Libelosas

BEMBA PR, @bemba.pr

Hace un par de días cuando el gobernador se defendió de las expresiones hechas por Raúl Maldonado, hijo, en las que se le acusaba de corrupción por supuestamente haber requerido que la firma BDO cambiara el informe sobre los furgones podridos de María, Ricardo Rosselló se refirió a éstas como “difamatorias” y “libelosas”. Pudiendo haberse limitado a decir que eran puras mentiras en su contra, utilizó los conceptos legales que son reconocidos como causas de acción por daños y perjuicios en nuestro ordenamiento. ¿Por qué lo hizo? ¿Lo habrá dicho sin conocer las implicaciones legales del libelo? ¿O será que piensa demandar a Rauly para que pague por las injurias públicas hechas en su contra? Tal escenario es cuesta empinada. Veamos.

Si bien es cierto que las figuras públicas en Puerto Rico están protegidas contra ataques infundados a su honra y reputación, no es menos cierto que los requisitos que les toca demostrar para defenderse en corte pueden abrir una caja de Pandora que tal vez no convenga tocar. Básicamente una figura pública, como lo es el gobernador, lo primero que tendría que demostrar para vindicar su reclamo por libelo es que lo que se publicó por Rauly es en efecto falso. Esto es: que la supuesta reunión mencionada en Fortaleza nunca existió o que, si existió, él no requirió ningún cambio a ningún informe de auditoría. Lo segundo sería probar que esas imputaciones se hicieron con malicia real, es decir, con la malicia intencional de desacreditarlo públicamente y causarle daños a su reputación. Finalmente, lo tercero y último que tendría que probar es que sufrió daños reales a consecuencia de esto.

He aquí la temida caja de Pandora: ¿querría el gobernador involucrarse en un proceso de descubrimiento de prueba en el que se le pregunte bajo juramento a todos los presentes en la reunión si es cierto o no que él pidió que se alterara la auditoría de los furgones del huracán María? Eso sólo lo puede determinar el propio gobernador. Lo cierto es que el daño político que estas expresiones le hicieron ya a su carrera por la reelección es innegable. No obstante, el precio de someterse a tener que demostrar que no dijo lo que Rauly dice que dijo podría ser altísimo y muy probablemente resulte impráctico y poco estratégico tomando en cuenta el resto de herramientas con las que podría intentar manejar esta situación para evitar abrir más flancos que le desfavorezcan.

En circunstancias como estas, hay que andar cauteloso con las palabras y conceptos que se dicen al tratar de defenderse. Si el gobernador habla de difamación y libelo, pero en cambio opta por dejarlo ahí y ya, entonces puede terminar por dar la impresión de que quizá no tenga lo necesario para demostrar la supuesta falsedad de lo que se le imputa. Pero si, en cambio, decidiera que el daño que sufre debe ser reparado, su vehículo legal es la demanda por daños y lo puede utilizar para demostrarle al país y al electorado que toda esta situación se debió a la malicia de alguien que está dolido por el despido fulminante de su padre del servicio público y que aún la figura pública más importante del poder Ejecutivo merece y es acreedora de un derecho constitucional a gozar de buena honra y reputación. Con ello, Ricardo Rosselló no tan sólo se defendería a sí mismo, sino a la posición electa que ostenta y no quedarían dudas sobre lo ocurrido.

La pregunta que resta es ¿estaría dispuesto a demostrar la falsedad de lo que se le imputa? Como vimos, ahí tiene disponible el reclamo civil por libelo. Rauly, por otro lado, ofrece el vehículo del polígrafo. ¿Se sabrá en algún momento la verdad? De eso no tenemos garantía.