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La nueva ofensiva de la Junta de Control Fiscal contra la Universidad de Puerto Rico vuelve a plantear la misma ecuación: resolver una crisis provocada, en buena medida, por años de reducción presupuestaria mediante más recortes y mayores cargas sobre quienes estudian y trabajan allí. El problema no es únicamente financiero; es político y colonial. Una institución pública que produce conocimiento, profesionales y futuro no puede medirse como una empresa en quiebra. La pregunta esencial no es cuánto cuesta sostener la Universidad, sino cuánto le costaría al país perderla. Porque detrás de cada cifra hay estudiantes, investigadores, maestros y una nación que todavía intenta imaginar su propio porvenir.
Por 80grados · 3 minutos
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El documento que sigue no es un papel más en el archivo burocrático: es el memorial elaborado por el economista y profesor del Departamento de Relaciones Laborales de la Universidad de Puerto Rico, Iyari Ríos González. No habla desde la grada. Forma parte de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo creada por la Ley 47-2021. Es decir, conoce el terreno que otros pretenden dinamitar.
Este memorial fue remitido el 7 de abril de 2026 al representante Roberto López Román(epresentante del Distrito 31 ), autor del Proyecto de la Cámara 1115 —pieza legislativa diseñada para desmantelar la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico— y presidente, no por casualidad, de la Comisión de Trabajo y Asuntos Laborales.
Aquí comienza el problema: mientras los memoriales de las organizaciones patronales circularon con puntualidad quirúrgica entre los legisladores, este documento fue empujado a un “bloque” de materiales que se entregará el mismo día de la votación. Traducido al lenguaje real: se entierra para que no estorbe. Se administra la ignorancia como política pública.
Hacemos público este memorial porque lo que está en juego no es un tecnicismo legislativo, sino la arquitectura misma de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Lo que se pretende vender como ajuste es, en realidad, un retroceso deliberado: desmontar una ley que ha producido beneficios tangibles para el país.
Este no es solo un documento técnico. Es una pieza de evidencia. Un registro de cómo se toman decisiones que afectan a muchos desde la comodidad de unos pocos. Por eso lo publicamos íntegro.
Léalo con calma. Pero léalo sabiendo que, mientras usted lo hace, hay quienes preferirían que nunca llegara a sus manos.
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