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Perder-perder: el juego electoral de 2016


Suele pensarse que en el resultado de un juego electoral unos ganan y otros pierden: o unos ganan lo que otros pierden. En algún modo siempre es así, un juego que suma cero, pero solo superficialmente. Si se analizan a fondo los resultados de las elecciones puertorriqueñas de 2016 nos percatamos que este fue un juego de perder-perder. En otras palabras: perdimos todos los ciudadanos, y entre los partidos y la clase política todos perdieron en lo principal, de una forma o de otra. Es paradójico que se pueda perder ganando unas elecciones, pero la paradoja no es tan infrecuente en la vida política de las llamadas democracias electorales. Se pueden ganar unas elecciones o ganar unos cargos públicos, pero perder lo más importante, para el grupo o partido de que se trate. Y se puede ganar algo de cada pérdida. Por supuesto, ganamos experiencia —y si la usamos inteligentemente— el revés de hoy podría ser la victoria del mañana.  Se puede hablar en múltiples sentidos del perder y del ganar cuando se trata de unas elecciones generales nacionales. En esta columna intentaremos demostrar por qué puede decirse que las elecciones de 2016 en Puerto Rico fueron un juego de perder-perder donde hasta los supuestos ganadores perdieron. El tema no es el de la solución al estatus político ni el de la solución para nuestro desarrollo económico, no porque esos otros temas no sean importantes, sino porque atendemos aquí el tema de la democracia política interna en nuestro país.

Por supuesto, para empezar, algunos dirán que perdimos todos porque tuvimos que celebrar unas elecciones bajo condiciones no solo de dominio colonial sino de reafirmación del coloniaje por la potencia dominante por medio de una ley federal como PROMESA, que impuso una Junta de Control Fiscal que será la que realmente gobernará al País. Por eso estamos perdiendo todos: porque el País perdió sobre todo la ilusión de autonomía que una vez significó tener un gobierno propio, aunque fuera bajo la soberanía de una potencia extranjera. Y porque en todo lo concerniente a la fiscalidad —y a las políticas públicas que se afectan por ella— la autonomía pactada en 1952, se perdió. La destruyeron poco a poco los miembros de la clase política que gobernaron el ELA y lo endeudaron mucho más allá de sus capacidades normales de pago. Y la destruyó de un plumazo el Congreso de la metrópoli con la ley PROMESA.

Pero ese es solo un sentido extremo de considerar que todos hemos perdido. Y aún en ese sentido propongo que subsiste el elemento paradójico. Es decir, ¿el que hayamos celebrado unas elecciones generales a pesar de la Junta de Control Fiscal y de la sindicatura que ella significa para el llamado “gobierno interno de Puerto Rico” no es ya, de por sí, un reto a la metrópoli? ¿No ha sido un decir colectivo: “queremos y promovemos el gobierno propio, las elecciones propias, los partidos propios”, aún en momentos en que el poder metropolitano niega con sus actos y decisiones todo eso?

Más allá de las paradojas de nuestro actual vida colectiva: ¿Por qué puede decirse que todos perdimos en las elecciones de 2016? Tomemos uno por uno a todos los actores del juego. Ricardo Rosselló y el PNP ganaron la gobernación, el cargo de comisionada residente en Washington y mayoría amplia en los escaños legislativos. Pero perdieron la mayoría de las alcaldías y perdieron prestigio y sensatez cuando en primarias seleccionaron a Ricardo Rosselló por sobre Pedro Pierluisi. Han perdido, sin embargo, lo más preciado, el alma y la “motivación de ser oficial” del Partido Nuevo Progresista que fundó Luis A. Ferré: el “ideal” de la estadidad federada. Se la han negado ya, como Pedro a Cristo, tres veces consecutivas, y diversos portavoces de la metrópoli: todos ellos republicanos y con presencia importante en la política estadounidense: Jeb Bush, Raúl Labrador y Orrin Hatch. La negación más reciente, la de Hatch, senador republicano de mayor seniority, quien preside el Comité que buscaría ayudar al desarrollo económico de Puerto Rico desde el nuevo gobierno, ha sido un estrépito ensordecedor: el congresista no está seguro de si hay ambiente o no en el Congreso para medidas especiales de desarrollo económico para Puerto Rico, pero de lo que sí está seguro es que el gobierno de Ricardo Rosselló no debe ni plantear el asunto de la estadidad federada porque la misma choca contra el muro sólido de la crisis fiscal y económica de Puerto Rico. Ya vimos realizada en la práctica, en la Cámara de Representantes Federal, la primera, la aprobación de un presupuesto sin medida especial alguna para ayudar a desarrollar la economía de Puerto Rico. Y más temprano que tarde se verá la realidad contundente anunciada por el congresista Hatch contra la estadidad. Adiós al llamado Plan Tenesí, que Ricardo Rosselló continuó mencionando, a pesar de su partido haber optado por lo que sí es legal: postular y elegir como comisionado residente en Washington a Jenniffer González, único cargo al que el territorio no incorporado de Puerto Rico tiene derecho en el Congreso dentro del marco jurídico presente: una sola persona y con voz pero sin voto. Aceptado por el PNP el ordenamiento territorial vigente, y el tener que obedecer a la Junta Fiscal, dicho partido, su gobernador electo y los estadistas de Puerto Rico, han ganado el derecho a obedecer a la JUNTA FISCAL desde los cargos del llamado “Gobierno de Puerto Rico”, pero han perdido toda opción realista a la estadidad federada. Con las elecciones de 2016 no triunfó la “igualdad” sino la “desigualdad”. El poder de la metrópoli versus el no poder del llamado Gobierno interno del territorio. Esto dejará al PNP, a Ricardo Rosselló —y a los legisladores del PNP, por supuesto, —como una especie de zombies políticos sin alma durante todo el cuatrienio: un cuatrienio en que han ganado sillas huecas de poderes reales y en el cual han perdido la supuesta razón de ser del partido: la estadidad federada. No en balde Rosselló ocupa los cargos importantes de gobierno con sus amigos ayudantes de campaña. Hoy más que nunca se puede nombrar a cualquiera, ya que las capacidades de discreción y decisión estarán en la Junta Fiscal, más que en el gobierno interno. Obviamente, las capacidades para hacer campaña y ganar elecciones no son las mismas que aquellas que se necesitan para gobernar de verdad, pero si no se va a gobernar de verdad —sino solo a actuar un “performance” — pues, claro, la cuestión de las capacidades nos parece menos importante.

El otro partido del bipartidismo quedó todavía en peores condiciones, si cabe. No solo perdió la “gobernación”, el cargo de comisionado residente y la mayoría de los asientos legislativos en ambas cámaras, sino que tuvo que recurrir a la representación constitucional por adición para no quedar tan abrumadoramente sub-representado en la Cámara de Representantes. Cierto es que “ganó” la mayoría de las alcaldías, pero ese “ganó” va entre comillas porque sabido es que muchos de los alcaldes triunfantes en la papeleta del PPD ganaron la elección en su municipio no por ser acólitos incondicionales de la cúpula del PPD, sino por lo contrario, por pensar y actuar primero en favor de sus votantes de la localidad, en lugar de apoyar los desatinos del gobierno central del PPD o de la cúpula del partido. Por supuesto, hay de todo. Y habría que estudiar cada municipio caso a caso para ver cuál es la realidad política de los alcaldes triunfantes del PPD y del PNP.  ¿Triunfó con ellos la disciplina de partido del bipartidismo, o más bien el compromiso con las necesidades locales de los votantes?

Lo que realmente le ocurrió al bipartidismo PPD-PNP en 2016

Ambos partidos del bipartidismo perdieron fuerza electoral por una combinación interesante del aumento en la abstención electoral de muchos de sus seguidores tradicionales y el desapego a partido que demostraron quienes prefirieron votar por candidatura, incluso por las candidaturas independientes de Lúgaro, Cidre o Vargas Vidot. No hay que negar que hubiera un golpe para el reinado absoluto del bipartidismo en las mentes y corazones de muchos electores boricuas. Lo que NO ha podido ser ni significar es el fin del control absoluto por ambos partidos del bipartidismo del “performance” o “representación semi-teatral” de “gobierno propio interno” que mantendrá el territorio no incorporado de Puerto Rico entre 2017 y 2020. A pesar de la Junta de Control Fiscal. Entre ambos partidos del bipartidismo quedaron en control absoluto de los cargos públicos del gobierno interno, en la rama legislativa, ejecutiva y judicial, porque así funciona el sistema electoral de Puerto Rico. Un sistema que es tan injusto y desigual —y tan poco atenido al principio democrático— que un candidato a gobernador como Ricardo Rosselló Nevares pudo acceder al cargo a pesar del que el 58% de los votantes le votó en contra. Es decir, Rosselló obtuvo el 42% del voto y aseguró el cargo. No obstante, ello significó una pérdida más para la estadidad federada,  ya que Rosselló la puso en campaña al alegar que las elecciones eran plebiscitarias, pero la llevó a disminuir desde un 44% en el plebiscito de 2012 al 42% en las elecciones generales de 2016. Con ese descenso evidente, será aún más difícil para el gobierno del PNP hacer nada en este cuatrienio por impulsar la estadidad federada.

Pero volvamos a la realidad con el bipartidismo. No es correcta ninguna de dos posiciones que se pueden escuchar en nuestro espacio público. Ni es verdad que el bipartidismo está bajo exactamente las mismas condiciones que antes, ni tampoco que el pueblo elector le asestó un rudo golpe en las elecciones de 2016 que “abre paso” a su caída. No hay sino que distinguir entre los deseos subjetivos de algunos electores y su capacidad real para con su conducta electoral producir resultados efectivos. En el plano de los deseos, mucha gente quisiera tener un sistema distinto y mucho mejor que el que hemos vivido con tantos años de continuismo PPD-PNP, en una alternancia tan sin sentido para el bien común que ninguno de los dos partidos cuando llega al gobierno es capaz de hacerle pagar al otro los entuertos del cuatrienio anterior. Al contrario, se cubren las espaldas uno al otro como si fueran realmente dos manifestaciones organizativas de un mismo partido. Y eso es lo que tiene “hartos” a muchos electores, dicho por ellos mismos en entrevistas en las cuales hemos ido descubriendo el verdadero sentir de la mayoría de los boricuas. Pero una cosa es sentir y “querer lograr” y muy otra saber hacer, o haber sabido cómo desbancar de su trono al bipartidismo con efectividad. Muchos votantes de Puerto Rico tomaron libremente la vía de la abstención o la del voto por candidaturas para mostrar su enojo con el bipartidismo PPD-PNP. Es una especie de “trial and error”. Porque, si se deja —como se ha dejado y mantenido— el mismo esquema constitucional legal, y las mismas reglas de juego para elegir los cargos públicos, no podemos esperar resultados diferentes porque las propias reglas imponen el mismo resultado. Y lo hemos alcanzado a ver todos al contemplar cómo, a pesar de tanto elector abstenido, tantos que también se fueron del país, y los muchos otros que votaron por candidatos independientes —separándose así de lo que piden y lo que conviene a la cúpula del PPD y del PNP— dichos partidos quedaron aún así en total control del “gobierno interno” de Puerto Rico. Sobre todo el supuesto “ganador”, el PNP, controla el cargo de gobernador, la “mayoría legislativa” y el cargo de comisionado residente sin haber logrado realmente una mayoría de apoyo entre los votantes. Mayoría de verdad, en la democracia de verdad, es 50% más un voto del total. No olvidemos eso, para que no confundamos el simulacro que realizamos aquí con la verdadera democracia electoral.

El sistema está diseñado para producir ese mismo control gubernamental bipartidista PPD-PNP que tantos electores quisieron “debilitar” con su conducta electoral. No lo lograron porque no utilizaron la línea de acción correcta. Como he dicho el votante anda en un proceso de experimentar, de “trial and error”, pero muchos de ellos lo hacen desde la ignorancia de qué es realmente lo efectivo. La conducta efectiva la he explicado en artículos anteriores y la voy a repetir por si todavía hay ciegos que no quieren ver. La única manera es cambiar el sistema constitucional-legal que produce bipartidismo es imperativo un nuevo movimiento político mayoritario fuertemente dirigido a exigir que se enmiende la Constitución y las leyes electorales para poder tener un sistema de elecciones y de democracia representativa que sea de verdad y no una mera mueca de democracia. Tanto es así que hasta David Bernier, desesperado por las encuestas y oliendo ya el polvo de su derrota, hizo lo indecible para convencer a los electores que, de ganar las elecciones, habría de promover cambios sustanciales en los poderes democráticos del Pueblo y en el sistema electoral. Como dicen allá en el norte: too little and too late. Tendremos ocasión, sin embargo, de ver con nuestros ojos si al hablar de cambios en el sistema electoral David Bernier, Carmen Yulín Cruz y otros que quedaron en posiciones directivas en el PPD realmente están comprometidos con la verdadera democracia y con realizar esos cambios. Sí, porque en un sistema democrático un partido no tiene que ganar y estar en control de todo para cumplir sus promesas. El PPD tiene la opción de como minoría principal, iniciar y promover desde la oposición el movimiento ciudadano que propulse y exija estos cambios en el sistema electoral de Puerto Rico para apoderar realmente a los electores. Si lo hicieren habrán demostrado dos cosas: (1) sí están genuinamente comprometidos con una nueva política y una nueva democracia en Puerto Rico —y no fue un mero aguaje para buscar votos a última hora— y (2) cambió sustancialmente la cúpula y la dirección de ese partido. Esto, sobre todo, porque la cúpula tradicional no está sino inclinada a traicionar, mentir y no cumplir. Ya lo vimos en todo su esplendor con la “promesa programática” del PPD de legislar una Asamblea de Estatus. Tuvieron cuatro años en el gobierno pero incumplieron miserablemente su propia promesa programática.

Si alguien quiere entender mejor lo que se intenta decir con que hay que cambiar las reglas de juego para cambiar los resultados, examine este ejemplo sencillo sobre la Rama Judicial. Nuestro ordenamiento constitucional-legal le otorga al Gobernador el derecho a nombrar los jueces de la Rama Judicial. Y para “jugar” a la separación de poderes, la Constitución le ha conferido al Senado el derecho de aprobar o denegar tales nombramientos. No obstante, tanto los gobernadores de turno del PPD y del PNP como los legisladores de ambos partidos han contribuido ya por varias décadas a que los nombramientos judiciales se hagan, en demasiados casos, por puro partidismo político o amiguismo, y como “premio de consolación” a políticos derrotados de partido del bipartidismo que perdió las elecciones. Muchos ciudadanos se han quejado de semejante atentado contra la democracia y la independencia que debe tener la Rama Judicial en una democracia de verdad. Es común también que los abogados se quejen públicamente de tener que lidiar con jueces que no tienen temperamento judicial. No obstante esto jamás cambiará si los dos elementos que lo producen permanecen iguales: (1) la disposición Constitucional de que los jueces los nombra un político y jefe máximo de su partido, el Gobernador de turno, y de que esto lo refrendan partidistamente los legisladores del mismo partido y (2) la mala práctica de los gobernadores y legisladores de seleccionar jueces no por su preparación, temperamento judicial comprobado, competencia jurídica y vocación para la judicatura sino más bien por “necesidad” de dar premios políticos judiciales a sus amigos o militantes de partido. Mientras los ciudadanos sigamos aceptando esa combinación, no habrá judicatura independiente ni de calidad óptima en Puerto Rico, aunque hayamos creado una Academia Judicial. ¿Para qué queremos una Academia Judicial si el criterio académico-profesional ni el temperamento judicial de los nombrados son los criterios principales de selección de muchos de los jueces en Puerto Rico?

Los partidos alternativos

Las elecciones de 2016 demostraron que también salieron perdidosos, en lo esencial, los llamados partidos alternativos. El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) es un partido tan viejo y periclitado como los dos del bipartidismo, y en ocasiones ha padecido de algunos de los vicios de los otros dos por más que nunca haya tenido la oportunidad de gobernar. En las elecciones de 2016 los votos para su candidata a gobernadora, María de Lourdes Santiago, fueron exiguos y el partido no quedó inscrito como ha resultado también en comicios anteriores. Es una indicación de que como institución partidista ha fracasado y merece dar paso a otras opciones. Es cierto que se ha producido por fin en el PIP un cambio generacional y es cierto también que el PIP ganó algo en 2016: suficiente confianza entre los electores, como para que mediante votos mixtos o por candidatura sus dos candidatos a la Asamblea Legislativa por acumulación salieran electos. Es algo importante debido a la fiscalización que ambos tienen el potencial de hacer junto a la presencia del Dr. Vargas Vidot en el Senado. No obstante, tampoco es como para celebraciones. Se sabe que los electores pueden confiar en legisladores jóvenes del PIP como fiscalizadores pero no en su candidato a gobernador, sea quien sea, e independiente de méritos, por razones que todos conocemos, entre ellas que la mayoría de los propios independentistas no aprueban esa estructura política vieja, anquilosada y sectaria del PIP. Quienes votamos por María de Lourdes Santiago en 2016 fuimos una combinación entre los militantes tradicionales del PIP y unos pocos no pipiolos que votamos por ella, como el que escribe, no solo por sus méritos, sino como un voto testimonial: testimonio de que votamos contra el bipartidismo, contra el colonialismo, contra la Junta Fiscal y a favor de la soberanía puertorriqueña, todo ello a la vez. Que no andan equivocados quienes leen sinceridad y buenos méritos de amor a la patria en María de Lourdes Santiago ha quedado de sobra demostrado por su militancia valiente contra las cenizas nocivas y en pro de los derechos humanos a la SALUD de los habitantes de Peñuelas y Tallaboa. No obstante, ello no contradice el hecho innegable de que el PIP —como institución partidista— no es lo que necesita Puerto Rico ni la lucha por la independencia o la soberanía nacional. En cuanto al otro partido alternativo, el PPT, no ha hecho sino confirmar en 2016 lo que ya vimos en 2012: no es creando partiditos pequeños inspirados en ideas académicas decimonónicas y con un liderazgo más académico- profesional que realmente obrero que se logra articular un movimiento exitoso de los indignados de Puerto Rico. Tampoco se “abre paso” con ello a la caída del bipartidismo. Mucho menos cuando se trataba de un mero “carapacho de partido” escasamente organizado como tal a lo largo y a lo ancho de la geografía nacional.

El verdadero camino del cambio democrático

Si aplicamos el ejemplo que vimos anteriormente sobre la Rama Judicial al resto del andamiaje Constitucional-legal, veremos que tenemos que buscar y aprobar mecanismos nuevos y efectivos de elección de los cargos públicos para que sea posible que en nuestra Asamblea Legislativa haya una representación verdadera de los diversos sectores de pensamiento del país y no solamente de una clase política egoísta —PPD y PNP— que nos ha conducido al desastre económico-político que hoy vivimos. 

Quienes sabemos cómo funciona el sistema electoral vigente no podemos, por puro “wishful thinking” como han hecho algunos, celebrar la “caída o debilitamiento del bipartidismo cerrado PPD-PNP” antes de tiempo. No podemos porque sería engañar al pueblo y engañarnos nosotros mismos. Sería decir que basta fundar partiditos pequeños para “abrir paso” a la caída del bipartidismo, a pesar de que la realidad nos demuestra que no es así. Sería decir que basta el abstencionismo electoral más elevado para deslegitimar el bipartidismo y el sistema vigente, cuando somos testigos de que no es así. A pesar del visible aumento en la abstención electoral NADIE en Puerto Rico ha dado por ilegítima la elección de Rosselló. Nadie en el espacio público ha protestado con efectividad porque llegue a la silla de La Fortaleza alguien con solo un 42% del voto y cerca del 30% de apoyo entre el total de los electores inscritos. Mientras en Estados Unidos muchos han marchado contra TRUMP al son de letreros de “NOT MY PRESIDENT”, nadie en Puerto Rico protesta por el “gobierno” que habrá de dirigir Ricardo Rosselló Nevares a partir de enero de 2017. De modo que los amigos que pensaron que al abstenerse le hacían mella y le causaban gran problema al bipartidismo PPD-PNP por la vía de la deslegitimación se equivocaron de medio a medio. Ricardo Rosselló Nevares será “Gobernador de Puerto Rico”, oficialmente, y lo más orondo jurará su cargo, a pesar del aumento sensible en la abstención electoral. Como he dicho tantas veces, la abstención electoral no es efectiva en estas “democracias electorales” porque nadie la considera realmente deslegitimadora del resultado de las elecciones. Por lo menos, no es así en Puerto Rico, donde no existe lugar alguno para que el disgusto con cómo se celebran elecciones en el País se cuente oficialmente como protesta contra el sistema.

Otro tanto puede decirse del voto por candidaturas. Es un voto más pensado. Puede haber sido en muchos casos un voto realmente inteligente, con un propósito claro por parte del elector y demuestra un crecimiento en la cultura política de mucha de nuestra gente. No obstante he aquí la gran verdad. Esa conducta no fue suficiente o no se expresó con suficiente desapego respecto del PPD y del PNP como para desbancar el bipartidismo cerrado. Alexandra Lúgaro demostró sin duda que una campaña bien orquestada por las redes sociales y la Internet puede mover al voto a una proporción no despreciable de electores jóvenes quienes votaron por ella. Pero como esa conducta no fue lo suficientemente fuerte, Lúgaro al igual que Manuel Cidre, regresaron a la vida ciudadana privada después de las elecciones. Ganaron unos votos, sí, pero perdieron en lo fundamental. Cidre no ha logrado que el PNP lo haya nombrado a un cargo de importancia, y con sus votos limitados para el cargo de gobernador solo ganó el camino a su casa… o a las panaderías que fundó con tanto éxito.  Alexandra Lúgaro tampoco logró mostrarse como una alternativa real al PPD y al PNP, por lo menos NO en términos de sus concepciones sobre la cosa pública.  Atrajo muchos votos de jóvenes, pero tampoco llegará a ningún lado durante el cuatrienio 2017-2020. Tiene solo dos opciones: retirarse a hibernar durante ese tiempo, como hicieron antes Rogelio Figueroa y Rafael Bernabe, o lanzarse a organizar un nuevo partido, lo cual no garantiza necesariamente que con él desbancará al PPD y al PNP de su control sobre la vida política puertorriqueña.

No obstante, hay una verdadera opción alterna para todos: dedicarnos a sumar fuerzas en un nuevo movimiento político de consenso dirigido a lograr que se redefina el modo de elegir los cargos públicos en Puerto Rico. Toma mucho esfuerzo y mucha actividad política. Toma esfuerzos reales y concertados hacia la educación política de los electores. Toma sentarse a dialogar, estar dispuestos a negociar y a llegar a acuerdos y alianzas. Y toca celebrar uno o varios referendos para que el pueblo mismo autorice los cambios en nuestra Constitución y en nuestras leyes electorales. Toma esfuerzo y trabajo, no la ley de la huida, ni tampoco la del menor esfuerzo, que han sido las que han alentado a los abstencionistas electorales y a muchos entre quienes se fueron de nuestro país.

Ese movimiento político masivo de consenso y acuerdos mutuos será además un tremendo aprendizaje para nuestra gente y para todos nosotros. ¿No es el diálogo, la negociación cooperativa y la deliberación democrática la esencia misma de la política y de la democracia? Pues eso mismo habríamos de aprender: a ser un pueblo que realiza democráticamente un verdadero cambio en sus instituciones políticas, no uno que solo es capaz de observar pasivamente un espectáculo deprimente. En lugar de estar esperando por qué resultados tendrá una Junta de Control Fiscal Federal, deberíamos estar organizando y movilizando en el espacio público ese nuevo movimiento con el fin de producir los cambios políticos internos que necesitaría Puerto Rico para estar más cerca de una democracia del siglo XXI. Ese sería el verdadero “Yo no me quito”. Significaría mucho más que “no me voy del país y creo en la reconstrucción de un país efectivo en Puerto Rico”, sino que significaría —sobre todo— que tenemos la voluntad y la capacidad constructiva de quedarnos en Puerto Rico para producir el cambio político que necesitamos. No para meramente mirar lo que acontece desde una zona de comodidad. Solo entonces, cuando celebremos elecciones más democráticas con un nuevo sistema constitucional y legal bien pensado y realmente conveniente a una mayor representatividad para todos los sectores del país, producto de nuestro propio esfuerzo colectivo, podremos decir que habremos producido el otro juego: el de GANAR-GANAR. No importará tanto entonces quién gane en esas elecciones futuras, porque habríamos ganado todos en democracia, en la elevación de nuestra cultura política colectiva y en potenciar tanto el buen gobierno como un mejor país.