Universidad y sociedad

En cualquier país las universidades son ineludiblemente un reflejo de la sociedad a la cual deben servir, no puede ser de otra manera. Claro, las universidades se supone que mantienen en su interior a muchas de las personas más talentosas y con las mejores prácticas e intenciones del país. Así ha sido en Puerto Rico en diversos momentos históricos. Lamentablemente, tantos años de colonialismo y dependencia, tan pocas esperanzas de que Estados Unidos pueda cumplir lo que la comunidad internacional le “demanda” demasiado suavemente (que reconozca el derecho de los puertorriqueños a su liberación nacional e independencia), el síndrome de Estocolmo tan presente en muchos colonizados puertorriqueños (sobre todo entre los estadistas y los estadolibristas más conservadores) y el efecto inevitable de las mafias en Puerto Rico (las de las drogas cuyo mercado principal está en Estados Unidos, pero que deterioran también la vida de muchos jóvenes puertorriqueños y las que funcionan estilo mafia dentro de las instituciones) todo eso ha contribuido a una sociedad en deterioro. Con una sociedad tan venida a menos, NO es fácil tener universidades que progresan. La kakistocracia de lo peor (no lo mejor) de los partidos políticos tradicionales (sobre todo PPD y PNP), como bien ha reiterado Emilio Pantojas, ha terminado por afectar muy negativamente también a nuestra Universidad pública y eso desde hace ya un buen tiempo.

Esta columna está redactada por alguien que trabajó como profesor a tiempo completo por cerca de 40 años en la UPR, Río Piedras, desde la Facultad de Ciencias Sociales en el Departamento de Ciencia Política. No es un ensayo respaldado por datos estadísticos, porque uno de los grandes problemas de la Universidad es que las situaciones de las cuales voy a tratar aquí, la Universidad no las cuantifica ni las estudia científicamente. O no se publica, para que haya una reflexión colectiva. Más bien los problemas de la Universidad se ocultan, se “tapan” por administradores que no tienen un compromiso real con lo académico, algunos de los cuales hasta se jactan de ello. Y debo aclarar, desde el principio, que muchas de esas situaciones azaran también la vida colectiva y la posibilidad de logros académicos más elevados en las universidades privadas del país. Quizá no en todas, pero sí en algunas.

Comienzo por decir que me he motivado a escribir sobre esto gracias a tres escritos recientes de compañeros de la UPR, colegas todos en la Facultad de Ciencias Sociales: un sabio artículo de Emilio Pantojas García en el periódico METRO, un artículo en la sección de columnas de El Nuevo Día publicado recientemente por el colega Ángel Quintero Rivera para invitar a la reflexión sobre lo que sí se ha investigado desde el Recinto de Río Piedras, sobre todo desde las Ciencias Sociales. Concurro con Quintero en que muchos obtuvimos importantes logros investigativos. El que rara vez fueran reconocidos por los administradores de la institución, no habla muy bien de esos administradores. Más allá de las investigaciones mencionadas por Quintero, realizadas por iniciativas del Centro de Investigaciones Sociales los profesores principalmente docentes contribuimos de forma importante a la investigación. Por ejemplo, en un departamento principalmente docente, Ciencia Política, logramos la participación oficial de Puerto Rico, por primera vez en el Estudio Mundial de Valores, como un país latinoamericano más, bajo la dirección en Michigan de Ronald Inglehart y en Madrid de Juan Díez Nicolás. El departamento contribuyó además con estudios empíricos no realizados previamente sobre la cultura política de los puertorriqueños, como fueron los trabajos de Ana Irma Seijo y de este servidor y el libro publicado más adelante por Jorge Benítez Nazario. Quizá por estar complicados de tiempo, a la misma vez que mejorábamos los currículos y la docencia, incidiendo como lo hicimos en la investigación, no nos dedicamos más a la crítica de los problemas universitarios que desde entonces ya comenzaban a evidenciarse. Esta sería mi respuesta al interesante artículo de Jorge Giovanetti, mediante el cual cuestiona el silencio de los investigadores exitosos de aquella época a propósito del artículo de Ángel Quintero que lo entendió como una reacción tardía. Es cierto, a excepción de diversos programas radiales críticos que hicimos desde Radio Universidad con Hilando Fino Desde las Ciencias Sociales, es posible que en aquellos tiempos callamos demasiado.

Muchos han escrito hoy sobre la Universidad, pero estos tres me parecieron muy importantes: Emilio Pantojas por su crítica de los 11 recintos de la UPR y del uso politiquero de la Universidad Pública, Ángel (Chuco) Quintero por su repaso de un tiempo glorioso de investigaciones sociales importantes producidas desde el Centro de Investigaciones Sociales y Jorge Giovanetti en su respuesta a Quintero en “Presente y futuro de la Investigación Social en la Universidad de Puerto Rico”. Aclaro, de antemano, que concurro con muchos de los aspectos que provocaron las reflexiones de estos compañeros. La intención es pues, seguir un poco más públicamente la conversación, desde mi columna de 80 grados, y contribuir con ello en algo a una reflexión que nos debe involucrar a todos los que amamos y hemos amado la UPR, sean los actuales profesores activos, o sea también mediante la reflexión, como en mi caso, de los que ya nos hemos acogido a la jubilación.

¿Por qué hay una preocupación con el primer centro docente del país?

La mayor parte de lo que se viene escribiendo sobre la Universidad pública tiene como motivación la crisis que supone para esta institución un recorte de más de la mitad de los recursos que le aportaba del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. También, por supuesto, por la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal que estableció el Congreso de Estados Unidos con su ley conocida como PROMESA, de continuar con los recortes de fondos para la institución universitaria pública, incluyendo la inhumana propuesta de reducir las pensiones de sus jubilados. Todo esto augura, según algunos, pérdida de acreditaciones de programas, como ya ocurrió con el programa de neurocirugía en Ciencias Médicas y podría ocurrir con otros, reducción de la plantilla de profesores a tiempo completo y eliminación de ciertos programas universitarios. Algunos vislumbran un círculo vicioso que seguirá afectando las pensiones de quienes trabajaron toda una vida con la Universidad, lanzándolos a una situación de pobreza, debido a la insuficiencia de nuevos contratos y plazas para las nuevas generaciones.

Es importante recordar, en esta reflexión, que la Junta de Supervisión Fiscal no fue una simple solución unilateral del Congreso para manejar un territorio colonial en crisis, con una deuda pública enorme y un primer impago, en medio de una crisis de su economía ya en caída libre por más de 10 años. La ley PROMESA y la Junta de Supervisión Fiscal fueron solicitadas al Congreso por Pedro Pierluisi (PNP) entonces Comisionado Residente en Washington y por Alejandro García Padilla entonces Gobernador de Puerto Rico electo por el PPD, uniéndose a ellos las manifestaciones de Eduardo Bhatia. En otras palabras, temerosos de casos en los tribunales por parte de los acreedores de la deuda, y en ausencia de un permiso federal para una quiebra boricua, y de una falta de voluntad estadounidense para aplicar a Puerto Rico la quiebra federal, los principales personeros de los partidos tradicionales PNP y PPD fueron al Congreso a pedir una solución al Gobierno de Estados Unidos. La misma élite de “políticos” del PNP y del PPD que nos endeudó terriblemente por largos años para sufragar lo que nos vendieron como sus logros políticos. Es decir, si tenemos hoy una Junta de Supervisión Fiscal que mira a la Universidad como un gasto público más y NO como una inversión en un futuro de desarrollo económico y social para Puerto Rico, no es sólo por la acción del Congreso sino también porque Pierluisi y García Padilla rogaron por esa Junta, que ha sido muy costosa para el Pueblo de Puerto Rico, no sólo porque les paga sus elevados salarios, sino por los resultados que están a la vista en el insensible carácter de sus recomendaciones. Lo que se aprobó en el Congreso, no sólo se refirió a Puerto Rico como “el territorio”, en lugar del ELA, sino que degradó a Puerto Rico al nivel del municipio ya que se legisló que la experiencia habida con ciudades endeudadas de Estados Unidos, como Nueva York o Detroit, fuese aplicada en Puerto Rico. Por eso, el escritor Eduardo Lalo, con toda razón, se ha referido al “alcalde Pierluisi”. Lo dejaron en el Congreso sin los poderes de la autonomía fiscal. Pero el mismito lo pidió.

A todo esto, se suma que muchos de los integrantes de la Junta, o son puertorriqueños que promueven la estadidad dependiente para Puerto Rico (ahora le llaman “paridad”), o son estadounidenses que están en la misma onda. Como sabemos, ha sido el PNP, más que el PPD, incluso, el que ha atacado frontalmente la Universidad porque la ven como un centro de pensamiento libre contrario a la estadidad que promueven.

Una Universidad propia en una colonia, máxime si esa Universidad la fundaron los estadounidenses, pero los puertorriqueños la han estado manejando y “puertorriqueñizando” a lo largo de los años, aprovechando la autonomía del ELA, es una amenaza potencial para la perpetuación de la colonia y también para la imposición de un territorio incorporado que seria la respuesta estadounidense a la majadería estadista. Eso, de concretarse, sería peor que el ELA, ya que nos cobraría contribuciones federales sin la representación que tienen los estados en el Congreso. Por eso, hay hasta quien habla de convertir la UPR en un “junior college” de la ciudad, algo que NO pueda parecerse a una Universidad nacional puertorriqueña.

El ataque a la Universidad Pública no es sólo externo (Junta de Supervisión Fiscal) y por los partidos políticos de Puerto Rico, también es algo interno en la propia institución

Todos hemos percibido que las reducciones de recursos, los aumentos de matrícula que han provocado huelgas estudiantiles, y todo tipo de limitaciones para la capacidad fiscal de la UPR, ha sido algo insistentemente promovido por los gobiernos del Partido Nuevo Progresista, del PNP. Esto no ha sido así todo el tiempo porque personas como Norman Maldonado advinieron a la Presidencia de la Universidad bajo el PNP. Maldonado no sólo revisó hacia arriba todas las escalas salariales para que fueran más justas, sino que asignó dinero de la Presidencia a proyectos investigativos como ATLANTEA, aunque sabía que la colaboración que esta organización establecería con “el gran Caribe”, incluiría intercambios e investigaciones académicas con la República de Cuba. Fue un excelente presidente con una mentalidad libre, pero eso no se le da al PNP sino de milagro.

Esa, ciertamente, NO ha sido la realidad en la Universidad en tiempos de Fortuño, de Rosselló, hijo, de Wanda Vázquez y de Pedro Pierluisi. No obstante, que la realidad confirma los ataques externos a la fiscalidad de la Universidad, los mismos NO han sido únicamente externos, como bien ha subrayado Giovanetti en su artículo. Antes de explicar por qué, es preciso recordar que aquellos ataques que sí han sido externos, no sólo provinieron de la kakistocracia del PNP sino también de la del PPD, como bien explicó en su columna Emilio Pantojas García.

Aquí nos podemos referir, por ejemplo, a lo que señaló ese autor sobre que la defensa de un sistema universitario sin cambios administrativos, y sobre todo con 11 recintos, NO es una verdadera defensa de los mejores intereses de la Universidad. Es así ya que algunos de esos recintos fueron utilizados por los políticos del PPD y del PNP para beneficiar la capacidad de otorgar prebendas en los municipios donde estaban enclavados (esos recintos originalmente llamados Colegios Regionales). El utilizar los recintos universitarios, no sólo para que cumplieran el propósito de desarrollar programas necesarios en las regiones, sino también para beneficiar con cargos políticos (otorgados por militancia partidista y no por méritos académicos) ha sido uno de esos ataques externos a lo que debe ser una buena Universidad pública. Ha sido así ya que se ha utilizado en ocasiones la Universidad, y la construcción de nuevos recintos, con un criterio de conveniencia política que ha afectado la Universidad y los criterios académicos basados en el mérito, a la par que se han comprometido recursos de la institución para complacer los requerimientos de los alcaldes para beneficiar sus amigos y protegidos.

En cuanto al fenómeno de los ataques internos, estos, como suele ocurrir, son tanto por comisión como por omisión. Los ataques en que se han cometido entuertos contra la capacidad académica de la Universidad y en ocasiones con el derroche de los fondos universitarios son, entre otros,

1. La intromisión de la política partidista y la enemistad política entre PPD y PNP en los asuntos universitarios. Esto se ha observado no sólo en los nombramientos de altos cargos en la UPR y sus recintos, sino en la forma como el partido de gobierno (PPD o PNP) ha legislado en relación con los internados legislativos universitarios y en otros asuntos donde el criterio académico del mérito debe prevalecer, pero prevalece el criterio de la conexión política, de modo que el que tiene “padrino” se bautiza, como dice el refrán;
2. La utilización de fondos de investigación en procesos investigativos fallidos. No hace mucho tiempo la National Science Foundation de Estados Unidos inició un proceso legal por el mal uso de tales fondos.
3. En los niveles departamentales, y en algunos decanatos también, se traslada el mal hábito de los amiguismos para crear lo que podríamos llamar “clanes” en los cuales los miembros, profesores o administradores procuran beneficios para los miembros del “clan”, dejando fuera de participación en los beneficios universitarios a los excluidos. Esto incluye los descargues y los destaques, cuyo principal criterio no es académico sino el de clan. En ocasiones tales “clanes” trasladan el familismo y el amiguismo de la vida política de Puerto Rico al interior de la Universidad, ocurriendo con ello casos de nepotismo. Ello no sólo afecta las relaciones interpersonales, sino que desincentiva indebidamente a los excluidos.
4. Los administradores universitarios, aún ante graves recortes, sacrifican valores académicos y facilidades para la investigación en los recintos, los viajes de los profesores y reducen los fondos para investigación y compra de equipos necesarios, al mismo tiempo que mantienen sus elevados sueldos y contratos que no benefician especialmente a la Universidad sino más bien los intereses de los amigos de los administradores que se contratan. Se ha mencionado con cierta frecuencia los gastos innecesarios en contratación a firmas externas de abogados, a pesar de que la Universidad cuenta con una oficina de abogados para el asesoramiento legal. Esto ocurre, en gran medida, porque se ha multiplicado innecesariamente la burocracia universitaria. ¿Para qué se necesita un decano asociado en asuntos estudiantiles o en asuntos académicos cuando el Recinto tiene ya un Decanato de Estudiantes y otro de Asuntos Académicos? La cuestión NO ES una mayor eficiencia administrativa, sino un mayor gasto para complacer los intereses personales y mezquinos de los miembros de los clanes. Claro de esto nunca se habla en la Universidad porque parece que todos andan en su “zona de comodidad”. Como no es conmigo la cosa, mejor me quedo calladito, para que no me repriman. ¿Es ese un clima de eficiencia, libre expresión democrática, y buen uso de los fondos públicos destinados a la Universidad? No, es todo lo contrario.
5. La relativamente poca utilización de los recursos universitarios para dar servicios necesarios en las agencias de gobierno. Así, la Universidad aparenta vivir aislada en su propio mundo y se reduce la posibilidad de que los jefes de agencias públicas los vean como un recurso potencial a precios razonables para atender sus necesidades. Al contrario, las agencias del gobierno prefieren la contratación a precios elevados de personal de las empresas privadas o incluso provenientes del exterior, en lugar de contratar a profesores y expertos universitarios. Otro mal politiquero ya que los que se contratan a precios elevados son los amigos y protegidos del partido de turno en el supuesto “Gobierno de Puerto Rico”
6. La excesiva contratación de profesores a tiempo parcial, supuestamente representa un ahorro de fondos a la institución, pero crea inestabilidades que pueden perjudicar la acreditación de los programas. Al mismo tiempo, tales profesores tienen una relación económica muy precaria por sus bajos ingresos. ¿Cuál es el propósito hacer de la Universidad un antro de la esclavitud moderna?
7. A esto se suman procesos de omisión como descuido institucional con el uso del agua y la luz eléctrica que resulta en costos a veces excesivos e innecesarios. Otros procesos de omisión mantienen salones en algunas facultades del Recinto de Río Piedras sin las tecnologías ni los recursos para una mejor y más efectiva enseñanza. El que la planta física de Río Piedras esté en ocasiones muy por de bajo de lo que ofrecen las Universidades privadas es otro ataque innecesario, desde dentro de la Universidad misma, a lo que debe ser la Universidad pública. En numerosas ocasiones la Middle States ha requerido una nueva gobernanza más democrática al interior de la Universidad. Los administradores hacen que “cumplen” formalmente con este requisito, pero es muy poco lo que transforman verdaderamente los procesos decisorios en el recinto para que profesores y estudiantes tengan un mayor insumo decisorio. El sistema sigue siendo muy monárquico-patriarcal y burocrático donde los mandamases deciden y el resto obedece. ¿Cómo puede ser eso un ejemplo de gobernanza democrática para el resto del país? Lo señalé desde el principio, las universidades reflejan la sociedad a la que sirven y el proceso de deterioro institucional y valorativo de la supuesta “democracia” en Puerto Rico ha calado hondo en las propias instituciones universitarias públicas y privadas.

La gran paradoja: una Universidad que se investiga poco a sí misma

Además de todo lo anterior, se presenta la paradoja mediante la cual los centros con mayores capacidades intelectuales investigativas son aquellos en que NO se investigan ni cuantifican estos problemas universitarios. En casa del herrero, cuchillo de palo, dice el refrán, el cual le aplica perfectamente a la Universidad. Si hoy no tenemos datos suficientes sobre los importantes problemas sociales que afectan nuestro país y el mundo entero, como la ausencia de estudios ambientales con recomendaciones efectivas para el mejoramiento del ambiente natural que menciona Giovanetti, eso se debe a que las prioridades investigativas no están bien pensadas. Donde hay los mejores planificadores, no se planifica. Y si se planifica es con muy poca atención a los problemas universitarios mencionados por no tocar los “sagrados intereses” de los clanes universitarios internos ni tampoco los de la burocracia. Mucho menos existe el interés por desenmascarar lo que hace la élite política en un país donde se acabó el gobierno interno propio y triunfa el más abyecto colonialismo.

Para terminar, veamos un asunto que se discute públicamente, pero cuya “solución” es una directriz monárquica del mandamás Haddock: todas las clases serán presenciales en agosto. Tremendo disparate. En lugar de la Universidad aprovechar la experiencia obligada de la pandemia para perfeccionar las modalidades de la educación a distancia, el señor Haddock y muchos “universitarios” prefieren ir hacia atrás, como el cangrejo. La universidad tiene que dar cursos presenciales, aunque ello no sea lo saludable (pues la pandemia no está acabada a pesar de que bajan sus indicadores de gravedad en el país) y aunque los salones no estén bien dispuestos para ello. Los buenos profesores se acostumbraron a usar tecnologías en la educación a distancia que no podrían seguir utilizando en el modo presencial porque hay salones en el Recinto de Río Piedras que no cuentan con los equipos tecnológicos. No sólo la Universidad se expone a costosas demandas en los tribunales por propiciar los contagios de COVID en sus salones atestados de estudiantes no vacunados, sino que se atenta contra la salud pública al no requerir que los estudiantes universitarios se vacunen. El alcanzar un alto nivel de vacunados en Puerto Rico bien podría depender de que la Universidad requiera vacunación para poder matricularse. Ello se ha decidido en la Universidad de Brown y en otras universidades de Estados Unidos. Pero, por supuesto, lo bueno NO es lo que se imita de la metrópoli. Las nuevas cepas del virus no permiten garantizar que los profesores vacunados no se vayan a infectar.

Sabemos, por otro lado, que muchos estudiantes añoran la educación presencial. Y que Puerto Rico tiene una gran deficiencia en el acceso a Internet y las tecnologías como para exigirle la educación a distancia a todos. Sin embargo, cuando las autoridades universitarias hablan de utilizar las ayudas federales por el COVID para mejorar la dotación de los salones, primero, cuentan con un dinero que no están seguros habrán de recibir, y segundo, no piensan que ese mismo dinero podría estar mejor invertido en proveer capacidad tecnológica e Internet de alta velocidad, disponible para todos los estudiantes universitarios. Esto permitiría seguir experimentando con la educación a distancia y reformar los salones para una atención parcial presencial de los profesores en pequeños grupos, guardando la debida distancia física que se requiere en estos momentos cuando la pandemia todavía no ha terminado. Una reforma importante para estudiantes y profesores es que se cree un sistema de atención presencial auxiliar que sólo busque que los estudiantes dominen mejor ciertas destrezas necesarias para el mundo laboral y que además permita que los estudiantes, en pequeños grupos, sean atendidos por un profesor para despejar dudas e interrogantes. Obviamente, es pura torpeza y no saber pensar fuera de lo ocurrido en el pasado, el no evolucionar la educación universitaria en ese sentido. En primer lugar, un nuevo sistema centrado en la educación a distancia le ahorrará a la universidad gastos en salones enormes. Los salones existentes se podrían fraccionar, dotar de mesas y de buena iluminación y además capacitarlos con las tecnologías necesarias para cualquier presentación que se desee discutir o que se asigne a los propios estudiantes como parte de su educación integral. Esa sería la Universidad del futuro. De este modo los profesores pudieran ampliar el tiempo que utilizan en investigar y publicar. Nada es más absurdo en la vieja universidad presencial que la repetidera del mismo contenido a tres o cuatro grupos distintos.

Todo esto no le llama la atención a la abultada burocracia universitaria pues permanecen en su zona de comodidad, no les interesa lo realmente académico, y una universidad organizada en forma diferente, con mayor oportunidad de participación decisoria para profesores y estudiantes, es contraria a su enquistamiento en los valores de una sociedad con ribetes medievales, patriarcales y los actuales estilos unipersonales de decisión.

Recordemos lo más importante: una sociedad que deja deteriorar sus instituciones, dejará deteriorar también sus universidades. Si no detenemos la caída libre en que se ha sumido la sociedad puertorriqueña, no hay magia que pueda traer un proceso constructivo, ni en la Universidad, ni en ningún lugar.