisiones privatizadas. Atinadamente, James Surowiecki, en un artículo reciente en la revista The New Yorker, comparó el complejo industrial de la prisión (the prison-industrial complex) con el complejo industrial militar que por tantas decenas de años ha triunfado económicamente en Estados Unidos.9 La comparación es atinada porque los negocios que fomentan instan la inversión pública multimillonaria para sistemas (armas o instituciones de detención) que realmente no se necesitan a tal nivel o grado. Es mercantilizar la guerra, en un caso, y mercantilizar la criminalidad/ilegalidad.

Cada vez más tenemos trabajos, testimonios y reflexiones sobre cómo el poder punitivo de Estados Unidos ha sido instrumentalizado para fines exógenos al castigo retributivo de una persona por la realización de un hecho socialmente reprochable. Ya ni se puede hablar meramente de la prevención como política criminal imperante. Las creaciones de “emergencias”, o de inseguridades sociales, como lo denomina interesantemente Loïc Wacquant, han servido para aumentar las cuotas de personas en prisiones para el beneficio, desde el siglo XIX, de entidades que negocian y especulan con la privación de libertad. La punición del individuo, según las políticas criminales expansivas que hemos visto en Estados Unidos a raíz de la década de 1970, de donde surgen los eslóganes de “ley y orden” y “guerra contra las drogas”, han provocado un ascenso inmenso en la población penitenciaria de ese país, convirtiéndolo en el país líder en prisioneros del mundo.

Con el ascenso de las empresas de prisiones privadas en plena década de 1980, cuando se concretaron las características más básicas del neoliberalismo de las administraciones de Reagan y Tatcher, ya el punitivismo se convirtió en nuestra contemporaneidad en una necesidad corporativa más. Esto no quiere decir que el único motivo para el encarcelamiento masivo sea la generación de ingresos por parte de corporaciones que directa e indirectamente se benefician lucrativamente de que una persona sea convicta (o meramente detenida), pero sí un factor importante en la perpetuación de niveles máximos de personas encarceladas en el territorio. La mercantilización de la prisión, sin embargo, no ha sido ni económica ni socialmente fructífera para el Estado.10 Las acusaciones probadas de abusos físicos, precariedad e inseguridad en las instituciones privadas son ampliamente conocidas y condenadas.11 Esto no es extraño que suceda en instituciones regidas por entidades destinadas a la generación de ingresos. Los recortes de costes afectan y afectarán la calidad de vida mínima que deben tener las personas detenidas; muchas de ellas, como se prevé, sin haber cometido un solo delito en territorio estadounidense. Los cálculos de coste-beneficio hacen de la privación de libertad una bomba para el respeto mínimo de los derechos humanos en este tipo de institución.

Lo que originalmente pretendía ser un escrito sobre la punición y la discriminación racial en Estados Unidos, se tuvo que convertir en un breve acercamiento a un tema que será protagónico en nuestras prácticas punitivas contemporáneas. La criminalización de las minorías más vulnerables en Estados Unidos es un fenómeno de siglos, comenzando por la encarcelación voluminosa de personas afroamericanas durante el siglo XIX, y continuando con el estrepitoso ascenso de la encarcelación masiva de las décadas de 1970, 1980 y 1990, particularmente de minorías afroamericanas y latinoamericanas. No obstante, lo que se puede avecinar si las políticas xenófobas y despiadadas de Trump se comienzan a llevar a cabo, como veremos muy pronto, es una debacle humanitaria como pocas en territorio estadounidense. Los gobiernos locales podrían hacer mucho para impedir los avances de la xenofobia institucionalizada que se pretende imponer desde el ámbito federal, pero examinando los gobiernos de algunos de los estados que se verán implicados no se puede ser nada optimista, sino todo lo contrario.

Ahora más que nunca, y por muchas razones, es necesaria la organización efectiva y la resistencia hasta donde se pueda. Con políticas evidentemente apolíticas, es decir, de exclusión, de discrimen, de devaluación, de imposición, no se pueden utilizar los canales habituales de participación política en un sistema representativo que ya adolece de amplios déficits. La residencia producirá más represión, y la represión podría producir más resistencia, pero para ello la organización política, que no proselitista, es elemental. Parecería apocalíptico lo que se advierte, pero lo es tanto como los discursos que una mayoría de colegios electorales en Estados Unidos refrendaron como válidos, como representativos. El péndulo de la extraña democracia electoral estadounidense, marcada desde sus orígenes por la esclavitud, recayó en quién representa abiertamente lo peor instrumentalización del poder político, según prometido, para la exclusión y el discrimen. Ante ello, y ante el riesgo de millones de deportaciones en masa de minorías discriminadas, con lo que ello implica en todos los aspectos de la vida, no se puede ser indulgente, sino enormemente resistente. Las dinastías de los partidos hegemónicos en Estados Unidos están derrotadas, aunque sea temporalmente, por lo que corresponde a la democracia participativa asumir las cargas de la ciudadanía en una democracia que sin duda se encuentra –y se ha encontrado- en grave peligro, en crisis.

  1. Loïc Wacquant, “Crafting the Neoliberal State: Workfare, Prisonfare, and Social Insecurity,” Sociological Forum, Vol. 25, No. 2 (June 2010), pp. 197-220. []
  2. Nos desviaríamos del tema principal, pero es importante comentar cómo la autora Michelle Alexander, en el referido libro The New Jim Crow, critica vehementemente la política criminal de la administración de Obama respecto al encarcelamiento masivo de personas afroamericanas. Sin duda, esta administración pudo y debió haber hecho mucho más para comenzar a desmontar el aparato represivo y punitivo de selectividad racial que actualmente existe en Estados Unidos. []
  3. http://www.huffingtonpost.com/entry/private-prison-stocks-trump_us_582336c5e4b0e80b02ce3287 []
  4. http://bigstory.ap.org/article/9dcfaef5eed7460cbf70af17ece90024/trump-stance-illegal-immigration-may-aid-private-prisons []
  5. http://www.sentencingproject.org/publications/shadow-report-to-the-united-nations-human-rights-committee-regarding-racial-disparities-in-the-united-states-criminal-justice-system/ []
  6. http://www.truth-out.org/news/item/30804-how-us-private-prisons-profit-from-immigrant-detention []
  7. https://www.aclu.org/other/warehoused-and-forgotten-immigrants-trapped-our-shadow-private-prison-system []
  8. http://www.truth-out.org/news/item/30804-how-us-private-prisons-profit-from-immigrant-detention#a13 []
  9. http://www.newyorker.com/magazine/2016/12/05/trump-sets-private-prisons-free []
  10. http://www.businessinsider.com/christopher-petrella-private-prison-study-2014-2 []
  11. https://www.aclu.org/other/warehoused-and-forgotten-immigrants-trapped-our-shadow-private-prison-system []