Cuerpos públicos y corporaciones privadas

Para muchas activistas feministas el Proyecto del Senado 950 de la PASTORA/senadora, Nayda Venegas Brown, que trata de seguir poniéndole más trabas a las mujeres que deciden terminar un embarazo, ha sido como la crónica de otra burrada anunciada. Desde hace tiempo sabíamos que el envalentonamiento del fundamentalismo religioso recalcitrante también iba a tratar de hacerse sentir en este tema, y sobre todo en estos momentos cuando en varios estados de EE.UU se sigue obstaculizando el acceso al aborto. Por eso, la respuesta de muchas compañeras ante la nueva amenaza frontal del fundamentalismo religioso ha sido organizarse, una vez más, para defender este derecho inalienable de las mujeres. La pregunta, por lo tanto, es cuál será el plan de acción una vez se logre parar el proyecto de la pastora.

El pasado 3 de junio de 2017 se aprobó en la Asamblea Feminista #NiUnaMenos crear un comité que impulsara una ley sobre derechos sexuales y reproductivos que no solo defendiera la legalidad del aborto, sino que garantizase el acceso al aborto, es decir, que este sea uno seguro, gratuito y accesible. Con este plan en mente la Colectiva Feminista en Construcción se dio a la tarea de organizar la campaña: Abortemos el Sistema, Construyamos Otra Vida, en el contexto del 28 de septiembre: Día Internacional por la Despenalización del Aborto, cuyos puntos principales eran educar, agitar e impulsar la redacción de esa ley sobre derechos sexuales y reproductivos. Desafortunadamente el paso del huracán María interrumpió la campaña. Sin embargo, si bien, por un lado, el proyecto de la pastora Venegas Brown nos vuelve a imponer un ritmo de trabajo para confrontarlo, por otro, nos recuerda que tenemos una asignación pendiente: proponer una ley integral de derechos sexuales y reproductivos abarcadora que tome en consideración las intersecciones de raza, clase, género y sexualidad. Una ley que ponga atención al Puerto Rico post María, bajo la imposición de la Junta de Control Fiscal, con un gobierno que amenaza con terminar de vender lo poco que queda del país al mejor postor, mientras sigue imponiendo medidas de austeridad e ignora el reclamo nacional e internacional de la auditoría de la deuda para identificar a los responsables del quiebre económico del país. Es desde esta precaria situación que tenemos que crear una legislación que no excluya a ninguna persona que exija control sobre su propio cuerpo, que busque alternativas a su embarazo y que quiera abortar.

Bajo este estado neoliberal que predica la reducción del gobierno, privatizando servicios esenciales y corporaciones públicas, los  cuerpos de las mujeres y personas gestantes han pasado a ser cuerpos que se hacen propiedad del Estado sobre los que se quiere decidir e imponer reglas para el beneficio del capital utilizando el argumento religioso. Obstaculizar el derecho al aborto solo tiene consecuencias nefastas como la práctica de abortos inseguros que pueden terminar con la vida de las mujeres y personas gestantes, obligar a parir hijxs no deseados o impulsar que las mujeres vuelvan a las casas a hacer trabajo reproductivo y no remunerado. Si a esta última consecuencia le sumamos la derogación de la Ley 80, el discurso pro-feto de la pastora/senadora es un discurso que beneficia principalmente al sistema neoliberal que busca reducir puestos de trabajo a como dé lugar, y en un país en donde la mayor parte de la clase trabajadora remunerada (porque bajo el capitalismo patriarcal se ignora el trabajo doméstico) son mujeres, por lo tanto, obligarlas a parir no solo elimina puestos de trabajo, porque ya no habrá ninguna ley que nos ampare como personas gestantes o que nos garantice la licencia por maternidad, sino que garantiza que en un futuro siga habiendo mano de obra barata.

Defender el derecho al aborto es defender la soberanía que tenemos todas las personas a decidir sobre nuestros cuerpos y decidir cómo queremos vivir. Sin embargo, la defensa del aborto no puede quedarse en la defensa de que este sea legal porque seguimos ignorando los altos costos de este que empiezan en $250 en el primer trimestre y la falta de clínicas que lo realicen. El movimiento feminista, tanto en Puerto Rico como en EE.UU., logró una importante victoria, la legalización, pero a las feministas de ahora nos toca que este sea accesible para todas las personas que decidan terminar su embarazo sin importar clase, raza, sexualidad, origen, entre otros. En momentos en que se está desmantelando el país a pasos apresurados y donde la amenaza a una vida precaria se hace cada día más presente, defender la soberanía de nuestros cuerpos es una de las grandes batallas que tenemos que dar como país. La nueva amenaza impulsada por la pastora Venegas debe responderse no solo con la defensa de lo que ya tenemos, sino con nuevas medidas que garanticen el derecho al aborto a todas las personas que quieran interrumpir su embarazo.

Desde hace años venimos escuchando que bajo el neoliberalismo las ganancias son privadas y las deudas son públicas, se privatizan los servicios y las corporaciones que más dinero dejan al Estado y se mantienen públicas las más endeudadas para que las pague el pueblo, se eliminan subsidios a la clase trabajadora y se otorgan incentivos y subsidios a bancos y empresas privadas. Es por eso que, bajo esta lógica neoliberal, racista y patriarcal el Estado se apropia de los cuerpos racializados y pobres y se deshace del Estado de bienestar.