Aspiramos a una universidad inclusiva y participativa, en la que se respete el conocimiento y la experiencia de los miembros de la comunidad y en la que por fin se dejen de imponer por vía dictatorial los cambios.
La APPU ha insistido en la necesidad urgente de que el Gobernador de Puerto Rico reconozca al Sistema de la UPR como un servicio público esencial del pueblo de Puerto Rico.
Actualmente los y las docentes sin plaza constituyen la mayoría del profesorado del sistema y en el Recinto de Río Piedras para el año 2015-16 se calculó que 5 de cada 10 docentes era por contrato.
Profesores y profesoras rechazan la reciente decisión del presidente interino de la UPR, Darrel Hillman Barrera, de destituir a sus respectivos rectores quienes ejercían su cargo en propiedad
La demanda radicada exige que se proteja a la UPR como un servicio esencial, que se invalide el plan fiscal por amenazar su estabilidad fiscal y que se enmiende el presupuesto aprobado para el año fiscal en curso.
La acción legal encaminada por la APRUM se basa en el Plan Fiscal Sostenible para la UPR, que establece a la Universidad de Puerto Rico como una inversión pública esencial en la historia del país.
Hoy más que nunca es urgente que el Gobernador rectifique el error y declare el Sistema UPR un Servicio Público Esencial. Este es el espacio que provee la ley PROMESA para que logremos proteger y fortalecer la UPR.
El Plan SoS, elaborado por profesores del RUM y otros sectores universitarios, será presentado este lunes 26 de junio ante Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Los cambios erráticos en las sumas y términos de los recortes, de $300 a casi $600 millones, sugieren que la JCF y el gobierno actúan a oscuras, improvisadamente y sin peritaje especializado en sistemas comparables de educación superior.
Tal vez la mayor fortaleza del poder de la gerencia neoliberal reside en la insensibilidad generalizada entre una parte sustancial del propio claustro universitario, que todavía cela con vehemencia el antiguo régimen de segregación y marginación de sus “colegas” más vulnerables.
La educación universitaria de alta calidad a bajo costo en la UPR ofrece la posibilidad real de superar los límites personales, sociales y culturales que impone la pobreza.
¿Qué modelo de Universidad prevalecerá? ¿Cuál será el espíritu que definirá el orden de sus prioridades? ¿A qué fines apuntará el poder de su autonomía? ¿Quién decidirá los contenidos de la reforma? ¿Para qué?
Ahora que ha concluido la huelga estudiantil de 2017 en la Universidad de Puerto Rico, quizás vale la pena echar un vistazo siete años atrás a las huelgas de 2010-2011, para reflexionar sobre cómo estos eventos se informan uno al otro.
Con toda la intensidad que la distancia magnifica, seguí la huelga recién concluida, una que por la peligrosidad que le dio lugar, ha sido, posiblemente, la más necesaria de todas.
El gobernador y la Junta de Control Fiscal pretenden resolver la crisis financiera y económica con más austeridad para la educación universitaria pública que para las corporaciones que reciben privilegios fiscales.
¿Qué tal si nos atrevemos a ensayar, con toda la ternura y el compromiso que exige el hoy, la libertad? ¿Qué tal si le prometemos ese porvenir a Puerto Rico?
Los más afectados, advirtió la APPU, aparte de los estudiantes y personal universitarios, son las poblaciones desventajadas que reciben diferentes clínicas de salud, apoyo social, asistencia legal y organización comunitaria, entre otras.
Luego de una plenaria de todo un día, el pasado viernes 26 de mayo, el grupo acordó trabajar como ente facilitador para poner en marcha un proceso que nos lleve hacia una “verdadera autonomía universitaria”.
El Plan SoS UPR propone, entre otras cosas, tres escenarios posibles para retar los recortes propuestos por la JSF y para asegurar la subsistencia de la UPR como servicio esencial al país.
La única razón por la cual no ha terminado la huelga es porque la Junta de Gobierno no tiene quórum para aprobar los “preacuerdos” alcanzados con los estudiantes.
University of Puerto Rico students are on strike against austerity — and in retribution, officials might terminate their school’s accreditation.