Foto por Cristina Martínez | Centro de Periodismo Investigativo
En 2003, el sector Valle Hill, en San Isidro, fue identificado como una Comunidad Especial, bajo la Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales, del 1ro de marzo de 2001. Para ese entonces se estableció como prioridad, “un abarcador programa para la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura de estas comunidades especiales, donde viven miles de puertorriqueños en condiciones de pobreza bajo los estándares mínimos de vivienda y servicios urbanos”. Bajo estas mismas condiciones residentes recibieron el impacto de los huracanes Irma y María y, a pesar de que el Estado identificó y documentó estas condiciones en ese entonces el proceso de recuperación en la actualidad no ha reflejado un trabajo en conjunto con la comunidad o de participación ciudadana activa que represente sus necesidades reales y sentidas. Un proceso imprescindible para lograr una recuperación justa. Más aún, teniendo en cuenta que, debido al cambio climático, se proyectan nuevos huracanes con igual potencia.
La Clínica Legal-Psicológica ha trabajado en y con la comunidad luego de María, ofreciendo acompañamiento legal y psicológico y apoyando sus proyectos de autogestión. Muchos de lxs residentes no cuentan con títulos de propiedad, ya que hay sectores en los que el Estado no ha cumplido con los procesos de segregación o parcelación de los terrenos, ni con el desarrollo e implementación de proyectos de mitigación que posibiliten un cambio en la zonificación. Esto les permitiría acceder a fondos o programas de recuperación a los que no cualifican muchas veces por estar en una zona inundable. Del mismo modo que no poseer una titularidad individual u otro modo de titularidad alterno, les ha dificultado y hasta impedido el acceso a esa asistencia a la que tienen derecho en los procesos de recuperación. Esta inacción por parte del Estado les mantiene en un estado de incertidumbre respecto a los nuevos programas establecidos a través de los fondos federales Community Development Block Grant (CDBG-DR) ya que, históricamente, lxs residentes han sido víctimas de desplazamientos.
Luego de un año de trabajo con la comunidad, el 5 de diciembre de 2019, finalmente la Clínica logró una reunión con la alcaldesa y la oficina de planificación del Municipio de Canóvanas para discutir las necesidades de la comunidad que han sido documentadas a través de nuestro trabajo, y los planes para atenderlas a través de los fondos CDBG-DR. Acordamos que la oficina de planificación iba a colaborar con la Clínica para poner en marcha los planes que el Municipio ha delineado para trabajar esas necesidades identificadas. Adicional a las propuestas realizadas por el Municipio de Canóvanas al Departamento de Vivienda bajo los fondos CDBG-DR, no hemos recibido más información ni hemos podido iniciar el trabajo de colaboración acordado, a pesar de nuestras llamadas y comunicaciones electrónicas.
Este abandono sufrido por comunidades como la de San Isidro provoca deterioro físico y emocional, incluso, muerte en los y las residentes. La Clínica Legal-Psicológica ha logrado documentar las consecuencias que tiene ese aislamiento y abandono en la salud física y mental de una población discriminada por razones de raza, sexo, condición social, estatus migratorio o ubicación geográfica. Nuestro trabajo de acompañamiento se fundamenta en la metodología de investigación-acción participativa (IAP), que tiene como propósito llevar a cabo las etapas o procesos, involucrando en ellos a las personas con quienes trabajamos. Para nuestro equipo, es fundamental la participación ciudadana como medio para lograr la transformación y justicia social que las comunidades necesitan y merecen. Ante el abandono ya experimentado y las barreras establecidas históricamente desde el Estado, la Clínica espera que la colaboración con el gobierno municipal de Canóvanas se establezca y se respete el derecho de la comunidad a participar, para que el barrio de San Isidro se recupere dignamente y el gobierno cumpla con la responsabilidad de responder a las necesidades y deseos de sus residentes, identificados hace más de 17 años.
trayectoria de lucha de la comunidad San Isidro en Canóvanas, Puerto Rico. Tiene a su cargo la coordinación y el trabajo de base comunitaria en distintas organizaciones sin fines de lucro. Su práctica del Derecho se enfoca en la abogacía comunitaria. Hace dos años, junto con la Dra. Patricia Noboa y la comunidad San Isidro en Canóvanas desarrolló la Clínica Legal-Psicológica, en la cual está encargada de la coordinación del componente legal.