Insurrección, lenguaje e institucionalidad

foto por Ricardo Alcaraz Díaz

El momento demótico: algunos rasgos

El levantamiento de julio manifestó un hastío colectivo ante instituciones inoperantes y quebró el reino de los pluscuamperfectos. Fue un momento demótico, una condensación en tiempo y espacio de rabias individuales y colectivas, amasadas en aislamiento, con una sincronía innegable de propósitos, y expresadas de forma directa en la calle. Demótico porque el demos, como una realidad ético-política que reclama e impone para sí y para los gobernantes otra organización del poder, se puede distinguir del pueblo, un concepto que nace atrapado en una jerarquía.

Como instancia demótica, el pueblo se constituyó a sí mismo como esa fuerza ético-política para repudiar la corrupción y exigir la salida a destiempo del gobernador que una mayoría electoral había elegido en el 2016. Por pueblo, entiendo esa diversidad de racionalidades, pasiones, intereses, opiniones, y clases sociales que conforman un concepto que promueve una aspiración de totalidad e inclusión, pero al mismo tiempo oscurece sus fragmentaciones permanentes, contradicciones y hasta múltiples fracturas al interior de sus distintos componentes. Este concepto, como accionar que unifica, convoca un palimpsesto que reta el orden establecido y puede moverse tanto hacia un horizonte de igualdad y justicia social como hacia abismos racistas y totalitarios.

Esa constitución mayoritaria del pueblo como voluntad compartida y fuera del entramado de instituciones y de procedimientos estatales fue la primera instancia en nuestra historia nacional.

En el contexto colonial, las manifestaciones fueron una praxis descolonizadora, una ruptura de miedos primitivos y una afirmación de lo que el coloniaje busca anular: la dignidad individual como proyecto que no depende de un poder externo y superior y que se visualiza como tribunal que certifica o deniega la valía de lxs subordinadxs.

Es ahí, en su carácter descolonizador, que prefiero hablar de una interrupción revolucionaria que, sea como logro efímero o prefiguración de otro orden social, puso fin a la marcha catarsis que exorcizaba iras en un día, retornaba al patrón de la queja y prefería esperar al día de las elecciones para el ajuste de cuentas; al teatro de la victimización inconsecuente; a luchas sectoriales admiradas por muchos pero abandonadas a su suerte.

Utilizo el término “revolución” para referirme, exclusivamente, a esa interrupción que fue también ruptura emocional y política en la mayoría avasallante de puertorriqueñas y puertorriqueños que, por primera vez en nuestra historia nacional, actuó contra un gobernador como representante de una estructura de poder. El cartelón portado por una señora entrada en años es una de sus mejores expresiones: “Haciendo lo que no nos atrevimos antes. Basta ya.”

Con la especificación previa en mente, podemos decir que hemos estado ante la paradoja de una revolución extra-constitucional y constitucional. Extra-constitucional por las razones obvias: fue una movilización del pueblo sin encomienda alguna a las peticiones pacíficas que requiere la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana y copiada por la constitución colonial. Esa enmienda fue parte del proyecto explícito de controlar el demos-pueblo como actor que transgrede los marcos legales y por eso no hubo ningún intento de considerar el lenguaje revolucionario de la Constitución de Virginia (1776) y de Massachusetts (1780).^[1]  Fue también una revolución constitucional que afirmó el principio rector de todo orden político que es un proyecto deliberativo e institucional para imponer y formalizar la rendición de cuentas a través de la organización del poder colectivo. En esa afirmación, el levantamiento expandió y se entroncó los espacios democráticos de nuestra cultura política.

En el terreno de lo político, la radicalidad de las multitudes rompió la hegemonía que, a juzgar por la abundancia de opiniones y evidencia anecdótica, ya sufría de una fragilidad irreparable.

Las movilizaciones pusieron de manifiesto los espacios democráticos, construidos por más de un siglo, de la cultura política en Puerto Rico. Las intervenciones policiacas fueron telegrafiadas y los encontronazos en Fortaleza se convirtieron en un ritual con su protocolo de advertencias y hasta avisos antes de los gases lacrimógenos.  Pero, aun reconociendo lo arraigado de una cultura de protesta, sería letal olvidar la fragilidad que la envuelve. Cobra un gran significado que el mismo gobernador que hablaba de respetar el derecho de expresión también consultó sobre el posible uso de la Guardia Nacional.^[2]

Al igual que luchas recientes, el levantamiento fue lúdico, festivo y digital donde la inmensa creatividad de lo popular se plasmó en la multiplicidad de contenidos y géneros. Y en otro hito, fue el primero que unió a la diáspora.

En fin, una matriz de heterogeneidades:  los jóvenes, las mujeres, los sindicatos, los religiosos, los partidos políticos de oposición, el estado-partido, las distintas ramas de la burguesía local, y todos con sus respectivas lógicas.  Y de trasfondo:  la Junta de Control con su normatividad neoliberal.  Algunas de estas lógicas se han entrelazado, sin perder su singularidad.

Somos más y no tenemos miedo: erupciones, excesos y ambigüedades del lenguaje

Hasta el lenguaje ha tenido sus erupciones. De momento, la palabra “patria”, casi como exorcismo emocional y desgarramiento interior, aparece en lugares inesperados.  Imperativo es notar que este vocablo, nunca eximido de sombras y sobre el cual nadie tiene monopolio, en la colonia ha sido emblema del nacionalismo radical y del independentismo. En esa politización lingüística del colonialismo, la palabra “patria” al igual que “nación” han tenido esa aureola de lo prohibido, de lo que no debe pronunciarse so pena de parecer “anti-americano.”^[3]  Fuera del ámbito independentista, el concepto no es ni ha sido común. Muñoz Marín, según José Arsenio Torres en su libro Memoria Pública, terminó imposibilitado de vocalizar unos términos –nación, patria, soberanía–que ya su espíritu sentía como amenazas a su ELA.

Las alusiones al “pueblo” cobran un significado muy distinto a las alocuciones del pasado reciente cuando tales invocaciones eran ritualistas y obligadas. Todavía lo son para los personeros del PNP. Pero no hay duda que “el pueblo,” como actor que ha trascendido el enanismo de los partidos dominantes, acarrea el aura de lo transgresivo. Ante todo, las nuevas referencias al “pueblo” llevan consigo el clamor genuino de una búsqueda imperiosa de proyectos comunes hacia algo distinto y superior al presente colonial.

Debe ser motivo de reflexión el hecho que la consigna principal de las multitudes, la que caló hondo, fue un rechazo al miedo:  “Somos más y no tenemos miedo.” Era una variación de otra consigna durante la huelga universitaria de 2010:  “Nos temen porque no tenemos miedo.” Esas enunciaciones, en colonias y en dictaduras, desbordan sus significados.  ¿Por qué esa insistencia en negar el miedo? En la huelga, la consigna se inicia frente a la policía y el referente era inmediato y físico. Era una declaración que la militancia expresaba para el estado, la prensa, y para sí misma.  En julio, la consigna desbordó los encuentros con la policía en la Fortaleza. Sugiero que, en adición al desafío a las fuerzas del estado, la consigna expresa un “exceso.” Como enunciación pública de una subjetividad, la declaración puede también explicarse como repudio, consciente o inconsciente, a ese miedo que principio de socialización y gobernabilidad en la colonia. Miedo: es la siquis del “nos coge el holandés,” “el situado no llega,” “los fondos federales peligran,” “España no da cupones,” y sobre todo, esa desazón de que sin la “protección” del Norte, el apocalipsis de una hecatombe mental y social sería destino inequívoco, seguro y griego.

“Somos más y no tenemos miedo.” Se trata de una consigna resbaladiza, un terreno con una pluralidad interpretativa. Contiene una causalidad cuyo significado sería “somos más y por eso no tenemos miedo;” es decir, el no tener miedo se explica por los números, porque somos más.  Pero la consigna también excede la causalidad y podría entenderse como dos cláusulas independientes, separables, sin rozamiento alguno, y cada una con un mensaje irreducible: “Somos más”; es decir, somos una mayoría frente a la minoría corrupta y las elites del desgobierno. En ese “somos” ya aflora el potenciar de proyectos que nos unan en acciones solidarias.

“Somos” es un estado de ser que es presente, un estado de presencia, como querer decir “aquí estamos muchos” en lugar de “somos muchos.” En el lenguaje español, el “somos” evoca carácter, como decir “somos así.” En condiciones del capitalismo neoliberal que precariza la existencia pero también desea invisibilizarla, lanzarla a los márgenes, y declararla “culpable” por ser detritus del mercado; en la colonia, donde una década de recesión y un huracán categoría cinco quebraron los escaparates y establecieron, como presencia, la pobreza tercermundista, la ineficacia gubernamental y el abandono, pero que, como en toda sociedad, el proyecto instintivo, desde el estado, ha sido normalizar lo extraño y explicarlo con las palabras y “soluciones” conocidas (más peticiones de ayuda al Congreso, más fondos federales); en esta cultura, donde cadáveres aparecen en pavimentos, pastizales, autos y sus baúles; donde la misoginia es feminicidio, ese somos de presencia mayoritaria, contestaría y alternativa contra el estado y sus valores, es radical.

“Y no tenemos miedo”: esta segunda cláusula es expresión emancipadora. Es un aleph de significados encontrados y entrelazados. El “no tenemos miedo” no declara un sentido de seguridad sino lo opuesto:  no estamos seguros ante un estado que puede reprimirnos, pero, a pesar de ello, “no tenemos miedo.”  Nuestra vulnerabilidad no nos importa. Cada repetición es un desafío.

Por esos azares de lo cotidiano, acabo de descubrir una palabra árabe, aswa’iyat, “often defined as slums.”  El sentido literal es “informal”, un adjetivo, pero la palabra se usa como sustantivo y nunca se usa en singular, siempre en plural.  “Ashw’iyat are never singular: to speak of one is to imply all the others.”^[4] En una traslación a los eventos de julio y pensando la multitud, podemos imaginar en Puerto Rico otro adjetivo que defina lo múltiple pero que sea también un nombre que convoque un habitar juntos y algo que no esté o haya escapado las regulaciones del estado y el mercado; algo así como “digital,” “indisciplinado,” o, mejor, “precaria” o “precario”, adjetivo transformado en nombre de marginalidad, solidaridad, y rebelión contra lo que  crea. Las precarias también gritaron “Somos más y no tenemos miedo.”

Institucionalidad agujereada

La ruptura puede ser momentánea y sin duda las elites y sus clases pugnarán por distintas reconfiguraciones. Pero lo innegable es que hoy hay un nuevo orden cívico-político en Puerto Rico. Lo nuevo explica la parálisis que ha caracterizado a los representantes de la siempre deferente burguesía isleña. Industriales, banqueros y comerciantes no se atrevieron a exigir el residenciamiento del gobernador. Los comerciantes saltaron al ruedo en apoyo a Pierluisi por la noble razón de que sus ventas mermaban en todo un diez por ciento.^[5]

Por mucho tiempo, se impondrá pensar ese devenir aun en movimiento.  Ahora se impone pensar lo que procede en lo inmediato. En un intento de respuesta, estipulemos, como axioma, que la institucionalidad en Puerto Rico tiene muchos elementos de fachada.  Esto no quiere decir, por supuesto, que estamos ya ante un estado en fracaso total.  Con eficiencia o sin ella, todavía se cobran contribuciones, se mantienen escuelas, hospitales, se ofrece luz y agua, se hacen juicios y se envían personas al presidio. Y como principio básico, si pagas tributos es porque ese tentáculo estatal todavía tiene pulso.  Pero este funcionar, por destartalado que sea, coexiste con una institucionalidad averiada, un gobierno agujereado que transgrede su propia retórica sobre un estado de derecho.  Para ser más preciso, la institucionalidad que rige la representatividad política se disolvió bajo el sol y las lluvias radicales de julio.

La forma más convincente y eficiente para demostrar el desguace de lo institucional es a través de varias preguntas, todas basadas en hechos verificables y a lo mejor todavía grabados en nuestra memoria colectiva.  A ver:

Bajo la Administración de Sila María Calderón, se estableció la “Blue Ribbons Commission” con la misión de documentar actos de corrupción durante los ocho años de administración de Pedro Rosselló.  Aparte del indudable valor propagandístico y, por lo mismo, de corta duración, de dicho esfuerzo, ¿cuántos sospechosxs fueron acusados y llevados a los tribunales?  ¿Cuánto dinero se recuperó para el erario?

En el transcurso de tres administraciones (2007-2013), el gobierno pagó a sobreprecio terrenos del Corredor del Noroeste.  Aunque el precio por cuerda fue estimado en mil dólares, el gobierno terminó pagando un promedio que fluctuó entre $10,000 y $70,000 por cuerda. Esa dádiva gubernamental cayó en las garras del San Miguel Resort y Dos Mares Resort.^[6]

En el 2016, el llamado Cartel del Petróleo fue “investigado” por el Senado. Refrescando nuestra memoria:  de acuerdo a Abraham Ortiz, director de laboratorio de la AEE, dicha agencia pagaba a sobreprecio combustible con un alto contenido de azufre y que no satisfacía las especificaciones de la EPA; los informes de laboratorio se alteraban por quienes luego recibían su debida “comisión” también conocida como soborno.  El resultado directo de tal desafuero lo vivían las comunidades aledañas a las plantas de la AEE en forma de lluvias tóxicas.^[7]

¿Quiénes han sido acusados?   ¿Cuánto se ha recobrado del dinero escamoteado por los mañosos?

Varios meses después de María, unos vagones con alimentos “desaparecieron,” así porque sí, en un desplazamiento instantáneo a lo Star Trek y aparecieron en una esquina de la Comisión Estatal de Elecciones.  Una “auditoría” por una compañía enchufada al Secretario de Hacienda determinó que no hubo “irregularidad” alguna.  Casi un acto de “fuerza mayor” explicaba lo sucedido y, por consiguiente, nadie era responsable.

Agreguemos otras preguntas:

¿Cuántos fondos públicos se invirtieron en los molinos paralizados en Salinas?  ¿Quiénes medraron mediante los contratos otorgados para ese entuerto?  ¿Qué beneficio público se ha logrado?

¿Cuántas de las personas acusadas de “irregularidades” o “malversación” por la Oficina del Contralor o por la Oficina del Fiscal Especial han sido halladas culpables en los tribunales locales?

¿Cuánto dinero se ha recobrado gracias al esfuerzo de estas dos oficinas gubernamentales que existen como valladares contra el desfalco?

Tengo la sospecha de que la respuesta a todas estas preguntas es negativa.

Y, acercándonos a la conclusión:

¿Por qué se tuvo una “monitora” para la AEE?  ¿Por qué se tiene un monitor para la Policía y una Junta para todo el gobierno?

Todo esto demuestra la institucionalización de la impunidad; es decir, precisamente lo contrario a lo institucional.

Como coronación del desastre, tenemos la junta:  siete personas nombradas por el Ejecutivo federal para actuar de tutores del pueblo de Puerto Rico.  En tal rol, la junta es la confirmación, desde la metrópoli, que la reducida institucionalidad de la colonia naufragó en la mala administración y la corrupción endémica.  Desde el punto de vista jurídico, el tutor se nombra para infantes y locos.  O infantes o dementes:  ese es el tierno mensaje que la Junta representa para Puerto Rico y sus instituciones.

Asamblea Constituyente

Ante la radicalidad del momento, es sensato presumir que ni las estructuras dirigentes del PNP, un partido que hoy camina como el proverbial bípedo decapitado, ni el PPD ni las élites existentes que, en su pasividad y complicidad, son partícipes de este levitar en cloroformo, pueden ser garantes de lo nuevo.  Como rasgo ontológico, las elites y sus clases casi nunca ven los peligros en acecho.  Y son las primeras que sufren el precipicio y su vértigo.  Es ingenuo esperar que regenten lo que ni siquiera entienden.

La Asamblea Constituyente, como proyecto que no se opone al surgimiento de nuevas organizaciones y hasta fertiliza un mejor terreno para las mismas, es hoy requerimiento inaplazable. Es una forma de convertir el presagio y prefiguración de lo nuevo en concreción social.  El senador Vargas Vidot ha presentado legislación para tal asamblea y el ex – gobernador Acevedo Vilá también ha defendido la idea.  La propuesta más abarcadora fue hecha por el Partido Independentista Puertorriqueño.^[8]

La Asamblea Constituyente es un reconocimiento del pueblo que ya se constituyó en la calle y cuyas acciones de respeto propio no son compatibles con la Junta. Como expresión institucional y etapa “natural” de la insurrección de julio, la Constituyente debe tener una agenda abierta con el norte que ya ha sido escrito en pavimentos y adoquines:  necesitamos un nuevo país y los envoltorios del presente, deshilados y podridos, ya fueron repudiados por una piel muy nueva con cadencias y ritmos de una también nueva generación que combina a Bad Bunny, Residente, la Colectiva Feminista, la hibridez del nombre Rey Charlie, la otra hibridez de encendida noche antillana de Cacerolagirl, y a cientos de miles que, confiamos, no tienen intención de desparramar sus sueños en los adláteres de la colonia.

Conclusión

Ya sabremos si el levantamiento de pueblo pone fin a este desorden y a la elite política que por décadas ha propagado un país virtual, de fachada, de aldea Potemkin para consumo de no se sabe quién hasta que, finalmente, el chat de Ricky y su cuadrilla de maléficos transparentó la existencia de los “low lifes” y el pueblo los expulsó de lo digital y los plantó, literalmente, en la calle.

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^[1] Constitución de Virginia, Bill of Rights, Sección 3: That government is, or ought to be, instituted for the common benefit, protection, and security of the people, nation, or community; of all the various modes and forms of government, that is best which is capable of producing the greatest degree of happiness and safety, and is most effectually secured against the danger of maladministration; and that, when any government shall be found inadequate or contrary to these purposes, a majority of the community hath an indubitable, inalienable, and indefeasible right to reform, alter, or abolish it, in such manner as shall be judged most conducive to the public weal. Emphasis suplido. https://www.law.gmu.edu/assets/files/academics/founders/VA-Constitution.pdf.  Constitución de Massachusetts, 1780, Artículo 7 contiene un lenguaje similar. http://www.nhinet.org/ccs/docs/ma-1780.htm

^[2] Noticel, 10 de agosto de 2019.  https://www.noticel.com/ahora/rossello-considero-activar-la-guardia-nacional-durante-protestas-en-su-contra/1107323543

^[3] Daniel Colón Ramos, “El Grito de María que nos parió la patria.”  El Nuevo Día, 26 de julio de 2019.  José A. Fusté, “El gobierno debe trabajar por la democracia.” El Nuevo Día, 31 de julio de 2019.  Fusté escribe sobre el “deber constitucional y obligación patria” de la legislatura.  Carlos E. Díaz Olivo, “Lo que nos espera.”  El Nuevo Día, 8 de agosto de 2019.

^[4] Peter Hessler, The Buried.  An Archaeology of the Egyptian Revolution. New York:  Penguin Press, 2019; p. 121.

^[5] Un reciente editorial de Noticel lo dice sucintamente:  “Tenemos patéticas muestras de que para ciertos actores del sector privado la defensa de la «estabilidad social» es la defensa de sus accesos a la chequera pública. El que solo un puñado de hombres y mujeres de negocios tomaran la delantera para unir su voz a la del pueblo que protestaba en las calles y luego otros más se apresuraran a apoyar la festinada ascensión al poder de Pedro Pierluisi es reflejo de que para algunos su «plan de negocios» no es la innovación o la eficiencia en la competencia, sino el inversionismo político.”  Editorial, 14 de agosto de 2019. https://www.noticel.com/opiniones/editorial/ojo-avizor/1099328845

^[6] Irene Garzón Fernández, “Terrenos a sobreprecio, Corredor Ecológico del Noreste (CEN).”  Primera Hora, 25 de febrero de 2014. https://www.primerahora.com/noticias/columna/irene-garzon/columnas/terrenosasobrepreciocorredorecologicodelnoreste(cen)-992078/

^[7] https://www.nytimes.com/es/2016/02/16/denuncian-un-negocio-sucio-en-la-compania-electrica-de-puerto-rico/

^[8] Ver https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/nota/picaalanteelpipconenmiendasconstitucionalesyasambleadepueblo-1356889/  Ver también las importantes contribuciones de Cesar Pérez Lizasuain y Carlos Rivera Lugo respectivamente.  “Apuntes sobre el estado de rebelión y el poder constituyente.”  80 grados. 4 de agosto de 2019.  “La refundación constitucional desde abajo.” 80 grados.  9 de agosto de 2019.