Asamblea Constituyente de una nueva república

Para que un proceso sea realmente político tiene que llevarse a cabo con el bien común de la polis, o país al cual se remite, como el objetivo real primordial. Toda vez que la mayoría de los que acá se llaman “políticos” se enfocan en su beneficio personal o individual, o en el de familiares y amigos, desnaturalizando el proceso, la política como tal queda en suspenso. Es por eso, lamentablemente, que mis colegas de Ciencia Política –los de Río Piedras o los de Ponce, Arecibo, Mayagüez, Humacao y Carolina– se han quedado sin un taller importante al no tener procesos políticos puertorriqueños que investigar. Es muy lamentable observar cómo científicos o sociólogos políticos, que en otro tiempo hacían estudios y análisis sobre el sistema político en Puerto Rico, hoy en día, estén algunos de ellos mayormente convertidos en periodistas de tiempo parcial intentando, en un esfuerzo casi sobre humano, hacer análisis de aquello que no se puede analizar ya seriamente. Por la sencilla razón de que ni es vida política propia y auténtica, ni mucho menos es verdadera democracia.
No obstante, como “no hay mal que por bien no venga” –como dicen– tal vez esta coyuntura lleve a los académicos de Ciencia Política a salir del llamado “0mbliguismo” y a dedicarse a estudiar los procesos realmente políticos de otros países, de lo cual se podría aprender bastante en nuestro país. Hace gran falta. No sólo hay que investigar sobre eso, sino que hay que publicarlo, de modo que la gente inteligente que todavía existe en Puerto Rico entienda lo que es la verdadera política, no la pantomima que se exhibe acá. Y eso sólo se puede comprender mediante el examen serio y crítico de lo que ocurre en los otros países que se estudien. El criterio para determinar qué es política ya lo hemos definido arriba y ese es el que se debe utilizar, en democracia, para evaluar lo que ocurra en el proceso chileno, o en cualquier otro proceso de otro país.
Trasfondo de este proceso constitucional en el Chile contemporáneo
Es de gran utilidad recordar el trasfondo de esta decisión, consensuada entre los partidos políticos chilenos, de realizar una Asamblea o Convención Constitucional a fin de modificar la Constitución de 1980, según las demandas del pueblo chileno mismo. La decisión contó con la aprobación de la derecha piñerista y surgió como corolario del estallido social de octubre de 2019. Fueron ellas unas jornadas llenas de protestas en las calles, primeramente, por el aumento en el precio del transporte público y más adelante clamando por otras reivindicaciones del pueblo chileno. En este proceso, el presidente, Salvador Piñera, utilizó el estado de sitio, el toque de queda y lanzó a los militares a la calle para reprimir las protestas del pueblo chileno. El proceso revirtió como un boomerang para la derecha chilena y el gobierno derechista de Piñera ya que la derecha se vio obligada a pactar con sectores importantes de la oposición la celebración de un plebiscito “de entrada” que propusiera el pueblo chileno la posibilidad de aprobar una convención constitucional para modificar la Constitución de 1980, siempre y cuando el proceso respetara el principio de una república democrática en Chile, los derechos humanos del pueblo y decisiones de tratados internacionales e incluso judiciales, hechas anteriormente. Aunque algunos sectores protestaron que tales condiciones ponían en entredicho la soberanía del pueblo chileno para efectuar cambios importantes, el proceso ha seguido su curso tal como se planificó. Luego de un estallido social y político que resultó en 36 muertos y decenas de personas heridas por la intervención de los militares, viendo que las protestas no tenían visos de cesar, el propio régimen existente pactó la posibilidad de la Convención Constitucional. Luego, de ese pacto político el plebiscito de entrada aprobando la iniciación de un proceso de esa naturaleza se celebró en octubre de 2020 y contó con la participación de poco más del 78% de los votantes. Aprobado el proceso constituyente por amplia mayoría, se celebró el 16 de mayo de este año de 2021 la elección de los delegados constituyentes.
Esta elección reciente de los delegados ha tenido la importancia de ser una sólida victoria para la izquierda y los independientes, notándose cómo el voto favoreció el proceso de cambio constitucional y convirtió en poco influyentes los 37 asientos ganados por la derecha de Vamos Chile. (Claudio Madricardo, periodista, provee un análisis del resultado electoral de la elección de delegados del 16 de mayo en su blog del Huffington Post, Italia, del 17 de mayo de 2021) Con base en lo publicado por Madricardo y con base también en lo publicado en Noticias 24 Horas de Chile, se puede concluir lo siguiente: Con 99.9% de los votos escrutados 77 mujeres y 78 hombres resultaron elegidos. Entre ellos las procedencias por grupo o partido son las siguientes:
Piñera y la derecha de “Vamos por Chile” obtuvo el 23.87% de los sufragios.
Apruebo Dignidad, de 1zquierda, del Frente Amplio y los Verdes, obtuvo 18.06%.
La Lista del Pueblo- los independientes “neutrales”, 17.42% de los votos.
La Lista del Apruebo, también pro-cambio, obtuvo 16.13%.
Los pueblos originarios indígenas obtuvieron 10.97%.
Los Independientes por la nueva Constitución, 7.10%, y
el resto de los independientes el 6.45%.
Los elegidos aparecen con nombre y foto en Noticias 24 horas de la televisión chilena y es notable la presencia de jóvenes, sobre todo de mujeres más jóvenes. Esto sugiere que hay esperanzas de esfuerzos hacia la concordia y los consensos.
El resultado de elegir mayormente delegados comprometidos con un cambio significativo en las estructuras políticas y económicas de la República de Chile le otorga mayor interés e importancia a esta Asamblea que ha sido electa como instrumento para modificar sustancialmente la Constitución chilena de 1980 que había auspiciado la derecha y el propio General Augusto Pinochet. Se espera, por tanto, que las discusiones al interior de la Asamblea se susciten en torno a cuestiones importantes relacionadas con el cambio y con el tipo de democracia política que desean los chilenos para sí. Esto incluye no sólo lo estrictamente político, sino también lo atinente a las relaciones entre el estado chileno y las empresas privadas. Por influencia del neoliberalismo de la dictadura y de la derecha chilenas muchos servicios en Chile, como los relativos al agua, la salud y la educación han sufrido privatizaciones importantes que el pueblo chileno desea revertir, de modo que tales asuntos estén más en control democrático de los chilenos a través de su sector público o gubernamental. Rodrigo Mundaca, líder pro-cambio, salió electo a la alcaldía de Valparaíso. Ha declarado públicamente su apoyo a que el nuevo proceso constituyente chileno incluya controles gubernamentales a la distribución de los recursos de agua. (Recuperado de Resumen Latinoamericano, 17 de mayo de 2021)
Según Emilia Rojas Sasse, uno de los pocos elementos que empañó la victoria de la izquierda chilena fue que hubiese una abstención considerable y también que la izquierda fue fraccionada en diversos grupos. No obstante, todo eso, lo más importante ha sido la derrota de la derecha piñerista –que a pesar de ventajas electorales que la favorecían– salió muy derrotada. Esto afectó también las elecciones de candidatos a cargos públicos y una líder comunista fue electa alcaldesa de Santiago, la capital del país. En palabras de Rojas Sasse “un nuevo texto constitucional no resolverá las demandas de mayor justicia social que alimentaron las protestas, no traerá un aumento de las pensiones, ni reducirá los precios de los medicamentos. Pero trazará las directrices del futuro y sentará las bases para las reformas necesarias.” Según Rojas Sasse, es eso justamente lo que esperan los ciudadanos. (Emilia Rojas Sasse, “Chile abre el dique constitucional del neoliberalismo” en Deutsche Welle digital, de la radio alemana en español, recuperado el 17 de mayo de 2021)
Algunas dudas o cuestionamientos de la Asamblea en el caso de Chile
Hay sectores de la izquierda chilena que dudan de este intento de Constituyente pues el pacto entre partidos lo ha consignado como una Convención Constitucional y se pactó que para aprobarse un cambio se necesiten 2/3 de los votos totales de la Asamblea. El principio de 2/3 –o mayoría calificada– debió dejarse para cambios muy importantes. Ya veremos qué decide la propia Asamblea cuando se reúna, pues la izquierda eligió muchos asientos, junto con los independientes, y todo el mundo considera que la derecha dirigida por Piñera y su gente sufrió una derrota importante. La realidad es que si se quiere que el pueblo democráticamente apruebe cambios que modifiquen sustancialmente la Constitución neoliberal, derechista y represiva contra la izquierda que se aprobó en 1980 con el auspicio de los militares de Pinochet, la Asamblea misma, como soberana, debería adoptar una norma de mayoría simple para muchas decisiones y de mayoría calificada de 2/3 partes únicamente para cambios que requieran un sólido consenso. No obstante, la ley consensuada con Vamos Chile, es decir, la que favoreció Piñera, prohíbe tal cosa.
La otra preocupación es que haya independientes que quieran optar por el populismo como “solución antipolítica”. Este es un problema insistentemente mencionado en la radio alemana, Deutsche Welle. No obstante, las noticias alemanas recalcan la necesidad de que la Asamblea responda a las demandas populares y que, sobre todo, cambien los factores contribuyentes a hacer de Chile uno de los países más desiguales del mundo, producto todo ello del neoliberalismo extremo instaurado por Pinochet. Hay ya elementos en la propia elección de los delegados Asamblea el 16 de mayo de 2021 que implican mayor igualdad. Es la primera vez que una Asamblea de este tipo debe elegir logrando paridad entre los géneros: varones y mujeres. Es también una novedad que la Asamblea reservó asientos para los discapacitados de Chile y que por lo menos un 10% de los asientos tendrían que ser ocupados por los indígenas, principalmente los Mapuches y los Rapa Nui de la Isla de Pascua, sectores poblacionales que han sido por décadas marginados de la política chilena. (Véase, “Hoy como nunca tiene Chile ocasión de cambiar”, escrito en italiano por el consejero municipal milanés, Ludovico Manzoni, Huffington Post Italia. Sección de blogs. 16 de mayo, 2021, traducción mía). Esos detalles, además de la realidad de una elección victoriosa de la izquierda y de los independientes, hace de este proceso uno ciertamente esperanzador para el pueblo chileno. La propia izquierda estará más interesada en la Asamblea al saberse tan bien representada en la misma. Al menos ese sería el deseo y el objetivo de ciertos sectores de la izquierda chilena y de aquellos “independientes” que no son derechistas o piñeristas disfrazados de “independientes”. Es decir, de los que son independientes verdaderos, una especie de suramericanos indignados con todo lo que hay. Son similares a los del 15 M en Madrid, hace diez años, en 2011. El peligro de algunos independientes chilenos es que su antipolítica los lleve a abrazar alguna forma de populismo, según diversas fuentes. Lo otro es que algunos independientes estén allí para velar los intereses de la derecha, es decir, que no sean realmente independientes.
Otro de los problemas que conlleva la Asamblea es el tiempo limitado a unos entre 9 y 12 meses de deliberaciones para luego culminar en un plebiscito llamado “de salida” más o menos esperable para agosto del año 2022. Las complejidades de los asuntos involucrados, así como las tareas de construir consensos al interior de la Asamblea, hacen pensar que, aunque es muy bueno poner un limite de tiempo para que la Asamblea no lo pierda en discusiones estériles, el tiempo asignado puede no ser suficiente. Unos 60 días después de concluidos los trabajos de la Asamblea, se llevaría a cabo el plebiscito con la expresión favorable o desfavorable sobre la nueva Constitución según la voluntad de los electores. Si el pueblo vota a favor, la nueva Constitución entra en vigor. Si el pueblo la desaprueba, regirá la Constitución vigente de 1980 cuajada bajo el régimen de Pinochet.
Hay indudablemente, numerosas incógnitas sobre el proceso. Sólo sobre la marcha de los acontecimientos podremos ver si la Asamblea va cumpliendo su cometido y si lo que se aprueba se hace mediante procesos democráticos adecuados, luego de discusiones y deliberaciones iluminadas por el conocimiento de lo existente y de lo que sería justo cambiar. Es en el accionar mismo de la Asamblea que se verá el proceso propiamente político en acción y el mismo debería caracterizarse por: 1) búsqueda de cambios que propicien el bien común de los chilenos; 2) medidas que resulten en potenciar la reducción de desigualdades económicas y sociales que el pueblo mismo ha repudiado; 3) procesos de deliberación solidaria con una base de conocimientos colectivos que sea suficiente para construir los consensos; y 4) remitir las decisiones de la Asamblea a la aprobación o desaprobación del pueblo votante en un plebiscito ejecutado y registrado democráticamente.
Esos cuatro deben ser los criterios fundamentales pues la esencia de la política es la decisión democrática sobre los asuntos colectivos de la polis, en este caso del sistema político chileno, luego de una deliberación adecuada y debidamente informada. Y es muy importante que el bien común de los chilenos sea el norte principal de la Asamblea.
Importancia de este proceso para la política en América Latina
Estos procesos políticos de Chile, a pesar de la pandemia, provocan esperanza en diversos países latinoamericanos. No sólo hemos vivido los males de una pandemia feroz, sino que hace unos años las tendencias latinoamericanas hacia el cambio se han revertido, o por un populismo nacionalista y hasta religioso, tipo régimen de Bolsonaro en Brasil, o por un regreso al gobierno de las derechas como en Ecuador, Colombia, Uruguay y Perú y hasta un intento en Bolivia. Incluso en un país como Nicaragua, preocupa que el gobierno sandinista se haya tornado personalista y que Ortega y su esposa hayan optado por el continuismo y la represión de sus opositores. En el propio México, las esperanzas populares con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no se han concretado en la medida en que muchos esperaban. En ese contexto, sería muy provechoso para todos que el Pueblo chileno, un pueblo con una sólida experiencia democrática –pero que ha conocido también los males de una dictadura militar y del gobierno de las derechas– pueda en adelante producir un camino democrático y constitucional hacia el cambio político, económico y social, que sea ejemplo y un camino a emular por otras sociedades latinoamericanas. Sobre todo, es prioritario todo lo que pueda lograr el pueblo chileno, mediante consensos en la Constituyente, que realmente siente las bases para cambios esenciales en los sistemas de educación primaria, secundaria y universitaria, del sistema de salud y de la distribución de recursos básicos como lo son el agua potable y la electricidad para todos los ciudadanos. También puede llegar a ser esta Constituyente un laboratorio excelente para producir nuevas normativas constitucionales dirigidas al respeto y protección de los derechos humanos de todos, sobre todo de grupos tradicionalmente discriminados como las mujeres, los indígenas, los discapacitados, los homosexuales y otros miembros de la comunidad LGBTT y la diversidad de tipos de familias que puedan hoy en día existir en Chile.
Desde Puerto Rico, un país del Caribe asediado por la exacerbación del coloniaje y las dependencias estadounidenses, y por la corrupción de sus élites y de sus instituciones tradicionales, un país donde la política propia ni existe, y donde lo que se da por político es un chiste de mal gusto, o un divertimento más, al menos queda una esperanza de que sí podamos aprender algo de los errores y los aciertos del proceso constitucional de Chile. Aunque la política propiamente puertorriqueña está en el piso, en Estados Unidos no deja de haber un verdadero proceso político, a pesar de sus innumerables problemas. Y una de las vías que se ha presentado en el Congreso para lidiar con el futuro de Puerto Rico es precisamente una Asamblea Constitucional. Tal Asamblea, que busque articular una mayoría –o un consenso– respetables internacionalmente, y en el propio Estados Unidos, desde el seno de la sociedad puertorriqueña, presupone la resucitación de un proceso político propio puertorriqueño que conlleve seriedad y la búsqueda del bien colectivo. Igual podría resultar tal asamblea en la proverbial “olla de grillos” o en una charanga vergonzosa más de los “políticos” que se han empeñado en secuestrar los partidos políticos y los grupos de todo tipo en Puerto Rico. Sea como haya de ser, como pueda llegar a ser, un intento como ese de resolver el destino político del país habrá de beneficiarse siempre de mirarse en el espejo del proceso constitucional chileno próximo a comenzar.