La Junta de Control Fiscal volvió a la carga.
No es noticia nueva. Lo verdaderamente interesante es que siempre regresa al mismo lugar; como quien encuentra una puerta mal cerrada y vuelve una y otra vez hasta lograr abrirla.
Esta vez el argumento es un déficit operacional que, según sus proyecciones, “podría alcanzar los $420 millones”. La solución propuesta,desde luego, tampoco cambia: aumentar la matrícula, crear nuevas tarifas, reducir gastos y reformar el sistema de retiro.
Siempre las mismas recetas.
El problema comienza cuando uno mira con cuidado quién está haciendo el diagnóstico.
Porque la Junta se presenta como médico; pero también ha sido parte de la enfermedad.
Durante años la Universidad de Puerto Rico ha sufrido recortes millonarios. Recursos que desaparecieron de sus presupuestos mientras se exigía simultáneamente que produjera más graduados, más investigación, más servicios y más eficiencia.
Es una lógica curiosa.
Se le vacía el tanque a un automóvil y luego se le acusa de no llegar a la meta.
Por eso resulta difícil leer este nuevo plan fiscal sin recordar una pregunta elemental: ¿cómo llegó la universidad hasta aquí?
Las cifras no nacen solas.
Los déficits tampoco.
Más interesante todavía es el lenguaje utilizado por la Junta. Hablan de sostenibilidad, responsabilidad fiscal y reformas estructurales. Son palabras que parecen inocentes; técnicas incluso. Sin embargo, detrás de ellas suele esconderse algo mucho más concreto.
Cuando la Junta habla de aumentar matrícula, lo que realmente está diciendo es que estudiar costará más.
Cuando habla de reformar pensiones, lo que está diciendo es que los jubilados podrían recibir menos.
Cuando habla de eficiencia, casi siempre termina hablando de recortes.
El lenguaje administrativo tiene esa ventaja: logra que las consecuencias humanas desaparezcan detrás de una hoja de cálculo.
Pero la Universidad de Puerto Rico no es una hoja de cálculo.
Es una institución que ha permitido que generaciones completas de estudiantes provenientes de familias trabajadoras lleguen a ser médicos, ingenieros, maestros, científicos y artistas.
Por eso resulta preocupante que el análisis de la Junta se concentre casi exclusivamente en balances y obligaciones financieras.
Las universidades públicas no existen para generar ganancias.
Existen para generar conocimiento.
Y el conocimiento rara vez produce beneficios inmediatos que puedan registrarse en un presupuesto anual.
La contradicción se vuelve aún más evidente cuando observamos el contexto demográfico del país.
Puerto Rico pierde población.
Pierde jóvenes.
Pierde profesionales.
Pierde investigadores.
En semejante escenario, encarecer el acceso a la educación superior parece menos una estrategia de desarrollo que una invitación adicional a la emigración.
Mientras tanto, la administración universitaria insiste en que existen alternativas. Habla de nuevas fuentes de ingreso, eficiencias operacionales y economías estructurales.
Ojalá sea cierto.
Porque hasta ahora esas alternativas todavía aparecen formuladas en términos generales, mientras la Junta llega con números concretos y exigencias específicas.
Pero hay una dimensión que casi nunca aparece en estas discusiones.
La colonial.
La Junta existe porque el Congreso de Estados Unidos decidió crearla mediante PROMESA. Sus integrantes no fueron elegidos por el pueblo puertorriqueño. Tampoco responden ante el electorado puertorriqueño.
Sin embargo, tienen capacidad para influir decisivamente sobre el futuro de la principal universidad pública del país.
Y ahí está el verdadero conflicto.
No se trata únicamente de un déficit de $420 millones.
Se trata de quién decide qué universidad tendrá Puerto Rico.
Porque cada aumento en matrícula reduce acceso. Cada recorte limita posibilidades. Cada presión sobre el retiro envía un mensaje a quienes dedicaron su vida a enseñar.
La pregunta importante no es cuánto cuesta la Universidad de Puerto Rico.
La pregunta importante es cuánto le costaría a Puerto Rico perderla.
Y esa es una cifra que no aparece en ninguno de los planes fiscales de la Junta.
