Realidades de este verano

Primeramente, ha quedado sin duda desnudado el comportamiento marrullero e insolente del Gobernador Ricardo Rosselló, quien envía a sus acólitos del PNP, por ejemplo a Tata Charbonier, a defender un proyecto de “libertad religiosa”, que admitido por él mismo, es un proyecto de administración que envió él a la legislatura, pero cuando se evidencia la gran oposición al proyecto, lo manda a retirar junto con el de las “terapias de conversión”, con la excusa de que ambos proyectos generaron gran oposición. La marrullería politiquera radica precisamente en que Rosselló ideó ambos proyectos para con ellos atraer votos para sí de los grupos religiosos.  Ahora que ve que los proyectos espantan más votos de los que atraen, porque fomentan el odio, la discriminación y atentan contra una comunidad crecientemente organizada en el País, la LGBTTIQ, y que tuvieron hasta la oposición de líderes demócratas en Estados Unidos, entonces los retira con el rostro fresco de los que hace tiempo engañan al Pueblo, sin sonrojarse. El Pueblo, sin embargo, tendrá que recordar que los proyectos de marras salieron de la iniciativa del Gobernador y del asesoramiento de los también politiqueros asesores de Fortaleza del gobierno del PNP. No quedan en el proceso totalmente limpios los Populares quienes se opusieron a los proyectos pero hicieron una oposición bastante “monga”.  Hace ya un tiempo que no tenemos una oposición activa y contundente ante el gobierno de turno en Puerto Rico. Todo el mundo se convirtió en “mongo” y “deja hacer” Somos el país de los mongos y estamos todos más mongos durante el verano. Las consecuencias serán crecientemente nefastas para este país y para la posibilidad de una democracia real y verdadera.

Este verano también nos ha develado otros asuntos que van quedando desnudados ante la opinión pública, si es que existe tal cosa como “opinión pública” en este país o en cualquier sociedad. También tiene que ver con el Gobernador y su jueguito “de pitcher y cátcher” con la Junta de Supervisión Fiscal del Congreso. Hace un tiempo Rosselló viene haciendo el teatro de que es el defensor del Pueblo y de las pensiones de los “más vulnerables”. Truena contra la Junta y jura que no se afectarán las pensiones de los empleados públicos. No obstante, deja que la Junta agarre la culpa de lo que suceda cuando esta le ofrece un acuerdo a miles de empleados públicos que rebaja pensiones en mínima parte, a cambio de un aseguramiento de que el sistema de pensiones públicas se mantendrá. Lo peor de todo esto es que ni el Gobernador Rosselló, ni la Junta Fiscal, estudian las pensiones en el sector público para descubrir cuántas de ellas son pensiones “Cadillac” por diversas razones, es decir, pensiones excesivas que no comparan con las de los demás empleados públicos y que debieran recortarse al menos en algo, con lo cual se reduciría la desigualdad entre los jubilados del sector público.

Rosselló se pasa cacareando sobre la igualdad imposible de conseguir de una estadidad federada diseñada según sus sueños, y contraria a la sociedad estadounidense, pero cuando se trata de reducir desigualdades acá en el País, entre puertorriqueños, no mueve un solo dedo con la excusa de que las pensiones no se pueden ni se deben “tocar”. En todo caso que las toque la Junta, pero yo, Rosselló, no las toco.  Ese es el discurso engañoso del desgobierno actual del PNP. Pues sí que se deben tocar, las pensiones excesivas, las realizadas a base de la politiquería partidista de mover a última hora a, digamos algunos maestros políticamente bien conectados, del salón de clases a un cargo administrativo y luego de pocos años en él, llevarse una pensión de lujo. No son uno ni dos los maestros que han pasado por ese proceso logrando para ellos lo que no tienen los demás maestros, y ni siquiera la mayoría de los profesores universitarios que se jubilan de la Universidad de Puerto Rico.  Las pensiones en el sector público deben analizarse para reducir solamente aquellas que sean excesivas, o mayores de $3,000 mensuales y que se obtuvieron por razones de conexiones políticas PPD o PNP y no por haber estado un tiempo razonable haciendo un servicio administrativo de excelencia en el Departamento de Educación o en cualquier otra agencia pública. Pero no, la Junta quiere reducir las pensiones, como dicen en EEUU, “across the board” , a todo el mundo, sin intentar siquiera deshacer los entuertos que fabricó marrulleramente nuestra clase política. Y la impunidad en nuestra clase política sigue de lo más campante.

Ya a la altura del verano de 2019 es palpable que la Junta llegó a Puerto Rico a hacer lo mismo que hizo la Junta de Nueva York entre 1975 y 1992: bajar pensiones, reducir salarios de empleados públicos, reducir gastos de servicios públicos al pueblo y otras estrategias constrictivas de la economía, con tal de pagarles a los acreedores de Wall Street. La junta, pues, queda al servicio de los ya millonarios de Estados Unidos a costa de una creciente pobreza en el país.  Y los que creyeron que la Junta venía a ajustarle los cinturones al privilegio y la corrupción partidista de los políticos locales, se han dado la gran sorpresa ya evidente en este verano: la Junta no reduce ni toca los contratos del gobierno de Rosselló con empresas privadas estadounidenses o locales que cobran carísimo y luego podrían llegar a ser donantes del partido de turno. Los barriles de tocino millonarios de los legisladores han seguido existiendo como si tal cosa. Y el gobierno central interno de Puerto Rico mueve millones con los cuales se enriquecen unos cuantos a costa de los crecientes impuestos que se le imponen al pueblo, no sólo por ingresos, sino otros de todo tipo incluso al consumo como las alzas estratosféricas en las tarifas de la luz eléctrica y del agua. Mientras tanto, la Junta no mueve un solo dedo con los que hacen de la colonia un “free for all”.

También en este verano nos hemos percatado de la verdadera razón por la cual blancos demócratas de Estados Unidos se preocupan porque el acuerdo de la AEE pueda llegar a tener como efecto un alza en los costos de la electricidad. No es por ser solidarios con las familias de Puerto Rico. No. Para nada. Lo más que les preocupa a ellos son las inversiones en Puerto Rico de empresas estadounidenses que, con costos más elevados en el pago de la luz eléctrica, tendrían menores ganancias. Son las ganancias de los estadounidenses en Puerto Rico lo que se busca proteger con eso de reducir más la deuda de la AEE para evitar que un servicio muy elevado al pago de deudas redunde en un alza en el costo de electricidad. Por supuesto, todos aquí nos preocupamos también por eso, ya que las empresas de afuera proveen empleos a los de acá. No obstante, también nos enteramos por un estudio económico del joven economista Caraballo Cueto de que a Puerto Rico, si de empleos se trata, le conviene mucho más multiplicar las PYMES (pequeñas y medianas empresas locales) que las empresas externas. Estas últimas, por ser menos intensivas en mano de obra solo aumentan un empleo por cada aumento en negocios de más de $200,000, mientras que las PYMES boricuas crean un empleo con cada aumento de negocios por $100,000.

Todas estas son verdades que existen desde hace un tiempo, realidades que son parte integrante de las contradicciones de la colonia en Puerto Rico. No obstante se han venido develando con especial claridad junto con la canícula del verano.

Otra de las realidades develadas recientemente este verano es cómo los demócratas que parecían más pro igualdad y menos racistas —recordamos de Biden su amistad con Obama— han sido delatados por la propia prensa de prestigio en Estados Unidos por haber sido opositores del “busing” y de la igualdad racial en las escuelas públicas estadounidenses.  Ahora nos enteramos que cuando era más joven Biden, se opuso al transporte en guaguas a estudiantes blancos porque al así hacerlo se condenaba a hijos de los blancos estadounidenses a tener una educación inferior en escuelas que habían sido antes mayoritariamente para negros e hispanos. No se preocupó Biden por una educación de calidad mundial para todos, sino de que los hijos de los blancos no dieran un “bajón educativo” en las escuelas inferiores de negros e hispanos.  ¿Por qué no luchar más bien porque todos en Estados Unidos, independientemente de raza y origen nacional pudieran acceder a educación de calidad?

Esa es la sociedad a la cual Rosselló busca anexarnos, la misma que le niega la igualdad a los que ya viven en sus estadidades federadas, si son de raza negra, o si provienen de países hispanos, o si son puertorriqueños aunque teórica y vacuamente digan que somos “ciudadanos estadounidenses”.  Aún en el estado de la Florida, donde la población hispana es grande y creciente, en la vida política y en el control sobre la economía y los mejores negocios imperan siempre los estadounidenses anglos y de raza blanca, dejándose a los negros e hispanos esquinados, en los márgenes de la sociedad o en los ghettos donde residen. Muy pocos llegan a tener un cargo de verdadera influencia o poder político.

Por último, en este verano el discurso político de los demócratas liberales, o de la izquierda, se ha modificado. Lo habitual fue que  políticos como Alexandria Ocasio Cortéz, Bernie Sanders y otros del ala más liberal del Partido Demócrata encontraban siempre la gran cosa hacer un discurso político sobre la igualdad para los puertorriqueños… como ciudadanos estadounidenses.  Todos saben muy bien que la sociedad estadounidense no está preparada ni inclinada a la tal igualdad, ni a la estadidad federada. Pero pensaban que “sonaría bien a los oídos de los colonizados”. ¡Y claro que les sonaba bien a los líderes políticos que se trepan en los cargos de gobierno a costa de las ilusiones de miles de puertorriqueños estadistas! Aunque fuera una hipocresía de los políticos Demócratas.  Esto en parte prosperó por el éxito del PNP en hacerse escuchar entre las autoridades estadounidenses con el discurso de que los puertorriqueños eran víctimas de ser tratados como desiguales a pesar de ser ciudadanos estadounidenses. Los republicanos de la extrema derecha siempre se han opuesto a la estadidad y no tienen empacho en enfrentar a los boricuas con eso de que “a son de qué” se atreven a decir, “We Americans”, como le ocurrió a Fortuño en Estados Unidos. Pero los liberales Demócratas acallan su mala conciencia haciendo ver que favorecen la igualdad y la estadidad para Puerto Rico. No pueden comprender las razones muy válidas por las cuales la mayoría de los puertorriqueños rechazamos la estadidad federada. Todavía. Se vio en el plebiscito del boicot donde solo el 22% de los electores inscritos participó. Todos los demás estuvimos ausentes de esa consulta espuria. Bueno, pues al menos según las fuentes que he consultado, muy de mi entero crédito, ha sido nada menos que Carmen Yulín Cruz Soto la alcaldesa de San Juan por el PPD quien ayudó a Alexandria Ocasio Cortez y a Bernie Sanders a comprender que el caso de Puerto Rico es muy distinto al de Washington D.C. y que como país invadido en 1898 y colonizado por Estados Unidos, Puerto Rico tiene un derecho inalienable a su autodeterminación nacional, a autodeterminar su propio destino político en alguna consulta que sea vinculante para los Estados Unidos.

Por fin, llegamos al punto más justo y veraz para tratar el caso colonial de Puerto Rico. Dicho sea de paso, coincido con el amigo Dr. Aarón Gamaliel Ramos  en que el asunto colonial de Puerto Rico nunca se debió reducir a un asunto de “estatus”. Esa fue la estrategia estadounidense para que aceptáramos nuestra inferioridad política ante ellos y su potencia imperial.  Y fue precisamente Muñoz Marín del PPD el que trajo a Puerto Rico el concepto de estatus. De esa manera se oscureció una gran verdad: Puerto Rico es un pueblo o nación distintiva y como tal le asiste el derecho a la autodeterminación nacional que reconoce la ONU y el derecho internacional público a los pueblos que han pasado por experiencias de colonialismo. Esto significa que la autodeterminación es siempre hacia una soberanía propia, hacia realidades como la independencia política, o como mínimo, la libre asociación soberana. Con el ELA territorial se nos hizo creer que acordamos una especie de libre asociación, pero todos sabemos y palpamos hoy la gran verdad: la verdadera condición política de Puerto Rico bajo el ELA territorial fue siempre la de territorio no incorporado propiedad de Estados Unidos.  Y ningún pueblo que es tomado como propiedad por una gran potencia, las tiene fácil para ejercer de verdad su derecho a la autodeterminación.

El punto llegó al extremo que siempre percibí durante más de 39 años de servicio como profesor de Ciencia Política en la UPR, Recinto de Río Piedras. Tanto en las discusiones de clase como en las encuestas o entrevistas dirigidas por mí y otros profesores del Departamento de Ciencias Políticas, siempre encontrábamos que hasta entre los jóvenes independentistas circulaba la creencia de que la cuestión de la soberanía de Puerto Rico es muy difícil de resolver  porque el Congreso “tiene la última palabra sobre el destino político de Puerto Rico”. Con ello, esos jóvenes estudiantes universitarios estaban demostrando su falta de entendimiento del concepto de libre determinación de los pueblos. Es cierto que si los puertorriqueños deseáramos por mayoría ya sea la estadidad federada o la libre asociación con soberanía puertorriqueña, el Congreso tendría la última palabra, pues ambas son condiciones políticas que requieren el apoyo concertado de las dos partes: la metrópoli y la colonia.  No es ese en modo alguno el caso con la independencia porque esta es un derecho reconocido por la ONU y el derecho internacional como prioritario en todos los Pueblos o países coloniales. Esa fue la gran conquista del movimiento descolonizador en el mundo que se desarrolló con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Incluso internacionalmente se llegó a considerar el colonialismo no solo como injusto y antidemocrático, sino como una condición de inferioridad política y de subordinación de un Pueblo por otro que había sido uno de los causantes principales de las guerras y los levantamientos armados en el mundo. Por lo tanto, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, la descolonización se vio internacionalmente como un movimiento necesario para la preservación de la paz. En Puerto Rico en cambio se pretendió lograr paz mediante el engaño y la alianza de los poderes que son en Estados Unidos con una clase política que apoyó la colonia mientras se lucraba de ella.

Pero en este verano de 2019, al menos algunos dirigentes demócratas comienzan a comprender que el caso de Puerto Rico no es como hacen ver los estadistas un problema de derechos no reconocidos igualmente a los ciudadanos americanos de Puerto Rico. Antes de ser ciudadanos de Estados Unidos por imposición de la metrópoli, Puerto Rico era un Pueblo. Y todo pueblo, como señalan ahora Alexandria Ocasio Cortéz, Bernie Sanders y hasta la congresista de origen boricua Nydia Velázquez, tiene un derecho inalienable a su autodeterminación nacional.