@cgerum
Mariolga le dio una contestación concreta —aunque imaginaria— a la pregunta que yo me he estado planteando desde enero, cuando la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) colocó los 11 recintos de la UPR en status de show cause, poniendo la institución donde trabajo al borde del precipicio: la pérdida de la acreditación, y la consecuente pérdida de los fondos federales que mantienen, en buena medida, a la UPR y, más importante, que permiten que la gran mayoría de sus estudiantes costeen sus estudios ahí.
Las reiteradas comunicaciones del Presidente, que minimizan el peligro, no han evitado que muchas personas en la comunidad universitaria estemos contemplando la posibilidad de que suceda lo que nunca quisimos creer que era posible: el cierre de la universidad pública del pueblo puertorriqueño.
La administración universitaria tiene ahora la nada envidiable tarea de demostrar convincentemente que va a poder cumplir con los objetivos de la institución, que es por lo que todas las universidades se acreditan, con un presupuesto tan radicalmente reducido como aquel que le ha impuesto la Junta de Control Fiscal y el propio gobierno de Puerto Rico. El contenido de los estados auditados no hace confiar en que la MSCHE remueva el show cause; en el mejor caso, lo extenderían por otro año. Hay que reconocer que, con la reducción continua en la aportación gubernamental a la UPR, más el continuo éxodo de jóvenes que es agravado por el aumento en los costos de estudiar en ella, cada vez hay más dudas sobre el estado futuro de sus finanzas.
Uno se pregunta —se tiene que preguntar— si esto fue desde siempre parte del plan, si la JCF, y/o la administración actual, tienen y tuvieron la intención no solo de achicar, sino de destruir, la universidad del Estado. Me rehúso a pensar que, aun con su exorbitante sueldo, Jorge Haddock se haya apuntado para destruir su alma mater. Aun los más acérrimos enemigos de la tradición activista universitaria propusieron un “golpe de timón”… no llevar la nave directo a las rocas. Pero en tiempos de crisis, las cosas muchas veces se le van de las manos a los actores políticos.
Por eso ahora, la pregunta que titula este escrito deja de ser retórica, y nos la tenemos que hacer, muy en serio, como parte de un análisis frío de la correlación de fuerzas actualmente existente: ¿a quién le importa que siga operando la UPR?
Desde una óptica estrictamente —tal vez ingenuamente— racional, a todo el mundo le debería importar que Puerto Rico conserve su principal motor de desarrollo económico y movilidad social. El estudio de Alameda y González mostró convincentemente que cada uno de los 11 recintos del sistema provee, muy a corto plazo, gran parte de la energía que mueve las economías locales, sobre todo en municipios como Utuado y Cayey. Los fondos que se gastan —o que se dejan de gastar— en los recintos tienen un efecto multiplicador sobre sus entornos, y sobre todo el país. Mucho más, por ejemplo, que un gran número de las exenciones contributivas que existen, bien sea legisladas o acordadas, bajo estricta confidencialidad, entre el Departamento de Hacienda y empresas individuales.
Pero esto no ha sido argumento suficiente para detener la aplanadora neoliberal, compuesta en este caso no solo por la JCF, sino por el propio gobierno: ambas han insistido unánimemente en recortar fondos a la UPR, sin tocar las enormes sumas que salen del país por concepto de ganancias, ni los jugosos puestos de confianza y asesorías que se siguen adhiriendo a la ubre fiscal del gobierno, incluyendo la administración universitaria. Más les importa, a las altas figuras del gobierno, los “amigos del alma” y demás inversionistas políticos que viven de su conexión con aquella ubre, y no de competir en el libre mercado. Más les importa, a los miembros de la JCF, las ganancias de los fondos buitre y la “disciplina” de todas las demás jurisdicciones, particularmente bajo la soberanía de los EEUU, que tienen problemas para pagar sus deudas.
Parece que el interés por un desarrollo saludable y sostenible a largo plazo de la economía de Puerto Rico, y por la creación de un mundo más equitativo que liberaría fuerzas productivas por ahora atadas al pago de deudas viejas, puede menos que el incentivo de ganancias políticas o monetarias a corto plazo. Ojalá y me equivoque, y que el gobierno y la JCF reviertan los recortes, e intercedan —como bien pueden— en el proceso esencialmente político de las determinaciones de la MSCHE.
¿Pero qué tal si no? He aquí que Mariolga trató de contestar lo que aquí planteo: ¿A quiénes, en Puerto Rico, les importa que la UPR siga funcionando? Mencionó comerciantes que dependen de estudiantes y empleadxs de la UPR para gran parte de sus ventas; madres y padres de jóvenes, que no sabrían cómo ayudarles a completar por lo menos un bachillerato si no existiera la UPR de la cual ellxs se graduaron, no hace tanto tiempo; y —principalmente— al propio estudiantado, actual y potencial. Contrario a toda la gente que parece haberse asustado con el “cuento”, yo por mi parte encontré algún consuelo en ese relato imaginado, porque describe una resistencia que, por fin, comenzaría a cuajar.
Quiero balancear esa esperanza muy real con una explicación parcial de por qué demonios no ha pasado todavía.
La primera razón, la más profundamente enraizada en nuestra estructura social colonial, es que en las últimas décadas, con la expansión de las escuelas privadas, y la hiper-politización del sistema de educación pública, una gran cantidad de estudiantes no ha estado viendo la UPR como una posibilidad para mejorar sus vidas. Muchxs nunca terminaron la escuela superior, no porque no hubiera una cerca, sino porque la que sí tenían no les atendía bien; a otrxs, habiéndola terminado, ni siquiera se les ofreció una solicitud de admisión, porque el mismo personal del DE consideraba que ellxs no darían el grado. Hace un par de lustros, Rima Brusi y un grupo de colegas del RUM hicieron un amplísimo estudio sobre cómo funciona esto en Mayagüez, y podemos tener la certeza de que lo mismo se ha ido repitiendo en Río Piedras, y en menor grado probablemente en todos los recintos del sistema. El valiente esfuerzo del Colectivo Universitario para el Acceso (CUA), fundado por Rima y continuado por Lissette Rolón, ha demostrado que no tiene que ser así… pero falta mucho.
Hay que reconocer que gran parte de este distanciamiento no es producto de la universidad en sí, sino del progresivo estancamiento del modelo de desarrollo de Manos a la Obra. También hay que reconocer que los 8 recintos más nuevos se establecieron precisamente para alcanzar a más personas, particularmente de comunidades “periféricas”, y que en Río Piedras, antes del CUA, hubo, y aún hay, múltiples programas dirigidos a atraer y apoyar a universitarixs de primera generación. Pero la universidad misma ha estado sujeta a presiones que privilegian la investigación y relegan la enseñanza, y la “misión social”, si bien nunca se ha abandonado, no siempre ha sido la primera prioridad.
A eso se le puede añadir la percepción de la UPR como foco de desorden. Las huelgas, los “pelús”, la combatividad feminista, provocan rechazo en un sector muy vocal de la sociedad, y de ahí sale el vituperio que vemos en los comentarios a toda noticia que mencione la UPR: existen unos Iupi-haters cuyas expresiones avergonzarían a don Eleuterio, el personaje de Sunshine Logroño en la radio AM y las redes sociales. Por supuesto, hay mucho de política partidista en ello, y los haters probablemente no sean más que una pequeña y amargada minoría, pero hay muchas personas que sencillamente no entienden por qué hay que protestar porque para ellas, el orden es más importante que la igualdad. Unx se los encuentra en las iglesias, en los centros comerciales y en el transporte público. Yo trato de dialogar con estas personas, y con el tiempo se debe poder lograr un apoyo al menos tácito de casi todas ellas, pero no entienden bien por qué hace falta una educación pública accesible, y difícilmente se sumen a una manifestación para salvar la UPR.
Pero el experimento de Mariolga, creo, demuestra que sí hay un número considerable de personas a quienes la UPR les importa mucho; la importante columna de Benjamín Torres Gotay del domingo 24 de febrero repica, sin ironías, la misma campana de alerta. La siguiente pregunta es, cómo articular una respuesta colectiva contundente antes de que la MSCHE tome su decisión, idealmente una que mueva al Gobernador y la JCF a detener, si no revertir, los recortes a la UPR. Ese es un objetivo táctico ambicioso, pero no imposible si se moviliza suficiente fuerza.
¿Qué nos pasa? En gran parte, por supuesto, es el shock que analizó Naomi Klein, doble en nuestro caso porque a PROMESA le siguieron los huracanes de septiembre de 2017. Pero como ella sentenció: shock wears off. Nunca es permanente, y tanto el gobierno electo como la JCF lo saben muy bien.
¿Qué nos falta? Concretamente, me estoy convenciendo de que despertar del shock implica que tenemos que reconocer: 1) que la situación ha cambiado radicalmente, y que las amenazas que enfrentamos son cualitativamente diferentes de las que hemos conocido desde fines de la Segunda Guerra Mundial; 2) que estamos pasando de lo que Gramsci denominó “guerra de posiciones” a una “guerra de movimiento” en la que pueden ocurrir cambios muy grandes en muy poco tiempo; y 3) que nuestras tácticas y organizaciones sencillamente no son adecuadas para la situación que enfrentamos. Ha sido habitual, incluso, referirse a las organizaciones como “trincheras”; el problema no es que esa metáfora no haya sido la mejor, sino que ahora mismo nos orienta muy mal. En las trincheras ahora solo podemos esperar que nos pasen por encima, o por el lado.
Tenemos que salir. Eso es peligroso, y Mariolga ha sido particularmente valiente al pararse al descubierto y ondear una bandera roja. Pero es como único vamos a poder cambiar el rumbo por el que nos encamina el neoliberalismo, que nos lleva a la pérdida de todo proyecto de país, patria, cultura, bien común o colectivo. La UPR es indispensable, y nos tenemos que mover.
La APPU ha convocado a una serie de vigilias los miércoles, a las 4:30, en la esquina de Cristo y Fortaleza en el Viejo San Juan. Hemos emplazado al gobernador a que revise su plan fiscal y elimine los recortes proyectados al presupuesto universitario, ya que constituyen el mayor riesgo para la acreditación y sostenimiento del proyecto que representa la UPR. Le solicitamos una reunión al gobernador, y las vigilias se mantendrán hasta que se resuelva la crisis de acreditación. Puede ser un esfuerzo que valga la pena (nótese que mantiene los portones —al menos los de la UPR— abiertos). Seguramente hará falta mucho más, pero es un comienzo. Las estrategias y tácticas están abiertas a discusión, y probablemente tengan que cambiar rápidamente. Esta lucha solo puede triunfar si rebasa las organizaciones, los sectores y la misma UPR: la convocatoria es abierta a todo el mundo que sí le importa la UPR, a toda persona o grupo con voluntad de defender la Universidad, y con ella la posibilidad de algún proyecto de país.
