La auditoría, el derecho a saber y las políticas del dolor

En las pasadas semanas, se ha comenzado a discutir en el procedimiento judicial bajo el Título III de PROMESA si todos los documentos, testimonios e informes recopilados por la firma Kobre & Kim, LLP, contratada por la Junta de Control Fiscal para realizar una investigación sobre las causas de la deuda, se harán públicos. La firma fue contratada por la Junta cuando un grupo de acreedores del Gobierno cuyas deudas no están aseguradas intentó que se le invistiera de poderes para investigar la responsabilidad de las instituciones financieras como Banco Popular y Santander en la deuda. La información cubre cerca de doscientos mil documentos, algunos provistos por entidades gubernamentales, otros por entidades financieras, sobre cien entrevistas a funcionarios y exfuncionarios públicos, así como memorandos e informes de la entidad. Dicho de otra forma, es información que posiblemente cuenta gran parte de la historia que nos trajo a este presente de estados de emergencia y dolor permanentes. La pretensión de la entidad, es solo hacer pública un mínimo de esta información, aquella cuya confidencialidad no hubiere sido invocada por los propios funcionarios públicos o entidades privadas, o pactada mediante acuerdo por la misma firma. El asunto se discutirá en una vista en la Sala de la Jueza Laura Taylor Swain, a celebrarse el próximo 25 de julio de 2018, mientras gran parte del País conmemora el 66 aniversario de la reafirmación colonial, o de la unión permanente, que representa nuestra Constitución. Nuevamente, la historia de la deuda pública de Puerto Rico se pretende discutir y zanjar en espacios cerrados.

Parte de esa historia, así como de las razones para la acumulación de esa deuda, es bastante conocida. De una parte, la subordinación política y económica que ha caracterizado la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos por los últimos 120 años, que se manifiesta en temas como la aplicación a Puerto Rico de las leyes de cabotaje, los límites constitucionales a la promoción del comercio local mediante la cláusula de comercio interestatal en su estado durmiente, el control congresional sobre la creación de políticas contributivas para el País y en la asignación y distribución de fondos federales, por ejemplo, ha sido un obstáculo para el desarrollo económico pleno de nuestro archipiélago. No cansa decirlo, aunque quizás resulta desmoralizante que algunas personas solo quieran hablar de ello: la deuda pública de Puerto Rico es colonial y odiosa.

Por otro lado, la deuda del gobierno de Puerto Rico es también producto del asentamiento de un orden económico dominado por el capital financiero, uno que compartimos con muchos países, como Argentina y Grecia, que actualmente libran sus respectivas batallas contra el (nuevo) paradigma de los Estados-Deudores. Se trata de un modelo que pretende utilizar la deuda pública como pretexto para socavar la idea misma de que el aparato gubernamental solo debe existir para beneficio del demos, y que persigue imponer el credo friedmanita y neoliberal de la privatización, la desregulación, la extracción y el desmantelamiento y la eliminación de instituciones y programas de bienestar social.

Ambos lastres sobre la deuda, los del colonialismo y los del neoliberalismo, merecen y deben contarse. Por ello, varias personas nos hemos organizado bajo la bandera de la auditoría integral de la deuda pública de Puerto Rico, como parte de una campaña política, AuditoríaYA, que pretende muchas cosas, pero antes que todo, propone visibilizar los términos del chantaje propuesto por la clase política del País y el capital financiero tras ella: que las personas que hacemos nuestras vidas en esta maraña que hacemos llamar Puerto Rico tenemos que sacrificar nuestra dignidad, y con ello, todos los elementos indispensables para nuestras vidas y nuestra felicidad, como la vivienda, la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, un ambiente limpio, así como nuestras identidades, para salvar las finanzas del gobierno y restaurar la imagen crediticia del País. Se trata, pues, de una campaña por y para nosotras, que pretende descorrer simultáneamente el velo colonial y neoliberal del país en lo que respecta a la acumulación de la deuda pública. Con ella se pretende, entre otros asuntos, documentar no solo cada potencial argumento de inconstitucionalidad e ilegalidad de las emisiones o los pagos de la deuda, sino también toda su ilegitimidad política; detallar cada instancia de corrupción legalizada mediante la contratación a amigos-de y donantes-de; contar cada historia de despilfarro tras la construcción de obras de infraestructura derrotadas por el pueblo y la sensatez; calcular los miles de millones de deuda que nunca llegaron al fisco, sino que se quedaron en los bolsillos de compañías a cargo de las emisiones en calidad de comisiones; y evidenciar la usura tras el pago de intereses leoninos, que multiplican en varias decenas de miles de millones la obligación de pago de deuda.

Esas historias, sin embargo, no se pueden contar en su totalidad sin acceso pleno a la información sobre la deuda pública de Puerto Rico, y eso es lo que precisamente pretende hacer la Junta de Control Fiscal a través de la firma Kobre & Kim. Debido a lo anterior, varias entidades, entre ellas el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), Espacios Abiertos y la recién creada, o más bien refundada, Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público,1 se han dado a la tarea de solicitar, así como hurgar entre cuanto expediente gubernamental puedan encontrar, acceso a toda la información pública sobre distintos componentes de la deuda.

El CPI, por ejemplo, lleva litigios paralelos contra la Junta de Control Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico, solicitando información sobre las comunicaciones entre ambas entidades relativas a la deuda, la crisis fiscal y a la aprobación de planes y presupuestos para responder a la misma. De hecho, recientemente el CPI logró que un juez federal reconociera que la Junta viene obligada a respetar el derecho constitucional de acceso a la información en Puerto Rico. Por su parte, Espacios Abiertos obtuvo una importante victoria hace unos meses, en la que logró que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) hiciera públicos sus análisis de sostenibilidad de la deuda pública de Puerto Rico. Finalmente, la Comisión Ciudadana se encuentra en proceso de solicitar y obtener información pública en manos de la AAFAF, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), sobre las emisiones atadas a los recaudos del impuesto sobre ventas y uso (IVU). Se trata de esfuerzos valiosos, todos dirigidos a navegar la maraña gubernamental en vías de arrojar luz sobre distintos elementos de los pasados cuarenta años de acumulación de deuda pública en el País, y las medidas que ahora se imponen para atender la crisis económica y fiscal que nos asfixia.

No debe caber duda de que la información recopilada por la firma Kobre & Kim es de naturaleza pública, y por ello debe ser accesible para la ciudadanía. Se trata de información no solo ligada a la acumulación de una deuda que se pretende hacer muy pública y exigible a Puerto Rico, sino que se utiliza todos los días como fundamento para causar dolor, sea mediante la eliminación de derechos laborales, los recortes a servicios públicos, la desregulación y promoción de políticas altamente contaminantes y extractivistas, y el desmantelamiento de los programas de bienestar social. Aun en el caso de información vinculada a la deuda, pero provista por la banca y otras entidades financieras, el brazo del derecho constitucional de acceso a la información pública se ha hecho extensivo a esas instancias. Así ocurrió recientemente, por ejemplo, en la demanda en la que el CPI prevaleció en su demanda contra el Gobierno para obtener información sobre la identidad de las personas y entidades que habían adquirido bonos de Puerto Rico durante la emisión realizada en marzo de 2014, pese a que dicha información alegadamente obraba en manos de la compañía contratada para hacerse cargo de dicha venta. Visto de esta manera, el interés público del pueblo en tener acceso a esta información, de manera que pueda hacer su juicio sobre si las políticas del dolor que se le imponen son legítimas, tiene que prevalecer sobre cualquier invocación de algún privilegio o reclamo de confidencialidad sobre la información.

Lo anterior es particularmente importante en tiempos en los que la legitimidad del aparato gubernamental y el desempeño de su clase política, tanto nacional como federal, está en entredicho. De hecho, los mismos presupuestos de la investigación encomendada a Kobre & Kim revelan que la investigación iba más dirigida a validar una teoría neoliberal sobre la acumulación de la deuda que a realizar una auditoría integral de la deuda pública. Por el contrario, si algo ha demostrado el accionar de la Junta de Control Fiscal y las pasadas administraciones del Gobierno de Puerto Rico es que el Estado no tiene ni la voluntad ni el deseo de explorar reclamos dirigidos a anular o cancelar la deuda pública del país, y mucho menos a auditarla. No la tienen porque saben que cualquier mirada profunda a esos cuarenta años de acumulación de deuda visibilizará la naturaleza particularmente abusiva de nuestra relación colonial con Estados Unidos y dejará en evidencia el rol que la banca y el capital financiero, así como funcionarios y gobernantes de ambos partidos que se alternan el poder gubernamental, incluidos integrantes actuales del Gobierno y la Junta, han jugado en estas historias de deudas y dolor. No podemos, pues, apostar a que algún actor estatal o federal acometa esta tarea.

En los meses luego del paso del huracán María por Puerto Rico, el País ha tenido que lidiar con la indignidad de un Gobierno que no solo desatendió a sus poblaciones más vulnerables, sino que ignoró sus muertes. En palabras del colega y amigo Yoryie Irizarry, y fiel a las corrientes sobre necropolíticas, les trató como poblaciones excedentes. A nueve meses del paso del huracán, y en medio de una nueva temporada de huracanes que ya alimenta nuestras dosis de ansiedad, el Gobierno ha seguido cifrando en sesenta y cuatro el número de muertes vinculadas al paso del huracán. Afortunadamente, la concatenación de estrategias por parte de un periodismo alternativo, investigativo e independiente, que a días del paso del huracán ya cuestionaba con datos e historias la posición estatal, una ciudadanía activa e insatisfecha con la gestión gubernamental, que mediante protestas y manifestaciones se permitió llorar y denunciar a sus muertos, y algunos sectores críticos de la academia, generaron las condiciones para que, ante una solicitud y reclamación judicial por parte del CPI, el Gobierno viniera obligado, pese a su esfuerzo al contrario, a hacer pública la información sobre las muertes ocurridas en Puerto Rico desde el paso del huracán. Gracias a eso, las historias de nuestras muertes vinculadas al paso de María y particularmente a la pobre respuesta gubernamental a los estragos del huracán, están siendo contadas. Toca ahora que hagamos lo mismo con las historias de la acumulación de nuestra deuda pública, y las políticas del dolor que nos imponen a causa de ella. Vamos por ello.2

 

Referencias:

José. M. Atiles-Osoria, Apuntes para abandonar el derecho: Estado de excepción colonial en Puerto Rico (2016)

Wendy Brown, Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution (2015)

María Lucía Fattorelli, Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública: Experiencias y Desafíos (2013)

Edward S. Herman & Noam Chomsky, Manufacturing Consent: The Political Economy of Mass Media (1988)

Yoryie Irizarry, Nuestros muertos de María: muertes en una población excedente, 80grados, 5 de junio de 2018

Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism (2007)

Naomi Klein, The Battle for Paradise: Puerto Rico Takes on the Disaster Capitalists (2018)

Maurizio Lazzarato, Governing by Debt (Semiotext(e), trad., 2015)

Maurizio Lazzarato, The Making of the Indebted Man (Semiotext(e), trad., 2012)

Armando Santiago Pintado, Pausa para la auditoría, 80grados, 24 de marzo de 2017

Saskia Sassen, Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy (2014)

Sheldon S. Wolin, Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism (2008)