El estatus: un nuevo juego político
El cantazo contra los estadistas
Comencemos por los estadistas y el PNP, quienes por lo ocurrido en Washington y en Puerto Rico con los resultados de su plebiscito “hecho a la medida” debieran ya admitir que el único “triunfo” posible para la estadidad ya ocurrió, pero que el otro que ellos dicen buscar, no es posible. Por una combinación de los factores de expulsión de población de la colonia, del ELA territorial, y la concesión de una ciudadanía estadounidense territorial en 1917 que aseguró el libre tránsito, la estadidad federada “ganó históricamente” como el estatus político en que vive la mayoría de los puertorriqueños individualmente. Esa situación se ha dado porque entre cerca de siete millones de seres humanos nacidos en Puerto Rico, más de la mitad, 4 millones, se vieron obligados a optar por el aeropuerto y se fueron a residir y hacer su vida en alguno de los 50 estados de Estados Unidos de América. Viven ahora en la estadidad federada. Es, sin embargo, una gran paradoja para los estadistas residentes en Puerto Rico que tantos de sus hermanos de esa diáspora masiva, habiendo vivido en las “entrañas del monstruo” y comprobado lo que es sobrevivir con una ciudadanía de segunda clase a pesar de que oficialmente pueden votar allá y se supone que la tuvieran de primera clase, no apoyan hoy día la estadidad para su país. Obviamente esa, y no otra, es la razón por la cual los líderes del PNP se han opuesto siempre a que los boricuas de la diáspora voten en los plebiscitos de la colonia. En proporción, hay más estadistas en la Isla que en Estados Unidos y más soberanistas en Estados Unidos que en Puerto Rico, cosa que debiera estudiarse con rigor científico. Hay una segunda paradoja: a pesar del supuesto 61% de victoria estadista del cual alardea el PNP aquí y hasta en Washington, la estadidad federada está cada vez más descartada como solución de estatus para Puerto Rico como país, como nación hispana y caribeña.
El desinterés estadounidense en que Puerto Rico como país pueda considerarse seriamente como un posible estado federado de la Unión ha quedado demostrado en múltiples ocasiones en una historia de más de 100 años de colonialismo y dominio imperial de Estados Unidos. Pero tal vez nunca ha sido tan humillante para los estadistas —soñadores por ignorancia— como ahora, según lo atestiguado a raíz del resultado del plebiscito de 2012. ¿Qué han conseguido el PNP y Pedro Pierluisi de Estados Unidos con llevar el tan cacareado “triunfo de 61% del voto en el plebiscito de 2012”? Después de más de ocho meses, nada que cuente para nada. Porque conseguir poco más de cien firmas a cabildeo y billetazo limpio de demócratas —y muy pocas de republicanos— para un proyecto que no tiene las más mínimas probabilidades de discutirse en el pleno de la Cámara, y no conseguir ni un solo senador que presente un equivalente en el Senado, es una humillación y un rechazo muy contundente. Peor y más humillante que el que recibió José Tous Soto en 1922 cuando, tanto los senadores de aquellos tiempos como el secretario de Guerra Weeks, le dijeron al entonces Presidente del Partido Republicano de Puerto Rico que se olvidara de la estadidad porque la misma jamás se le concedería a nuestro país. Y algo más dramático aún: ni el senador Wyden de hoy, ni ninguno de los pocos miembros de la Comisión presentes en ese aguaje proforma escenificado recientemente en el Senado, refutó ni ripostó en modo alguno el planteamiento de Rubén Berríos de que ellos —los senadores de Estados Unidos— jamás pondrían sobre la mesa la estadidad para Puerto Rico. Un latigazo mayor y más humillante para Pierluisi y el PNP, si cabe, que el que recibió Alejandro García Padilla del propio Wyden al desbancar el senador estadounidense toda posibilidad de evolución orgánica futura para el ELA territorial. En definitiva, los dos posibles candidatos de los partidos principales para las elecciones de 2016 salieron descalabrados en su credibilidad y en sus objetivos políticos por voluntad de la metrópoli.
A esto debemos adjuntar varias realidades que apuntan también al surgimiento de un nuevo juego político. La política odia el vacío, y no va a pasar mucho tiempo en que más de 400,000 puertorriqueños votantes del ELA soberano en 2012 vayan a seguir desperdigados, sin liderato inteligente y sin partido. Nuestra propia historia demuestra que los nuevos partidos políticos exitosos solo pueden surgir cuando se dividen los existentes. Así pasó entre 1938 y 1940, lo cual permitió un triunfo electoral por estrecho margen para el entonces recién creado Partido Popular Democrático. Y ocurrió nuevamente en 1968 cuando un partido recién fundado, el Partido Nuevo Progresista ganó la gobernación aunque perdió el Senado porque el PPD se dividió. El otro hecho irrefutable es que, ante la pérdida de un proyecto viable en materia de estatus y el deslucimiento personal y político de los líderes máximos de ambos partidos, Pierluisi y García Padilla, existen semillas de división en ambos partidos principales a punto de germinar.
¿Qué popular inteligente que se precie a sí mismo de honrar la memoria del propio Luis Muñoz Marín, puede apoyar a un Presidente de partido y candidato que insiste en lanzar al PPD por el barranco del ELA territorial, cuando el propio Muñoz dijo y escribió claramente que si el ELA no crecía se moría y que había que llevarlo a alguna culminación o crecimiento viable? ¿Qué estadista inteligente, que se precie de honrar la memoria de Luis A Ferré, puede votar y apoyar a un Presidente de partido y candidato que sale tan mal parado en Washington cuando por fin logra llevar un triunfo para la estadidad en Puerto Rico alegando que el 61% de los puertorriqueños la favorece?
Antes de reflexionar sobre lo que puede ocurrir, ahora que la bola del estatus ha sido nuevamente enviada por los estadounidenses a nuestra cancha, es preciso enfocar sobre una breve reflexión en cuanto a las estrategias políticas de la metrópoli.
¿Un cambio en la estrategia de la metrópoli?
Nadie debe llamarse a engaño. La creciente claridad con que habla Washington de la no constitucionalidad de un ELA territorial con más poderes y la indiferencia pasmosa ante una petición de estadidad del PNP —así como el desprecio que muestra la Administración Obama hacia nosotros al solo asignar 2.5 millones para una nueva consulta plebiscitaria, sabiendo que eso no da ni para empezar a organizar la CEE para la consulta— no marca todavía el cambio de estrategia política que quisiéramos ver por parte de la metrópoli.
El único cambio de estrategia política con Puerto Rico lo ha tenido Estados Unidos desde 1993 y ha sido en la escena internacional. Ese año, por fin, el Congreso ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de los años sesenta. Con dicha ratificación, Estados Unidos se obligó ante el derecho internacional a respetar la libre determinación de los Pueblos, y por ende, la de Puerto Rico. Por eso cambiaron la vieja política de alegar que el asunto de Puerto Rico se había resuelto en 1952-53 para reconocer que el Pueblo de Puerto Rico tiene derecho a decidir sobre un estatus “de pleno gobierno propio”. También por eso abandonaron el viejo reclamo de: “lo de Puerto Rico es un asunto interno de Estados Unidos”. Y comenzaron a usar un nuevo lenguaje: “Puerto Rico tiene derecho a seleccionar entre opciones que le confieran la dignidad del pleno gobierno propio”. Terminada la Guerra Fría, disminuida, aunque no totalmente terminada, la utilidad militar de Puerto Rico, reducida también la importancia de nuestro país como tax haven para las empresas estadounidenses por voluntad del propio Congreso al eliminar la Sección 936 —y enfocadas las prioridades geopolíticas hacia otros rincones del mundo—, Estados Unidos procedió a cambiar su estrategia internacional sobre el caso de Puerto Rico.
Lo que no ha cambiado es su estrategia interna para amasar y prolongar el estancamiento del asunto del estatus en Puerto Rico, el inmovilismo. Imperio al fin: a Dios rogando pero con el mazo dando. Internacionalmente se reconoce que Puerto Rico tiene derecho a autodeterminarse y se hacen movidas simbólicas para hacer ver que se propician la discusión y las consultas al Pueblo de Puerto Rico. No obstante, al mismo tiempo, se hace desde Washington todo lo posible para que los puertorriqueños sigan, en la práctica, incapaces de decidir. Y ahí vamos tirando, buying time como dicen ellos. ¿La razón? La situación territorial y colonial —en el balance neto— les sigue dejando pingües ganancias.
Se llevan anualmente de Puerto Rico más de $30,000 millones en ganancias y otros pagos nuestros a sus capitales mientras su gobierno solo suelta la migajita de $6,000 millones en ayuda real. Ayuda que no es mucho más que lo que dan a algunos países independientes donde tienen intereses y donde los habitantes no tienen ciudadanía estadounidense. El resto de lo que llega son pagos por derechos adquiridos: lo que los puertorriqueños ya nos ganamos por cotizar a su sistema de seguridad social, lo ganado por los veteranos, etc. Y aun con estos últimos, lo que les llega es muy inferior a lo que reciben los veteranos en Estados Unidos. Es esa situación de conveniencia económica neta para ellos, no para nosotros, la que conduce a persistir en la estrategia que promueve el inmovlismo político en Puerto Rico. No importa tanto que Wyden y el grupo de trabajo de Obama en Casa Blanca hayan dicho o escrito que si Puerto Rico quiere salir de sus crisis económico-sociales tiene que abandonar el ELA territorial y escoger un estatus de pleno gobierno propio. ¿En qué consiste la estrategia política metropolitana con el asunto del estatus político de Puerto Rico? Es muy sencilla. Todo el mundo la debió haber visto hace tiempo, ya que es un caso concreto del principio imperial de divide y vencerás. Hay que preguntarse lo siguiente: ¿Por qué si los estadounidenses no tienen interés alguno en convertir a Puerto Rico en un estado federado en su federación, por qué si —como hemos dicho— la estadidad está disponible para los puertorriqueños como individuos y familias por medio de la emigración para residir en alguno de los 50 estados, pero no para Puerto Rico como país, los senadores y otras autoridades estadounidenses insisten en colocar la estadidad como opción en la papeleta de los plebiscitos que nos convidan a celebrar? ¿Es porque hay un partido PNP que es estadista y que obtiene el respaldo para la estadidad del 45% de los habitantes ilusos de Puerto Rico? Esa es la respuesta ingenua. Pero nada que ver.
La razón por la cual los estadounidenses mantienen la estadidad como opción para los posibles plebiscitos es que, con ello, encandilan la ilusión de los estadistas e impiden al mismo tiempo que un estatus de soberanía obtenga mayoría en Puerto Rico. En fin, garantizan el inmovilismo para todos los efectos prácticos. Los líderes del PNP se pasan acusando al PPD de ser inmovilistas por defender la colonia, el ELA territorial existente. ¿Pero es que acaso no son inmovilistas quienes arrastran con mil argucias a las masas del pueblo votante a apoyar con sus votos una estadidad federada que realmente no es posible? El partido más inmovilista en Puerto Rico no es el PPD, sino el PNP. Como demostré en el artículo “El proyecto de Pierluisi: aguajes, engaños y malabares” (publicado en Claridad el 21 de mayo de 2013) tanto como el 45% de los estadistas que votan en Puerto Rico, si la estadidad se torna imposible o demasiado difícil, requintan hacia el apoyo al “ELA como está” como su segunda opción. Y justifican semejante dislate así: “por lo menos con eso estamos protegidos por Estados Unidos y recibimos las ayudas de los estadounidenses a las cuales estamos acostumbrados”. ¡Vaya partido anticolonialista! Los dirigentes políticos del PNP, que saben muy bien que la estadidad federada para Puerto Rico como país no tiene oportunidades reales en el Congreso, son como el perro del hortelano: ni comen ni dejan comer. O mejor dicho, si comen es del presupuesto menguado del gobierno colonial, pero nada más. Ni consiguen el “estatus” que cínicamente llaman “el ideal”, ni permiten con su ilusionismo estadista hacia las masas, que sea viable un movimiento mayoritario —realmente pro cambio— que acabe con el estatus territorial mediante la soberanía. En el PPD, aunque existen los mismos inmovilistas que en el PNP, y por la misma combinación de miedos e ignorancia, por lo menos existe una corriente claramente soberanista que se dejó ver en el plebiscito de 2012, aun a costa de desobedecer al liderato máximo de su partido: 400 mil y pico de electores que “sin miedo” votaron por el ELA soberano. Y que están presentes muy cerca de la cúpula de ese parido, no solo en la masa de seguidores, como demostró el triunfo reciente del ahora senador Manuel Natal.
El reconocimiento de que la metrópoli aún no ha cambiado realmente su estrategia política de facilitar el inmovilismo en Puerto Rico es importante para que nadie se haga de ilusiones y para que se comprenda de una vez por todas que solo resolveremos el asunto del estatus territorial de Puerto Rico cuando una mayoría soberanista confronte al Congreso con la necesidad de actuar a tenor con sus compromisos internacionales en favor de la autodeterminación de los pueblos. La supuesta mayoría “estadista” no logró NADA, ni va a lograr NADA.
La oportunidad para una potencial mayoría soberanista
En un país como el nuestro donde la historia política se mueve a fuego lento, es todavía muy temprano para saber qué es viable de cara a una nueva consulta plebiscitaria o ante la creación de una Asamblea Constitucional de Estatus. Lo cierto es que la oportunidad la pintan calva. Y la oportunidad está servida para un gran movimiento nacional a favor del ELA soberano, luego del logro de los más de 400,000 votos en el plebiscito de 2012. Un logro prácticamente silvestre, sin partido, solamente por efecto de los esfuerzos educativos previos de verdaderos patriotas como Ángel Collado Schwarz, William Miranda Marín y los colaboradores de ambos, y de unos pocos líderes cívicos de ALAS y de otros grupos. Así, con el voto espontáneo de cientos de miles de populares que actuaron diferente a como les dictó Alejandro García Padilla, algunos quizá motivados también por el discurso soberanista de Carmen Yulín Cruz, el ELA soberano obtuvo muchos más votos de lo que esperaban los altos líderes del PPD. Esto demuestra, como señalé antes, que cada vez más y más puertorriqueños utilizan su propio criterio a la hora de votar y cada vez es más difícil que los líderes máximos conservadores del bipartidismo cerrado PPD-PNP (inmovilistas los dos) secuestren a gusto y gana los votos de los electores. Ya hemos visto, elección tras elección, que esos votos se les escapan por la vía del disgusto, la decepción y la abstención electoral, o por vía de la mudanza a Estados Unidos. Tenga usted por seguro, por ejemplo, que quienes hayan sido estadistas en Puerto Rico y se hayan ido a vivir recientemente a la Florida, se van a hacer su estadidad personal, como otros tantos, y muy pocos se van a ocupar de hacer nada para luchar políticamente por la estadidad imposible, la estadidad para Puerto Rico como país. Conseguida ya la única estadidad posible, la individual, esos exvotantes del PNP, con toda probabilidad, serán una pérdida neta para la supuesta “causa” de ese partido.
Por supuesto, en gran medida todo esto se facilita por la crisis económica, social y política que vive el país. Y porque más y más ciudadanos, entre quienes se quedan en Puerto Rico, se percatan de que los poderes de la soberanía son imprescindibles para que nuestro gobierno pueda ayudar a los sectores privados a movilizar la economía del país fuera de la crisis y hacia un nuevo ciclo de crecimiento.
Las vías posibles
Si el PPD no abraza lo que debiera ser su nueva causa natural e histórica, existen dos posibilidades evolutivas para lograr un consenso mayoritario a favor de la libre asociación soberana. Una es que ALAS, la organización que representó al ELA soberano en el plebiscito de 2012, con base en la legitimidad adquirida por el respaldo de más de 400,000 votos, se lance desde ahora a una intensa campaña educativa sobre el ELA soberano basada precisamente en demostrar concretamente por qué dicha opción es, no solo la más viable, sino la que más conveniencias le trae al país para hacer una transición suave, con apoyo de Washington, entre el estatus territorial actual y un status de soberanía propia. Ahora, los poderes los tiene Washington, pero como la economía de Puerto Rico no es allí una prioridad, EE.UU. no los usa para reimpulsar la economía puertorriqueña hacia un nuevo ciclo expansivo. Los que sí tenemos interés en lograr eso somos nosotros, pero no podemos continuar eligiendo gobiernos que puedan tener el interés —y hasta la mejor intención de contribuir a mejorar nuestra situación económica— pero que no lo logran por falta de los poderes necesarios. Una vez conseguidos los poderes, sin embargo, nos quedaría la tarea por delante de saber elegir bien un Gobierno puertorriqueño soberano que use los poderes de la soberanía para beneficio de todos, y para implantar un plan estratégico bien pensado de reimpulso económico, no para beneficiar una clase política corrupta. Eso significa que el esfuerzo educativo necesita ser doble: (1) demostrar a la concreta —y en arroz y habichuelas— por qué y cómo la soberanía es necesaria para lograr salir de la crisis y emprender una nueva etapa de crecimiento y desarrollo en nuestra economía y (2) demostrar también por qué es imprescindible en esa ecuación la elección de un buen gobierno, patriótico, honesto y comprometido realmente con el bien de todos y no solo con beneficios para una elite política egoísta.
Demostrado su compromiso mediante la campaña educativa y con el desarrollo de una plana de líderes que proyecten credibilidad por su honestidad y compromiso genuino con el país, ALAS, como hizo estadistas unidos en 1968, podría convocar a todos los favorecedores del ELA soberano a crear un nuevo partido para las elecciones de 2016. Si con 39% del voto en el plebiscito de 1967 los estadistas lo lograron, no vemos por qué una coalición de sectores soberanistas no pueda lograr lo mismo con base en el 33% del voto que obtuvo el ELA soberano en el plebiscito de 2012. Más aún cuando el PPD y el PNP de hoy día tienen mayor desgaste y brechas de credibilidad que las que tenía el PPD de Muñoz Marín en 1968. Si se cuentan los votos en blanco, el porcentaje pro ELA soberano baja a 25%, aunque todavía es significativo porque, como ha demostrado Emilio Pantojas García, los votos por el ELA soberano no fueron mucho menos que los votos en blanco, por tanto, constituyeron casi la mitad de los electores populares de 2012. Por ello se vislumbra una gran oportunidad y una gran responsabilidad histórica para José Arbona Díaz, nuevo presidente de ALAS.
De no reconstituirse ALAS con un nuevo liderazgo más amplio para dirigir ese proceso educativo y político de cara a las elecciones de 2016 —y con un objetivo a largo plazo de un mejor futuro para nuestro país y para las nuevas generaciones— la otra vía disponible es la creación de un nuevo movimiento amplio en función de un ELA soberano. Un movimiento soberanista más allá de líneas de partido, que ponga a trabajar juntos, con sentido de urgencia, a todos los que creen en que esa es la mejor solución a nuestro problema territorial: desde los que permanezcan en el PPD, hasta los que hayan sido movilizados por ALAS, el MUS y otros grupos de la sociedad civil no partidista y sin excluir, por supuesto, a quienes hayan sido votantes del PNP pero que se hayan ido convenciendo de que la estadidad federada para Puerto Rico como país NO VA.
El problema mayor que tiene cualquier movimiento en ese sentido es la estrategia de Washington de provocar el ilusionismo estadista para mantener el inmovilismo. No obstante, esa estrategia se va haciendo más y más difícil, toda vez que sectores del propio Congreso, sobre todo del Partido Republicano y del Tea Party, van a contribuir, lo hagan a propósito o no, a desilusionar estadistas en Puerto Rico debido a la creciente obviedad de la desatención de los círculos de poder estadounidenses al reclamo estadista. Eso, aunado a la presión creciente desde Puerto Rico a favor del ELA soberano tiene, en efecto, el potencial de llevarnos al nuevo juego político.