Echarpalantismo
Así es como llego al “echarpalantismo”, mote con el que designo la doble pauta popular, la del Banco y la del Partido, que estigmatiza las miradas problematizadoras del pasado mientras impulsa el encuadre optimista del futuro, donde solo cabe el más explosivo entusiasmo y, en general, un inconmensurable sentido de bienestar y efusiva invitación a conquistar la vida.
La parte más divulgada de esta pauta, que ya ha sido vista desde otros ángulos ideológicos por columnistas y voces opinantes, es precisamente la que intenta re-articular una ética de pueblo trabajador, pero que en realidad parte de la convicción de que el puertorriqueño se ha vuelto vago y falto de iniciativa, y que para colmo su ánimo es nublado por quienes celebran la tragedia a toda costa, perpetúan el odio irracional desde los medios de comunicación y, también, habría que decirlo, quienes opinamos desde un frío reconocimiento de las disfuncionalidades instaladas como quiste duro en la institucionalidad del País.
La parte menos divulgada de la que ya muchos perciben como cursi y ñoña propaganda gubernamental, e intento por elevarle el perfil al Banco Popular en momento en que el tramoyeo bancario los deja ver como lo que son (insolidarios albaceas de una riqueza que no pone al País ni a la gente primero), es la que me interesa abordar aquí, y me refiero a la neurótica percepción del pasado como lugar clausurado al análisis, refugio abyecto de los que no quieren que el País crezca, impedimento histórico hacia los nuevos contratos sociales, los nuevos malabarismos que, alegadamente, le darían nueva vida a la isla a punto de sucumbir frente a su improductividad, pérdida de población, e inminente asedio de acreedores.
Olvidar parece ser una vez más la consigna nacional. Y todo intento reflexivo, en momentos en que la orden ejecutiva solo mira pa’ lante, es visto como un acto de alta traición.
Esta demonización del pasado, y de las reflexiones que conlleva asumirlo, coincide con un cierto espíritu de envalentonamiento en la gestión gubernamental, no muy distinto al fast-tracking de la era rossellista, momento que curiosamente se montó contra la percepción de que el Partido Popular operaba bajo la insignia del no-se-puede, que fue la manera en que la ponderación de antiguas administraciones populares terminó siendo caracterizada como gran impedimento paralizador.
Se hablaba a principios de los noventa, en medio de la campaña Pedro Rosselló/Melo Muñoz, de un Partido Popular con tendencia a la sobre-intelectualización de los asuntos.
Rosselló se montó sobre la tesis del hombre que actuaba, de patrias que se hacían trabajando, no hablando, de compromisos cumplidos en obras concretas, y todo un trasunto macharrán de hombre-acción contra el afeminamiento ponderador.
Esta vez, son los populares quienes, a pesar de no tener recursos con los cuales hacer obra, parecen abrazar la arenga rossellista de rapidez y efectividad. Hay que reconocer que fueron rápidos y efectivos vendiendo el aeropuerto Luis Muñoz Marín por encima de toda oposición ciudadana, y que asimismo reformaron el Sistema de Retiro e introdujeron una nueva ronda de impuestos contributivos. Ya dijeron que actuarán con análoga firmeza y certitud en la reestructuración del plan de retiro de los maestros, y quién sabe si por ahí también vienen nuevos despidos tras anunciar que “harán lo que sea” para implantar un plan de austeridad masiva que reduzca el gasto público.
Todo este repaso de dos partidos, que hoy parecen estar más alineados que nunca en política fiscal y económica, lo traigo para llegar al otro gran repaso que en realidad me interesa abordar hoy, y es el papel que jugó la planificación en Puerto Rico en la invención de una cultura política de gobierno. El tema es extenso, y el reto es poderlo sintetizar en una líneas que nos permitan traer a la consideración que merece el reciente proyecto de ley que busca traspasar los poderes e injerencias de la Junta de Planificación a la agencia sombrilla de permisos que es la Oficina de Gerencia de Permisos, (OGPe). Me refiero al Proyecto de la Cámara 1447, y su equivalente en el Senado, el PS 769.
El esmerado contubernio entre ciertos segmentos de la prensa que han agitado el sentimiento antigobierno, destacando noticias antipáticas como las redadas de OGPe contra los lugares que incorporan karaoke en su oferta de ocio, previo a la presentación de estos proyectos de ley, para hacer ver que el Gobernador estaba atendiendo un asunto de gran interés público, el “desburocratizar la gestión de permisos en el País”, dejó saber que detrás de esto hay una agenda de grupos de intereses especiales, hoy infiltrados en los pasillos de La Fortaleza.
Para llegar a este escenario de manipulación de la opinión pública, repasemos, como anticipamos, el rol de las doctrinas de planificación en la construcción del País y su cultura de gobierno.
El imaginario gubernamental en Puerto Rico de donde surgió el aparato administrativo de lo público que luego ocuparíamos a partir del 1952, tuvo como gran autor al último gobernador estadounidense en el País, el visionario de la planificación central, Rexford Guy Tugwell.
Como sabemos, Tugwell llegó a ser una figura muy cercana al presidente Roosevelt y también muy detestado por algunos de sus colaboradores que desconfiaban de sus “rojas” visiones de gobierno, contrarias al libertarismo de la Norteamérica de fronteras en eterna expansión, y gestores valientes actuando desde su más desbocada individualidad.
A Tugwell casi lo desterraron a Puerto Rico para bajarle la temperatura, y mientras tanto vio en su nuevo puesto insular una oportunidad para continuar sus experimentos con la planificación, esa nueva ciencia de avalúo de condiciones del suelo, economía y demografía, muy centrados en los vientos positivistas de la modernidad que confiaban la autoridad del gesto administrativo a la religión de los números, sobre-simplificando condiciones y exagerando la capacidad de profetizar escenarios y prever medidas para enfrentarlos.
Mi absolutamente prejuiciada definición de la planificación, que acabo de compartir, no es tan polémica como suena. El desarrollo posterior de esa disciplina se dio, de hecho, en ciclos de mayor o menor fe en la dictadura de los números, en mayor rigor empírico o mayor apreciación de lo cualitativo, en mayor responsabilidad de las decisiones tomadas desde arriba, o en mayor participación de las comunidades sujetas a las decisiones de la planificación central. Lo que quiero decir es que es y continúa siendo una disciplina en evolución, y que practica un depurado ejercicio de autocrítica.
También debo reconocer que en Puerto Rico hemos visto poco de esa autocrítica, como pasa con tantos otros campos del conocimiento en el País, en donde la urgencia macharrana por ejecutar desprecia las sensibles ponderaciones previas a toda acción.
En el caso de Puerto Rico, al ser la Junta de Planificación, tras el legado de Tugwell, un potente brazo operacional del Gobernador de turno (al menos en papeles), muchos de los debates internos de la disciplina pasaron a segundo plano, pues quedó enquistada en la imaginación política del País la idea de un gobierno centralizado, jerárquico y paternalista, independiente a que la planificación, con el tiempo, se abriera a otras posturas, como es la participación ciudadana y el intercambio del poder. En otras palabras, que las dudas y cavilaciones de la disciplina de la planificación afectaron muy poco el devenir de las políticas impuestas por la Junta de Planificación sobre el suelo nacional.
A pesar de que el manual de “Reinventing Government” de Pedro Rosselló en la década de los noventa pareció darle una estocada a este imaginario de gobierno centralista previamente heredado desde la era de Tugwell, la realidad es que el autoproclamado “Mesías” reforzó aún más la percepción del gobierno omnipresente. Ese poder entonces se usó para revertir las posturas regenerativas del descalabro suburbano y del desparrame (que tanto gobiernos populares como penepés le dejaron al País), que los últimos dos cuatrienios de Rafael Hernández Colón intentaron mitigar adoptando legislaciones de manejo y clasificación del suelo e instrumentos de planificación provenientes de la tradición española contemporánea, muy metida en las teorías posmodernas de reconstrucción de ciudad, conservación patrimonial y protección de suelo vulnerable.
La casi olvidada Norma Burgos, al frente de la Junta de Planificación en la era de Rosselló, fue en parte la responsable de desregular el suelo, situación que aceleró aún más las condiciones del desparrame urbano. La Ley de Municipios Autónomos, que tenía intenciones de armonizar la planificación central con la participación ciudadana, y un cierto deje conservacionista de patrimonio de suelo y ciudad, se convirtió, en manos rossellistas y con la ayuda de varios alcaldes de dudosos vínculos con la industria de la construcción y los desarrolladores, en un instrumento de desregulación del suelo —lo contrario a lo que la Ley perseguía— con unas extraordinarias capacidades de actuación.
El caso de Guaynabo y su rapaz expansión suburbana, que algunos asocian con ideas de progreso, es un buen ejemplo de este desastre.
Uno se preguntará cómo ocurrió todo este ataque a la integridad del suelo, que nos ha puesto a depender del automóvil, a vivir lejos de nuestros centros de trabajo y, en general, a adoptar un patrón de continente norteamericano en una isla con limitado suelo, necesidades alimentarias cada vez menos atendidas por su producción agrícola, y presión sobre sus recursos de agua, de una manera tan irresponsable, sin que salieran voces de planificadores o arquitectos-urbanistas advirtiendo del desastre.
Aunque, en realidad, sí ha habido voces articuladas denunciando la situación, algunas llegaron incluso a ocupar altos cargos en la Junta de Planificación, y desde hace una década y media los planificadores como profesión se han organizado gremialmente y auspiciado foros y discusiones, que para los que las seguimos, podemos decir que hasta llevan a que uno se sienta agotado por el mismo discurso de advertencias del desastre urbanístico y ecológico, que luego el público corrobora en la realidad de mogotes que caen sobre casas, inundaciones urbanas sin precedentes, o en los tapones diurnos, más toda la erosión de una calidad de vida que ya no cuenta con el peatón como protagonista mimado.
La realidad es que los expertos en el pensamiento y disposición del suelo y su planificación perdieron desde hace décadas su injerencia en las decisiones gubernamentales, aunque en papeles aún aparezcan como responsables.
Ustedes conocen la historia, los inversionistas políticos compran fincas baratas e inaccesibles, posiblemente de antiguo uso agrícola, y presionan al gobierno para que redirija recursos de fondos federales y les construya la infraestructura necesaria para su posterior desarrollo. Los fondos federales que para esos fines llegan al País jamás se atemperan a la realidad local, vienen en todo caso a imponer una lógica suburbana continental sobre el territorio, y todo por razones militares, económicas, y hasta ideológicas; las últimas persiguen construirnos a imagen y semejanza del americano.
Mediante aportaciones a los partidos políticos, el desarrollador más cual consigue que la finca barata ahora sea desarrollable, y para ello se necesita la re-clasificación del suelo, lo cual la Junta de Planificación manejó de manera magistral a lo largo de los años, pues mientras daba la apariencia de contar con procesos internos de legitimación, hacía y deshacía con el suelo según llovían las presiones sobre su jefe político, el Gobernador.
El público, por otro lado, estaba siendo ideológicamente condicionado para desear vivir a la manera norteamericana, así, cualquier signo de suburbanización, ya sea en la forma del comercio de tipo “big box” (i.e. Walmart) o en el modelo de la urbanización cerrada (que se retroalimenta con el imaginario de las antiguas bases militares) sería visto como el umbral hacia el progreso imaginado. Es cierto que hubo uno que otro foco de oposición, pero en general tanto gobiernos populares como penepés, y particularmente sus alcaldes, favorecieron lo que algunos llamamos la orlandización del territorio, con el apoyo de la inmensa mayoría de la población.
Durante años, la Junta de Planificación, al tener que responder a su jefe político, el Gobernador, no tenía las garras ni la autonomía para hacer su trabajo, que incluía advertir de las consecuencias de políticas irresponsables sobre el suelo, como son el abandono de los centros urbanos, el desfase entre oferta y mercado disponible de vivienda, el asalto a los acuíferos y a las cuencas hidrográficas, la construcción en lugares vulnerables, la destrucción de patrimonio natural, la mutilación de paisajes escénicos (que aleja cada vez más a la Isla de poder insertarse en mercados emergentes de turismo), la brutalización de la costa, cada vez más privatizada y amenazada, la construcción de más carreteras de las que necesita el País para favorecer mayores patrones de expansionismo suburbano y desparrame, la pérdida de terreno necesario para la agricultura poniendo a la Isla en riesgo al no poder producir sus propios alimentos, etc.
En fin, que todo lo abstracto de la planificación de repente deja de serlo cuando se desmenuzan las consecuencias de no ejercer prudencia gubernamental y resistir los intereses privados que buscan solamente el lucro, y les importan tres pepinos estos asuntos de tan sensible y “afeminada” naturaleza.
En el desfile de desaciertos de la Administración de Alejandro García Padilla, uno puede destacar como gran excepción los nombramientos que hizo a la dirección de la Junta de Planificación. Por primera vez en décadas, hay gente preparada y comprometida allí, un coctel de recursos de nuevas generaciones debidamente formados en las distintas ciencias, con un buen balance entre la planificación dura y empírica, y los más cualitativos campos del urbanismo.
Hubo terribles presiones para que otro equipo de personas formara parte de la Junta, y en una de mis primeras colaboraciones para 80grados las denuncié. Afortunadamente, los reclamos de varios sectores convencieron al Gobernador de que no era una buena idea meter a un desarrollador a dirigir esta agencia en un momento tan sensitivo.
Sin embargo, mientras el Gobernador parecía dar un palo al nombrar a este excelente grupo de trabajo, sobre la marcha se han visto esfuerzos concretos de su Administración por torpedear el poder de la Junta de Planificación en momentos en que está a punto de producir el tan esperado documento del Plan de Usos de Terrenos, que servirá para parar el poder arbitrario que los desarrolladores ejercen desde el inversionismo político que les deja hacer sobre el suelo lo que les da la gana.
El proyecto PC 1447, y su equivalente en el Senado, el PS 769, busca quitarle poderes a la Junta de Planificación para dárselos a una agencia de permisos sin el peritaje ni el historial de decisiones inteligentes, OGPe. La movida, por si alguien tiene la más mínima duda de sus intenciones oscuras, viene predicada bajo la muy simpática idea de que el gobierno no es ágil en su sistema de concesión de permisos, pero en realidad responde a presiones del antes poderoso y hoy desesperado bloque de desarrolladores y contratistas de la construcción.
Los antiguos jefes de Alejandro García Padilla, cuando éste fungía de director ejecutivo de la Asociación de Contratistas, lo convencieron de que el escollo mayor aquí para del crecimiento del País era la Junta de Planificación, y de paso, el jefe de OGPe, el amigo Alberto Lastra, quien dejó el puesto de presidente del Colegio de Arquitectos para asumir la dirección de la agencia, se alió con la que era su vice-presidenta, y ahora presidenta, Pilarín Ferrer para impulsar esta ley. El primer indicio de esta alianza fueron las inexplicables objeciones del Colegio de Arquitectos a la Ley de conservación del carso, y ya por ahí se ve venir su apoyo a este significativo desmantelamiento de los poderes de la Junta de Planificación.
Para que estemos claros, una agencia de permisos no tiene el peritaje para manejar las cada vez más complejas y multidisciplinarias cuestiones de avalúo y disposición del suelo. El deseo de hacer más ágil la radicación de un permiso no puede ser excusa para que el Estado renuncie a sus responsabilidades ministeriales, que si me preguntan, tienen que tener como prioridad al bien común antes que a cualquier Juan de los Parlotes desarrollador.
El ciudadano que se acerca a las agencias a radicar permisos, con mucha razón, alberga resentimientos tanto hacia la antigua ARPE, como hacia la Junta de Planificación y la actual OGPe y sus afiliadas, por todo el infierno burocrático que le hacen pasar. Pero si usted es uno de los grandes desarrolladores bendecidos, que hoy el Gobernador recibe en Fortaleza, tal y como los han recibido los anteriores gobernadores, a usted no se le presentan escollos y podrá incluso hasta contar con exjueces del Supremo o exlegisladores litigándole el caso a su favor, si es que se mete en un lío gordo, tipo Paseo Caribe, en cuyo caso hasta los servicios de sastrería jurídica estarán a su disposición.
Esa es la asimetría del poder que existe en Puerto Rico y que disimulan los refraneros de echar pa’lante cuando pretenden hacernos creer que todos estamos en un mismo bote igualitario.
Usar el descontento ciudadano con el calvario de la permisología para forzar una legislación que daría “fast-track” a los desarrolladores, siempre rapaces, es un acto de perversa manipulación de la opinión pública.
¿Y qué tiene que ver el “echar pa’lante” con todo este asalto a la Junta de Planificación por parte del propio gobierno? Pues todo. Echar pa’lante, como comenzamos diciendo, es una filosofía motivacionalista que procura eliminar obstáculos mentales y físicos, tirar para el frente a toda costa, contrario al ponderado ejercicio de la planificación, que con distintos niveles alternados de dureza y flexibilidad imagina lo peor y lo mejor que puede traer el futuro, y provee para ello. Se planifica mirando al pasado, tomando en cuenta el presente, y proyectando escenarios alternos de futuro.
Cuando todo es pa’ lante no es posible planificar responsablemente.
El futuro luce cada vez más como una región de angustia e incertidumbre en un país que pierde números de captación de fondos para sus arcas, productividad y población. El gobierno, en medio de su desesperación, presume que tiene que quitarse de todo ámbito regulador para permitir que el sector privado recupere momentum. El sector privado, por otro lado, no tiene dinero ni mercado para lanzar una nueva era de expansionismo sobre el suelo, pero como si se tratara de un nuevo medievalismo europeo, quiere canjear con la moneda del suelo, acaparar el suelo, asegurar el único capital que aún tiene, eliminando el gran obstáculo que podía madrugarle su antigua apuesta de comprar suelo barato de uso agrícola que ahora sería reclasificado para desarrollo, y ese “obstáculo” es la Junta de Planificación.
No olvidemos que el historial de corrupción de las agencias de permisos en Puerto Rico es enorme y sigue creciendo. Centralizar las funciones de regulación del suelo en un solo funcionario, el director de OGPe, la agencia creada por Fortuño para sustituir a ARPE, y que en tan poco tiempo ya ha sido salpicada por situaciones de irregularidad, es entregarle el suelo a los grandes capitales criollos en un momento en que están perdiendo capacidad de acción. Me importa poco la integridad que pueda o no tener el director de turno. Esto es un asunto de contrapesos que sencillamente desaparecerían dejando al País a merced de la buena fe de un solo funcionario.
No me apoyaría en la idea de que la cosa está tan mala que aunque estas aves de rapiña acaparen el suelo no van a poder brutalizarlo, pues es conocido que las peores acciones desmanteladoras de protecciones del bien común se dan en momentos de crisis, donde el público distraído no tiene tiempo para asimilar lo que está ocurriendo frente a sus narices.
La realidad es que cualquier proceso responsable de planificación en Puerto Rico hoy no podría partir de la organización del crecimiento, como ha sido la norma en la historia de la planificación, sino de la organización del decrecimiento, que es un problema conceptual para el cual ni siquiera contamos con suficiente recurso teórico para entenderlo a cabalidad.
El Echar Pa’ lante es un intento de desembrujar la ansiedad del futuro, reteniendo la ideología expansionista de economía y suelo en un momento donde el reto principal no viene del crecimiento sino de la magnitud y disposición del retranqueo.
La única gente en el gobierno que parece comprender esta nueva realidad está en Recursos Naturales (que cuenta con una directora de probado compromiso social), y en la actual dirección de la Junta de Planificación. Por eso hemos visto que sus primeras acciones han consistido en establecer protecciones sobre recursos sensitivos del País, como es la zona del carso, no solo para la subsistencia de los que estamos vivos hoy, sino de los que vivirán después de nosotros, aunque sean el equivalente a la población que tuvo Puerto Rico en 1950.
El País tiene que comprender que quienes señalamos estas situaciones no somos enemigos de la convivencia, ni odiadores profesionales, ni palomas heridas del proceso político, ni aguafiestas u obstaculizadores “negativos” del progreso social. Quienes nos pronunciamos así, estamos mirando al País a largo plazo, asegurándonos de que en medio de la crisis, la desesperación no se traduzca en un peligroso optimismo escapista y, a fin de cuentas, impráctico.
El Gobernador y quienes le asesoran, si es que les queda una pizca de buenas intenciones, deben sacar a los mercaderes del templo del patrimonio común. Los desarrolladores y demás agentes de las construcción en Puerto Rico han sido los agentes que nos han legado un territorio brutalizado por el expansionismo suburbano, que nos ha obligado a endeudar al País para construir el paradigma infraestructural que hoy ni siquiera tenemos recursos para mantener, y que para colmo falló en darnos la prometida calidad de vida. Y es que ni para bacheo el Estado, o los municipios, cuentan con suficientes recursos, imaginen si tienen para monitorear la estabilidad de un puente.
Frente a un acantilado, nadie debe echar pa’lante, aunque se lo pida la presión de grupo a través de una canción, salvo que en el fondo los puertorriqueños alberguen una inconsciente pulsión de muerte.
Des-planificar al País, entregando los poderes de la Junta de Planificación a una agencia de permisos que no cuenta con la inteligencia ni la capacidad analítica es, definitivamente, lanzarse al abismo de la irracionalidad.
El proyecto PC 1447, y su equivalente en el Senado, el PS 769, que traspasa poderes sensitivos de la Junta de Planificación a una mera agencia de concesión de permisos, debe ser combatido desde todos los frentes posibles.
Se nos va el futuro en ello.