La UPR, la Junta y la Pobreza
La Junta de Control Fiscal le ha pedido (exigido) a la Universidad de Puerto Rico un recorte de 300 millones de dólares.
Esto no es un secreto. Tampoco lo es (o al menos, no debería serlo) el hecho de que, a pesar del muy cacareado propósito de “desarrollo económico” para la isla, el objetivo final de la junta no es tanto reparar nuestra maltrecha economía como exprimirla para pagarle a esas figuras fantasmales y míticas que son “los bonistas”. No lo es tampoco el hecho de que la deuda en cuestión no ha sido auditada.
(Lo que sí es un secreto, al menos para mí, es el análisis que redunda en la cifra “300 millones”. Parece algo arbitrario, el numerito. Igual pudieron haber dicho 500 o 50. Ese análisis debería ser exhaustivo, cuidadoso y, sobre todo, público. Pero en fin. Suspiro.)
Claro que lo ideal es que el recorte no ocurra. Claro que hay que resistir y luchar en contra de ese recorte. Pero también está claro que si hay recorte, no podemos permitir que éste sea llevado a cabo, a fuerza de marrón y cuchillo, por la junta y sus esbirros. Si los recortes se llevan a cabo a discreción de sectores que ni conocen ni les importa la universidad y su misión, serán golpes y amputaciones que podrían herir de muerte a la UPR.
De nuevo: los recortes que la junta y sus amigos exigen de la universidad no están diseñados para mejorar nuestra economía sino para exprimirla todo lo posible, aunque en el proceso las destruyan a ambas–universidad y economía. Esto no es “por nuestro bien”. No nos engañemos.
La reacción de muchas universitarias (uso aquí nombres y pronombres femeninos para referirme a todas las personas) ha sido la resistencia, la protesta, la declaración de que a la universidad pública no hace falta justificarla porque es valiosa en sí misma, por definición. La reacción de otras ha sido un llamado a reconocer áreas de recorte posible. Otra reacción lo ha sido plantear la necesidad de un proceso amplio y participativo para determinar dónde, cómo y cuánto se recorta. Una cuarta, que me resulta antipática, ha sido aprovechar la oportunidad para criticar las ineficiencias y defectos de la universidad.
Las primeras tres no son mutuamente exclusivas y, en su justa proporción y en el contexto de un debate académico sobre valores, visiones y recursos, pueden ser hasta productivas. Un ejemplo reciente de su conjunción lo ha sido la UPR-Cayey, en donde los colegas combinaron las tres: paro, análisis y sondeo.
La cuarta me parece, francamente, algo así como vagancia intelectual. En esta coyuntura, hay una diferencia real e importante entre el acto de señalar con el dedo, distribuyendo culpas, y el de identificar valores y áreas de prioridad. El primero suele salir de la baqueta, del impulso, de la frustración y el resentimiento acumulados; el segundo surge del análisis, el amor, el diálogo y el estudio. A ver: ¿cuál de estos dos es más universitario?
Lo anterior es todo contexto para contribuir de alguna manera, limitada pero espero que útil, a ese diálogo, trayendo a colación un tema que me parece esencial para conversar y definir los espacios que vamos a priorizar y proteger. Muchas no estarán de acuerdo conmigo en términos de argumento, pero creo que todas reconocerían la importancia del asunto en términos del tema.
Se trata de la relación entre la Universidad y la desigualdad económica, entre la UPR y la clase social, especialmente de las estudiantes.
Ojo: cuando hablo de las estudiantes más desaventajados en este texto, no me estoy refiriendo a todas los que reciben beca Pell (aunque ese es un tema importante también) sino a aquellas que provienen de las familias más pobres, de las zonas geográficas más excluidas, de las escuelas con mayores problemas y menos recursos.
Mi propósito aquí no es decirle a las universitarias lo que tienen que hacer bajo la guisa de “traer soluciones”, sino argumentar que hay que ampliar el tema, para hacerle justicia al problema y su relevancia para la discusión.
¿Cuáles son algunos de esos otros asuntos que habría que considerar si queremos incluir la desigualdad social en la conversación colectiva sobre dónde, cuánto y cómo recortar?
Comencemos con el más común ahora, que es el costo de matrícula. Los obstáculos que nuestros estudiantes enfrentan para hacer el desembolso que implica pagar la matrícula no se limitan a la cantidad de dinero. Recordemos la implementación de la cuota de $800 hace algunos años: en varios recintos perdimos estudiantes no tanto o no sólo porque no pudieran pagar, sino porque, en un absurdo kafkiano, la institución les exigió el pago de la matrícula y/o la cuota antes de darles el cheque de la beca Pell. No antes en términos de horas sino de semanas. Perdimos así un número indeterminado de estudiantes que al no poder pagar, se fueron. Cualquier acción para recortar gastos debe tener en cuenta, entonces, no sólo cantidades y escalas sino también los recursos asignados y métodos diseñados.
Luego está el posible cierre de los recintos pequeños. Esa es una de las medidas más fáciles (y sospecho que una de las más probables, si le dejamos a la junta y sus etcéteras la tarea de recortar gastos.) Pero de nuevo, al menos en términos de clase social y desigualdad, no deja de ser problemática. Para empezar, está el rol de esos recintos en la vida y salud económica de los lugares donde se ubican. Cerrarlos implica no solamente dejar fuera estudiantes que no pueden acceder a los recintos grandes, sino iniciar un efecto dominó implacable sobre los negocios que dependen de estudiantes y empleados para su ingreso, y que a su vez participan de la actividad económica en sus municipios y en el país, mucho más, por cierto, de lo que participan las entidades e individuos que reciben alegremente nuestras exenciones contributivas. Me gustaría ver el análisis económico comparativo del impacto de cerrar un recinto vs. recortarle unos chavitos a Walmart.
El cierre de recintos está a su vez relacionado con el tema que me parece más crucial y probablemente más ignorado, en términos del impacto de posibles recortes sobre la desigualdad económica y social y su impacto sobre nuestras estudiantes más pobres. Y es que cualquier medida que reduzca los espacios totales disponibles en la UPR, tendrá el efecto de dejar fuera a los estudiantes provenientes de los sectores más desaventajados, las áreas geográficas más pobres, las escuelas con mayores problemas académicos.
Dicho de otra manera: la contracción de la universidad implica también su elitización, y dificulta su misión de contribuir a una socio-economía y un país más justos.
¿Por qué? La cosa va así:
- Aunque al hablar de admisiones, tendemos a hablar del “IGS” (índice general de admisión, calculado según las notas y examen de admisión de una estudiante) para los distintos departamentos y programas, lo cierto es que el IGS es una función de la interacción entre el IMI (índice mínimo de ingreso) y el cupo (número de asientos en cada programa). El IMI y los cupos son establecidos por los departamentos. El IMI de un programa, digamos, hipotéticamente, biología en la Yupi, puede ser 300 puntos. Pero si la demanda para entrar a biología es mayor que el número de espacios en el programa, entonces el IGS necesario para entrar se trepa en 350. En Mayagüez, por dar un ejemplo no hipotético, el IGS de un programa como psicología es mayor que el de uno como sociología o literatura, no porque una disciplina sea más difícil que otra sino porque hay mayor demanda para una que para otra.
- El IGS mediano de las estudiantes en la UPR aumenta según aumenta el ingreso de su familia. Es decir: mientras más pobre sea una estudiante, mayor la probabilidad de que su IGS no cualifique para ser admitida, para ser admitida en los recintos grandes, o para ser admitida en el programa de su preferencia. Esto no es necesariamente debido a cosas como mérito o talento, sino a cosas como la calidad de la educación que recibe una estudiante antes de solicitar a la UPR y el acceso a recursos como cursos avanzados (ausentes en muchas de nuestras escuelas superiores), o incluso a cosas tan básicas como seguridad personal o salud.
- Lo anterior implica que si reducimos los cupos, estamos aumentando el IGS y dejando fuera estudiantes que de otro modo sí entrarían. Reducir los cupos puede ser consecuencia de diferentes tipos de recorte, tales como la eliminación de recintos o programas, o la reducción de cursos disponibles.
- La admisión de estudiantes muy pobres es relativamente menor a la de estudiantes más aventajados (que no necesariamente, de nuevo, quiere decir lo mismo que “privilegiados”), pero no es el único factor que elitiza y elitizaría aún más a la universidad. Hay muchos otros. Por ejemplo, están aquellos que afectan las tasas de retención y graduación. Las estudiantes más pobres abandonan la universidad sin terminar sus estudios con mayor frecuencia que otras, porque enfrentan más obstáculos académicos y administrativos. No voy a entrar en esos obstáculos en este escrito, que se va poniendo largo, pero hemos estudiado algunos de esos factores y sabemos que son muy reales – y además remediables, en algunos casos haciendo una inversión menor que redunda en un ahorro mucho mayor.
Todo lo anterior es para que le demos al tema de la desigualdad social y económica el lugar justo que merece en cualquier conversación sobre el impacto y modo de los recortes probables a la universidad. Creo que es imposible pensar sobre la misión e importancia de la universidad pública sin pensar también en su relación con la pobreza. Si decidimos ignorar estas consideraciones, hagámoslo después de conversarlas, y con los ojos bien abiertos.