Se encuentran farmacias de la comunidad y políticos
“Este año, logramos detener varios proyectos legislativos que proponían enmendar la Ley de Farmacia de Puerto Rico para detrimento de nuestros pacientes y farmacias”, afirmó Elliot Pacheco, Presidente de la Junta de la Asociación Farmacias de Comunidad de Puerto Rico (AFCPR), al detallar los retos y logros de la entidad en su asamblea anual.
Pacheco hizo alusión a los más de cinco proyectos de ley que afectaban al sector de farmacias de comunidad presentados durante el año y habló sin tapujos sobre la amenaza más significativa para este sector. “Podemos presentar legislación para limitar el pie cuadrado de estas farmacias”, dijo Pacheco refiriéndose a las cadenas extranjeras que han proliferado por todo el país. “Para ello necesitamos lograr el apoyo de los legisladores, especialmente aquellos que están en las Comisiones de Comercio, Asuntos Municipales, Planificación y Hacienda. Es un trabajo muy arduo, pero hay que hacerlo, de lo contrario nos enajenamos de los lugares de poder, donde se toman las decisiones. Para anotar puntos hay que estar jugando en la cancha, desde las gradas no se anota y mucho menos se tiene la posibilidad de ganar”, apuntó el Presidente en su informe.
Pacheco detalló los inconvenientes que han tenido los dueños de farmacia como consecuencia de la implantación del plan Mi Salud, y los cambios en aseguradoras, con los que ha tenido que lidiar la AFCPR. Sobre esto, indicó que: “Tenemos que continuar estableciendo redes de comunicación para lograr cambios en la mentalidad corporativa de los ejecutivos de las aseguradoras”.
Además, Pacheco reflexionó sobre las áreas en que deben mejorar las farmacias de comunidad. “Tenemos que desarrollar la farmacia como un centro de bienestar. tenemos que cada uno de nosotros tener nuestras farmacias con el inventario adecuado, que ningún paciente se vaya de nuestras farmacias sin su medicamento. Tenemos que invertir en tecnología; en la apariencia física de nuestros negocios, esto no es un asunto de ser grande o pequeño; en capacitar a nuestros empleados para que ofrezcan el mejor servicio.
AGP hace promesas
Mientras el gobernador Luis Fortuño declinó la invitación para conversar con los dueños de farmacia de toda la isla, el candidato del Partido Popular Democrático se despachó con la cuchara grande al detallar sus promesas para el sector. “¿El gobernador se excusó? ¿Por qué no les da cara? Ustedes han sido ignorados por el gobierno. Sé que han solicitado reunirse con el gobierno y no lo han logrado. Cuando hay inauguración de megatiendas, el gobernador va o envía a algún funcionario. Allí sí van”, insistió.
Entre las propuestas que García Padilla enumeró como beneficiosas para el sector de las farmacias de comunidad estuvieron la “ley de empleos ahora” y “la fuerza de uno”, una idea similar a la iniciativa norteamericana Hire 1, para que cada empresa contrate a por lo menos un empleado, mediante incentivos atractivos como reducciones en facturas de agua y luz. El aumentar a 1,000 millones de dólares las compras de productos locales por parte de las agencias de gobierno, así como la promesa de una reducción de costo energético que beneficiaría también a las farmacias de comunidad, dijo el candidato.
García Padilla se comprometió a eliminar procesos burocráticos de agencias, que drenan las arcas de cualquier empresa. “Muchas farmacias de la comunidad han cerrado. Si usted quiere abrir una farmacia donde antes había una farmacia de comunidad, solo debe demostrarle al gobierno que la farmacia que estaba ahí, tenía los permisos. En 48 horas recibirá un permiso provisional y luego tendrá un periodo de tiempo para demostrar que los sigue teniendo al día”.
A preguntas de los dueños de farmacia sobre la necesidad de que la ley de cascos urbanos no imponga limitaciones en los volúmenes de venta para que puedan beneficiarse de los incentivos de la misma, García Padilla indicó que: “Se podrá eliminar esa limitación. La Ley 212 no está en vigor ahora mismo. Voy a reactivar la ley 212. Con unas limitaciones que no van al pequeño comerciante, sino al gran comerciante. El vicio de la ley estuvo en aquellos que abusaron de la ley”.
Otra inquietud presentada fue si es posible limitar los pies cuadrados de las farmacias de cadena estadounidenses, como han hecho en Nueva York. “Por supuesto que sí, puedo limitar. Nueva York no solo lo ha hecho con algunas megatiendas. También puede hacerse con algunos productos. Bloomberg acaba de prohibir los combos agrandados, porque eso le cuesta a la ciudad,” afirmó.
“Lo que aquí proponemos no admite excusas. Les garantizo diálogo abierto, sincero y franco, no solo conmigo, sino con ASES, el Departamento de Salud. Las puertas de La Fortaleza estarán abiertas. Cuando esté en campaña para la reelección, voy a poder venir a este foro, no me voy a tener que esconder, porque voy a haber cumplido con las farmacias de comunidad”, aseguró.
Dalmau propone revisar ley antimonopolio
El experimentar la venta de la farmacia de la comunidad de su familia, donde todavía trabaja su madre, fue un telón de fondo apropiado para que Juan Dalmau, candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, conversara con empatía con los dueños de farmacia agrupados en la AFCPR.
El pipiolo se comprometió a revisar la ley antimonopolio, y aprobar legislación o enmiendas que protejan al comerciante local de las cadenas extranjeras.
Dalmau habló con familiaridad, sin discursos escritos ni presentaciones que guiaran su alocución, de un tema que conoce de cerca. Luego de hacer un preámbulo en el que explicó que en el sexto año de recesión, Puerto Rico tuvo un crecimiento de 1% este año, opinó que al país le tomaría 21 años estar donde se encontraba en 2006. “No soy pesimista, pero esta es información esencial para tomar decisiones”, dijo.
Dalmau criticó las prácticas de protección de inversión extranjera de la presente administración, que colocan en desventaja al empresario local. “El año pasado las corporaciones extranjeras sacaron de Puerto Rico en ganancias 35 mil millones de dólares. Pagaron un promedio de 2% de impuestos al repatriar esas ganancias, porque son esencialmente exentas. Muchas de ellas compiten con ustedes. No se les toca ni con el pétalo de una rosa. Mediante una política de balance fiscal, se les debe imponer una contribución de entre un 5 y un 10%, que generaría para el fisco unos 3,200 millones de dólares, lo que triplica lo que genera el IVU, y eliminar el IVU”.
El candidato pipiolo mencionó el ejemplo de Aibonito, donde a una farmacia de pueblo, que no abre 24 horas, le abrieron a pocos metros un Walgreens, 24 horas. “Una vez que la cadena elimine la competencia, despedirán empleados, elevarán los precios, abrirán 12 horas. Los grandes tienen exenciones de todo tipo”.
Al preguntársele sobre incentivos que estaría dispuesto a dar a las farmacias de comunidad, Dalmau indicó que “Hay que atender los costos operacionales que asfixian a los comercios, especialmente pequeños y medianos. El impacto del costo energético es brutal. Hay que eliminar la cláusula de ajuste por combustible. Cuando se roban la luz, la pagamos nosotros”. Por otra parte, apostó a la revitalización de los cascos urbanos y a atajar la evasión contributiva.
También propuso la creación de un Fondo de Desarrollo, que se supla de lo que se cobre a las grandes empresas. “El Fondo va a permitir dar una inyección de subsidios salariales complementarios para empleados que recluten las farmacias de comunidad. Lo más importante es buscar la manera de abaratar costos operacionales. Bajar costos de energía, eliminar contribuciones sobre inventario inmueble, dar incentivos de acuerdo a la inversión, cantidad de empleados y dependiendo de la importancia del sector al que pertenece. Las farmacias están en un renglón de prioridad. Que los incentivos no estén sujetos a ese tope de ser salarios mayores a los 25 mil anuales, que por lo tanto no se reportan al Departamento de Hacienda, sino al empleo creado”.
De esta forma, en materia de salud, habría un fondo para lograr un Sistema de Salud Nacional, que no es otra cosa que un plan de salud universal, que implicaría “negociaciones directas entre dueños de farmacias y colegios profesionales, sacando del medio a las aseguradoras privadas”. “El criterio de la aseguradora es el lucro. No se hace justicia al principio de la salud como un derecho fundamental, como un derecho humano”, dijo.
En esa línea, destacó la necesidad de crear una base de datos tecnológica, que provea estadísticas sobre las condiciones epidemiológicas del país. Igualmente, propuso un programa denominado Salud Escolar, ya que una cuarta parte de la población de Puerto Rico está en edad escolar, mencionó. “Es un programa de carácter preventivo, que permita al experto en temas de salud poder dar seguimiento e identificar con tiempo padecimientos y condiciones. Incluye un componente de nutrición, para atender atender la obesidad infantil y no tener que lidiar con sus consecuencias”.
En cuanto a los envejecientes, Dalmau fue categórico. “Aquí los envejecientes tienen que regatear por su salud. Yo quiero que los puertorriqueños no tengan que regatear por su salud”.
Candidatos a la legislatura se presentan
Hay consenso entre al menos cuatro partidos para aprobar legislación que beneficie a las farmacias de comunidad, lo que ha faltado es voluntad para hacerlo en las pasadas legislaturas esencialmente bipartitas, pareció ser una de las concusiones en el foro legislativo celebrado durante la convención de la AFCPR, donde participaron por el Movimiento Unión Soberanista Arturo Hernández y José Rivera Santana, por el Partido Nuevo Progresista Margarita Nolasco y José Aponte, por el Partido Independentista Puertorriqueño María de Lourdes Santiago y Denis Márquez, y por el Partido Popular Democrático Jaime Perelló.
Le hicieron un desaire a la Asociación, la Presidenta de la Cámara de Representantes Jenniffer González, quien canceló su comparecencia 48 horas antes, y el aspirante popular a la presidencia del senado Eduardo Bhatia, quien se excusó una par de horas antes del foro por alegadamente tener una emergencia, aunque se puso en evidencia tras enviar mensajes mediante la red social Twitter indicando que estaba en un programa radial.
Aunque Nolasco pareció exhortar a los dueños de farmacia a que cabideen para lograr exenciones para sus negocios con sus alcaldes y asambleas municipales, el resto de los presentes tuvo una opinión distinta, indicando que sí están dispuestos a legislar para enmendar la ley de municipios autónomos de manera que beneficie a los comerciantes locales. Y es que, como indicó Jaime Perelló: “No son solo las farmacias, es una batalla de todo tipo de comerciantes, porque estas cadenas se han convertido en supermercados”.
Mientras que Tato Rivera Santana del MUS opinó que “No solamente hay que enmendar la ley de municipios autónomos para darles incentivos. Eximir a las farmacias de la comunidad todavía deja en desventaja. Hay que añadirle un paquete de incentivos”. Rivera Santana también propuso que se establezca una zonificación especial en los cascos urbanos que prohíban la construcción de megacadenas, bajo distritos de planificación especial, como se ha hecho en Francia, y en otros países.
El proyecto del Senado 1403, que enmendaría la Ley de Administración de Seguros de Salid de Puerto Rico (ASES), y que fue presentado por los penepés Nolasco y Tomás Rivera Schatz, recibió los elogios de los cuatro partidos, que opinaron que aunque necesita algunas enmiendas es un proyecto que va en la dirección correcta, pero criticaron que no fuera atendido en la Cámara desde que fue aprobado en 2010 y se quedara engavetado durante la pasada sesión legislativa, lo que demuestra la poca prioridad que tiene el asunto para la delegación penepé, que en contraste ha aprobado con urgencia la ley 7 de los despidos de empleados públicos, la de las alianzas público privadas o la ley de permisos.
Ante la excusa reiterada de los penepés de que ya terminó la sesión legislativa para actuar sobre legislación pendiente, Arturo Hernández del MUS opinó que: “Esto no debe ser objeto de campañas electorales y consignas, sino que desde ahora se debe estar trabajando de verdad. No hay que esperar”. Al mismo tiempo, el aspirante al Senado propuso la eliminación total del impuesto a la propiedad mueble, al considerar que “es insólito que tengas que pagar año tras año el mismo impuesto”. “Los valores están invertidos, aquí la carga tributaria es para los que trabajan los que producen,” dijo.
María de Lourdes Santiago, fue enérgica en su exposición. “Proponemos el gobierno como pagador único y como asegurador universal, partiendo de la premisa de que la salud es un derecho humano. No podemos permitir que siga habiendo depredadores dentro del sistema de salud que paguen sus lujos con el sufrimiento humano de los puertorriqueños”.
Acerca de la imposición del IVU Loto, dijo Santiago: “Ustedes son vendedores de productos y proveedores de salud, comerciantes, no son recaudadores del Departamento de Hacienda. El único que se beneficia es el contratista que reparte las maquinitas”.
Hernández recibió un sonoro aplauso cuando dijo: “Tenemos que dejar de ver el pequeño comerciante como uno que tiene que seguirlo siendo, y convertirnos en grandes comerciantes de Puerto Rico y del Caribe. Tenemos que enfrentar ese desafío”.
La convención de la AFCPR coincidió con el 60 aniversario de la prestigiosa asociación que agrupa a más de 400 dueños de farmacias de comunidad de todo el país, que ofrecen servicios al 80% de los pacientes de Mi Salud, la tarjeta de salud del gobierno.