La desaparición de fondos recurrentes: contestando a propuesta “Sumando ganamos todos”
En conferencia de prensa, un grupo de profesores encabezados por el profesor Colón de Armas presentó la propuesta “Sumando Ganamos Todos” (SGT) que alega sacará a la Universidad de Puerto Rico (UPR) de la crisis en que se encuentra. La misma reclama que la crisis no se ha atendido bien y propone que cada sector debe aportar a resolver la crisis. Los estudiantes aportan al aceptar una cuota de $200 en lugar de $800. Los profesores y el personal no docente aportan cediendo sus aumentos del 2009-2010, aceptando la congelación de plazas del personal que se retira o renuncia y la eliminación de contratos de servicios. La administración aporta eliminando dos vice-presidencias, reduciendo los contratos de asesores y otros gastos. Y el gobierno aporta pagando a la UPR $150 millones anual por dos años.
La suma de “aportaciones” presentada en el documento como fórmula para resolver la crisis de la UPR no atiende la causa principal de la crisis universitaria que es la pérdida de fondos recurrentes que sobrepasan los $100 millones anuales. Esta reducción dramática en los fondos recurrentes gubernamentales es lo que amenaza la permanencia de la UPR como institución pública y una de las causas principales de la probatoria impuesta por la agencia acreditadora “Middle States Commission on Higher Education” (MSCHE).
Para el año fiscal 2010-2011 la reducción de fondos recurrentes a la UPR alcanzó los $144 millones comparado con el año fiscal 2008 – 2009 (de $835 a $691 millones). Una reducción de tal magnitud impide el funcionamiento adecuado y trastoca la vida universitaria. Las medidas drásticas de reducción de gastos han causado la pérdida de plazas de profesores y del personal de apoyo (no docentes), la carencia de materiales y equipo, la reducción o eliminación del apoyo a actividades de desarrollo académico e institucional; y el cierre de secciones y programas. Los estudiantes han sentido el impacto en su educación y reiteradamente han solicitado se atiendan sus necesidades tales como la disponibilidad de oferta académica adecuada y los recursos para la labor educativa.
La administración no atendió el reclamo estudiantil, pero intentó reducir sustancialmente la política de exenciones e imponer una cuota estudiantil como mecanismo para allegar nuevos recursos. La respuesta no se hizo esperar; los estudiantes se fueron a huelga, logrando enmendar la política de exenciones y retrasar la cuota en lo que sometían otras propuestas que impidieran su implantación.
A seis meses de concluida la huelga, la crisis fiscal continúa. Los programas académicos, el personal – docente y no docente – y los estudiantes siguen al límite. El esfuerzo de todos ellos en completar satisfactoriamente sus responsabilidades es lo que ha facilitado que la UPR continúe siendo una institución de excelencia. Sin embargo, la Universidad enfrenta una situación adicional: la principal agencia acreditadora de la UPR, la MSCHE declaró en probatoria a casi la totalidad de sistema universitario (el Recinto de Ciencias Médicas no fue evaluado), por no haber demostrado que la UPR cuenta con los recursos financieros para sostener los programas académicos a largo plazo y por incumplir con el estándar de Gobierno y Liderazgo que requiere que la Junta de Síndicos asista en generar los ingresos necesarios para sostener y mejorar la institución. (http://www.msche.org/Institutions_Directory.asp ) Para superar la probatoria, hay que demostrarle a la agencia para el 1 de marzo de 2011 que la UPR cuenta con los recursos económicos que financien su oferta académica por los próximos 5 años.
La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), a la que pertenezco, presentó desde mayo pasado un análisis del origen de la crisis fiscal en la UPR y alertó sobre el impacto de esta crisis en los programas acreditados. Publicó en un periódico de circulación general (se incluye anuncio) los datos más relevantes y propuso la restitución de los fondos a la UPR como medida para superar la crisis. Del análisis del Informe del 12 de mayo de 2009 del Comité de Eficiencia Fiscal del Presidente, de los Informes Financieros UPR 2007-2208 y 2008-2009 y del Informe Auditoría Interna UPR 2007-2008, 11 de mayo de 2009 surge que la UPR ha ido perdiendo gradualmente su base de financiamiento gubernamental por tres factores: la reducción en el recaudo de contribuciones por la crisis económica y por leyes que otorgan créditos contributivos, la aprobación de leyes que excluyen a la UPR de participar de ciertos recaudos, y la evasión contributiva. Esta pérdida excede los $500 millones. (Ley 7: $41 millones, COFINA: $53 millones, Leyes de exenciones: $19 millones, evasión contributiva: $432 millones)
La UPR como universidad pública tiene la misión de servir al pueblo de Puerto Rico y procura alcanzar la formación plena del estudiante, en vista a su responsabilidad como servidor de la comunidad. (Ley 1 de 1966 de la UPR). Para procurar su autonomía y facilitar el cumplir su misión libre de intervenciones políticas se dispuso mediante la Ley 2 de 1966 la asignación de fondos a la UPR mediante fórmula calculando del total de recaudos de contribuciones.
La necesidad de tener una universidad pública accesible a los ciudadanos, independientemente de su capacidad de pago, es reconocido por la sociedad puertorriqueña como un valor social. Para que esto ocurra la Universidad tiene que contar con el apoyo económico del gobierno, no importa cuál sea la administración en un determinado momento.
Es por eso que economistas reconocidos, los estudiantes, las organizaciones de profesores – APPU y la Confederación Nacional de Asociaciones de Profesores Universitarios (CONAPU) – y la Hermandad de Empleados Exentos No docentes (HEEND) reiteradamente han propuesto que se enmienden dichas leyes para restituirle los fondos a la UPR de manera recurrente y que no se excluya a la UPR de los nuevos recaudos. Esta propuesta de consenso de todos los sectores universitarios NO fue incluida en la propuesta SGT. Por el contrario, proponen que el gobierno aporte $150 millones anual por dos años. No dicen cómo se va a seguir financiando la UPR pasado los dos años. Esto es una seria limitación de dicha propuesta.
A la reducción de fondos gubernamentales que desató la crisis universitaria se añade la ineficiencia de la administración universitaria para cobrar los contratos por servicios rendidos a otras agencias gubernamentales e instituciones privadas. La deuda por cobrar en la UPR se calcula en $290 millones; de estos el gobierno adeuda $170 millones. La deuda acumulada ha creado un problema de flujo de efectivo que obligó a la Junta de Síndicos a solicitar una línea de crédito para cubrir los gastos operacionales. El gobierno puede ayudar a la UPR facilitando el pago de la deuda del propio gobierno. Aunque esto es un ingreso no recurrente, el dinero aliviaría grandemente las operaciones a corto plazo.
Un aspecto que ha pasado desapercibido por los compañeros docentes que han firmado la propuesta es que la misma propone la negociación de los salarios y beneficios marginales de los trabajadores – docentes y no docentes – con la legislatura y el ejecutivo a cambio de $150 millones no recurrentes. La propuesta ignora las organizaciones gremiales en la UPR y pudiera estar sacando del ámbito universitario la negociación de los asuntos laborales.
El deterioro de las condiciones laborales de los empleados – docentes y no docentes – en la UPR es ampliamente reconocido por la comunidad universitaria. La congelación de los ascensos al personal docente, por ejemplo, es un asunto urgente a resolver. Los ascensos son un reconocimiento al profesor o profesora por su esfuerzo y promueven el desarrollo institucional. Es por eso que las agencias acreditadoras evalúan los planes económicos institucionales con particular atención al recurso humano y sus compensaciones. Este último elemento sí ha sido reconocido por SGT, por la APPU y la CONAPU, demostrando que sí es posible dialogar y llegar a puntos de consenso.
Finalmente, los estudiantes constituyen el 70% de la comunidad universitaria y son la razón de existir de la UPR. La crisis que vive la Universidad surge de la insuficiencia presupuestaria y de la crisis de liderazgo en nuestro primer centro docente universitario. Le haríamos un gran bien al país si rescatamos las puertas del diálogo. Comencemos por retirar los casos judiciales y restituir los fondos universitarios. Nos pondría en el camino de demostrar a la MSCHE que la UPR cuenta con los recursos económicos necesarios y que sus líderes consideran y actúan sobre el reclamo de la comunidad universitaria.
* Nota: La autora es doctora en Medicina Pulmonar, catedrática de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico por 24 años, donde actualmente es senadora académica y representante ante la Junta Universitaria de la UPR. Pertenece a la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. Cursó sus estudios en la UPR y sus dos hijos estudian en la UPR.