Como resultado de las nuevas condiciones geopolíticas en el 1996 Estados Unidos le quitó a Puerto Rico los beneficios contributivos de la Sección 936 del Código de Rentas Internas y a la misma vez estableció Tratados de Libre Comercio con muchos países de América Latina y varios países asiáticos. Esto le quitó de inmediato los privilegios exclusivos que tenía Puerto Rico para acceder al mercado norteamericano, y los beneficios contributivos que recibían las manufactureras norteamericanas establecidas aquí fueron paulatinamente eliminados. La colonia se quedó sin capacidad para competir con otros mercados laborales y las fábricas establecidas en Puerto Rico bajo la Sección 936 comenzaron a abandonar el país. El estancamiento económico, el empleo marginal y el desempleo aumentaron cada vez más.
Para sostenerse, los gobiernos coloniales comenzaron un proceso acelerado de endeudamiento para poder sostener las funciones del Estado, crear empleos gubernamentales y grandes proyectos de construcción para compensar por los empleos perdidos en el sector manufacturero. La deuda aumentó de 24 mil millones en el año 2000 a 73 mil millones en el 2016. La posibilidad de seguirse endeudando para sostener las funciones del estado hoy ya se agotó. El gobierno colonial llegó al final del camino y el precipicio nos espera a todos. Los acreedores, que prestaron aun sabiendo que nuestro país no tenía la capacidad de pagar la deuda, continuaron prestando previendo que eventualmente el país estaría a su disposición.
Ahora llegó ese momento. Los acreedores lo quieren todo; nuestra piel, nuestra sangre, nuestros órganos, nuestros huesos. Se prestan, con la ayuda del Congreso dispuesto a servirle como agencia de cobros, a comprar a Puerto Rico a precio de remate y exprimir hasta nuestro último aliento de vida de nuestro pueblo. Quieren quedarse con el Paraíso Tropical sin los nativos que huyen de la Isla en estampida por la falta de oportunidades. Por otro lado nos llegan los millonarios motivados por los beneficios contributivos que les provee la Ley 22. Ahora existe la posibilidad de obtener lo que los millonarios siempre quisieron, un Puerto Rico con pocos puertorriqueños que puedan controlar a su antojo y les sirvan su comida.
Por supuesto que hay que oponerse a la Junta de Control Fiscal. Pero, ¿nos oponemos y qué? ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Marchar y protestar y cuando nos cansemos, volver a marchar y protestar frente al Capitolio, la Fortaleza y el Edificio Federal? Hasta ahora mayormente le hemos estado jugando el juego a los acreedores echándonos la culpa los unos a los otros. No, que fueron los PNP’s. No que fueron los populares. No que fueron los dos. La culpa es de los gobernantes que no supieron administrar el gobierno colonial y se repartieron el dinero entre sus amigotes. Esto es por supuesto en parte cierto. Nuestros gobernantes y sus socios inflaron sus bolsillos a costa nuestra y ahora es al pueblo a quien le imponen pagar las consecuencias de su codicia e irresponsabilidad.
Sí. Todos ellos deben ser juzgados, confiscadas sus riquezas mal habidas e ir presos como criminales que son. Pero la verdad es que ellos son sólo los capataces intermediarios del despojo colonial sirviendo a los verdaderos responsables de la terrible situación en que nos encontramos. El verdadero responsable es el imperio colonizador.
El gobierno norteamericano es el verdadero responsable de nuestra debacle. Ellos son los que mandan aquí, los que por 118 años han ocupado ilegalmente nuestro país y han usurpado nuestras riquezas, nuestras tierras, nuestra fuerza de trabajo y han creado una economía de consumo para vender sus productos. Han creado un país dependiente donde una mayoría de la población subsiste por las dádivas y ayudas del gobierno estadounidense que a su vez se utilizan para comprar productos importados en grandes comercios que en su mayoría son de capital norteamericano. Las ganancias salen de Puerto Rico al cuadrar las ventas del día. Los trabajadores reciben salarios de miseria sin beneficios marginales.
Y aunque parezca absurdo, gran parte de esa población dependiente y algunos de sus intermediarios desean que los federales vengan a poner orden y arreglar el desastre que ellos mismos han causado, Mientras sólo estamos culpando a nuestros gobernantes por la debacle, los verdaderos responsables esperan dar el golpe final y quedarse con todo.
Decir NO a la Junta de Control Federal nada resuelve, a menos que no señalemos a los verdaderos culpables y le exijamos que carguen con las consecuencias del coloniaje que ha extraído de nuestro pueblo cientos de miles de millones de dólares en riquezas por 118 años. El gobierno de Estados Unidos es el único responsable de la deuda y nos deben mucho, pero mucho más, en reparaciones por los daños causados a nuestro país. Ellos son los soberanos, nosotros no.
Bajo la doctrina de la deuda odiosa que proscribe toda deuda pública que se contrae en violación a las normas imperantes del derecho internacional, incluye las deudas contraídas en una relación colonial, el soberano, el gobierno de Estados Unidos, es el principal responsable de la deuda incurrida por los gobiernos que administran su territorio colonial. La deuda de Puerto Rico no puede ser soberana como la de Argentina, Grecia, España y otros países.
La deuda es del soberano que permitió que sus intermediarios en la colonia fueran administradores irresponsables, al igual que los prestamistas que prestaron a sabiendas que el país no tendría la capacidad de repagar la deuda. Los peones y los capataces no tienen que pagar por la quiebra de la hacienda. El hacendado la quebró.
Nuestra consigna debería ser: EL COLONIALISMO ES ILEGAL, LA DEUDA ES ILEGAL, QUE LA PAGUE EL SOBERANO.
(Recomiendo volver a leer el artículo del Lcdo. José Nicolás Medina Fuentes, “Hacia una Teoría de Responsabilidad del Gobierno Federal Sobre la Deuda Pública”, publicado el 1 de mayo del 2015 en 80grados).
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