Doctrina de Choque, EE.UU.
Dada la lucidez de este breve artículo sobre el momento político y económico que se vive en Estados Unidos, lo reproducimos a continuación en forma íntegra. Una vez más, Krugman, Premio Nobel de Economía, pone los puntos sobre las íes.
He aquí un pensamiento: Madison, Wisconsin, después de todo, no es El Cairo. Quizás sea Bagdad -específicamente el Bagdad de 2003, cuando la administración Bush puso a Irak bajo el gobierno de funcionarios escogidos por su lealtad y su confiabilidad política en vez de su experiencia y competencia.
Como muchos lectores pueden recordar, los resultados fueron espectaculares -en el sentido malo. En vez de enfocarse en los problemas urgentes de una economía y una sociedad en ruinas, lo que pronto decaería en una sangrienta guerra civil, los nominados por Bush estaban obsesionados con imponer una visión ideológica conservadora. Ciertamente, con saqueadores merodeando todavía por las calles de Bagdad, L. Paul Bremer, el virrey estadounidense, dijo a un reportero de Washington Post que una de sus principales prioridades era «corporativizar y privatizar las empresas en poder del estado» -según palabras de Bremer, no de los reporteros y «eliminar del pueblo la idea de que el estado lo subvenciona todo».
La historia de la Autoridad de Coalición Provisional, obsesionada con la privatización, fue la obra maestra del best seller de Naomi Klein, «The Shock Doctrine«, que defendía que aquel era parte de un modelo más amplio. Desde Chile, de principios de la década de 1970 en adelante, sugería ella, los ideólogos del ala derecha han explotado las crisis para impulsar una agenda que no tiene nada que ver con la resolución de dichas crisis, y sí tiene que ver absolutamente con imponer su punto de vista de una sociedad más rigurosa, más desigual y menos democrática.
Lo que nos trae a Wisconsin 2011, donde la doctrina de choque está en plena exhibición.
En las recientes semanas, Madison ha sido el escenario de grandes demostraciones contra el proyecto de presupuesto del gobernador, el cual negaría derechos de negociación colectiva a los trabajadores del sector público. El gobernador Scott Walker alega que él necesita que se apruebe su proyecto de ley para atender los problemas fiscales del estado. Pero su ataque a los sindicatos no tiene nada que ver con el presupuesto. De hecho, dichos sindicatos ya han expresado su disposición a hacer sustanciales concesiones financieras -una oferta que el gobernador ha rechazado. Lo que está ocurriendo en Wisconsin, en cambio, es una usurpación de poder -un intento de explotar la crisis fiscal para destruir el último contrapeso importante al poder político de las corporaciones y de los ricos. Y la usurpación de poder va más allá del quebrantamiento de sindicatos. El proyecto en cuestión tiene 144 páginas, y bien adentro del mismo se encuentran algunas cosas extraordinarias.
Por ejemplo, el proyecto incluye un lenguaje que permitiría a los funcionarios nombrados por el gobernador hacer recortes significativos en la cubierta de salud para familias de bajos ingresos sin tener que seguir el proceso legislativo normal.
Y luego está esto: «A pesar de ss. 13.48 (14) (am) y 16.705 (1), el departamento podrá vender cualquier planta de calefacción, enfriamiento o de energía eléctrica propiedad del estado o podrá contratar a una entidad privada para la operación de cualesquiera de dichas plantas, con o sin solicitación de subasta, por cualquier cantidad que el departamento determine que es por el mejor interés del estado. A pesar de ss. 196.49 y 196.80, no se necesita la aprobación o la certificación de la comisión de servicio público para que una empresa de servicios públicos («public utility «) compre, o contrate para su operación alguna de las citadas plantas, y dicha compra se considerará de interés público y que cumple con los criterios de certificación de un proyecto de acuerdo con s. 196.49 (3) (b)».
¿De qué se trata esto? El estado de Wisconsin posee una cantidad de plantas que suplen calefacción, enfriamiento y electricidad a instalaciones que pertenecen al estado (como la Universidad de Wisconsin). El lenguaje utilizado en el proyecto de presupuesto, en efecto, permitiría al gobernador privatizar cualquiera o todas estas instalaciones a su antojo. No sólo esto, él podría venderlas, sin el proceso de licitación, a cualquiera que él escoja. Y observen que cualesquiera de dichas ventas, por definición, «se consideraría de interés público».
Si esto les suena a ustedes como un perfecto tinglado para el amiguismo y la especulación -¿recuerdan aquellos miles de millones desaparecidos en Irak? Ustedes no son los únicos. Ciertamente, existen suficientes mentes sospechosas allá afuera de que Koch Industries, propiedad de los hermanos multimillonarios que están desempeñando un papel importante en el movimiento antisindical de Mr. Walker, que la empresa se sintió impulsada a emitir una negación de que esté interesada en comprar alguna de aquellas plantas. ¿Quedan ustedes tranquilizados con esto? La buena noticia desde Wisconsin es que el recrudecimiento del furor público -ayudado por la maniobra de los demócratas en el Senado estatal, quienes se ausentaron para negar a los republicanos un quórum- ha atenuado la necesidad de una expulsión a viva fuerza. Si el plan de Walker era impulsar su proyecto antes de que alguien tuviese la oportunidad de darse cuenta de cuáles eran sus verdaderas metas, dicho plan ha fracasado. Y es posible que los acontecimientos en Wisconsin hayan dado una pausa a otros gobernadores republicanos, quienes parecen estar desistiendo de medidas similares.
Pero no esperen que Walker o el resto de su partido cambien dichas metas. El destrucción de sindicatos y la privatización siguen siendo prioridades para los republicanos, y el partido continuará sus esfuerzos por camuflar esas prioridades en nombre de presupuestos balanceados.