Carta abierta al Presidente de la UPR

Estimado Dr. Uroyoán Ramón Emeterio Walker Ramos:

Se dirige a usted una profesora universitaria que lleva más de una década en el Recinto de Río Piedras y varios años trabajando con propuestas educativas para la población confinada. Conozco bien la Universidad y el sistema penitenciario puertorriqueño, dos espacios que por mucho tiempo se han mantenido deslindados, sin un proyecto en común.

Aún en nuestra memoria colectiva pervive el recuerdo del Programa de Confinados Universitarios que para la década del 90 coordinaba el historiador Fernando Picó. Un proyecto educativo que el propio profesor describió como “un atrevimiento”1, el cual rindió frutos en la vida de sus participantes y por lo tanto, en la de nuestra sociedad. Recientemente, en un conversatorio en la Escuela de Derecho de la UPR, escuché las historias de algunos de aquellos estudiantes y su testimonio de cómo la educación los transformó en seres humanos capaces de aportar al bienestar común. Hoy, años más tarde y ya en la llamada libre comunidad, estos hombres todavía mantienen un vínculo con su maestro, el Padre Picó y con el camino que este les mostró. Picó, quien se encontraba entre el público esa noche, reiteró lo que ha predicado por años: la necesidad de un cambio radical en las mentalidades de los que atienden las necesidades de los convictos y la urgencia de transformar la cárcel en una institución educativa de la más alta calidad con las medidas pertinentes de seguridad. Lo que esta utopía contempla es que las instituciones de corrección y rehabilitación estén enfocadas enteramente en las tareas de promover el aprendizaje, la salud y la sociabilidad de sus residentes.2

Hace tiempo que las universidades estatales de los Estados Unidos, pienso particularmente en la de Nueva York o la de California, como también las universidades públicas en países como Argentina y Brasil, ofrecen programas de educación superior en las cárceles. Las personas privadas de libertad recluidas en las instituciones penales ubicadas en estos lugares, gozan de la oportunidad de obtener un grado asociado, un bachillerato y en ocasiones postgrados mientras se encuentran cumpliendo su sentencia. Son muchos los estudios que evidencian los beneficios individuales y sociales de invertir en la educación universitaria de esta población marginada.

Como usted sabrá, existe la creencia popular de que los presos nunca saldrán de la cárcel, ya que el deseo de muchos es que «boten la llave», y por lo tanto, como sociedad solemos «borrarlos del mapa». Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las personas confinadas, tarde o temprano, regresan a la comunidad. Se ha documentado que las personas que han obtenido un grado universitario dentro de la prisión tienen mejores posibilidades de lograr reintegrarse de manera productiva a la sociedad y por lo tanto, el nivel de reincidencia es menor. Además, son muchos los casos donde la educación les brinda a las personas que han estado encarceladas la posibilidad de convertirse en líderes que eventualmente colaborarán con su comunidad de origen, contribuyendo así a que los jóvenes no sigan participando del círculo vicioso y violento que produce la marginación, la pobreza y la falta de oportunidades educativas. En otras palabras, la educación de las personas privadas de libertad no solo repercute en sus vidas particulares, sino también en el tejido social del que todos formamos parte y contribuye a la eventual construcción del país al que aspiramos. Dicho esto, no debemos olvidar la justificación esencial de brindarle a toda persona el acceso a una educación universitaria: es la oportunidad de descubrir, honrar, reconocer y estimular el desarrollo de su más alto potencial como ser humano.3

Por otro lado, no se trata únicamente de lo que la Universidad puede hacer por la población confinada… Todo académico que haya estado en contacto con la comunidad penal sabe que dentro de las cárceles está encerrado cierto conocimiento, diversos saberes a los que no solemos dar cabida o tomar en cuenta a la hora de crear política pública, planes anticrimen o currículos académicos. Insistimos exclusivamente en castigar al que delinque, en que “le pague a la sociedad” con el tiempo cumplido, el cual la gran mayoría de las veces equivale a tiempo perdido. Para muchos «el delincuente» no tiene el potencial de aportar nada positivo; por lo tanto, su voz ni se escucha, ni importa. Me parece un grave error y soy de la opinión de que esta mentalidad acarrea graves repercusiones sociales.

Es irónico pensar que la mayoría de los once recintos del sistema que usted preside comparten su geografía con una institución penal. Resulta reprochable el que la Universidad del Estado no haya decidido de una vez y por todas establecer vínculos de manera formal, uniforme y consistente con la comunidad más marginada del país, la penal. Si como usted propone: Hay que llevar la universidad más allá de las paredes que demarcan sus límites…  ya que, no hacerlo sería incumplir con la misión de la Universidad, pues soy de opinión de que este momento histórico le ha dado a usted la oportunidad de devolverle a la UPR su papel protagónico en la transformación de un país en crisis. Llevar la Universidad a la cárcel es un paso en esa dirección. El actual Secretario de Corrección, Hon. José Negrón Fernández, se ha expresado públicamente de manera esperanzadora sobre el tema de la educación en las cárceles del país. También me consta que muchos de mis colegas en la Universidad tienen el compromiso y la voluntad de atender este reclamo. La circunstancia está madura para establecer alianzas y para crear espacios de acción fecunda que redunden en beneficios tanto para nuestro primer centro docente como para el país. Termino con la cita de un reconocido criminólogo que nos invita a reflexionar sobre los asuntos que le he planteado. Dice Alessandro Baratta:

Me parece imposible no insistir en el principio político de la apertura de la cárcel hacia la sociedad y, recíprocamente, de la apertura de la sociedad hacia cárcel. Uno de los elementos más negativos de la institución carcelaria lo representa, en efecto, el aislamiento del microcosmos carcelario en relación con el macrocosmos social, aislamiento simbolizado por los muros de la cárcel. Hasta que los muros no sean por lo menos simbólicamente derribados, las oportunidades de «resocialización» del condenado seguirán siendo mínimas. No se pueden segregar personas y pretender al mismo tiempo reintegrarlas… el concepto de reintegración social requiere la apertura de un proceso de comunicación e interacción entre la cárcel y la sociedad, en el que los ciudadanos recluidos en la cárcel se reconozcan en la sociedad externa y la sociedad externa se reconozca en la cárcel.4

Señor Presidente, es hora de derribar tantas cercas que nos mantienen lejos.

Cordialmente,

Edna Benitez Laborde