Puerto Rico como «Vitrina de la Democracia» durante la Guerra Fría (1948-1952)
Introducción
Por más de 60 años en los cursos de historia y estudios sociales en las escuelas y universidades de Puerto Rico se enseñó que, en 1952, mediante el establecimiento del Estado Libre Asociado en Puerto Rico (E.L.A.), se resolvió el problema colonial de la Isla. Por ejemplo, uno de los libros más usados en las universidades, “Historia general de Puerto Rico”, de Fernando Picó, indica que el ELA es un sistema de gobierno bajo el cual Puerto Rico comenzó a “autogobernarse”. Mientras en el libro “Puerto Rico, cinco siglos de historia”, de Francisco Scarano, que se utiliza como texto en muchas escuelas del país, tras explicar el proceso de referéndums y la ratificación de la Constitución del ELA, el libro cita al entonces gobernador Luis Muñoz Marín sobre el resultado: “Podemos proclamar a todos nuestros conciudadanos (de Estados Unidos), al hemisferio americano y al mundo, que han sido abolidos todos los vestigios del colonialismo en las relaciones de los Estados Unidos y Puerto Rico”.[1] Se enseña, además, que el proceso para establecer el “Estado Libre Asociado” se llevó a cabo por la vía “democrática”. Esta es la “historia oficial” que ha estado al servicio del poder y el estado colonial y que ha colonizado ideológicamente a varias generaciones de puertorriqueños.
Recientemente el historiador Jesús Delgado Burgos en el artículo “Un 25 de julio a reescribirse” indica que ya que ha quedado evidenciado que el ELA no era otra cosa que una “mascarada”, pues resulta mandatorio que los historiadores nos expresemos con urgencia.[2] Ante la invitación del colega he decido compartir este ensayo, que es parte de un estudio muchos más abarcador, con la intención de estimular la discusión y el debate.
En este ensayo argumento, contrario a lo que establece la “historia oficial”, que el plan para implantar la farsa del Estado Libre Asociado vino acompañado de una campaña sistemática de persecución, represión y violación de los derechos civiles por parte de las autoridades coloniales y federales hacia aquellos que denunciaban que la nueva fórmula que se quería imponer era una enorme mentira. Al final, la represión funcionó, la visión de los “poderosos” se impuso, y las Naciones Unidas declararon que Estados Unidos no tendría que continuar informando a la ONU sobre su posesión colonial. Puerto Rico pasó a ser la “vitrina de la democracia”, desde la cual, los países, sobre todo los latinoamericanos, se percatarían del compromiso de los Estados Unidos con la autodeterminación de los pueblos.
Fundación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU):
Los planes de los Estados Unidos y sus colaboradores en Puerto Rico para establecer el Estado Libre Asociado comenzaron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Presidente Franklin Roosevelt firmó la Carta del Atlántico en 1941. Sin embargo, comenzó a tomar rapidez en el momento en que se crea la Organización de las Naciones Unidas, el 25 de abril de 1945, cuando aún faltaban unos meses para que finalizara la Segunda Guerra Mundial. Ésta se suponía que habría de concebir un nuevo orden mundial que respondiera a los ocho puntos de la Carta del Atlántico. Uno de los puntos afirmaba el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos como base para la paz.
El artículo 73 (Párrafo B; Capítulo XI) de la Carta de las Naciones Unidas le requirió a las metrópolis a transmitir regularmente al Secretario General de las Naciones Unidas información estadística y de cualquier otra naturaleza que mostrase las condiciones económicas, sociales y educativas de los territorios de los cuales eran responsables.[3] Los imperios jamás habían tenido que lidiar con un compromiso como ese pero, a partir de esa coyuntura, tenían que responder. Como consecuencia, Puerto Rico fue incluido en la lista de Territorios No Autónomos, conforme al artículo 73. Por tanto, el gobierno norteamericano tenía que rendir informes anuales a la ONU sobre las condiciones de su posesión colonial caribeña. Esta situación incomodaba al gobierno de los Estados Unidos ya que el problema colonial de Puerto Rico pasaba a ser un asunto internacional que, de no solucionarse, lo desprestigiaba a nivel global porque lo presentaba como un país imperialista en un contexto en el que se vendía ante el mundo como el máximo representante de la libertad y democracia.
La Guerra Fría:
A fines de 1945, el presidente Harry S. Truman, presionado por los anticomunistas que lo rodeaban, como el Almirante William D. Leahy, quien había sido Gobernador de Puerto Rico, abandonó su actitud conciliadora hacia los rusos, que no se acomodaban a la doctrina que pretendía imponerle al mundo, y sostenía que la única política que entendían era la de la amenaza.[4] Así se dan los primeros pasos para lo que será la “Guerra Fría”. Ésta comenzó oficialmente en marzo de 1947 cuando el presidente Truman anunció la doctrina que proclamaba la confrontación total contra el comunismo.[5] La Guerra Fría ocasionó que los norteamericanos vieran comunistas por todas partes, incluso dentro de los movimientos nacionalistas.
El anticomunismo férreo de la cultura política estadounidense se exportará a la cultura política puertorriqueña y servirá de excusa para perseguir y acosar al Partido Nacionalista de Puerto Rico, establecido en 1922 para luchar por la independencia de Puerto Rico y que utilizaba los foros internacionales para denunciar el colonialismo de los Estados Unidos en la Isla.
Otorgar la independencia a Filipinas en julio de 1946, le ayudó al Gobierno de Estados Unidos a mejorar su imagen ante los ataques del Partido Nacionalista de Puerto Rico, pero quedaba el problema de la más pequeña de las Antillas Mayores, que durante la Segunda Guerra Mundial la habían convertido en el “Gibraltar del Caribe”. Como se negaban abandonar su enclave militar caribeño, el gobierno de los Estados Unidos se vio forzado a disfrazar de algún modo el colonialismo en la Isla.
El presidente Truman se reunía con su asesor el Almirante Leahy con regularidad y, para 1946, este impulsaba tres políticas para Puerto Rico: la creación de un proyecto de ley sobre un gobernador electivo para la Isla, el nombramiento de Jesús T. Piñero como gobernador en un periodo transitorio hacia la elecciones de 1948; y la persecución de los agentes comunistas en la Isla que, según él, “ trabajaban mano a mano con los defensores de la independencia para Puerto Rico”.[6] Como parte de la estrategia también designará por primera vez a un gobernador nacido en Puerto Rico, Jesús T. Piñero, quien ejerció el puesto a partir del 3 de septiembre de 1946. El Departamento de Estado de Estados Unidos aprovechó ese nombramiento para vender la idea al mundo de que Estados Unidos estaba actuando y descolonizando a Puerto Rico.[7]
En abril de 1947 fue aprobado en el Congreso de los Estados Unidos el proyecto que sugería el Almirante Leahy para dar a los puertorriqueños la posibilidad de elegir por primera vez a su gobernador. La rapidez con que fue aprobado este proyecto, después de treinta años de renuncia del Congreso de los Estados Unidos a conceder reformas al Acta Orgánica de Puerto Rico, se explica si vemos los argumentos que presentaron los funcionarios de la administración del presidente Truman. En un mensaje radial, el Subsecretario del Interior, Oscar Chapman, alegó que la aprobación de la Ley de gobernador electivo: “Will catch the eye of people and nations all over the world who will see in it an evidence… that the United States puts into practice its principles of democracy and self-determination.”[8]
Ante las fuertes críticas que recibían las reformas coloniales, sobre todo del presidente del Partido Nacionalista Pedro Albizu Campos, quien regresa a la Isla en diciembre de 1947, luego de diez años en el exilio -muchos de ellos preso en Atlanta- las autoridades se vieron obligadas a tomar medidas represivas con la intención de silenciar a todo aquel que se opusiera al plan federal de disfrazar la colonia.
Represión y violación de derechos civiles:
Como parte de las medidas para disfrazar el coloniaje en la Isla, el jefe de la policía colonial, Salvador T. Roig ordenó la creación del Escuadrón de Seguridad Interna de la Policía Insular. Según el documento constitutivo de la institución la misión del escuadrón era establecer una vigilancia estrecha de todos los movimientos y actividades de los líderes del Partidos Nacionalista y de cualquier otro partido, colectividad, persona o grupo de personas que, por medio de la violencia, o en violación a los Estatutos Federales o Insulares, se manifestara en contra del Gobierno de los Estados Unidos, y del Gobierno constituido en Puerto Rico. Su fin primordial era “recolectar evidencia sobre dichas actividades o actos de violencia”.[9] Con la información recopilada se prepararía un Boletín Informativo y copia de este sería enviada al Gobernador Piñero; al presidente del Senado, Luis Muñoz Marín, al agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico, al Jefe de la Policía Insular y otros funcionarios. [10]
Los agentes de la Seguridad Interna debían hacer su presencia “lo menos notoria posible”, y no intervenir salvo en casos de extrema urgencia. Sin embargo, la realidad era otra. Los agentes no se escondían, por el contrario, se dejaban ver con la intención de intimidar a los miembros del Partido Nacionalista y a la población en general. Gracias a los informes que preparaban los agentes de la Seguridad Interna, conocidos popularmente como “las carpetas”, los historiadores hemos podido documentar la red de espionaje y de acoso que montaron las autoridades a través de toda la Isla.
La vigilancia de la Seguridad Interna no logró el objetivo de silenciar a Pedro Albizu Campos. Ante su desafío, nuevas medidas represivas se pusieron en práctica. El abogado José Trías Monge señala en sus memorias que, como consecuencia de los fuertes ataques que llevaba a cabo Pedro Albizu Campos desde la tribuna, el entonces presidente del Senado de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, le pidió una reunión y en ésta le solicitó un estudio sobre qué se podía hacer, si algo, en casos de incitaciones repetidas a la violencia contra el gobierno y sus funcionarios. Trías Monge le hablará a Muñoz Marín sobre la Ley Smith, que estaba en vigor en Estados Unidos desde 1940, que condenaba abogar por el derrocamiento del Gobierno, pero le explicó que “aún las expresiones más fuertes contra un Gobierno o la propia incitación a asesinar a alguien no eran procesables en ausencia de peligro claro e inminente de que ello fuera a suceder, que el uso de la palabra por sí solo, por más extrema que fuese la expresión, no constituía delito”.[11]
También, según Trías Monge, Muñoz le pregunto si la Ley Smith había sido declarada constitucional, y que él le respondió que no, que la opinión de los comentaristas estaba dividida, con escritores respetables a ambos lados. Añade Trías Monge que después de informarle, Muñoz se reunió con el liderato de las cámaras y se acordó aprobar legislación fundada en la ley Smith. El 10 de junio de 1948 se aprueba la “ley 53”, conocida popularmente como la Ley de la Mordaza, que declaraba delito grave el “fomentar, abogar, aconsejar o predicar la necesidad, deseabilidad o conveniencia de derrocar, paralizar o destruir el Gobierno Insular, o cualquier política de éste, por medio de la fuerza o la violencia”.[12] También declaraba como delito grave el “imprimir, publicar, editar, circular, vender, distribuir o públicamente exhibir cualquier escrito o publicación donde se fomente, abogue, aconseje o predique la necesidad, deseabilidad o conveniencia de derrocar, paralizar o destruir el Gobierno Insular o cualquier subdivisión política de éste, por medio de la fuerza o la violencia”.[13] Desde entonces todo aquel que hablara en favor de la revolución contra el gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico podía ser arrestado por las autoridades coloniales. Para A.J. Muste (1885-1967), prominente pacifista norteamericano, la ley 53 había superado la ley Smith ya que había convertido en delito criminal hasta el “deseo” de derrocar el gobierno.[14]
La ley de la Mordaza se hizo sentir de inmediato entre la población. Por ejemplo, un testigo de la época recuerda que “llegó un momento en que la gente no sabía exactamente lo que la Ley prohibía y se llegó a pensar que lo prohibía todo”. La historiadora Ivonne Acosta señala que la expresión: “¡Mira ten cuidado, que te pueden meter preso!” llegó a ser la amonestación más común de los vecinos de Independentistas hacia cualquier expresión a favor de su ideal.[15] Comenzaba así la “era del silencio” como la nombró el reconocido intelectual puertorriqueño, René Marqués.[16]
Vito Marcantonio, Representante del Congreso Norteamericano y aliado del Partido Nacionalista, argumentó que “fuentes inexpugnables” le aseguraron que las versiones de las “leyes de la mordaza” llegaron a Puerto Rico en inglés, importadas del continente, y que fueron traducidas al español, para lidiar con los individuos o grupos “que rehusaran seguir un programa aceptable a sus amos del continente.”[17] Como documenta la historiadora Ivonne Acosta, entre 1948 y 1950, no hubo ningún arresto por violar la ley de la mordaza, pero se utilizó, principalmente, para aumentar el espionaje contra todo aquel que se expresara a favor de la independencia de Puerto Rico. Es por ello que los agentes federales y de la Seguridad Interna siempre enviaban taquígrafos a las actividades que celebraba el Partido Nacionalista. Luego los discursos se transcribían y se acumulaba información de todo aquel que hablara en contra del régimen colonial o hiciera referencias a la revolución para, en un futuro, tener la evidencia necesaria para poderlos procesar criminalmente.
La ley de la mordaza, además de ser un instrumento para justificar la persecución contra los nacionalistas, también iba dirigida a aparentar que eran los propios puertorriqueños y no los norteamericanos, los encargados de reprimir a Albizu Campos y su movimiento. De esta manera, Estados Unidos pensaba que podía liberarse de la crítica mundial. Así lo atestigua el propio creador intelectual de la “Ley de la Mordaza” el licenciado José Trías Monge en su deposición ante la Comisión de Derechos Civiles celebrada muchos años después: “El mal que se consideraba, era que podía haber violencia, que había habido violencia con Albizu aquí, y que podía repetirse esa violencia, no se quería repetir la escena de un gobierno federal actuando, sino que fuese acción puertorriqueña y no norteamericana”. [18]
Albizu Campos y el liderato nacionalista deciden desafiar la “ley de la mordaza” una y otra vez desde la tribuna y estaban conscientes que tenían que estar alerta ya que, en cualquier momento, la policía colonial podía ser movilizada para arrestarlos.
En noviembre de 1948, como consecuencia de la firma de la nueva ley del gobernador electo, por parte del presidente Truman, Puerto Rico puede elegir su propio gobernador, por primera vez. Luis Muñoz Marín, principal aliado de los intereses norteamericanos en la Isla, es electo con mayoría. Como nuevo gobernador, este anuncia una nueva fórmula a la que llamó Estado Libre Asociado. Este proyecto se transformará en la ley 600, que permitiría crear una supuesta constitución para el nuevo esquema colonial. Pedro Albizu Campos sabía que darle reconocimiento “constitucional” a la colonia tergiversaría aún más el estado de derecho, y que eso le daría un disfraz casi perfecto al sistema colonial a nivel internacional.[19] Por tal razón, el Partido Nacionalista comenzó a denunciar la farsa ante los organismos internacionales.
El anuncio de la Ley 600 vino acompañado de más represión. Vito Marcantonio, fue testigo de esta represión y la denunció ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el 19 de octubre de 1949. En dicha ocasión dijo: “La casa de Pedro Albizu Campos está rodeada día y noche por brigadas de policía, carros de patrulla y yips cargados con ametralladoras. Cuatro o cinco encubiertos siguen a pie al Dr. Albizu Campos cuando camina por las calles de San Juan, y otros tantos policías armados lo siguen en auto unos pasos más atrás. El comercio donde se detiene, o el ciudadano con quien habla, es luego visitado por representantes del departamento de la policía. Los desafortunados que pasan unos minutos hablando con el Dr. Albizu Campos son aterrorizados. Cuando el líder del Partido Nacionalista sale de San Juan para asistir a un mitin, o para pronunciar un discurso, una columna armada de carros de policías, rodean inmediatamente el hotel o la casa donde se hospeda. Los mítines del Partido Nacionalista se celebran tras fuertes destacamentos policiacos. El Partido Nacionalista es un partido legal en Puerto Rico. Su líder es un ciudadano norteamericano, que teóricamente goza de los mismos derechos y libertades que cualquier otro ciudadano norteamericano. Sin embargo, se le fiscaliza e intimida constantemente, igual que a los miembros de su partido.
Esta conducta por parte de la policía y las más altas autoridades de Puerto Rico, absolutamente injustificada e inexcusable, debe cesar inmediatamente. Todavía este es un gobierno de leyes, no de hombres. Tenemos leyes que nos protegen y que castigan a los delincuentes. No necesitamos gestapos en los Estados Unidos. La situación que les he descrito es un ejemplo injurioso de intimidación policíaca. Esta Cámara debe tomar nota de lo que sucede en Puerto Rico, y debe asegurarse de que se ordene al gobierno, y a la policía territorial, cesar dichas actividades inmediatamente.”[20]
La maquinaria de persecución fue descrita oficialmente en la siguiente forma por el jefe de la Policía Insular, según informa el diario El Mundo en su edición del 2 de septiembre de 1949: “Durante el pasado año, según informa el coronel de la Policía, Salvador T. Roig, en su informe anual al Gobernador de Puerto Rico, el Departamento de la Policía ha venido operando una patrulla de agentes de Seguridad Interna, con un personal de dos oficiales y treinta y dos subalternos. Su función primordial es la de mantener cubiertos los problemas de seguridad de índole subversivos y actividades antiamericanas que pudieran operar en la Isla”. “Entre los años 1948-1949, el uso de la radio en las labores policíacas ha venido desarrollándose rápidamente. El Departamento opera y mantiene un sistema de comunicaciones por radio con trasmisores fijos en San Juan, Bayamón, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Guayama, Humacao y Caguas. Además, tenemos veinte unidades móviles, incluyendo una unidad marítima movible en la playa, una estación portátil en Vieques y un carro en Río Piedras. Tres retransmisores y tres estaciones de relevo operan automáticamente en el Yunque (Luquillo), Tres Días (Jayuya), y Santana (Maricao), las que permiten comunicaciones instantáneas y confiables con toda las zonas y unidades móviles, incluyendo también la estación de un bote y Vieques”. El jefe de la policía, según El Mundo, reportó, además, que habían sido entrenados operadores para una mejor comunicación entre la oficina y las unidades móviles y que habían sido ordenadas treinta unidades adicionales que serían sumadas al servicio tan pronto fueran recibidas.[21]
En 1949, también, como parte de esa campaña represiva y para desacreditar local e internacionalmente al Partido Nacionalista, el departamento de Justicia de los Estados Unidos colocó al Partido Nacionalista en su lista de “organizaciones subversivas”.[22]
El comandante de la fuerzas revolucionarias nacionalistas, Juan Jaca Hernández, señala que la persecución que tenía la policía contra los miembros del Partido Nacionalista se había convertido en una situación insoportable. Tanta era la vigilancia, que según él, en algunas de las actividades nacionalistas había más policías que nacionalistas.[23]
El siguiente fragmento de un discurso llevado a cabo el 21 de marzo de 1949, refleja el disgusto que sentía Pedro Albizu Campos ante el constaste acoso de la policía y los servicios secretos: “Yo le aviso al presidente Truman, a Muñoz Marín y a todos los bandoleros que eso de seguir a los Nacionalistas donde quiera que vayan y averiguar cómo y de qué viven los infelices Nacionalistas, todo eso va a terminar con la paciencia nuestra, porque es verdad que somos muy pacientes…”.[24]
A medida que la persecución y el acoso se acrecentaba, la paciencia de los nacionalistas se agotaba, a tal punto que el 19 de agosto de 1949, el líder Nacionalista Julio de Santiago le escribía a Oscar Collazo, líder nacionalista de Nueva York, que la vigilancia a Albizu Campos “will produce an explosion at any moment”.[25]
El 3 de julio de 1950, el presidente Truman firmó la Ley 600. Desde entonces, el gobernador Muñoz Marín y su equipo de trabajo, comenzarán una campaña para organizar el referéndum que decidiría la suerte de la Ley 600. Seleccionó los días 4 y 5 de noviembre de 1950 para inscribir a los nuevos votantes que participarían en ese y todos los eventos electorales que habría que celebrar para establecer el nuevo régimen.[26]
A partir de entonces, no había duda para los nacionalistas que las autoridades federales y coloniales utilizarían todos los medios a su alcance para lograr que la transición hacia el nuevo régimen colonial se diera sin problemas, y que la estrategia que utilizaría para lograr su objetivo sería acusar a los nacionalistas por violar la Ley de la Mordaza para meterlos a todos a la cárcel. El nacionalista Manuel Caballer nos comentó sobre el estado de tensión que se vivía en esos días, y que los nacionalistas tenían órdenes de levantarse en armas si ocurría el arresto o asesinato de Albizu Campos.[27] En esto concurre el joven nacionalista Gregorio Hernández: “Tenía una idea de que inmediatamente el gobierno tratara de arrestar a Don Pedro Albizu Campos y a sus seguidores, nosotros nos levantaríamos en armas para repelar el ataque”.[28] No solo tenían que estar listos para repeler el ataque, sino que también tenían que estar preparados para detener los planes de establecer la supuesta “constitución”. Albizu no escondía sus planes de desafiar la ley 600: “¿Por qué todo ese afán por una cosa ilusoria? ¿Una cosa que es para afirmar el despotismo sobre Puerto Rico? Pues bien, todo eso hay que desafiarlo y hay que desafiarlo solamente como los hombres de Lares desafiaron el despotismo, ¡con la revolución!”, sentenció el 23 de septiembre de 1950.[29]
El 2 de octubre de 1950 el Gobernador Luis Muñoz Marín anunciaba las inscripciones que se llevarían a cabo el 4 y 5 de noviembre. Para ese entonces, como indica el nacionalista Ramón Medina Ramírez, el liderato nacionalista había sido informado que el gobierno planificaba iniciar una ola de allanamientos para desarmar a los nacionalistas: “Sabíamos de reuniones celebradas por las autoridades coloniales en las que se había discutido sobre la insistencia imperialista en cuanto al arresto de Pedro Albizu Campos. En dichas reuniones, el Servicio Secreto había informado que los Nacionalistas estaban preparados para repeler cualquier posible agresión y que el arresto del líder podría interpretarse como tal, por lo que había llegado a la conclusión de que era indispensable llevar a cabo una redada de allanamientos para apoderarse de las armas que poseyeran los nacionalistas, evitando así toda posibilidad de resistencia”.[30]
El gobierno colonial y los agentes federales, decidieron no recurrir a una nueva matanza como la llevada a cabo en marzo de 1937 contra los miembros del Partido Nacionalista, ya que no les convenía políticamente conmocionar nuevamente al país y al mundo con una noticia de esa magnitud en un contexto en el que iniciaba la Guerra Fría, y se vendía ante el mundo como el representante máximo de la libertad y la democracia. Prefirieron esperar, reunir la evidencia que cumpliera con la ley de la mordaza, y utilizarla para allanar las casas de los militantes del partido, quitarles el armamento, y arrestar sorpresivamente al mayor número de nacionalistas y, al que resistiera, asesinarlo para que no interfiriera con los planes de impulsar el Estado Libre Asociado. Así podrían salir de los nacionalistas.
En octubre 1950 la tensión se sentía en el ambiente: “Se sabía que había un complot para asesinar a don Pedro. Casi todos los días arrestaban a algún compañero y en muchos pueblos los nacionalistas se enfrentaban a la Policía”.[31] El 25 de octubre de 1950, Ruth Reynolds, pacifista norteamericana y aliada del Partido Nacionalista, comunicó a los nacionalistas que había escuchado una conversación en un restaurante, en la cual hablaban de matar a Albizu Campos. Según Reynolds, el gobierno federal e insular había reclutado a tres detectives de la Policía Secreta, a los que se le había ofrecido once mil dólares a cada uno, ascensos rápidos e inmunidad en caso de ser necesario, para asesinarlo.[32]
Los nacionalistas tenían confidencias de que el asesinato se llevaría a cabo el 26 de octubre, en Fajardo, durante la conmemoración que el Partido Nacionalista celebraría en honor al General Antonio Valero. Ante el rumor, el ala militar del Partido nacionalista se puso en estado de alerta y se ordenó a muchos de sus miembros a ir armados y preparados para resistir a tiros su posible arresto o asesinato. A pesar de los preparativos, la conmemoración acabó sin incidentes, posiblemente gracias a que los nacionalistas demostraron con el despliegue de fuerza que resistirían el arresto de Albizu Campos.
Al terminar el acto, como los nacionalistas estaban conscientes de que todavía su líder estaba en peligro, se decidió que varios autos escoltarían a Albizu Campos en su viaje de regreso a San Juan. Durante el trayecto, las autoridades no pudieron arrestar al líder nacionalista, pero sí al comandante Rafael Burgos, uno de los hombres más importantes dentro de la jerarquía militar del Partido Nacionalista. Luego de este arresto, el gobierno comenzó a preparar órdenes de allanamientos para penetrar en las residencias de los nacionalistas de toda la Isla. El servicio de inteligencia del Partido Nacionalista se enteró de la situación y temiendo que se arrestaran a más nacionalistas y se perdieran las armas que tenían guardadas y se echara a perder toda la organización revolucionaria que se venía gestando con tanto sacrificio durante dos años, Albizu Campos envió la orden de levantarse en armas. Se decidió que el 30 de octubre los nacionalistas debían atacar los cuarteles de la policía a las 12 del medio día y luego reunirse en el municipio de Utuado y resistir con la intención de llamar la atención de las Naciones Unidas y que está se viera obligada a intervenir.
El primer combate ocurrió en la madrugada del 30 de octubre de 1950, cuando la policía se dirigía a una residencia del municipio de Peñuelas a llevar a cabo un allanamiento ya que tenían confidencias de que ahí los nacionalistas tenían armas. Los nacionalistas se percataron de la llegada de los agentes y comenzó un tiroteo. Un joven nacionalista de 16 años fue el primero en morir.
Luego los nacionalistas llevaron a cabo ataques en otros 7 pueblos de la Isla y, en la capital de los Estados Unidos, cuando un comandó atacó la residencia temporera del presidente Truman, el 1 de noviembre. Al principio de la Insurrección, el Gobernador Muñoz Marín manifestó que las acciones de los nacionalistas constituían gestos aislados e insignificantes llevados a cabo con el apoyo de los comunistas y que, por tanto, la ley marcial no era necesaria ya que la situación sería puesta bajo control prontamente por la policía insular.[33] Sin embargo, como demuestran las fotografías que hemos consultado, le proveyeron armas largas a la policía, acción que es ilegal si no se ha declarado la Ley Marcial y movilizó a la “United States Army National Guard” para sofocar la rebelión y permitió que éstos efectuaran arrestos, acción que también sólo podían realizar si declaraba la ley Marcial, de lo contrario era ilegal. Según la prensa fue movilizado todo el regimiento 295 de la Guardia Nacional, al mando del coronel Wilson Colberg, y el destacamento de Cuarteles Militares con sus vehículos y aviación. En total se movilizaron 4,313 efectivos de la Guardia Nacional.[34] La Guardia Nacional ocupó muchos de los pueblos de la Isla, y en el municipio de Utuado los soldados asesinaron a sangre fría a cuatro nacionalistas luego de que estos se habían rendido.
Sabemos también que el Gobernador Muñoz Marín, a pesar de que afirmó que no habría injerencia militar[35], solicitó al comandante de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en Puerto Rico, la movilización de las tropas del ejército norteamericano. Sin embargo, el comandante se negó, ya que, según él, sólo el presidente podía autorizar tal acción. No obstante, el ejército regular de los Estados Unidos ayudó en las tareas de intimidación. Se activaron las bases militares, haciendo ostentosos despliegues, con tanques y camiones de guerra, y los aeropuertos militares de Ramey Field, en Aguadilla, y Rooselvelt Roads, en Ceiba, fueron activados. Los aviones de las fuerzas armadas sobrevolaron varios puntos de la isla a baja altura para intimidar a la población.
También los agentes federales fueron movilizados para sofocar la Insurrección. De hecho, sabemos que instruían a la Guardia Nacional y la policía sobre cómo debían proceder. Esta colaboración resultó ser fundamental como demuestran los reportajes de la prensa. Asimismo, el Gobernador Muñoz Marín le reconoció al secretario del Interior, Oscar Chapman que, de no ser por lo valiosa ayuda del FBI en la vigilancia y en la implementación de las medidas de precaución, “ I fear that the magnitude of the tragic incidents of the last few days would have been greater”.[36] Sin embargo, el FBI negaba su participación activa en la represión, ya que querían dar la impresión de que no estaban involucrados en los operativos en un contexto en el que querían presentar a Puerto Rico ante la comunidad internacional como un país que manejaba con independencia sus asuntos internos.
Finalmente, para el 2 de noviembre, la Guardia Nacional, la policía y el FBI habían controlado la situación al vencer y arrestar a la mayoría de los insurrectos. Para ese entonces solo quedaba activo en combate un pequeño grupo en las montañas del municipio de Naranjito. Sin embargo, el gobernador Muñoz Marín, como recuerda el entonces Procurador General, Vicente Géigel Polanco, temiendo que los nacionalistas mediante el uso de la violencia interrumpieran las inscripciones de nuevos electores señaladas para los días 4 y 5 de noviembre ordenó el arresto ilegal de cientos de miembros del Partido Nacionalista, Partido Independentista y Partido Comunista, que nada tenían que ver con los sucesos.[37] Para identificar a todos los nacionalistas de la Isla, los funcionarios del gobierno colonial utilizaron unas viejas listas confeccionadas en la década de 1930 en las que se incluía a todo aquel que era sospechoso de pertenecer al Partido Nacionalista. Géigel Polanco recuerda “que en ellas figuraban muchas personas que jamás habían sido nacionalistas y otras que ya no lo eran y que militaban, unas en el Partido Popular y otras, en el Partido Independentista.[38] Muñoz Marín y los agentes federales sabían esto, pero no les importó. Intentando contener la situación, Géigel Polanco cuenta que supuestamente “trató” que se evitaran detenciones viciosas.
A ese efecto, dio instrucciones para que se avisara a los jefes locales de la policía y a los alcaldes para que examinaran las listas en poder de la policía y eliminaran de ellas a aquellas personas que no fueran nacionalistas militantes. Sin embargo, todo indica que no le hicieron caso al Procurador General, ya que hemos logrado documentar que se arrestó sin seguir el debido proceso legal a muchísimos nacionalistas que no habían participado en la Insurrección, a personas que ya no militaban en el Partido Nacionalista, a familiares de nacionalistas, a miembros del Partido Independentista Puertorriqueño, miembros del Partido Comunista, líderes obreros, estudiantes universitarios, e incluso a miembros del Partido que administraba la colonia. Además, como demuestran las fotografías consultadas, se llegó al extremo de arrestar niños que no tenían nada que ver con la Insurrección.[39]
Según el entonces Procurador General, muchos arrestos se realizaron engañando a las personas, so pretexto de citaciones del Departamento de Justicia ordenándoles servir como testigos en las investigaciones.[40] Además, la policía, la guardia nacional, y el FBI, llevaron a cabo registros ilegales en muchas residencias, ya que no tenían permisos judiciales para llevar a cabo los allanamientos. En éstos se buscaba cualquier material que se pudiera catalogar como subversivo. Se llegó al extremo de efectuar arrestos por la simple posesión de banderas de Puerto Rico, o retratos de Albizu Campos. Por ello, las oficinas de los fiscales estaban llenas de banderas y de retratos de Pedro Albizu Campos.[41] Muchos de los arrestos y allanamientos ilegales se efectuaron a altas horas de la noche, posiblemente para minimizar la cantidad de testigos, con un despliegue innecesario de fuerza y equipo militar.
Para el 6 de noviembre los arrestos efectuados, según el periódico El Mundo, llegaban a 575.[42] Un día después, según el periódico El Imparcial, los arrestados eran 729.[43] Al no haber cabida en los cuarteles, a muchos de los detenidos los ubicaron en el refugio de indigentes del Gobierno Insular.[44]
Las autoridades mantuvieron a muchos de los presos políticos incomunicados por días para que no le informaran al país sobre las violaciones a los derechos civiles que se estaban cometiendo. Los periodistas protestaron porque no se les permitía el pase libre al Cuartel General de la Policía para entrevistar a los presos políticos.[45] No sólo se recurrió a silenciar a la oposición mediante los arrestos y la incomunicación, sino que durante esos días el gobierno presionó para coartar el derecho a la libertad de expresión de la oposición en los medios de comunicación. El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) denunció que el gobierno colonial le privó el derecho a la libre expresión cuando decidió interrumpir, en la radioemisora WIBS, el mensaje que daría a sus correligionarios en el tiempo contratado de 6:00 a 6:30 de la tarde sobre la posición que tomaría en relación con las inscripciones, para que el Gobernador Muñoz Marín y presidente del Partido Popular ofreciera un mensaje en ese tiempo. Para el PIP dicha interrupción era perjudicial porque era la última oportunidad que tenían antes de las inscripciones para orientar a sus correligionarios sobre la posición del partido en relación a éstas. Según el presidente de esa colectividad, era la segunda ocasión en el corto espacio de unos días en que se le privaba a su colectivo del derecho a la libre expresión del pensamiento.[46]
Ante la actitud represiva del gobierno en cuanto a coartar en derecho a la libre expresión, no es de extrañar entonces que el Congreso de Nueva York, en un informe sobre libertad de prensa en América, indicara que en Puerto Rico sólo había libertad de prensa, pero no de expresión.[47] Debido al estado represivo y bajo una ley marcial no declarada, era de esperarse que se cancelaran las inscripciones, pero este no fue el caso. Al fin y al cabo, las inscripciones se llevaron a cabo entre el 4 y 5 de noviembre con la presencia del FBI, la Guardia Nacional y la Policía Insular movilizada en la calle y centenares de presos políticos detenidos ilegalmente.[48] Al final, se inscribieron 156,632 personas.
El 6 de noviembre de 1950 pusieron en libertad a 750 de los detenidos a los que no se les pudo vincular con la insurrección. También ese día la prensa anunciaba que el gobierno comenzaría la desmovilización de la Guardia Nacional al mediodía.[49] Es interesante que la Guardia Nacional fuera desmovilizada y que muchos de los detenidos fueran liberados exactamente el día después de finalizar las inscripciones. De hecho, casi todas las boletas de libertad estaban firmadas con la misma fecha del 6 de noviembre.[50] Evidentemente el gobierno colonial los mantuvo preso hasta el 6 de noviembre para silenciar, mientras se realizaban las inscripciones, las voces de los que no estaban de acuerdo con el plan de disfrazar la colonia.
Las autoridades no admitieron que los mantenían arrestados, sino que alegaron que eran testigos. Por tal razón, cuando fueron puestos en libertad se le entregó a cada uno un documento mimeografiado, del cual se desprendía que habían sido citados supuestamente como testigos. La “boleta de la libertad” decía lo siguiente: “Certifico: que (fulano) compareció ante el suscribiente en el Edificio Refugio de Indigentes, calle Refugio Santurce, el día 6 de noviembre de 1950, a declarar como testigo en una investigación judicial, según citación expedida en la mencionada fecha. Y para que así conste, expido la presente en San Juan, Puerto Rico, a 6 de noviembre de 1950. Firmaban el Procurador General Licenciado Vicente Géigel Polanco o el Subprocurador José C. Aponte.”[51] Así se evitó que muchos protestaran durante las inscripciones con la idea de luego indicar, tal como hizo un funcionario colonial, que las inscripciones fueron de las “más ordenadas y pacíficas” que se habían efectuado en Puerto Rico.
Mientras el 6 de noviembre muchos eran liberados del albergue provisional, otros llegaban arrestados la madrugada del día 7 procedentes de diferentes puntos de la Isla.[52] Para el 9 de noviembre las autoridades continuaban persiguiendo y arrestando a personas por el simple hecho de ser nacionalistas.[53] En total, según ha documentado el historiador Che Paralitici, se llegaron a arrestar a 1,106 personas.[54] Algunos eran liberados y otros se mantenían presos porque, aunque no tenían forma de probar que habían participado en la Insurrección, siempre había pendiente otro cargo, el de violar la “ley de la mordaza”. Eran, como indica la historiadora Ivonne Acosta, los que habían hablado en la tribuna o fuera de ella; los que habían publicado o escrito; los que habían aplaudido en los mítines Nacionalistas; los que habían organizado o ayudado a organizar actos Nacionalistas; los que habían meramente asistido a actos nacionalistas.[55]
Mientras la Guardia Nacional, la policía, y el FBI violaban los derechos civiles de los ciudadanos, el gobernador Muñoz Marín se dedicó a felicitar al jefe de la policía, Salvador T. Roig, por su “ejemplar conducta” y a resaltar la labor de la policía por haber actuado “a la altura del prestigio que goza y a tono con la confianza que en ella han depositado nuestros ciudadanos.”[56] Así, Muñoz Marín negaba la violación de derechos civiles para continuar con la intensa campaña de propaganda que buscaba presentar a Puerto Rico como la “vitrina de la democracia” y a sus enemigos como lunáticos, fascistas o comunistas controlados por la Unión Soviética.
Muchos de los nacionalistas que participaron en la insurrección fueron sentenciados en 1951. En Jayuya, donde muere un solo policía, 32 personas son condenadas a cadena perpetua por el mismo delito de asesinato. Se llega al extremo de utilizar la bandera de Puerto Rico como evidencia delictiva. Pedro Albizu Campos es juzgado y acusado por atentado a la vida y por ley de armas y por doce violaciones a la Ley de la Mordaza, por doce discursos que pronuncia entre 1948 y 1950. Estos discursos se presentaron en corte, la palabra se convierte en delito. Sus sentencias son de 12 a 54 años de cárcel.
En 1952, mientras numerosos nacionalistas se encuentran ilegalmente presos y Puerto Rico se presenta ante el mundo como la “vitrina de la democracia”, se funda el Estado Libre Asociado. La bandera de Puerto Rico, la misma que se utiliza como evidencia delictiva en los juicios contra los nacionalistas, se oficializa como la bandera del nuevo régimen.
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[1] Alex Figueroa Cancel, “A revisar los libros de historia de Puerto Rico” en https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/arevisarloslibrosdehistoriadepuertorico-2225869/#
[2] Véase http://www.80grados.net/un-25-de-julio-a-reescribirse/
[3] Amilcar Cintrón, Posicionamiento de una mentira, (San Juan, PR., 2011), p. 52.
[4] Josep Fontana, El Siglo de la Revolución: Una historia del mundo desde 1914, (Barcelona: Crítica, 2017), p. 291.
[5] Josep Fontana, Por el bien del imperio: una historia del mundo desde 1945, (Barcelona, Pasado & Presente, 2011), p.10
[6] Juan García Passalaqua, Los secretos del patriarca, Memorias secretas de Luis Muñoz Marín, (Editorial Cultural, 1996), p. 91-92.
[7] Jaime Partsch, Jesús T. Piñero, el exiliado en su Patria, (Ediciones Huracán, 2006), p. 116.
[8] Amilcar, Op Cit., p. 81.
[9] Discrimen y persecución por razones políticas: La práctica gubernamental de mantener listas, ficheros y expedientes de ciudadanos por razón de su ideología política, (Estado Libre Asociado: Comisión de Derechos Civiles, 1989), p. 189.
[10] Ibid., p. 191.
[11] José Trías Monge, Cómo fue, Memorias, (Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2005), p.133.
[12] Ivonne Acosta, La Mordaza, (Río Piedras, Puerto Rico: Editorial EDIL, 1998), p. 74.
[13] Ibid.
[14] Gervacio García, Historia Bajo Sospecha, (Publicaciones Gaviota), 2015. p. 5.
[15] Ivonne Acosta, Op. Cit., p. 122.
[16] Ibid., p.117.
[17] Felix Ojeda, Vito Marcantonio, (Ediciones Huracán, 1978), p. 122.
[18] Marisa Rosado, Pedro Albizu Campos, Las llamas de la aurora, (San Juan, PR., Segunda Edición, 1998), p. 319.
[19] Junta Pedro Albizu Campos, Nervio y Pulso del mundo. Nuevos ensayos sobre Pedro Albizu Campos y el nacionalismo revolucionario, (Talla de sombra editores, San Juan, PR., 2014), p. 46.
[20] Felix Ojeda, Op. Cit., p. 129-130.
[21] Ramón Medina Ramírez, El Movimiento Libertador en la Historia de Puerto Rico, (San Juan, Puerto Rico, 1970), p. 258-259.
[22] Carlos Zapata, Luis Muñoz Marín, Estados Unidos y el establecimiento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (1946-1952), ( Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2015), p. 326.
[23] Glorimar Rodríguez, Historia del Partido Nacionalista en Utuado, (Taller Abacoa, 2013), p. 128.
[24] Ivonne Acosta, Op. Cit., p. 127.
[25] Ibid., p. 128.
[26] Carlos Zapata, Op Cit., p. 313.
[27] Entrevista a Manuel Caballer
[28] Pedro Aponte, El ataque nacionalista a la Fortaleza, (Publicaciones René, 1993), p. 86. y 90.
[29] Miñi Seijo, La Insurrección Nacionalista, (Editorial Edil, 1997), p. 43.
[30] Ramón Medina Ramírez, Op Cit, , p. 293.
[31] Marcos Pastrana, “30 de octubre: los días previos 30 de octubre al 5 de noviembre de 1987”, Claridad, p. 18.
[32] El Vocero, 21 de febrero de 1979, p. 6.
[33] “Muñoz dice dominará la situación”, El Mundo, 31 de octubre de 1950, p.1.
[34] Carlos Zapata, Op Cit., p. 331.
[35] “Muñoz dice se logrará poner orden”, El Mundo, 1 de noviembre de 1950, p.1.
[36] Carlos Zapata, Op Cit., p. 344.
[37] Nestor Duprey, Independentista popular: Las causas de Vicente Geigel Polanco, (San Juan, PR., 2005), p. 541.
[38] Ibid. p. 542.
[39] Fotografía de niño detenido en “Arrestan más revolucionarios”, El Imparcial, 5 de noviembre de 1950, sin página.
[40] Nestor Duprey, Op Cit., p. 542-543.
[41] “Retratos Albizu motivo arrestos”, El Imparcial, 7 de noviembre de 1950, p. 20.
[42] “Los arrestos efectuados llegan a 575 dan total bajas de los desórdenes”, El Mundo, 6 de noviembre de 1950, p. 1.
[43] “729 arrestados”, El Imparcial, 7 de noviembre de 1950, p. 2.
[44] “La policía refuerza vigilancia en puertos de Fajardo y Ponce”, El Mundo, 4 de noviembre de 1950, p. 21.
[45] “La policía refuerza vigilancia en puertos de Fajardo y Ponce”, El Mundo, 4 de noviembre de 1950, p. 21.
[46] “PIP dice lo privan de libertad de expresión”, El Imparcial, 5 de noviembre de 1950, p. 3.
[47] “Reciente Congreso de Nueva York aprueba informe sobre libertad de prensa en América”, El Imparcial, 5 de noviembre de 1950, p. 11.
[48] “PIP recurrirá a cortes por arrestos ilegales”, El Imparcial, 6 de noviembre de 1950, p. 3 y 38.
[49] “Desmovilizarán Guardia Nacional hoy a medio día”, El Mundo, 6 de noviembre de 1950, p. 1.
[50] Ivonne Acosta, Op Cit., p. 141-142.
[51] Ibid, p. 141.
[52] “Dan libertad a 750 detenidos en relación con los sucesos”, El Mundo, 7 de noviembre de 1950, p. 17.
[53] “Más arrestos en Guaynabo”, El Imparcial, 10 de noviembre de 1950, p. 18.
[54] Ché Paralitici, Sentencia Impuesta, (Ediciones Puerto, 2004)
[55] Ivonne Acosta, Op Cit., p. 143.
[56] “Muñoz felicita a Roig”, El Imparcial, 15 de noviembre de 1950, p. 43.