La titularidad internacional sobre el territorio puertorriqueño

El pensamiento político, para que pueda dar base a la acción política exitosa, tiene que organizarse a base de prioridades. Primero lo primero. En esta columna busco demostrar la importancia medular de lograr que la titularidad oficial internacional sobre el territorio del archipiélago puertorriqueño esté en manos de a quien en justicia le corresponde: al Pueblo de Puerto Rico. Es necesario que cualquier planteamiento de un cambio de estatus hacia la soberanía puertorriqueña comience por dejar absolutamente claro ese punto. ¿Por qué? Pues sencillamente porque en virtud de la Ley 600 de 1950, el Pueblo de Puerto Rico consintió, al votar mayoritariamente a favor de dicha ley, a que la titularidad oficial sobre nuestra patria, sobre nuestro propio archipiélago nacional, continuara indefinidamente como propiedad oficial del Gobierno federal de Estados Unidos de América. No se puede siquiera hablar con credibilidad de soberanía para Puerto Rico, ni aun en la libre asociación o en el ELA soberano, sin tocar, analizar y transformar esa realidad. En ausencia de eso no hay ni asomo de descolonización.   

De ella, de la propiedad territorial oficial sobre nuestro archipiélago por parte de Estados Unidos, y porque la misma no radica en el Pueblo de Puerto Rico, emanan todas las demás complejidades y limitaciones que han convertido el ELA territorial de 1952 en una camisa de fuerza, en un estatus demasiado limitante, que no nos permite enfrentar los retos económicos, políticos y sociales del siglo XXI. En la propia base del Partido Popular Democrático (PPD) una proporción cotidianamente creciente de ciudadanos interioriza y se da cuenta de esa realidad y reclama un cambio. De ahí que en ese partido, y en todo el país, la discusión sobre la naturaleza del futuro ELA soberano sea la discusión más importante en cuanto al tema del estatus.

La estadidad federada se demostró fracasada porque el Congreso no respondió favorablemente a la petición de Pedro Pierluisi, comisionado residente de Puerto Rico en Washington, para que el Congreso hiciera una ley habilitadora para la estadidad. Lo intentó pedir con un proyecto de ley que no se aprobó y que habría tenido base en el resultado oficial de la CEE sobre los resultados del plebiscito de 2012. Dichos resultados oficiales  asignaron a la estadidad federada el 61% de los votos en un malabarismo estadístico que privó de su derecho al voto y de su derecho a a la libre expresión, a los cientos de miles de populares que votaron en blanco en la segunda pregunta. A pesar de que el PPD aclaró públicamente la intención de protesta con la cual muchos populares votaron así, la CEE y el gobierno bajo control del PNP contó  esos votos como dañados o abstenidos, para inflar el porcentaje de apoyo a la estadidad federada en el plebiscito que los propios estadistas diseñaron y aprobaron a su conveniencia.

Es importante recordar que en la historia estadounidense de admisión de nuevos estados federados, cuando el territorio solicita oficialmente, de alguna manera, una ley habilitadora del Congreso, pero el Congreso no la aprueba, el proceso se da por abortado. Y eso es lo que exactamente ha pasado. Los estadistas no solo han tenido que aguantar y asimilar la indiferencia del Congreso, sino también otros fracasos y hasta humillaciones de parte de las autoridades estadounidenses. Están, por ejemplo, los fracasos judiciales en Boston de los casos incoados por Igartúa,  a lo que hay que sumar que el ejecutivo federal de Barack Obama solicitó al Congreso, y logró, una exigua asignación de dinero en el presupuesto federal para una nueva consulta de estatus para Puerto Rico puesta en manos nada menos que del gobierno del PPD, el partido opuesto a la estadidad federada y principal adversario del PNP. Para más inri —como dicen allá en España— el Presidente Obama ha favorecido públicamente que el distrito federal de Columbia, Washington D.C. sea el estado federal 51 y chitón sobre Puerto Rico. No solo eso, sino que recientemente el Gobierno Federal de la Administración Obama ha reclamado en el tribunal federal que la ciudadanía estadounidense de los habitantes de los territorios no incorporados que son propiedad de Estados Unidos, en los casos en que exista, no es un derecho de esos habitantes sino un privilegio concedido por el Congreso. Eso, para no mencionar las humillaciones que pasaron Aponte y otros estadistas cuando la televisión estadounidense se burló de ellos por el reclamo de estadidad. Por lo tanto, además de frío tuvieron que aguantar humillaciones. Así, la estadidad federada, no solamente no obtuvo una mayoría real entre los votantes de Puerto Rico, sino que no tiene ninguna posibilidad de ser considerada seriamente por la metrópoli. Es, por tanto, sumamente difícil que los estadistas puedan ofrecer nada creíble al respecto en estos tiempos. Descartada la estadidad, y ya que la opción de la “independencia formal” no cuenta tampoco con un apoyo sustancial entre los ciudadanos en Puerto Rico, la libre asociación, o ELA soberano, va quedando como el único camino  a intentar con alguna posibilidad de realización. He ahí por qué es tan importante el debate actual sobre la naturaleza del ELA soberano.

¿Cuántos pueblos en el mundo de hoy, en el siglo XXI, prefieren que la titularidad oficial internacional sobre su patria, sobre la tierra de sus ancestros, sobre su territorio nacional, no esté en sus propias manos, sino en las de una potencia externa?

La respuesta a esa pregunta o reflexión es que “casi ninguno” o ninguno, sobre todo si fuere bajo las condiciones de subordinación territorial a una metrópoli en que todavía, en plena segunda década del siglo XXI, se encuentra Puerto Rico. Si pensamos en Martinica, Guadalupe y la Guyanne, cuya titularidad internacional pertenece a Francia, de inmediato habremos de reconocer que en ese caso dichos territorios dejaron de ser posesiones coloniales externas, para convertirse en parte integrante del territorio oficial nacional de la République Française. Por voluntad propia, dichos países se integraron a Francia, y Francia los convirtió en Departaments D’Outre Mer (Departamentos de Ultramar). Podríamos pensar tal vez en los kurdos, pero en todas las jurisdicciones bajo las cuales ellos habitan luchan por ejercer autoridad sobre su propio territorio al cual ya le tienen nombre: el Kurdistán. El caso de Crimea (Крым, o Krim, en ruso) es muy particular porque sus habitantes en más de un 70% son rusos o tártaros originarios (casi 60% rusos) y solo un 25% de origen ucraniano, a pesar de los años que, por un regalo de la administración soviética en la década del 1950, la península pasó a ser una “república autónoma” dentro de Ucrania. Recientemente, en un referendo en que participó el 82% de las personas en edad de votar, el 97% decidió por convertir a Crimea en una república federada de la Federación Rusa. La titularidad internacional del territorio es de Rusia, pero es en parte compartida por la naturaleza de la estructura federativa de Rusia. Es todo lo contrario del caso de Puerto Rico, donde la mayoría no se siente estadounidense ni habla como lengua principal el inglés, aunque tenga oficialmente tal ciudadanía, y donde la opción federal solo fue proactivamente defendida por el 45% de los votantes en el plebiscito de 2012. ¿Y cómo no iban a votar los rusos de Crimea, cuya lengua materna es el ruso,  para que  la península regresara al que consideran su país de origen? ¿Cuántos estadounidenses anglos residen en Puerto Rico? Muy pocos. En Puerto Rico hay más dominicanos, cubanos y españoles que estadounidenses.

Por otra parte, quedan por ahí en el Caribe algunos territorios coloniales (overseas territories) del United Kingdom (Inglaterra). Son de los pocos países que tienen una situación similar a la de Puerto Rico en cuanto se refiere a la titularidad oficial de la propiedad internacional de su territorio (perteneciente a Inglaterra o al UK). Claro, si la exigua población de las Islas Vírgenes Británicas considera que, porque tienen un ingreso per cápita que es más del doble del nuestro, les conviene que sus islas sean propiedad del Reino Unido porque con esa conexión oficial se les facilita el tener un centro financiero internacional (offshore-banking),  que explica la prosperidad de sus habitantes, pues su situación, obviamente, no es la misma que la de Puerto Rico en el siglo XXI. Es entendible que a comienzos del “Siglo Americano”, del siglo XX, las elites políticas puertorriqueñas concibieran que pudiera llegar a ser conveniente que la titularidad oficial de la propiedad internacional sobre nuestro archipiélago la poseyera Estados Unidos. Por las mismas necesidades de ayuda económica para salir de la pobreza extrema y búsqueda del progreso y la modernidad que ha llevado a otros países pequeños a aceptar algo similar con EEUU  o con otra metrópoli.  Por ejemplo, para tener acceso libre de aranceles al gran mercado de Estados Unidos, cuando casi nadie en América lo tenía. Pero hoy, ya en pleno siglo XXI, en un siglo en que Estados Unidos de América, aunque poderoso, está en franca decadencia como Imperio mundial, y cuando muchos países de América tienen acceso a vender sus productos libres de aranceles aduaneros en el gran mercado estadounidense sin tener que cederle a Estados Unidos ni la titularidad sobre el territorio patrio (México, Canadá o Costa Rica, por ejemplo) ni su derecho inalienable a la soberanía nacional, no es ni entendible, ni dignificante para los puertorriqueños como Pueblo, ni para Puerto Rico como país, que la titularidad oficial de la propiedad internacional de nuestro archipiélago nacional siga en manos ajenas. Dicha situación anómala en pleno siglo XXI nos es perjudicial, no únicamente porque atenta contra nuestra dignidad de Pueblo y nuestros derechos humanos colectivos, sino porque, como se mencionó antes, de esa titularidad oficial es que emana el poder del Congreso estadounidense para determinar lo que desee en torno a Puerto Rico, su economía y sus habitantes. Es precisamente porque nuestras islas legalmente están consignadas como “belonging to the United States” en el estatuto federal que define las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico que nuestro archipiélago cae bajo la cláusula territorial de la Constitución estadounidense. Dicha cláusula estipula claramente que todo lo relativo al territorio de Estados Unidos (en los propios 50 estados) y todo lo concerniente a cualquier propiedad territorial del gobierno federal estadounidense, queda a determinarse por la autoridad del Congreso. En otras palabras, si se trata de territorio, no decide el Presidente, ni es tampoco una cuestión jurídica a decidirse en la Rama Judicial federal sino que le corresponde al Congreso. Es un asunto clave de política pública gobernado por el Congreso. Y de ahí emana el poder del Congreso para legislar como lo crea conveniente en relación con su “propiedad federal” llamada Puerto Rico.

La legitimidad del reclamo estadounidense de ser “el propietario”

Antes de los procesos acaecidos entre 1950 y 1952, la legitimidad de ese reclamo de autoridad sobre Puerto Rico, porque estas islas pasaron a ser “propiedad internacional de Estados Unidos” descansaba en el Tratado de París con España porque dicho país, mediante ese tratado, traspasó la titularidad oficial de la propiedad internacional sobre Puerto Rico a Estados Unidos. Después del proceso de 1950-1953, la legitimidad nacional e internacional de que nuestro archipiélago sea un conjunto de islas “belonging to the United States” emana de que en los acuerdos que crearon el ELA territorial, la mayoría de los votantes de entonces en Puerto Rico consintieron mediante su voto favorable a la Ley 600 al hecho de que la propiedad territorial internacional de Estados Unidos sobre Puerto Rico continuara. La base de legitimidad no es ya el Tratado de París y sí el consentimiento del Pueblo de Puerto Rico. Pero las personas que votaron a favor de eso en Puerto Rico, al día de hoy, en su inmensa mayoría, han muerto. Por otro lado, nada hubo en los acuerdos de 1950 a 1953 que los consignara como “eternos”. De hecho, en diciembre de 1953 el embajador de Estados Unidos ante la ONU, comentando sobre el proceso de 1950-1952, le dijo a la Asamblea General de la ONU, al órgano más amplio y oficial de la comunidad internacional, que estaba autorizado por el Presidente Eisenhower a decir que en cualquier momento en que el Pueblo de Puerto Rico solicitara una mayor autonomía, o incluso la independencia completa, él, Eisenhower, le solicitaría al Congreso que se complaciera la voluntad del Pueblo de Puerto Rico. Lo cierto es, sin embargo, que todos los esfuerzos por acrecentar la autonomía del ELA territorial, desde 1953 a nuestros días, han resultado infructuosos y que tampoco el Pueblo de Puerto Rico ha reclamado su derecho a la “total independencia”. La realidad es que el voto en contra del ELA territorial por el 54% de los votantes en el plebiscito de 2012 deja sin legitimidad actual, para la gente que está vivita y coleando, y que reside en Puerto Rico en estos tiempos, la condición de ELA territorial que se estableció entonces, es decir, de una comunidad autónoma puertorriqueña o Commonwealth que todavía continuara como “territorio no incorporado propiedad de Estados Unidos” (el “belonging to the United States”). Falta pues, concretar un proceso de autodeterminación en estos tiempos, digno del nuevo siglo, que reclame para los puertorriqueños el derecho a la propiedad territorial internacional sobre nuestro propio país. Y eso, sin vulnerar los elementos positivos en nuestra relación con Estados Unidos de América, se puede lograr mediante el único consenso amplio que sería posible cuajar en el Puerto Rico de la segunda década del siglo XXI: solicitar y lograr el ELA soberano en libre asociación soberana con Estados Unidos, lo cual, con el nuevo acuerdo, habrá de significar que la titularidad internacional oficial sobre el archipiélago de Puerto Rico pertenecerá al Pueblo de Puerto Rico, razón por la cual el Congreso de Estados Unidos no tendría basamento legal ni moral para ejercer una autoridad ilimitada en Puerto Rico, sino únicamente aquella que se acuerde en el Pacto o Tratado de Asociación entre ambos pueblos. El Estado Libre Asociado de verdad, no el simulacro de 1950-1953.

La posibilidad del consenso

La posibilidad del consenso aludido viene dada por los propios resultados electorales del plebiscito de 2012 y por sus secuelas políticas, entre ellas, la muestra palmaria de indiferencia oficial estadounidense ante el reclamo de los estadistas de una ley habilitadora para iniciar un proceso de estadidad federada para Puerto Rico. Veamos. La totalidad de votantes que en 2012 votó a favor de una solución de soberanía puertorriqueña bajo el ELA soberano correspondió a casi el 25% del voto total, contando como válidos los votos en blanco de los populares, porque no vamos a incurrir en el mismo malabarismo estadístico ni en la misma falta de respeto y violación del derecho a la libre expresión de ese sector del PPD en la cual incurrió el PNP. La proporción de apoyo a la soberanía puertorriqueña por parte de los que votaron por la independencia fue de más del 4%.  Es decir, casi un 30% de los votantes de 2012 ya estaban convencidos de la necesidad de la soberanía puertorriqueña para que podamos enfrentar los problemas y retos del siglo XXI. En las entrevistas que hago con mis estudiantes de la UPR con puertorriqueños votantes de la estadidad en el plebiscito de 2012, hemos encontrado que entre un 15 y un 20% de ellos, si la estadidad no camina en Washington, estarían dispuestos a apoyar el ELA soberano o alguna forma de la independencia (ya sea con tratados especiales con EEUU o sin ellos). Eso nos deja, para empezar, con una base de cerca del 50% de los votantes de Puerto Rico que potencialmente podrían apoyar el ELA soberano y con ello la titularidad oficial internacional sobre nuestro archipiélago en manos del propio Pueblo de Puerto Rico. Eso, sin hacer una nueva campaña educativa todavía, y sin que exista aún un partido político que tenga la valentía de hacerle esa exigencia a Washington. El Pueblo, como sucedió en Vieques —y como ha sucedido en otras latitudes— va ya muy por delante de los seudo líderes del país. Y si digo “seudo-líderes” no es por ofender a nadie, sino porque no se puede ser verdaderamente un líder de Pueblo, no se puede ostentar con dignidad ese nombre, siendo uno un cobarde, un timorato, o estando ideológicamente muy por detrás de las ansias, deseos y compresiones de sus propios votantes. Por primera vez en nuestra historia de Pueblo, si labramos ese consenso nacional, con partido o sin partido, con líderes o sin ellos, seríamos por fin los dueños oficiales de nuestro propio país, de nuestro propio territorio nacional, como lo son la inmensa mayoría de los pueblos soberanos del mundo, hoy más de 200, incluidos Palau, Micronesia y las Islas Marshall que están desde hace años en libre asociación soberana con los Estados Unidos.