Estadidad, “ciudadanía de segunda clase” y derechos civiles
La incorporación de una nación hispanoamericana a Estados Unidos podría contribuir a hacer de ese país “una Unión más perfecta”, frase que se presta para interpretar de distintas formas el deseo de los Padres Fundadores al plasmarla en el preámbulo de la Constitución estadounidense. La adición de Puerto Rico sumaría aproximadamente 3 millones de puertorriqueños a los 5 millones que ya se encuentran en el país norteamericano. Esto, sin duda alguna, le daría un gran poder a este sector en Estados Unidos considerando que, de darse una anexión, los puertorriqueños tendríamos en la Legislatura estadounidense dos senadores y al menos cinco representantes si nos dejamos llevar por un estudio que el sociólogo y demógrafo estadounidense Dudley Poston hizo en 2011. Tendríamos una vía que actualmente no existe y por medio de la cual ejerceríamos cierto poder en la toma de decisiones del gobierno estadounidense para finalmente lograr conseguir los derechos y libertades a los que tanto aspiramos.
Ahora bien, al día de hoy –244 años después de haber sido fundado Estados Unidos– esa Unión está todavía muy lejos de ser una Unión “más perfecta”, que asegure los “beneficios de la libertad” para todos los ciudadanos que ya llevan habitando el país por muchísimo tiempo. A lo largo de cientos de años de lucha, la comunidad negra estadounidense ha ido conquistando a fuerza de sangre, sudor y lágrimas los derechos que como habitantes de la nación le corresponden. Una de las victorias más importantes fue la lograda al final de la Guerra Civil al conseguir los derechos a la libertad, a la ciudadanía y al voto mediante las Enmiendas 13, 14 y 15 a la Constitución. No obstante, frente a estas conquistas fueron surgiendo innumerables obstáculos que le impidieron a esta población asegurarse una ciudadanía “de primera clase”. Una vez destruida la institución de la esclavitud, el racismo adquirió forma legal nuevamente a través de las llamadas Leyes Jim Crow, que legitimaban la segregación racial. Luego de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Brown v. Board of Education de 1954, que declaró inconstitucional la segregación racial en la nación, el racismo reencarnó en el sistema de cárceles y de justicia estadounidense bajo consignas como “la guerra contra las drogas” o “la guerra contra el crimen”. A pesar de que las personas negras constituyen un 13% de la población total de los Estados Unidos, para el 2015 contabilizaron un 26% del total de las personas asesinadas por la policía, mientras que en el 2016 constituyeron junto a las personas latinas un 56% de la población en las cárceles frente a un 30% de población carcelaria blanca. Además de eso, estadísticas del Departamento de Justicia y del Pew Research Center indican que, a pesar de que las personas blancas son más propensas a vender drogas que las personas negras o latinas, las personas negras que son encarceladas por crímenes no-violentos relacionados al narcotráfico pasan aproximadamente el mismo tiempo en cárcel que criminales blancos violentos (58.7 y 61.7 meses, respectivamente). La “guerra contra las drogas y el crimen” resultó ser realmente un disfraz para la guerra contra las personas negras.
El colonialismo bajo el cual Estados Unidos nos han tenido a los puertorriqueños por más de cien años parte de la premisa de que nosotros somos un “pueblo inferior incapaz de gobernarse a sí mismo”, tal y como se desprende del informe realizado en 1900 por el gobernador militar George W. Davis al presidente William McKinley. La condición de “territorio no incorporado” que se nos impuso pocos años después implica que Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, pero no forma parte de la nación. En otras palabras, la condición de todo un pueblo es reducida a la de una posesión de la que Estados Unidos puede disponer cuando desee en calidad de propietario o amo. Este planteamiento fue validado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en 2016 en su decisión del caso Puerto Rico v. Sánchez Valle. De la misma forma, hasta la aprobación de las Enmiendas 13, 14 y 15 a la Constitución las personas negras estaban reducidas a la condición de mera propiedad o de pueblo inferior. Luego de cientos de años de haberse prohibido la esclavitud, aún la comunidad negra estadounidense lucha contra el racismo que sirvió de base para justificar la esclavitud en el pasado y la violencia policial e injusticia gubernamental en el presente. La premisa detrás del racismo que sufre aún esa comunidad es que “las personas negras son propensas al crimen, a la vagancia, y a la violencia”. ¿Qué los delata como “criminales”? Su color de piel. Siguiendo la lógica del presidente Donald Trump, que sigue la línea de la premisa anterior, los latinos somos unos “violadores” y unos “criminales”. ¿Qué nos delata como criminales? Nuestra cultura e idiosincrasia, al parecer. Tomando todo esto en cuenta habría que reflexionar: ¿permitirá realmente la anexión a Estados Unidos la consecución de los derechos ciudadanos que por años se nos han negado a los puertorriqueños? ¿Será suficiente la anexión o un cambio en nuestro estatus jurídico? ¿Seremos entonces aceptados finalmente como ciudadanos de primera clase frente a poblaciones que, como la población negra estadounidense, aún siguen siendo tratadas como si fueran ciudadanos de “segunda clase”? La historia no favorece el planteamiento del sector anexionista. La incorporación a Estados Unidos, si bien resolvería el dilema del colonialismo y pondría fin a esa lucha, nos adentraría en otra lucha por consolidar y hacer valer nuestros derechos dentro de la Unión. Tal es el caso de la comunidad negra estadounidense, que lleva años luchando. Un mero cambio en el estatus jurídico, por tanto, sería insuficiente.