Le Pays C’est Moi

Creo que con el tiempo mereceremos no tener gobiernos.
-Jorge Luis Borges

A Luis XIV se le atribuye haber respondido L’État, c’est moi (el Estado soy yo) en ocasión en que el parlamento francés buscaba imponerle restricciones a su poder monárquico. Sea cierta o no su autoría por el referido monarca, la frase ha pasado a la historia para ejemplificar situaciones en las que quienes ostentan el poder político sobre una sociedad, actúan como si existiera una identidad entre sus intereses y visiones particulares y los del Estado que administran. A pesar de que en contextos modernos la frase suele comúnmente utilizarse en referencia a regímenes dictatoriales;  la mira del alegado pronunciamiento no apunta esencialmente a la manera en que se implantan las determinaciones gubernamentales; sino más bien a la forma en que se toman. Es decir, “el Estado soy yo”, porque nadie mejor que yo conoce y puede decidir sobre lo que es más conveniente y favorable a los propósitos del Estado.

Lo anterior nos debe invitar a reflexionar sobre la forma y manera en que, ante la emergencia de la presente crisis de proporciones nunca antes experimentadas en nuestras finanzas públicas, la actual administración de gobierno ha decidido enfrentar sus consecuencias. A pesar de reconocer que la situación de quiebra del ELA (y sus graves repercusiones para toda la sociedad), trata de asuntos que no fueron debidamente advertidos al país por pasadas administraciones (por lo cual nunca fueron tema sobre el cual la ciudadanía tuviera la oportunidad de deliberar, formarse una opinión inteligente y decidir, de cara a las elecciones); la actual administración opera como si en efecto tuviera un mandato para imponer “soluciones” a su antojo.

No obstante, lo cierto es que las medidas adoptadas para resolver los asuntos (cuya desesperada improvisación ha sido más que evidente), no formaron parte de las propuestas electorales del partido de gobierno. Ante tales circunstancias, desde una perspectiva democrática, lo honesto y adecuado por parte de la actual administración gubernamental, tendría que haber sido reconocer que a la delegación recibida para administrar el país no se le concedía una autoridad unilateral para imponernos sin más, y a la trágala, sus particulares “soluciones” a la crisis de la devaluación del crédito gubernamental. Máxime, si tenemos presente que el actual gobierno (como usualmente sucede) fue electo con el voto a su favor de menos de la mitad de las personas hábiles para votar.

Sin embargo, ello no ha sido así. La evolución del Estado capitalista moderno (y Puerto Rico no es la excepción) promueve cada vez una mayor disociación entre “lo político” y “lo económico”, razón por la cual las acciones del Estado para procurar la estabilidad y crecimiento del sistema económico (las cuales irónicamente ocupan gran parte de sus recursos y esfuerzos), se conciben y defienden como un asunto de búsqueda de “soluciones técnicas”, que no se prestan al proceso de discusión y toma de decisiones democráticas. Como señala Rápalo,1 la política, adopta así “un peculiar carácter negativo” al orientarse hacia la eliminación de disfuncionalidades y la prevención de riesgos del sistema económico, y no hacia la realización de metas sociales prácticas.

Pero ese achicamiento de la política, no se limita sólo a la reducción de la lista de asuntos que son objeto del proceso democrático. De otra parte, los procesos participativos de diálogo al seno de las sociedades modernas dirigidos a la formación de una voluntad consensuada, vienen perdiendo su esencia y substancia democrática, al tenerse por satisfechos mediante la observancia de meros formalismos simbólicos. El resultado es que, a pesar de la fanfarria de una aparente gobernanza democrática, esencialmente hemos vuelto a vivir bajo el tema de L’etat c’est moi.

Cabe tener bien claro lo anterior a la hora de analizar los continuos llamados a la unidad puertorriqueña que hemos venido escuchando de parte de los diversos sectores de poder, gubernamentales y no gubernamentales, como producto de la quiebra de facto de nuestro gobierno.  En el contexto del colapso económico de Puerto Rico, múltiples personalidades de los mas diversos sectores sociales, claman por la necesidad de que “nos unamos para caminar en una misma dirección en beneficio del país”, pues “todos navegamos en el mismo barco”.  No hay duda de que la invitación suena cautivadora, pero ese sueño de una noche de verano se desvanece tan pronto tomamos en nuestras manos el diario matutino y comprobamos cómo se construyen largas listas de sacrificios para ser asumidos siempre por los otros, y nunca por los proponentes. Ningún mejor recordatorio de que la medicina sólo resulta amarga para el que se la traga, nunca para el que la receta.

Por eso, por más sexy que nos parezca la metáfora del barco en el cual todos navegamos, lo que realmente plantean las diversas medidas tomadas por el Gobierno actual, no es definir cuál rumbo tomar para evitar que nuestro Titanic choque contra el gigantesco témpano; sino cómo nos las arreglamos después del choque para tratar de salvarnos. Por eso, no puedo evitar que vengan a mi memoria las imágenes de la conocida película sobre el hundimiento del referido transatlántico, con sus millonarios encopetados escapando en los pocos botes salvavidas disponibles; mientras los trabajadores del barco y viajeros de segunda y tercera clase quedaban atrapados, o eran detenidos a bordo de la gigantesca mole de acero, mientras se sumergía en las heladas aguas.

De tal modo, ante tales llamados a la unidad puertorriqueña, las primerísimas preguntas que tenemos que hacernos son: cuáles serían los límites de esa exhortación en cuanto a la consideración de los asuntos y la búsqueda de alternativas thinking outside the box, al margen de las imposiciones de las casas acreditadoras del Estado; así como quiénes y cómo definirán el rumbo hacia el cual se persigue que todos caminemos. Si genuinamente interesamos generar alguna unidad de propósitos para rescatar al país del naufragio colectivo, ningún sector, y muchos menos el partido en el gobierno, puede asumir una postura de Le pays c’est moi.

En la medida en que la actual administración gubernamental siga asumiendo la posición de que le compete exclusivamente a ésta determinar qué es lo que resulta mejor para el país ante esta profunda crisis, y por tanto controlar cuál es el libreto y decidir quiénes conformarán el reparto actoral de la tragicomedia; sus llamados a la unidad de propósitos y a la concertación social se demostrarán fútiles, si no es que sólo se trata de otra burda estrategia publicitaria. Por ello, seguramente sus propuestas (por mas certeras y bien intencionadas que pudieran resultar), nunca dejarán de confrontar el rechazo de la oposición política, y de los sectores adversamente afectados; socavando así la gobernabilidad del país ante la crisis.

Y es que cuando se habla de una verdadera mesa de diálogo y concertación social, ello presupone y requiere de antemano, la aceptación de parte del propio gobierno de que dado el estado de crisis existente, no puede continuar reclamándose representante exclusivos de los intereses generales del país. Las experiencias en otros lugares del mundo demuestran que cuando un gobierno llama a la concertación, para ser efectivo, tiene que empezar por reconocer que debido a las situaciones extraordinarias que confronta, su mera elección no basta para convertirlo en el representante legítimo de la convergencia de los intereses nacionales. Como señala Rodríguez Piñero:

“Por ello los procesos de concertación social afectan necesariamente el ejercicio del Poder Público, pues suponen que la escogencia de opciones, que constitucionalmente corresponde al Estado, se sujete a una negociación entre éste y los actores sociales, a fin de lograr un consenso, ya no de orden parlamentario, sino político-social, mediante el cual los poderes públicos persiguen que los interlocutores sociales les apoyen y auxilien en sus propósitos de política económica, confiando en el poder y fuerza organizativa de los éstos para suplir su propia carencia de poder y legitimidad.”2

Ello así, pues en el fondo, todo verdadero proceso de concertación nacional plantea una revisión del estado de situación del contrato social en ese país. Y esa revisión requiere de un proceso de institucionalización de mecanismos de verdadero diálogo y deliberación social que permitan establecer una nueva voluntad democrática de país, cuya garantía como medio para rescatar la legitimidad perdida no dependerá tanto del resultado de las soluciones adoptadas, como de la efectividad, apertura e inclusividad del proceso participativo mismo, como medio de generar nuevas relaciones de confianza y cooperación social. Cualquier otra cosa seguirá siendo el mismo viejo y gastado método del solitario y mudo buzón de quejas y sugerencias, aunque ahora, las mismas lleguen en formato digital.