A reducir la brecha digital en Puerto Rico
Hace dos años, se anunciaba que con una emisión de casi 26 millones de dólares provenientes de la Ley de Recuperación y Reinversión del Departamento de Comercio de los Estados Unidos conocida como ARRA, por sus siglas en inglés, se lograría conectar a casi el 80% de la población puertorriqueña a internet de banda ancha. La semana pasada, ejecutivos de la industria de las comunicaciones, políticos y entidades con interés en el tema se dieron cita en la inauguración del proyecto que promete cumplir con esta expectativa.
La ausencia de computadoras en el hogar y el alto costo de los servicios son dos de los principales problemas que provocan la brecha digital en las zonas rurales y las comunidades en desventaja socioeconómica del país. Casi la mitad de los puertorriqueños no tiene computadora en su residencia, un 38% de la población de los sectores rurales no tienen servicio de banda ancha o no saben dónde está disponible y el 90% de los hogares cuenta con una velocidad de descarga que está por debajo de los estándares nacionales, según indican estudios recientes de organizaciones como Communications Workers of America y Connect Puerto Rico.
Con estos retos en mente, la corporación puertorriqueña Critical Hub Networks reunió en abril del año pasado a un 75 por ciento de los proveedores de internet e identificaron estrategias para crear un plan de acción nacional. Ahí surgió el proyecto Puerto Rico Bridge Initiative (PRBI), que recibió $25 millones, de una propuesta que fue aprobada bajo la ley ARRA. Las proyecciones incluyen llevar el servicio a unas 1,700 comunidades de toda la isla, incluidas las islas municipios de Vieques y Culebra.
“Uno de los problemas más grandes en la isla es que hay muchas comunidades que no tienen nada, ni siquiera teléfono, y hay proveedores de servicio en esas zonas que no tienen forma de llegar a San Juan”, aseguró Carlo Marazzi, fundador y presidente de Critical Hub Networks. “Estamos tratando de hacer más fácil y viable que los proveedores pequeños que están en esos sectores puedan llevar el servicio porque no hace sentido a ninguna compañía ni es razonable poner una torre que cuesta $100,000 o $200,000”, añadió Marazzi.
La falta de acceso a computadoras y a la internet en las poblaciones con desventaja socio-económica crea una brecha mayor a la que ya tienen estos sectores. La conectividad y los conocimientos para usar la red son vitales para que cada ciudadano sea parte productiva de la comunidad según el estudio Informando a las Comunidades: Sosteniendo la Democracia en la Era Digital, de la Comisión Knight sobre las Necesidades de Información de las Comunidades en una Democracia.
La primera fase del proyecto de PRBI consistió en crear un puente digital de cables marítimos que hace accesible la banda ancha desde un centro de datos (NAP of the Americas) ubicado en Miami hacia San Juan. La segunda fase incluye la creación de una red terrestre de transmisión inalámbrica que unirá torres existentes y torres que serán creadas para abarcar más de 180 millas. Los puntos de interconexión, que fueron diseñados por los proveedores de servicio de las zonas rurales, ubicarán en Aguada, Mayagüez, Maricao, Adjuntas, Utuado, Ponce, Villalba, Barceloneta, Ceiba, Río Grande, Luquillo y Caguas. “Esperamos que el comienzo de la segunda fase sea más o menos para verano de este año y que algunas de las torres estén en función para finales del 2011,» indicó Zeide Rojas, Coordinadora del proyecto.
Actualmente, el tráfico que se origina en Puerto Rico va a Estados Unidos primero, independientemente de si termina localmente. Para resolver esa limitación, que aumenta los costos de los servicios y reduce la velocidad del tráfico, la iniciativa también tiene como meta establecer lo que se conoce como “peering”, que son puntos de interconexión locales que mejoran el desempeño del servicio en cuanto a velocidad, calidad y confiabilidad. Otro objetivo es que los proveedores de internet descuenten un 25% de la tarifa a instituciones como las escuelas, bibliotecas, y proveedores de servicios de salud y de seguridad. El proyecto en su totalidad tiene una duración de tres años, que comenzaron a partir de abril de 2010, cuando le fueron adjudicados los fondos ARRA a PRBI.
“Nosotros apoyamos cien por ciento este tipo de iniciativas que tienen el objetivo de reducir costos y llevar acceso de banda ancha a las áreas más necesitadas”, afirmó Eduardo Díaz, presidente de Internet Society de Puerto Rico (ISOCPR). Díaz añadió que este tipo de esfuerzo no se realiza en áreas donde hay gente que puede pagar el acceso. “Tú no vas a poner esto en Montehiedra, por ejemplo”, señaló.
Una de las preocupaciones del presidente de ISOCPR es si las compañías grandes como Centennial, ATT&T y CLARO se van a conectar a los puntos de interconexión locales para abaratar los costos que implica el trafico de información que actualmente viaja primero a Estados Unidos. “Desde 1996 estamos hablando de esto en Puerto Rico, pero cada uno tiene su finca y quieren acaparar el mercado”, aseguró Díaz. “Es un reto grande de convencerlos a que se conecten y, puede ser que lo hagan, pero sólo el tiempo dirá cómo va a ser la implantación”, destacó.
No obstante, Díaz aseguró que en términos generales la iniciativa representa una oportunidad para que las comunidades tengan acceso a banda ancha menos costosa.
La conectividad indiscutiblemente será clave en propiciar la reducción de la brecha digital. Según concluye el mencionado informe Sosteniendo la Democracia en la Era Digital, las comunidades saludables son aquellas donde la gente tiene internet de alta velocidad a su alcance en el lugar y momento que quiera y lo necesite. Pero, el documento menciona también de que hay tres brechas que van de la mano: la de banda ancha, la brecha del conocimiento, y la de la participación.
Apunta el informe que será difícil que un mayor número de personas adopte las nuevas tecnologías para mejorar la vida de los ciudadanos si no se acompaña la conectividad de políticas públicas y esfuerzos privados e individuales que propendan a su uso efectivo. Si los ciudadanos no viven y actúan en un contexto democrático; si no se imparten conocimientos digitales y de medios en las escuelas, bibliotecas públicas y centros comunitarios; si los medios informativos locales no reflejan los asuntos, eventos, experiencias e ideas de toda la comunidad; si la ciudadanía no comprende la función de la libertad de expresión en la democracia; y si los ciudadanos no son activos en adquirir y compartir el conocimiento; poco se habrá avanzado en el objetivo de tener comunidades informadas, aún teniendo banda ancha, dice el estudio.