La democracia “Super PAC”
Vivimos en los tiempos de la democracia “Super PAC”, un nuevo tipo de entidad política creada a consecuencia de normas judiciales del Tribunal Supremo de EEUU que liberalizan la forma en que las corporaciones, organizaciones e individuos logran influir sobre las campañas políticas. Estas normas judiciales, cuya aplicación se extiende a Puerto Rico, permiten que un grupo de corporaciones y ciudadanos ricos pueda, sin tope máximo alguno, manipular los procesos electorales ahogando en dinero, mediante publicidad, los mismos. Ahora la financiación privada de las campañas electorales está, más que nunca antes, en manos del inversionismo político, los “PACs” (Political Action Committee). Parecería difícil de creer pero se está asfixiando el juego limpio de la competencia electoral a nombre de una interpretación muy particular del derecho de libre expresión.
El símbolo por excelencia de los procesos electorales democráticos es el principio de igualdad jurídica del voto. Este es un ejercicio individual e intransferible en donde la voluntad de cada uno es la muestra más evidente de la igualdad jurídica que suponen los ordenamientos de naturaleza liberal. Pero los procesos institucionales que producen la competencia electoral distan de ser neutrales. En EEUU crecientemente estos procesos no esconden su inclinación a favorecer a los actores de mayores recursos e influencia. La repulsa general contra Citizens United ha iniciado un movimiento político para contrarrestar los impulsos elitistas de la mayoría conservadora en el Tribunal Supremo Federal. Pero las protestas no van a nivelar el terreno de juego y se espera que en estas elecciones de noviembre el dinero corporativo sea mayor que el de las uniones.
El consultor político Karl Rove, esencial en la elección de George W. Bush, asesora grupos como American Crossroads, para que inviertan cerca de $300 millones en las campañas republicanas.
Este es un tema medular porque está íntimamente vinculado al de la mala distribución de la riqueza imperante en EEUU. Si el dinero corporativo y de los billonarios privados domina el ciclo publicitario electoral y con ello logran adelantar la agenda de sus candidatos entonces las políticas públicas redistributivas tendrán que seguir esperando. Con todo lo tímido que ha sido Obama en adelantar una agenda de avanzada, lo cierto es que las pocas iniciativas que el Partido Demócrata ha tratado de impulsar, como aquella que facilitaría la organización de nuevas uniones, han sido aniquiladas en el Congreso por el cabildeo conservador de derecha.
En época reciente el Tribunal Supremo de EEUU dictaminó que las corporaciones son ciudadanos para efectos de contribuir ilimitadamente a las campañas políticas por que los cobija el derecho de libre expresión igual que a una persona de carne y hueso1. Más recientemente, en junio del 2011, también este propio Tribunal decidió que es ilegal que un estado Federal utilice fondos públicos para ayudar a equiparar los gastos entre un candidato que se acoge al financiamiento público de campañas y otro que invierte fondos privados en exceso de lo que el candidato de menos recursos puede hacer2. La tendencia hacia el elitismo en el Tribunal es demasiado evidente.
Los “Super PACs” pueden recolectar una cantidad ilimitada de fondos de corporaciones, uniones, asociaciones e individuos y no tienen limitación en cuanto al tope de lo que pueden invertir. Sencillamente le tienen que informar a la Comisión Federal de Elecciones quiénes son sus donantes. Lo que los “Super PACs” no pueden hacer es donaciones directas a los partidos o candidatos o hacer reclamos específicos de votar o no por cierto candidato o partido. Aunque favorecen por igual a corporaciones y uniones, lo cierto es que beneficia desproporcionalmente a los inversionistas políticos más adinerados. La nueva tendencia en EEUU es que los candidatos logren entusiasmar a los billonarios para que inviertan en “Super PACs” para beneficiar sus campañas.
El Tribunal Supremo ha dictaminado que no es necesario limitar la influencia de estos grupos para evitar la corrupción y la venta de influencias. No existe un tope de lo que estos grupos pueden invertir en promover o derrotar partidos o candidatos si lo hacen bajo la ficción legal de que no forman parte oficial de la campaña de un candidato o partido. Las nuevas normas aplicables amplían una línea de decisiones que nacieron de Buckley v Valeo (424 U.S. 1 (1976) en donde el Tribunal Supremo de EEUU estableció que no se puede limitar la cantidad de recursos que los candidatos utilicen de su propio capital para adelantar sus ambiciones políticas. Eso puede explicar, en parte, porqué casi la mitad de los congresistas es millonario y los legisladores tienen, en su conjunto, ingresos nueve veces más que el ingreso promedio de los ciudadanos.3
Estas normas son, a mi modo de ver, una perversión total de los principios de derechos humanos que protege la democracia como un derecho fundamental en todo el mundo. Ese modelo muy particular de democracia estadounidense, que pone en pugna el derecho de libre expresión de los más poderosos contra el interés común de la sociedad, está intensificando la corrupción del simulacro electoral. Estas nuevas normas Federales están probando ser decisivas en la conducción de los procesos primaristas en EEUU para escoger los candidatos de los partidos y van a ser esenciales en las elecciones de 2012. La nueva escalada de recolección de fondos en EEUU es impresionante.
Se espera que el Presidente Obama acumule mil millones de dólares para su campaña presidencial. Ya Obama tiene activo un “Super PAC” con anuncios contra Mitt Romey, su más probable contendiente republicano a la Presidencia. Los anuncios del lado de Obama, de hecho muy efectivos, describen a Romney como un candidato del 1% más rico.
Los anuncios los promociona un “Super PAC”, Priorities USA Action, el cual está dirigido por antiguos asesores del propio Obama. Todo el mundo sabe que es una ficción legal y que estos grupos no son realmente independientes del candidato que se beneficia de sus campañas. Hay que ver cuánta credibilidad le queda Obama para generar entusiasmo para una campaña populista de este tipo.
De lo que parece no haber duda es que el “juego” electoral está cambiando de forma acelerada. En la campaña de primarias internas del Partido Republicano en Iowa, en donde comenzó el proceso de elección de los candidatos a Presidente del partido más conservador, ya los llamados “Super PACS” mostraron su fuerza política demoledora. Un “Super PAC” que responde a la candidatura de Romney gastó cerca de tres millones de dólares en ese estado y ayudó a lograr que Gingrich, un antiguo líder republicano de la Cámara se desinflara como candidato. La mayoría de los analistas entiende que Romney está muy cerca de lograr la nominación republicana con facilidad. Al momento de escribir esta nota Romney lleva una amplia ventaja en el estado de Carolina del Sur. En estos momentos luce como una fuerza imparable en el Partido Republicano y varios modelos matemáticos de conducta electoral de EEUU lo posicionan como el nuevo Presidente de EEUU.
Para evitar que Romney siga avanzando, el grupo de Gingrich ha recurrido a un magnate dueño de casinos y éste le ha facilitado a la campaña del antiguo líder conservador de la Cámara cinco millones de dólares para invertir buena parte de ellos en las elecciones de Carolina del Sur. Como, en ocasiones, el cinismo no tiene límites, la campaña de medios de Gingrich consiste en describir a Romney como un capitalista sin corazón que ha logrado hacer grandes fortuna en el mundo financiero del llamado “capitalismo casino”. En otras palabras, ¡el dueño de un casino está financiando la campaña en contra de los males del capitalismo-casino en el proceso de elegir el candidato del partido que en EEUU se opone a la reglamentación financiera!
¿Podrá Estados Unidos seguir exportando la idea de la democracia en medio de procesos caracterizados por el predominio del inversionismo político como forma usual de hacer política? ¿Podrá garantizarse que el electorado tome en serio el proceso en medio de una influencia tan grande del dinero como elemento crucial en la determinación del éxito político? ¿Cómo entender la paradoja de que una particular interpretación del derecho a la libre expresión se convierta en una limitación de la democracia deliberativa?
La base del problema parece estar en buena medida en un entendido muy particular en EEUU sobre lo que constituye el ámbito garantizado de libertad de expresión. Se ha interpretado que el gasto individual en las campañas políticas va por encima de, prácticamente, cualquier otro valor social. De esta forma los ricos de ese país y sus corporaciones pueden “invertir” en el proceso político sin limitaciones y definir políticas públicas a favor del 1%. Mientras que en el resto del mundo prevalece la noción de que la libertad de expresión individual es un interés importante a proteger, este se suele balancear con otros derechos de igual o mayor importancia.
La imposición a Puerto Rico de estas normas jurídicas sobre lo que constituye la libertad de expresión de corporaciones e individuos de grandes recursos económicos que ha realizado recientemente el Tribunal Supremo de EEUU es otro factor a tomar en cuenta al examinar los problemas de la democracia y la autodeterminación política en Puerto Rico.
Estas normas jurídicas están solidificando una versión estadounidense de “democracia” que privilegia la concentración del disfrute de la propiedad y los privilegios políticos de unos pocos por encima de la calidad de la participación efectiva de las amplias mayorías. Al mismo tiempo que se reduce el espacio público deliberativo en EEUU, estas normas jurídicas estadounidenses traicionan en Puerto Rico el compromiso de la normativa de los derechos humanos en favor de la democracia.
- Citizen’s United v. FCC, 130 S.Ct. 876, 2010 [↩]
- Arizona v Bennet, 2011 [↩]
- Growing wealth widens distance between lawmakers and constituents, http://www.washingtonpost.com, 26 de diciembre de 2011 [↩]