La destrucción de la UPR, coloniaje y genocidio cultural

Sra. Presidenta del Comité, señores delegados; comparezco[1] ante ustedes a nombre del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico.

La Junta de Control Fiscal y el “gobierno” de Puerto Rico encabezado por el Dr. Ricardo Rosselló, han consentido en destruir lo que hasta ahora ha sido la Universidad de Puerto Rico, para convertirla en un colegio técnico, alejada de las ciencias sociales, las humanidades, el pensamiento crítico y la creación científica, mediante la investigación libre. Todo ello para que deje de ser, en parte, foco de resistencia y de cuestionamiento a las políticas de asimilación y a la meta de la Estadidad federada, que como sabemos, es distinta a la fórmula de la integración que reconoce la Resolución 1541 de la ONU. La Junta actúa bajo el manto que entiende que le concede la Sección 210 de la Ley Promesa, que le protege de ser demandada para controlar o evitar sus actuaciones despóticas y dictatoriales.

No todos han aceptado esa agenda destructora del mayor acervo cultural y profesional que tiene el país que es la UPR. Varios estudiantes han sido aporreados, perseguidos, encarcelados y juzgados por delitos graves, muchos de los cuales aún están pendientes de ser resueltos en los tribunales de Puerto Rico. Tal injusticia se agrava cuando vemos que los estudiantes sólo ejercen el derecho a la defensa propia transferida, para proteger a la UPR, que está en peligro de muerte institucional. Juristas eminentes han publicado varios artículos cuestionando la validez constitucional de esa Sección 210 de Promesa. Cito a uno de los más prolíficos en el tema:

“El Congreso no puede aprobar legislación que establezca la esclavitud o el discrimen racial, que prohíba los derechos de la Primera Enmienda a la libertad de expresión, reunión, petición y reparación de agravios. Tampoco puede confiscar, menoscabar o expropiar derechos, propiedad o libertad sin debido proceso de ley y sin mediar justa compensación. Tales poderes absolutos son imposibles dentro del constitucionalismo norteamericano.”[2]

Eduardo Saldaña ha definido genocidio de la siguiente manera:

“En cuanto al concepto de genocidio, este fue desarrollado por el jurista Raphael Lemkin. La palabra resulta de la unión de la raíz griega “genos” (raza/tribu) y la latina “cide” (asesinato). Al contrario que los crímenes de esa humanidad, este no se centra en la destrucción de individuos sino de grupos. Se entiende como grupo la pluralidad de seres que forman un conjunto, material o mental”.[3]

Vemos el curso planificado que sigue el proceso de genocidio cultural, cuando se sigue empobreciendo a los retirados de diversas agencias, recortando derechos laborales, criminalizando y federalizando la protesta, disminuyendo al mínimo las funciones de investigación social, de creación cultural y el estímulo al pensamiento crítico en la UPR. Con ese proceso, el gobierno federal y sus acólitos en Puerto Rico, escenifican actos de crudo genocidio cultural.

No tengo dudas de que todo lo que planifica y produce las siete plagas de Egipto, como yo he dado en llamar a los componentes de la junta de Control Fiscal, es un plan para empobrecer aun más a Puerto Rico, fomentar migración de los más capacitados profesionalmente y castigarnos, para dar un escarmiento a los países que se atrevan a resistir políticas intervencionistas y militares en su territorio. No hay que olvidar que mediante un vigoroso y bien ejecutado movimiento de desobediencia civil, expulsamos a la Marina de Guerra en Vieques y obligamos al cierre de las instalaciones militares en Roosevelt Roads. De ser “La Vitrina de la Democracia”[4], pasamos a ser “la mazmorra del escarmiento”, para servir de disuasivo a otros países que resistan las políticas de EE UU en Latinoamérica y el Caribe.

Es urgente y un presupuesto necesario, que el gobierno de EE UU convoque a los sectores representativos de las organizaciones y partidos políticos comprometidos con un verdadero proceso de descolonización, a iniciar un diálogo para establecer un proceso mutuamente aceptable que defina fórmulas de relación política que terminen con el actual status colonial. La excusa siempre ha sido que los puertorriqueños no se ponen de acuerdo en cuanto al tipo de relación jurídico-política que quieren tener con el gobierno federal de EE UU. Sin embargo, el poder colonial constantemente ha estado protegiendo el federalismo para preservar la unión por la cual se peleó una guerra civil. Para proteger ese interés, es perentorio que se convoque un diálogo civil entre las fuerzas anticoloniales del país. La responsabilidad primaria de terminar el coloniaje es de los puertorriqueños y para ello lo hemos tratado casi todo, a costa de grandes sacrificios. En la hora del genocidio cultural y nacional puertorriqueño, toca a la ONU y a este Comité, convocar a que las dos partes en la relación imperio-colonia, inicien ese proceso descolonizador antes de que el genocidio se culmine y esté en peligro de desaparecer, una nacionalidad insustituible como es la puertorriqueña.

En Naciones Unidas, a 24 de junio de 2019.

Referencias

[1] Comparecencia ante El Comité de Descolonización de la ONU, 2019.

[2] Acciones recientes de la Junta y la Sección 210 de Promesa. José Nicolás Medina Fuentes ,14 de junio de 2019, ochenta grados.

[3] Publicado en EM, 21 septiembre 2015.

[4] A principios de los años sesenta, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy lanzó un programa llamado “Alianza para el Progreso.” El mismo consistió en asignar $20 millones de dólares en diez años para hacer obras en América Latina, con excepción de Cuba. Este programa iba unido a amarrar a los países latinoamericanos en el programa militar de Estados Unidos. Era un plan estructurado bajo una forma política y financiera en el cual Estados Unidos tenía el poder de intervenir en los países receptores de dicha ayuda. Se consideraba la situación del Gobierno socialista establecido en Cuba, ya que Estados Unidos temía que la revolución cubana se imitara en el resto de los países latinoamericanos. Paralelamente creó una campaña continental para exhibir a Puerto Rico como “vitrina de la democracia.” Este hecho de por sí era una falacia porque por definición; la democracia no se puede ejercer en una colonia. Esta campaña, sin paralelos para esta época, fue para demostrar que el sistema capitalista y “democrático” superaba los beneficios políticos, económicos y sociales que el régimen socialista implantado en Cuba. Ver: Carlos Pérez Morales El Post Antillano; 13 de marzo de 2015.