Caos en los hospitales “operacionales”

Hospital Metropolitano Dr Susoni en Arecibo. Foto por Omaya Sosa Pascual | CPI

La falta de información, la desinformación y los datos contradictorios en torno al estado real de estas instituciones por parte del gobierno han sido una constante.

El martes de la semana pasada, por ejemplo, el gobernador Ricardo Rosselló anunció como un logro que 63 de los 69 hospitales del país ya estaban “operacionales”. Nunca explicó en detalle cómo el gobierno saltó de tener 56 hospitales cerrados la semana anterior, según informó en aquel momento el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, a haberlos reabierto prácticamente todos.

La gran pregunta es qué significa “operacionales”

Ese mismo día el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) visitó los hospitales Pavía y Susoni de Arecibo, y Buen Samaritano en Aguadilla y comprobó que ninguno de los tres estaba en condiciones de admitir pacientes críticos pese que estaban en esa lista de hospitales abiertos suministrada por el gobierno. Pavía Arecibo, el Buen Samaritano y Ryder en Humacao, que fue cerrado el viernes pasado, son de particular importancia pues son tres de los siete hospitales que fueron designados por el Gobernador como centros regionales médicos para servir de ancla y canalizar las emergencias de todas las demás instituciones, y presuntamente debían de estar funcionando mejor que las demás y con apoyo prioritario del gobierno federal y local. Los otros cuatro ancla regionales son el Doctor´s Center de Manatí, HIMA Fajardo, HIMA Caguas y La Concepción en San Germán.

Susoni, institución que perdió el techo en varias áreas según constató el CPI, estaba prácticamente cerrado, atendiendo solo fiebres, laceraciones menores, y otros padecimientos de poca monta, indicaba un papel pegado en la puerta.

El viernes Rosselló insistió en su conferencia de prensa matutina que ya eran 68 los hospitales operacionales. En la lista del gobierno que aparecía en línea el viernes había 66, y entre ellos aún estaba, incluso el domingo, el hospital Ryder de Humacao, que había sido evacuado desde el jueves por el Ejército de los Estados Unidos porque se le había dañado el generador eléctrico. Ese mismo día el hospital fue declarado cerrado, según una lista actualizada enviada al CPI en la noche por la directora de la Oficina Central de Comunicaciones de La Fortaleza, Rosy Santiago.

Aún se desconoce cuántas personas han fallecido en los 69 hospitales y otras instituciones de cuidado de salud desde el azote de María el 20 de septiembre, cuyas morgues estuvieron a capacidad la primera semana del huracán, según reveló una investigación del CPI.

Pero para muestra con un botón basta. Solamente en el Pavía de Arecibo, institución con capacidad para 192 pacientes, murieron 49 durante los primeros 10 días después de María, informó al CPI el administrador de la institución, José Luis Rodríguez. Aseguró que ninguna de esas muertes estaba asociada “directamente” al huracán, y reconoció que el hospital no estaba en condiciones de admitir pacientes críticos hasta que el gobierno le trajera una planta que pudiese sostener el sistema de aire acondicionado. A pesar de esto, confesó al CPI que en ese momento tenía un censo de 98 pacientes y que se estaban haciendo cirugías de emergencia con unos aires acondicionados portátiles en dos salas de operaciones.

Al día siguiente, el miércoles, el Ejército le trajo un generador eléctrico, indicó.

No obstante, este hospital que “operó” durante casi dos semanas sin aire acondicionado, ya que no tenía electricidad y sólo contaba con una planta eléctrica de baja capacidad desde antes del huracán, fue designado por el gobierno como uno de los hospitales prioritarios y ancla para recibir los casos críticos de la región.

Así mismo operó el principal hospital del área noroeste, el Buen Samaritano en Aguadilla, pero al final no tuvo tanta suerte.

El corre y corre para atender la avalancha de pacientes que llegó tras el paso del huracán principalmente se debió a accidentes, traumas en cabeza, cuello, ojos y hasta por situaciones provocadas por la criminalidad, además de partos naturales y por cesárea, indicó el director médico del hospital el Dr. Arturo Cedeño.

Asimismo, los centros de envejecientes comenzaron a enviar a sus residentes al hospital por falta de diésel para operar sus plantas eléctricas.

Cedeño reconoció que en la institución hubo muertes relacionadas al paso del huracán como pacientes de diálisis que no pudieron completar su tratamiento y que llegaron con sobrecarga de fluidos y pulmonía. Su morgue, que tiene cabida para 14 cadáveres, estuvo llena a capacidad porque además tuvo que albergar cuerpos de personas que no eran pacientes del hospital, ya que es la única morgue con capacidad de refrigeración en la zona.

Dos semanas después de María, solo la sala de emergencias estaba “operando”, pero sin aire acondicionado, y el hongo y mal olor se habían apoderado del lugar, constató el CPI durante un recorrido por la institución. Las temperaturas allí habían llegado a los 90 grados. Por eso, en el hospital tuvo que recurrir al uso de sábanas mojadas y a bolsas de hielo para que los pacientes no aumentaran la temperatura corporal. La sala de operaciones, al igual que otras áreas del hospital habían sido clausuradas porque tampoco contaban con la temperatura propicia para su uso, y por la proliferación de humedad y hongo debido a la alta temperatura.

Las promesas del gobierno de suplido consistente de agua y diésel, y de FEMA de una planta eléctrica que pudiese sostener la operación de la única institución con servicios secundarios y terciarios en la región nunca se concretaron, dijo en entrevista el Dr. Cedeño.

Ante el evidente desastre en los hospitales visitados, el CPI trató de que el gobierno definiera qué significa que declaren un hospital “operacional” y que explicara por qué no se comunica con claridad el estado de situación de cada hospital a la ciudadanía, de manera que puedan evitar arriesgar sus vidas llegando con emergencias a lugares como los antes descritos. Una semana más tarde, el secretario de asuntos públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario, ofreció su respuesta en entrevista el viernes. Explicó que son instituciones que han sido evaluadas por el gobierno y el Departamento de Salud federal (HHS, por sus siglas en inglés), y entre ambas agencias se determinó que sus estructuras están “físicamente operacionales” y que han aceptado pacientes. Esto las coloca en la lista de hospitales que están recibiendo asistencia prioritaria del Gobierno de Puerto Ricos, de HHS, del Cuerpo de Ingenieros, y del Ejército de los Estados Unidos.

La categorización no tiene nada que ver con qué servicios están ofreciendo y en qué condiciones lo están haciendo, e incluye una amplia gama circunstancias, desde el hospital que está haciendo ya cirugías complejas hasta el que no puede atender ni partos como Susoni, reconoció.

“No va a haber forma de entrar a un hospital y verlo perfecto. Se está trabajando con lo que heredamos por el huracán. Bellos no los tengo, esa es la realidad”, dijo.

“Cuando decimos operacionales es que están recibiendo pacientes”, insistió.

El CPI le preguntó por qué no eran más claros en informar a la ciudadanía ya que estaban arriesgando la vida de personas todos los días con la falta de información, y Rosario discrepó porque alegadamente el sistema de salud estaba funcionando “como de costumbre”.

Cuando un paciente llega a una sala de emergencias de un hospital que no puede ofrecerle el servicio que necesita, lo trasladan a otro hospital. Esto a pesar de que en una emergencia, el tiempo que pase antes de que se reciba el debido auxilio médico es frecuentemente asunto de vida o muerte.

Rosario opinó que, a excepción del Centro Médico de Puerto Rico, los demás hospitales de la Isla son privados por lo que corresponde a cada institución ofrecer al público información sobre qué servicios está ofreciendo y qué limitaciones tiene; no al gobierno. No obstante, por mandato de ley, el Departamento de Salud es el responsable de supervisar, fiscalizar y otorgar o retirar licencias de operación a todos los hospitales en Puerto Rico.

El CPI envió hace diez días una petición de entrevista al secretario de Salud, el Dr. Rafael Rodríguez Mercado, quien es realmente el experto en el tema de los hospitales y el responsable por mandato constitucional de velar por la salud en Puerto Rico, pero ha sido imposible obtener sus declaraciones. Después de que habló al CPI sobre la situación de los hospitales y dijo cándidamente que había muertos adicionales a los informados relacionados al Huracán María hace dos semanas, su asesor de relaciones públicas, Peter Quiñones, ha dicho que todas las preguntas sobre el tema serán atendidas por Rosario, quien es abogado de profesión. El CPI supo que presuntamente el propio Rosario le prohibió hacer expresiones públicas Rodríguez Mercado. Rosario negó que este fuera el caso y atribuyó la repentina falta de disponibilidad de Rodríguez Mercado a que está “muy ocupado” atendiendo situaciones relacionadas a la emergencia.

*Publicado originalmente por el Centro de Periodismo Investigativo.