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Jugando en la Oscuridad


En algún momento en la vida, la mayoría de nosotros ha jugado a caminar con los ojos vendados. Lo usual es ponernos las vendas y quedarnos inmóvil. Cuando llega la oscuridad repentina, apretamos bien los ojos como esperando cualquier golpe y comenzamos a estirar los brazos como antenas intentando palpar lo que existe a nuestro alrededor. Esta parte es la clave para poder sobrevivir en el juego. Sin poder hacer de las manos unas antenas, los tropiezos pudieran ser mortales y las caídas en la ceguera parecerían infinitas. Lo otro es la memoria, que nos confirma que lo que no se ve no significa que no existe, siempre que se recuerde. Con una especie de memoria histórica, recreamos el cuarto en donde estamos, la sala, las figuras de cristal, los esquinas y filos peligrosos, para intentar caminar por donde se pueda. Hasta que finalmente nos quitamos las vendas, ansiosos por ver hasta dónde llegamos, si dimos vueltas y vueltas sin movernos y si en realidad lo que nuestra memoria reconstruía, más allá de la luz moribunda, era lo que en realidad existía.

Algo similar nos ocurre en el país y por eso se creó el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, quienes exigen que a plena luz del día y sin vendajes en los ojos nos dejen conocer la realidad de la deuda pública del país auditándola de forma independiente, pero la Administración del gobernador Rosselló hoy resiste la idea.

Siempre ha existido una buena excusa para ponernos en una posición de vulnerabilidad y de entrega pero la más conocida es la llamada responsabilidad y el rescate de la credibilidad. La responsabilidad de pagar lo que se debe, porque sí, y porque nos lo prestaron, independientemente de si fue irresponsable del uno y del otro hacerlo y si se hizo o no de forma legal.

Todos sabemos que el gobierno hace de todo para poder continuar con el vicio de ir al mercado, que suena algo así como irnos de pesca en alta mar pero para regresar con más deuda. Por eso la frase mágica es rescatar la credibilidad del país ante las casas acreditadoras también desacreditas ante el mundo, porque ante el país no hay dónde buscar credibilidad.

De ahí que en la última década los residentes de la isla hayamos sufrido despidos masivos, aumentos en impuestos, aumentos en la factura de luz, el agua y el uso del combustible, a la vez que sufrimos la disminución y el empobrecimiento en el ofrecimiento de servicios gubernamentales, el cierre de escuelas y el aviso de que pronto no habrán médicos suficientes ni para curarnos, por mencionar solo algunos. Los partidos se han turnado el poder colonial pero ideológicamente el neoliberalismo ha imperado dejando un país cada día menos equitativo.

El gobernador Ricardo Rosselló ha hecho su parte para reafirmar la filosofía de entrega retomando el discurso gastado y muy bien ensayado por la administración de Fortuño y García Padilla. Durante un evento de la Asociación de Industriales en San Juan, anunció que crearía un fideicomiso con $146 millones  para pagar la llamada deuda constitucional. ¿La esperanza? Regresar al mercado y ofrecer el poco dinero que nos queda como un símbolo de paz y sumisión ante lo bonistas. De inmediato el señor Carrión, presidente de la Junta, lo felicitó y los aplausos de los bonistas se escucharon.

Ahora bien, vale colocar esta intención del gobernador en perspectiva y oler bien el aire de la contradicción cuando hace alarde de los valores constitucionales. La Constitución es conveniente para asegurar el pago de la deuda, sin auditar pero, ¿y qué con los derechos sociales, fundamentales y humanos?

Si observamos, quedan cortas las esperanzas cuando se trata de proteger o aumentar los derechos sociales de los que vivimos en isla. Por un lado, tal como advirtió el actual gobernador en su campaña, hoy colabora con la Junta de Control Fiscal que viene a sofocarnos y que de forma alguna reconoce la voluntad del Pueblo. En apenas un mes aprobó una nueva ley laboral para facilitar los despidos de miles en la industria privada; derogó la carta circular del Departamento de Educación para enseñar con perspectiva de género en las escuelas públicas del país; propuso revivir la controversial enmienda al Artículo 246 del Código Penal que intenta coartar la libertad de expresión de forma amplia y vaga; propuso eliminar la protección de las comunidades especiales que sufren constantemente el miedo de ser expropiados y desplazados y ha sido más que claro en la necesidad de continuar con las políticas de austeridad.

Cónsono con esto, el pasado 23 de enero, el gobernador optó por destituir de forma relámpago a los comisionados de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, creada por virtud de la ley 97 de julio de 2015 y encargada de arrojar luz sobre la legalidad de la deuda. ¿Cuánto miedo debe darle al gobernador apoyar a la Comisión en su tarea de estudiar y dar a conocer el manejo y legalidad de la deuda pública? Al parecer, bastante miedo.

La violencia se da en diferentes formas y modalidades. Cualquier dinero que se comprometa sin auditar la deuda y sin poder garantizar en el futuro mejores y más servicios para sus ciudadanos es un acto de violencia estatal. No existe disposición alguna para conocer cómo el cumplimiento de cada una de las obligaciones afectan a los ciudadanos en particular, su calidad de vida, el derecho a vivir bien en el país. No es suficiente hablar de la intención de garantizar los servicios esenciales o directos, tiene que publicarse con detalle qué son, cómo y cuáles se garantizarán y a expensas de qué se limitarán, de ser el caso.

Un informe público hecho por la Comisión para la Auditoría Integral de la Deuda destituida por el gobernador, apunta que unos $30 mil millones de dólares de la deuda pudieron haberse emitido en violación a las disposiciones constitucionales de Puerto Rico.

Igual el Refund America Project ha publicado un tercer informe sobre las finanzas de Puerto Rico y entre sus hallazgos claves se señaló la existencia de préstamos abusivos, disfrazados y negocios riesgosos. Otro estudio, de Saquib Bhattiy y Carrie Sloa también del grupo Refund America Project, señaló que Puerto Rico se ha visto obligado a pagar aproximadamente un 785%  en intereses, sobre ciertos bonos a largo plazo. Sobran las razones para auditar la deuda.

No puede permitirse más austeridad[1]. Así lo expresó Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente de las Naciones Unidas en una declaración ante ese organismo sobre la deuda de Puerto Rico y nuestros derechos humanos. Según Bohoslavsky, las medidas que se tomen para solucionar la crisis económica y financiera de Puerto Rico no pueden ir en contra de los derechos humanos. Su alerta fue clara, ante un cuadro patente de austeridad en donde se prioriza el pago de una deuda impagable, teme por la vulnerabilidad de los incapacitados en la isla, la disminución de la capacidad de las familias de la isla al momento de adquirir sus alimentos sin comprometer otros servicios básicos, el derecho cada día lastimado de los trabajadores del país como el derecho a poder contar con un adecuado tratamiento de salud.

Expresó además la necesidad de que se complete una auditoría exhaustiva sobre la deuda del gobierno de Puerto Rico.[2] En sintonía con esto la Asociación de Economistas de Puerto Rico reiteró apoyar el proceso de auditoría ciudadana de la deuda y solicitó al gobernador de Puerto Rico que restituya a los comisionados del interés público destituidos.

En el caso del gobernador al asumir el discurso de la constitucionalidad del pago de los bonos como un postulado sagrado, y superior a todos los demás principios constitucionales, olvida que el principio rector constitucional puertorriqueño declara la inviolabilidad de la dignidad humana. Cuando el pago de uno afecta ese derecho, es su obligación proteger a sus ciudadanos.[3] La protección de sus ciudadanos es incongruente con la colaboración con la Junta, para récord solo basta la advertencia del presidente de la Junta, “algunas personas que no tienen culpa van a sufrir consecuencias de la situación fiscal. El mensaje es que el dolor es compartido”.[4]  ¿Ante esas expresiones, qué dirá el gobernador en el ejercicio constitucional de proteger a sus ciudadanos? Obligarnos a pagar sin auditar la deuda no es protegernos.

Por esto, el próximo frente de unión del país será exigir que se audite la deuda antes de hacernos pagar, en especial porque sabemos que el dolor nunca se comparte igual. Por eso ya, 70 mil ciudadanos firmaron para exigirle al gobernador que se audite la deuda, para esto los integrantes de la Comisión deben restituirse inmediatamente. Tenemos derecho a cansarnos de jugar en la oscuridad con los ojos vendados en espera de más golpes.

 

[1] “After 10 years of economic depression, further spending cuts will not assist economic recovery, but rather undermine the provision of essential public services in the fields of health care, education, and social security.” – See more at: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21060&LangID=E#sthash.esumxaYl.dpuf

[2] http://periodismoinvestigativo.com/2017/01/experto-independiente-de-la-onu-alerta-sobre-propuestas-de-la-junta-de-control-fiscal/

[3] Vease Disposiciones Sobre la Deuda Pública en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico: Rreve Reflexión Histórica-Constitucional por el profesor, Carlos Ramos : http://revistajuridica.uprrp.edu/wp-content/uploads/2016/06/85-rev.-jur.-upr-705-2016.pdf

[4] http://www.indicepr.com/noticias/2017/02/09/news/68155/presidente-de-la-jcf-dice-que-desarrollo-economico-es-secundario/

  • Yoryie Irizarry

    Excelente, contundente y bien documentada, ¡La comparto! Agradezco la atención a la jerarquía de derechos constitucionales y denunciar que la inviolabilidad de la dignidad del ser humano va primero.