La Universidad y el neoliberalismo: breve historia
Desafortunadamente hay un tranque político casi insoluble que evita que los problemas espinosos de nuestra sociedad puedan embotarse camino a solucionarse. A pesar de eso, los partidos que se alternan el poder continúan imitando modelos que ya han fracasado o están por fracasar en muchos países. Durante esos procesos miméticos despilfarramos fondos que necesitamos para otras cosas y se empeora la crisis económica de la isla. Lo peor es que se procede a proyectos con un entusiasmo inocente que raya en la tontería porque la mayor de las veces se improvisa o se quiere imitar al más bajo nivel intelectual. No se analizan las hipótesis a profundidad, ni se considera que no se pueden resolver con deseos mágicos los problemas complejos.
Es imposible aspirar a ser un país competente sin buena educación. Muchas colonias que se hicieron libres después de la Segunda Guerra Mundial no han rebasado un estatus más allá de ser dictaduras, oligarquías o repúblicas corruptas, explotadas por sus gobernantes o por países más poderosos, en parte como consecuencia de su bajo nivel de alfabetización. Además han sido ultrajadas por la globalización y el pulpo del neoliberalismo que a tantas víctimas ha cegado con su tinta y chupado con sus ventosas.
Nuestra universidad, gracias a políticas que tuvieron su origen en el gobierno de Romero Barceló, abrazó el neoliberalismo con frenesí y sin mucho análisis (le sucedió a muchos), y sin vislumbrar qué efecto habrían de tener a largo plazo los dogmas de esa doctrina, pecado cuya penitencia estamos cumpliendo hincados en rodillas en carne viva.
1. Origen del asalto neoliberal a las universidades
Los poderes económicos estadounidenses comenzaron su acometido a las universidades como resultado de la guerra de Vietnam. Los revuelos estudiantiles de aquella época, como los movimientos “Occupy” de esta, fueron interpretados por la industria en general como atentados contra la doctrina de la libre empresa. Para el negocio de la guerra las “palomas” (“doves”) no eran otra cosa que esas malditas aves que ensucian las ganancias y pululan esperando que las alimenten. Cualquier movimiento que interfiriera con la maquinaria capitalista era una afrenta al libre mercado. Esas demostraciones, que resultaron en invasiones de los campus universitarios indistinguibles a las llevadas a cabo en dictaduras de derecha o izquierda, sembraron en los Estados Unidos la semilla de la discordia entre la academia y el “establishment”. Esa polaridad, una modificación capitalista del “town and gown” llevado a la hoja de balances, auguraba que poderes económicos externos a los centros de educación superior querían decidir qué sucedía en lo que continuaban viendo como la torre de marfil académica. Era necesario controlar a profesores y estudiantes para arremeter contra la educación pública como un modelo contrario a la libre empresa que tenía su análogo en las instrucciones marxistas revolucionarias de los países comunistas. Las universidades, particularmente en sus programas de artes liberales, estaban preparando disidentes y, de esa forma, creando opositores al “empresiarismo” necesario para eliminar de una vez y por todas cualquier impulso a continuar las prácticas del keynesianismo predominante hasta entonces. Para lograrlo era imperioso convencer a los gobernantes que el subsidio a la educación pública era anatema a uno de los principios fundamentales del neoliberalismo: todo debe de ser tratado como un negocio, máxime, si sus fondos provienen del erario.
El formulista máximo del neoliberalismo, Milton Friedman, halló oídos receptivos en Richard Nixon (más tarde en Reagan y Margaret Thatcher) quien escalaba el conflicto en el Asia sudoriental mientras conducía una guerra nacional para acallar y controlar “las palomas” y todo opositor a sus doctrinas. Friedman, dio en la diana al incluir en sus postulados (en su libro “Capitalism and Freedom”) la idea de la privatización de la educación pública y la promoción de circunscribir el papel del gobierno a impulsar el control privado de la educación. Con ese principio comenzó un movimiento subterráneo, ya hace tiempo abiertamente manifiesto, de reducir el respaldo económico a la educación universitaria, incrementar el número de entidades educativas con fines de lucro, aumentar el costo de matrícula, reducir la capacidad del estudiante para pagar sus prestamos educativos, y mermar el tamaño y la influencia de las facultades en las universidades. Todas estas movidas tenían y tienen como meta el control de la educación superior.
2. Burocratización de la universidad
La carga económica que aplasta al estudiante promedio cuya familia no tiene los recursos para enviarlo a la universidad que desee, es una forma de capturar a los egresados de las universidades convirtiéndolos en deudores casi eternos de una maquinaria que solo considera las ganancias. Es otro de los dogmas neoliberales: ganancias máximas sin que haya intervención del gobierno para regular las prácticas inapropiadas de algunos negocios. Además, es parte del concepto errado del “trickle down economy” (efecto de goteo o filtración) de Reagan, según la cual las ganancias exageradas poco a poco van filtrándose hasta llegar a la base de la pirámide económica. En el caso de las deudas de los estudiantes lo que se filtra hacia abajo es la deuda y la pobreza.
Para convertir la educación en un negocio, no se le puede dejar al mando de los que la entienden y la conocen, sino que hay que recurrir a administradores y contables, a personas de negocios. Estos se han convertido en dirigentes de las operaciones institucionales y, por ende, en los guardianes indirectos de los currículos. Eso porque al controlar el flujo de recursos, pueden influir sobre qué se enseña; además, al ser los que deciden cómo se gastan los fondos, determinan el tamaño y la calidad de la facultad y, por lo tanto, cómo se imparte la educación y qué nivel puede alcanzar. Por ejemplo, si los profesores son por contrato y no tienen un tiempo fijo de enseñanza puede que la preparación de los que aceptan estos términos de trabajo limite la oferta y el nivel de los cursos.
Porque no hay el conocimiento educativo en la organización administrativa, es necesario tener decanos asociados, asistentes, y subasistentes que ayudan, bajo estos y otros títulos, a una burocracia administrativa carente de experiencia educativa e incapaz de respaldar la oferta intelectual institucional. Los administradores no van más allá que estar de acuerdo con la oficialidad de que el egresado universitario tiene que ser parte de la economía nacional, según vista y dictada por el gobierno. Son responsables de ofrecer grados que tengan “utilidad económica”. Decirles a los que rezan en el altar del neoliberalismo que el universitario debe saber cómo ser un buen ciudadano, que pueda resolver problemas, que pueda pensar y oponerse a intenciones y acciones dañinas del gobierno o del sector privado contra el bien común, sería infligirle una herida mortal a sus principios. No cabe duda que la movida es hija de los regímenes totalitarios en los que las funciones del estado adquieren visos religiosos y estar en contra de ellas transforma al disidente en “pecador”.
Además, este personal subeducativo abulta los costos que se pretenden recuperar alzando el costo de la matrícula o controlando los gastos, casi siempre un eufemismo para la reducción del número de facultativos y sus beneficios. Al analizar “el rendimiento” de un profesor, se usa la “relevancia para el mercado” de los cursos que imparte y el potencial futuro de esa asignatura para contribuir a la economía del país o el estado.
No hace mucho el presidente de una universidad local se refirió a la necesidad de proveerles “destrezas transversales” a sus estudiantes para que en el futuro puedan desempeñar “funciones múltiples” en su vida de trabajo. Lo que esto implica es que se vislumbra que no estarán en un trabajo fijo y, por lo tanto, es posible que jamás tengan seguro de salud, vacaciones pagas o retiro. Se contempla que aún el que tiene un título universitario podría estar en la fuerza laboral como empleado transitorio. El resultado ha de ser mayores ganancias para su patrono y, eventualmente una debacle para la sociedad. Una sociedad que ha empobrecido la clase media y en la que algunos se han enriquecido a través de prácticas que en un tiempo eran procesables. Sin embargo, ese trabajador de clase media, ahora casi itinerante, con un diploma universitario (usualmente bachillerato) ha de pagar un porciento de impuestos sobre su ingreso similar al de un presidente universitario, cuyo salario promedio es, dependiendo de la institución, de tres a cinco veces el de un catedrático con permanencia, y de diez a quince veces el de un “adjunto” o profesor a tiempo parcial. Muchos profesores han visto su nombramiento reducido a paga por cursos, a veces por conferencia, o sea, menos que cuando comenzó su carrera. Puesto de otra forma, el presidente universitario promedio no es ya un educador o un “scholar”, sino un CEO (“Chief Executive Officer”) dedicado a ocuparse de las finanzas de la institución y a considerar las sugerencias de los “trabajadores” (la facultad). No necesita saber nada de educación superior ni tener inclinaciones intelectuales. Va aprendiendo, si eso, sobre la marcha. Y lo que logra aprender sobre educación es lo que escucha en reuniones con sus oficiales y, posiblemente, de lecturas que confirman sus ideas preconcebidas.
3. El memorando Powell
Nombrado a la Corte Suprema por Richard Nixon, Lewis F. Powell era un abogado corporativo que representaba los intereses de la industria tabacalera y quien, como presidente de la Junta Escolar de Richmond, Virginia, había batallado en contra de la integración racial de las escuelas en esa ciudad. Antes de llegar a la corte, en agosto de 1971, Powell le escribió un memorando titulado «Attack on the American Free Enterprise System» a un amigo suyo en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. En él declaraba que “disfrazados de respetabilidad” elementos sociales tales como “los campus universitarios, los medios noticiosos, algunas iglesias, las revistas literarias e intelectuales, las artes y las ciencias y muchos políticos” querían socavar la santidad del derecho a la libre empresa “americana”. Por lo tanto había que implantar una vigilia constante de los libros de texto y el contenido de la televisión para “purgarlos de todo elemento izquierdista”. Fue un poco llover sobre mojado porque, al momento, como lo es todavía, era lo que pregonaban los líderes del capitalismo estadounidense. Ya estaba en brote masivo la alergia a todo lo que sonara izquierdista que trajo la Guerra Fría y cuyo bálsamo era el macartismo.
El memorando tuvo gran impacto y contribuyó, junto a las protestas nacionales estudiantiles contra la guerra en Vietnam, a que se creara la situación perfecta para implementar muchas de las ideas expuestas en el documento. La merma de los fondos estatales para la educación superior se usó por factores derechistas y neoliberales para ir estableciendo un política nacional que asegurara la inclusión de los axiomas plasmados en el memorando. A menos fondos estatales para la educación, menos estudiantes y más fácil el desarrollo de instituciones educativas con fines de lucro para capturar los despojados; menos profesores “revolucionarios” y control (en las instituciones privadas) del contendido de los cursos. En el camino, los estudiantes sin los medios para una educación privada se endeudaban, y han resultado ser deudores por vida. Los estudiantes que no pueden pagar obtienen becas que refuerzan las instituciones con fines de lucro. Estas se juega el albur de recibir la mayoría de los fondo de las becas arriesgándose a que de disminuir o desaparecer el programa la institución no pueda sostenerse o los estudiantes estén forzados a sustituir las becas por prestamos que los endeude con los prestamistas.
Treinta y tres años desde su descubrimiento la influencia del memorando sobrevive con gran fuerza. Los bancos se lucran de forma despiadada de los estudiantes y sus ganancias, con la complicidad de leyes blandas, van más allá de lo que es razonable si el país realmente estuviera invirtiendo en la educación. La noción que equipara a las universidades con centros de la creación de disidentes, muchos de los cuales no pertenecen a la raza blanca, que están en contra de las movidas corporativas que profesan prácticas capitalistas extremas (ganancias sin importar qué le sucede al ambiente, sería una), está viva y vibrante en la mente de los mercaderes y políticos de derecha y del centro político-ideológico.
4. “Cambio de rumbo para dar pertinencia a la educación en el siglo 21”
En Puerto Rico el efecto duradero del memorando Powell, cuyas ideas neo-liberales han llegado aquí a través de los gobiernos anexionistas o complacientes con muchas de las ideas del neoliberalismo está evidente en el informe cuyo título doy arriba y que llamaré GT usando unas de sus frases, “golpe de timón”. En el informe queda claro la compulsión incontrolable de tratar de calcar conceptos que no responden a una realidad de la universidad puertorriqueña, sino que forman un imaginario que está en la nube que lleva a la isla, en el pensamiento de algunos, hacia una anexión inevitable con los Estados Unidos.
El informe indica que poco más de un tercio de los estudiantes en el sistema UPR provienen de escuelas privadas y concluye, erróneamente, que eso “[deja] en forma creciente la responsabilidad de educar al mayor número de estudiantes de bajo ingreso al sector privado”. Es difícil saber si esta aseveración es correcta. No sabemos cuáles son los números base, ni cuántos estudiantes de escuelas privadas van a las otras universidades, ni cuántos estudiantes de escuelas privadas son de bajos ingresos. Tampoco se nos dan números que establezcan cuántos estudiantes de bajos ingresos van a las otras universidades.
La falla principal, sin embargo, es que no se analiza ni se considera algo de suma importancia para el futuro económico de Puerto Rico. Si es cierto que la gran mayoría de estudiantes “pobres” van a universidades privadas una vez obtienen un bachillerato se endeudan tomando prestamos federales para poder pagar matrículas para estudios graduados que son más costosos que en la universidad estatal. En otras palabras estamos creando generaciones de deudores en vez de ciudadanos que puedan mejorar la vida y la economía de Puerto Rico. Además, ese problema económico podría ser parcialmente responsable del éxodo que sufre el país en el momento. Qué ha de hacer nuestro gobierno o la Universidad sobre este problema futuro no se menciona. Me parece lógico que se considere que algo hay que hacer para que sea la universidad del estado la que educa a los “pobres” para evitar el endeudamiento de un sector importante de la población.
Apoyado en esta premisa falsa por incompleta (que la UPR ya no educa a tantos “pobres”), sin embargo, el GT procede a presentar un análisis fallido que pretende proveer evidencia de la necesidad de separar el sistema universitario en dos facciones: una de recintos “subgraduados” y otra de recintos “graduados y de investigación”, llamados I + D (investigación y desarrollo). El salto de la idea de “menos estudiantes pobres en la UPR” a la de tener que dividirla en “dos recintos” es vertiginoso y de escasa lógica.
Según el GT las ciencias, son las disciplinas en las que existen más posibilidades de que algunos descubrimientos puedan usarse para generar riquezas. La idea implícita es que ese nuevo “recinto” de I + D creará ganancias partiendo del desarrollo de patentes y licencias sobre los productos de los profesores de la universidad.
En otros ensayos (La academia, la investigación y la economía en Puerto Rico, en Alma Mater: Memorias y perspectivas de una universidad posible, Francisco Javier Rodríguez Suárez y Jorge Rodríguez Beruff, editores; Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, 2013; revistacruce.com 12 de noviembre de 2012) he analizado lo difícil que sería que ninguna universidad se sostuviera a base de patentes y licencias derivadas de sus investigaciones. Sin embargo, como sí hay ejemplos extremos de lo que puede producirle a una institución un solo descubrimiento (algo que se sale por mucho de la norma), vale la pena que dé ejemplos recientes que le permitan al lector ver cómo llego a mis conclusiones de que es poca la probabilidad que estas actividades provean los fondos necesarios para operar una institución como la UPR.
Hablo particularmente del caso del desarrollo en la universidad de Northwestern de una molécula que tiene un efecto salubre sobre el dolor neuropático y ciertos tipos de epilepsia, y que ha enriquecido el fondo dotal de la institución con el desarrollo del medicamento Lyrica (En el mundo es la decimotercera droga de más ventas). Cito del chicagobusiness.com 11 de noviembre de 2014:
Northwestern received a onetime, $700 million payment as well as big annual fees from the drug’s sales. The university’s gross licensing revenue reached $191.5 million in 2011, “virtually all” of it from Lyrica, officials say. After doling out cuts to researchers and others, Northwestern netted about $80 million last year, they say. The money is poured into the school’s endowment, which helps fund research and finance new facilities…
El artículo también provee los siguientes datos de los cuales he calculado el ingreso promedio anual proveniente de descubrimientos científicos en tres instituciones. Es importante saber que, como Northwestern, estas son instituciones privadas y pueden hacer con el dinero lo que deseen. En los años 2002 a 2011 (diez años) la Universidad de Emory recibió $762.5 millones o $76.25 millones por año; la Universidad de Columbia $885.5 millones o $88.55 millones anuales; la Universidad de Chicago recibió $82.6 millones o $8.2 millones por año.
Cuando se calcula lo que estas cifras representan del presupuesto anual de cada institución resulta que si cada una fuera a invertir los ingresos basados en patentes y licencias en sus gastos operacionales, eso cubriría anualmente 4.5% en el caso de Northwestern (ingresos $80 millones y $1,778.6 millones de gastos operacionales); en el caso de Emory casi 2% (ingresos $76.25 millones y $4,300 millones de gastos operacionales; en el caso de Columbia casi 3% (ingresos $88.55 y $3,496.3 millones de gastos operacionales; en el caso de Chicago casi 0.2% (ingresos $8.26 millones y $3496.3 millones de gastos operacionales). Aunque el fondo dotal de cada una de estas tres instituciones haya aumentado por las cantidades citadas, es evidente que ninguna de ellas podría cubrir una parte significativa de sus gastos con las regalías de sus descubrimientos.
Con un gasto institucional de casi $1,400 millones, la UPR tendría que tener ingresos de sus patentes y licencias que fueran el doble de los de Northwestern para suplementar sus ingresos con cantidades que representen por lo menos dos dígitos porcentuales y que les sirvan para aliviar un poco su carga económica. Para ello, los investigadores de la UPR necesitarían descubrir una molécula como la de Lyrica, o varias, que produzcan medicamentos con las niveles de ventas de ese. Obviamente, aunque las universidades en Puerto Rico descubrieran otra Lyrica su contribución a alterar el estado económico de la universidad, mucho menos del Gobierno, sería medible pero infinitésima.
Siendo este el caso es difícil aceptar en las recomendaciones dadas por el GT para “…allegar fondos para financiar la actividad de la universidad y diversificar el portafolio de fuentes que utiliza para financiar sus operaciones y crecimiento.” [sic] que el desarrollo de licencias y patentes sea una actividad primordial.
Que la Universidad (la UPR) tenga ingresos adicionales es importante, pero lo que se debe de enfatizar es que se recluten más investigadores que publiquen trabajos de valor científico que refuercen la cartera de proyectos de investigación; que se aumente el número de investigadores con donativos federales para estudios de avanzada, que es de donde surge el tipo de propiedad intelectual con el potencial de conducir al descubrimiento de una molécula como es la base farmacológica de Lyrica. Sin muchos y buenos investigadores no hay posibilidades de descubrir una droga como Lyrica.
5. Miedo al cuco (el posmodernismo) en la universidad
Los simples cálculos que he hecho para este breve ensayo con información fácil de encontrar los debió hacer el GT antes de someter su informe. En vez, llegan a una bifurcación en el camino y tuercen a la derecha. Esa vía desemboca en la parte más ideológica de un informe que pretendía ser la guía visionaria para el desarrollo futuro de la Universidad del estado, con un repudio a algo que está apenas vivo, el posmodernismo.
A este movimiento, que tuvo su mayor auge en la UPR en los años noventa, se le dedican un par de párrafos que sirven de introducción a una propuesta para eliminar los grupos disidentes que son anticientíficos y persiguen prácticas socialistas, comunistas, independentistas y nacionalistas. Los autores del GT encajonan en estos movimientos a los posmodernos y concluyen, como lo hizo el memorando Powell, que interfieren con la misión universitaria de “alinear [sus objetivos y políticas], el desarrollo económico y la competitividad”, queriendo a cambio, participar en la gobernación de la institución. Por su repudio y sospecha de la ciencia los posmodernos, según el GT, también atentan contra la economía ya que son los adelantos científicos y técnicos los que sostienen la economía. Es curioso que el GT no toma en cuenta que hay científicos disidentes que creen en el socialismo, el independentismo y el nacionalismo, y en regular los negocios y combatir el capitalismo desmesurado. Es evidente que se ha de etiquetar como posmoderno a todo disidente, de modo que el GT procede a sugerir que hay que revisar “los estatutos legales y reglamentarios, [la] organización y gobernanza de la institución”. No queda ninguna duda de qué es lo que sugiere sin decirlo esta parte del informe: hay que purgar a la universidad de todo ser pensante que se oponga a lo que el gobierno, a través de la administración universitaria, quiera imponer.
Basándose en idiosincrasias posmodernas los autores crean un fantasma, un cuco, en el que coinciden todos los males en contra de la libre empresa y calcan lo que está sucediendo en instituciones públicas que comandan gobiernos estatales de derecha y extrema derecha en los Estados Unidos y en muchos otros países, y que han ido implementando políticas cónsonas con las expuestas en el memorando Powell.
6. Posibles consecuencias del neoliberalismo en la academia
Dado que el Congreso estadounidense está controlado por los republicanos en 2015, las políticas dirigidas a enfocar la educación superior estatal en la creación de empresarios y científicos con el único propósito de que se inserten en la economía, augura tiempos peores de los que han existido en muchas universidades en lo que va del nuevo siglo. Peor aún, si emergiera la situación de un gobierno en Puerto Rico que concuerde con las ideas que sin duda se habrán de afianzar con los republicanos estadounidenses, el neoliberalismo puede empujar nuestra universidad al borde de una abismo en que su oferta académica sufra de tal forma que no valga la pena asistir a ella a menos que el estudiante no encaje en los nichos que de antemano se presumen son los que vieron en su “visión del futuro” los autores del GT y que sin ninguna evidencia suponen que han de salvar la economía del país.
La intención de dirigir a los estudiantes reduciéndoles la oferta académica parece obvia y, aunque el GT por ahora no pasó más allá de ser escrito y publicado, sospecho que podría resucitar después de las próximas elecciones. Además, la posibilidad de vender o privatizar parte del sistema universitario ha sido considerada antes y podría ser implantada sin mucha oposición por un gobierno que controle la rama legislativa. En ese sentido hay que reconocer que el sistema Ana G. Méndez es el que cobija a Ricardo Rosselló a quien a veces acompaña la expresidenta de la Junta de Síndicos de la UPR durante la administración de Fortuño. ¿Se recurrirá a ideas generadas en el informe GT si Rosselló se convierte en gobernador? No lo dudaría.
Ya hemos visto la adicción del gobernador Fortuño y el coqueteo del gobernador García Padilla con el neoliberalismo. Dudo que ante el serio problema económico del país se minimice la intención de implantar las políticas de controlar gastos vendiendo parte del sistema universitario, despidiendo empleados, y reduciendo costos que se perciben como superfluos. Estos últimos, como ya hemos visto, pueden incluir cierre de departamentos “no relevantes” (humanidades, estudios hispánicos, filosofía, ciencias políticas, literatura comparada, etc.) que además son percibidos como los que alimentan a los disidentes y les enseñan a discutir y razonar.
Es curioso que el GT habla del “nudo Gordiano que nos (refiriéndose a la UPR) estrangula”, pero es obvio que el nudo está hecho de una soga trenzada con las ideas del neoliberalismo.