¿Por qué defiendo la educación pública?

El servicio público es un compromiso con los ciudadanos y con el desarrollo del país en todos sus órdenes: cultural, educativo, económico y social. Soy producto de la escuela pública, mis padres y mis maestros guiaron mi formación educativa, profesional, mis valores y mi ética. Tanto mi padre como mi madre recibieron el Premio Manuel A. Pérez al Servidor Público de Excelencia, y para nuestra familia significó un espaldarazo a una vida dedicada a servir a otros con pasión, con reflexión, más allá del deber y de los reglamentos que establecen derechos y responsabilidades.

Mi padre fue Jefe de Personal en dos agencias del gobierno y participó de forma activa en la creación de la Ley de Personal. Mi madre trabajó en Información Cultural y apoyó la educación en cultura puertorriqueña de miles de estudiantes y familias, antes de la Internet y los estudia conmigo. Los dos provenían de sectores pobres de nuestra sociedad, mi abuelo paterno tenía un colmadito en Santurce y mi abuela materna era una empleada gubernamental, una asalariada. Papi quería ser ingeniero, pero fue llamado a la guerra de Corea. A los 19 años llegó a ser sargento y aprobó los exámenes para el FBI, y los de  ingreso a la Academia de West Point, pero lo rechazó para no tener que regresar al infierno de la guerra al culminar sus estudios como oficial. El síndrome postraumático lo afectó un tiempo, pero estudió su bachillerato en Administración de Empresas en el Recinto de Río Piedras y se convirtió muy pronto en el Jefe de Personal del Instituto de Cultura Puertorriqueña, fue uno de sus empleados fundadores. Allí conoció a mi madre, una mujer de gran inteligencia que solo pudo  estudiar una carrera corta de Secretarial en el Junior College, y se convirtió en la secretaria de Don Ricardo Alegría en el ICP, y luego dirigió Información Cultural. Me pregunto lo que hubiese sido mi madre de haber podido optar por estudios universitarios de bachillerato y graduados, si con su breve preparación técnica logró publicar su investigación biográfica sobre Pedro Albizu Campos titulada Las llamas de la aurora, que se discute en cursos universitarios en la UPR, y de otras universidades en Puerto Rico y los Estados Unidos. Hoy se le reconoce como una importante investigadora del nacionalismo puertorriqueño y hasta le llaman “historiadora” los historiadores. Cuánto más hubiese investigado, escrito, publicado de haber podido optar por una educación universitaria sin tener aquella urgencia de trabajar para ayudar a su madre en el sustento del hogar.

Son esos ciudadanos talentosos, inteligentes, dedicados, los que no puede darse el lujo de perder nuestra educación pública superior y a los que debemos darle todas las oportunidades, servicios y apoyo como Estado, desde sus primeros grados escolares hasta la universidad. Los que lo han tenido todo, situación económica estable y cómoda, apoyo familiar al estudio, tranquilidad para estudiar, no entienden lo que significa para tantos jóvenes y sus familias estudiar una carrera universitaria y haber contado con una educación sólida que les preparara para llegar a la mejor universidad del país y mantenerse en ella. La base sólida que los maestros brindamos a esos alumnos desde los grados primarios, intermedios y secundarios, será siempre nuestra obra y reto como servidores públicos de la educación. El ambiente que propicia la dedicación al estudio y  la producción intelectual del estudiante, es el reto de cada familia que aspire a progresar social, cultural y económicamente. El reto de Puerto Rico es invertir en la educación de sus ciudadanos para generar profesionales que aporten sus intelectos, investigaciones y creatividad en las esferas públicas o privadas, en los servicios que se brindan al ciudadano, en la labor comunitaria e incluso, en empresas. La educación pública de todos los niveles es un compromiso del Estado con sus ciudadanos y el progreso de las familias, de sus comunidades, del país completo. Los ciudadanos, por otra parte, pagan sus contribuciones para recibir a cambio servicios y oportunidades de parte del gobierno, especialmente salud, educación, seguridad, entre otros fundamentales.

La proliferación de la educación privada, esa que aunque se autodenomine “sin fines de lucro” es realmente “de lucro sin fin”, se debe a ese negocio floreciente que es el mercado de la educación, con sus propietarios y bonistas. Hay universidades privadas de excelencia y otras que más bien son patéticas, ni son exitosas ni competitivas, aunque la publicidad las pinte de colores y las fotos cubran páginas completas pagadas en rotativos del país. Basta comparar la sólida preparación de los maestros que se educan en la UPR para comprender que antes de juzgar el aprovechamiento de los estudiantes del sistema público debemos ser exigentes con las preparaciones de maestros en tantos mercaditos universitarios, y la responsabilidad de estas instituciones en la falta de dominio de contenidos y preparación de los maestros que lanza a los salones de clase. Esta modalidad de diplomas de estudios graduados “fast track”, sin investigaciones que cumplan con la rigurosidad metodológica, los convierte en fábrica de grados con servicio rápido. No obstante, es importante señalar que son éstas las instituciones que crecen y se desparraman por los pueblos, precisamente porque sus cuantiosas aportaciones a las campañas políticas las hace “amigables” mientras que son las peores enemigas del sistema público de enseñanza o educación superior pública, porque tienen sed de  fondos públicos. ¿Por qué las empresas o instituciones privadas se pelean los fondos públicos para subsistir? ¿Acaso tienen una crisis mayor que la del  Gobierno? ¿O esperan que el Estado desvíe fondos públicos para su codicia?

La educación pública, en cambio, brinda equidad e igual oportunidad dónde no existen tales condiciones en la sociedad. Los maestros o profesores de las instituciones públicas tienen la más alta preparación, experiencia y adiestramientos continuos. En la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, se produce más del 90% de las publicaciones de libros anualmente; sus investigaciones en todos los campos del saber son patrimonio del pueblo que invierte en ella, es la que más estudiantes gradúa anualmente, la que disemina por el país los egresados con la más alta preparación y es la de mayor prestigio internacional. Tanto los maestros del sistema público como los docentes de la UPR se mantienen en las escuelas y en la universidades públicas por dos factores principales: su compromiso con el servicio al pueblo y su poder transformador, y porque sus condiciones laborales son mejores al contar con permanencias (seguridad de empleo) y salarios relativamente más justos. Cuando no se cuenten con estas dos condiciones, la fuga de maestros y profesores excelentes de las instituciones públicas determinará la eventual decadencia y desaparición. A eso apuestan los tecnócratas que amenazan con destruir ese compromiso con la educación pública, desde adentro y desde afuera de las instituciones. Funcionan como los matones a sueldo de los dueños invisibles del punto. Los que verdaderamente deciden aniquilar el patrimonio público se encapuchan de mentiras y trajes finos, de prepotencia sorda, ciega y muda. Desemplean a miles, hostigan al que piensa diferente, elucubran planes de achicamiento y privatizaciones que no son sino el despojo o robo al pueblo, sin AK-47, con puro autoritarismo. Por eso proliferan en el mundo los indignados tomando plazas y calles de las megaciudades, son los que cada día vencen los miedos publicitarios o reales y salen a la calle a exigir que se detenga el despojo de parte de quienes están llamados a proteger nuestro patrimonio. Este tiempo de matones burócratas, sin visión a largo plazo de las consecuencias de sus decisiones, debemos superarlo ya. Estos individuos con serios conflictos éticos y de intereses debemos sacarlos del escenario decisional. La educación como derecho corre peligro en sus cartas circulares, certificaciones o leyes. Tenemos que extirparlos de su poder, sean del color que sean, a ellos y a los que les sigan sus pasos, porque operan contrario al bien común que es un mayor bien.

El Estado, en su afán de transfigurarse en empresas con autoliquidez, de convertir a los educadores en empresarios y a los estudiantes en simple clientela, juzga limitadamente el quehacer educativo como un negocio que debe minimizar costos e incrementar los ingresos, y punto. Equivale a dar la espalda a los que no puedan pagar una educación excelente dos veces: las contribuciones por un lado, y por otro, el pago de matrículas y cuotas ascendentes. Muchos jóvenes talentosos y prometedores optan ya por las carreras cortas muy por debajo de sus capacidades y potencial. Educarse bien, ¿volverá a convertirse en un lujo que muy pocos disfrutarán? Cierto. La pregunta clave es: ¿dónde el Estado quiere a sus jóvenes: en el desarrollo y  producción de conocimiento o en la economía subterránea?; ¿en el servicio público o en el amplio espacio de lo ilegal?

Si como decía José  Martí: “Gobernar es servir”, la educación pública es el modo de servir brindando iguales oportunidades de desarrollo y progreso a los individuos, sean ricos, asalariados o pobres. Contrario a la corriente o las modas neoliberales y empresariales que nos atosigan como eslogan publicitario, el Estado debe hacer una mayor inversión en la educación pública para potenciar su excelencia y competitividad en todas las disciplinas y saberes. Con fondos públicos, sin duda habrá más y mejores servicios públicos. La única crisis que tiene Puerto Rico es ésa que habita en la cabeza de nuestros políticos sin visión de servicio al pueblo, y en la de algunos gurús de la educación que bailan al son de los billetes en el bolsillo y se visten del color del poder. Son camaleónicos arquitectos y facilitadores del crecimiento porcentual de la pobreza, de la ignorancia, del oscurantismo y la intolerancia que un día cercano les pasará la cuenta.

El silencio de las escuelas de educación ante el virulento ataque -gubernamental y del sector privado- a la educación pública en todos los niveles, ese silencio ante la planificada violación del derecho fundamental a la educación gratuita, o ante al atropello de derechos civiles de quienes luchan por defender esos derechos, es un silencio ensordecedor, cómplice, y traiciona a los ciudadanos que no podrán apropiarse del conocimiento. La educación es para la economía, dicta el Banco Mundial.  La meta educativa se mide con un palito que dice “costo efectividad” y lo excelente se elimina del mapa si cuesta más o cuestiona mucho cuando debe primar el miedo y el asentimiento. Teóricos educativos de shopper y administradores de tijeretazos, campean por su falta de respeto hacia un pueblo con profundas carencias que espera que los que dicen saber y dicen ser efectivos produzcan justicia y responsabilidad social en vez de cajeros de ATH.

Los que somos producto de la educación pública en todos sus niveles, reafirmamos el poder transformador de estas instituciones, reclamamos el derecho a legarle a nuestros hijos el acceso a la educación, y rechazamos que se privatice el conocimiento que es lo mismo que privatizar la excelencia educativa. Ya está bien de la campaña de descrédito a los educadores, a la UPR y las escuelas públicas, y que el gobierno se ponga a hacer lo que le mandamos: que nos brinde servicios de calidad, que mejore nuestra calidad de vida aunque sacrifiquemos a la banca, a las empresas de los amigos de las campañas. El pueblo tiene que mirar más alto y exigir ese cambio necesario para que los logros del gobierno dejen de ser nuevos edificios, estatuas sin sentido ni estética, ni trenes costosos ni fuegos artificiales o realidades virtuales. El derroche de nuestros fondos públicos en asesores ignorantes, contratos con amigos, en barrilitos o ventas a quemarropa del patrimonio nacional ya debe ser parte de un pasado superado. ¡Que acaben de invertir en la educación pública, ahora más que nunca!