IVA y Educación
Crisis y reestructuración
Resumir la insolvencia gubernamental en la economía subterránea y los llamados evasores contributivos es una irresponsabilidad por parte del gobierno de turno que sea, ya que descarta que parte del problema es su incapacidad de fiscalizar el cumplimiento de leyes fiscales. Sin embargo, se ha presentado que existen (en el presente, al igual que años atrás) graves problemas en la recaudación y el balance contributivo. Nuestro sistema se aleja de ser eficiente y hacen falta cambios radicales. A pesar de esto, la Reforma -que trae consigo el IVA- no ha sido bien recibida y el impuesto a la educación privada en todos los niveles es de los cambios que mayor controversia ha traído.
No obstante, el rechazo al impuesto en la educación privada no tiene que ir necesariamente de la mano con el rechazo a la Reforma en general. Lograr separarlos permite que mientras se dé una discusión sobre qué se debe mejorar del sistema contributivo, se discuta qué ocurre con la educación en el país a nivel general y el papel de las instituciones privadas. De esta manera, el fundamento al rechazo del impuesto educativo radica en la importancia de la Educación.
Educación privada y clases sociales
Hay varias vertientes que permiten reflexionar sobre el tema. Primero, el encargado de unos menores que los matricula en un colegio privado le está ahorrando dinero al Estado. Incluso, pudiera verse como si estuviera pagando dos veces por la educación, ya que aunque se dice que las escuelas públicas son gratis, el dinero que el Estado utiliza para correrlas es de los contribuyentes. De ahí que, con el IVA, quien paga por educación privada, además de ahorrarle al Estado, se le va a cobrar por el ahorro.
Pero el tema permite otros contextos. En su defensa, directivos de colegios privados han resaltado que muchas de las instituciones becan a estudiantes de escasos recursos para que puedan estudiar en sus colegios, además que muchos de sus estudiantes provienen de familias de la clase trabajadora. Sin embargo, estos no son los únicos aludidos por la controversia. En un intento por ponerme en los zapatos de un estudiante del sistema público, el que las personas se ofendan porque un legislador les diga que pongan a sus hijos en escuela pública, debe tener un efecto adverso en la autoestima individual y colectiva del estudiantado de ese sistema. El simple hecho que, dentro de la discusión pública, se comente que el colegio privado es una necesidad ante los problemas del sistema público, puede herir a quienes no tienen la culpa de la crisis educativa, además de darle al tema un matiz de guerra de clases sociales. Entonces, entramos en los batazos a ciegas de si los que van a colegios son solamente los que están en posiciones económicas privilegiadas.
Fallas públicas
Nuestra estructura desprotege al estudiante de escuela pública de muchas maneras. Primero, el propio Departamento de Educación ha dicho que la deserción escolar ronda en un 40%. Además, no parece darle oportunidades reales a muchos estudiantes de ir a la universidad, especialmente a la del Estado. Alexander G. Reynoso Vázquez en su artículo Acceso a la Educación Superior para grupos social y económicamente desfavorecidos: Situación en las escuelas de Derecho de Puerto Rico,83 Rev. Jur. UPR 193 (2014), toca el tema de acceso a la educación universitaria. Aunque el enfoque del escrito es la educación jurídica, se presentan datos sobre el tema del acceso de los estudiantes de escuelas públicas a la UPR a nivel de bachillerato.
A base de informes del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, Reynoso señala que “[s]olo uno de cada cuatro estudiantes de escuelas públicas -25%- presenta una solicitud de ingreso a la UPR. Por su parte, tres de cada cuatro estudiantes de escuelas privadas -75%- solicitan admisión”.Además que, “en el año 2007, de las 185 escuelas superiores públicas del País, solo el 5.4% logró ubicar más del 60% de sus graduados de cuarto año en la UPR”. Mientras que del 2009 al 2013 las solicitudes por parte de estudiantes de escuelas públicas se redujeron en un 22.5% en la UPR.
En el contexto socioeconómico, Reynoso presenta fuentes indicativas que los estudiantes que provienen de familias con ingresos anuales de $7,500 o menos normalmente no cumplen con los requisitos de aproximadamente el 75% de los programas que ofrece la UPR. Por su parte, los estudiantes que provienen de familias con ingresos de $50,000 o más tienden a tener los requisitos para clasificar a aproximadamente el 90% de los programas. En esencia, mientras menos es el ingreso familiar de un estudiante, lo común es que más se aleje de tener los requisitos académicos mínimos para algún recinto del principal sistema universitario de la isla. Además, una cosa es que un estudiante tenga los requisitos mínimos de un programa y otra que quiera estudiar esa materia o le sea viable estudiar en ese recinto. También el autor del artículo trae fuentes que presentan que el recinto más grande de la UPR, el de Río Piedras, tuvo una clase entrante en 2013 compuesta por un 64% de estudiantes provenientes de colegios privados.
A nivel de educación profesional, específicamente en el contexto de las facultades de Derecho, la tendencia que se da en el acceso a la educación pública también se da en el privado. Reynoso presenta datos recopilados de la Facultad de Derecho de la Interamericana y de la Escuela de Derecho de la UPR, y en ambas, las clases entrantes de años recientes siempre tienen un 60% o más de estudiantes graduados de escuelas superiores privadas. El por ciento ha llegado a ser en algunas ocasiones de hasta 70, siendo común que esto ocurra en la UPR.
El refuerzo privado
Lo presentado deja a la universidad privada como la principal opción para los estudiantes provenientes de escuelas públicas, los cuales son más del 90% de la matrícula en algunas instituciones. También permite considerar que las luchas en defensa de la educación superior pública no se pueden circunscribir al costo. La educación universitaria pública puede ser gratis, y esto no hará necesariamente que los más necesitados puedan entrar.
En nuestra estructura en crisis la educación privada a nivel de escuela superior es el medio más estable para que jóvenes acudan a la universidad, y a nivel universitario para que muchos de los jóvenes provenientes del sistema público estudien. Ahora se busca implantar un impuesto que va a obstaculizar, entre otras cosas, el que estudiantes con dificultades económicas asistan a la universidad. Esto lo planteo sin renunciar a cuestionar cómo se manejan algunas universidades privadas, considerando que pueden haber muchas razones para que el índice de retención y graduación en el ámbito universitario privado sea tan bajo en comparación con el público.
Interés protegido
La necesidad de una transformación contributiva no puede ser excusa para olvidar a quién hay que proteger. En los colegios y universidades privadas hay familias y estudiantes que no se afectarán por el impuesto y quizás hay instituciones que levantan su voz, pero no lo hacen para proteger a sus estudiantes. No obstante, en el contexto educativo hay que proteger sin titubeos a quienes sí les afecta el aumento de costos en la educación.
Tampoco olvidemos que proteger la educación no puede tener un tono elitista, en el cual todo el mundo tiene que tener un bachillerato. Incluye también el acceso al desarrollo de destrezas manuales, ya que se necesita de mecánicos, plomeros, albañiles, entre otros.
El impuesto educativo ha creado un escenario que permite que la acción en conjunto incluya tanto a personas que apoyan la Reforma en general, como los que no. Este escenario da espacio a considerar que la educación privada ha tomado protagonismo en algo que le compete al Estado, y es buscar tener un pueblo educado.