Desde el mes de julio, he estado participando activamente en los trabajos que realiza el CAFI-II. La información que en el pasado “no existía”, poco a poco, se ha materializado para nuestro análisis. De los datos que hemos analizado, se desprende que la Universidad se ha venido achicando de un tiempo para acá. Los gastos por estudiante se han reducido significativamente mientras la aportación económica del estudiantado ha ido en aumento. El aumento escalonado que se implantó hace unos años, aumentó significativamente los costos de estudio. De hecho, con el aumento de diez dólares al costo del crédito y el aumento escalonado, el costo por crédito de la UPR ha subido casi un 100% en menos de una década. Sumado a esto, tenemos que añadirle la carga económica que representa el cobro de gastos adicionales como la cuota de tecnología, la cuota de laboratorio, la cuota la de facilidades, entre otros.
En ese sentido, el estudiantado ha venido asumiendo parte de la responsabilidad económica que alguna vez estuvo dentro de la aportación que hacía el Estado en la educación pública a nivel universitario. A modo de ejemplo, un estudiante del sistema de la UPR aporta un 11% en su educación (en algunos Recintos esta cantidad puede llegar hasta un 20%). Mientras tanto, la aportación que hace el estado no llega (en ningún Recinto) al 90%.
¿Por qué estos datos son importantes? El primer CAFI, organismo que propuso el aumento escalonado de un 4% anual al costo del crédito, también dijo en su informe lo siguiente (y cito):
“Que por ser la UPR una institución subsidiada por el Estado, el cargo por crédito que pagarán los estudiantes no exceda del 10% del ‘costo total del crédito’ considerando únicamente las partidas de instrucción, apoyo académico y asuntos estudiantiles”.
Esto significa que actualmente la UPR está yendo en contra de lo esbozado en el primer informe del CAFI (que fue presidido por el doctor Juan B. Aponte, hoy miembro de la Junta de Gobierno). Contemplar o ver con buenos ojos un aumento en la matrícula, sería ir en contra de una sugerencia que pretende defender el principio de una educación pública subsidiada por el Estado.
Sin embargo, algunos plantearán –con el fin de convencer al estudiantado—que el aumento es necesario para poder mejorar los servicios que le ofrece la institución a los universitarios. Argumentarán que lo recaudado en el aumento se destinará a un fondo restricto específicamente para esos fines. Al parecer la memoria es corta y nadie se acuerda de que se nos impuso el aumento escalonado bajo exactamente la misma premisa. ¿Acaso hemos visto una mejoría en los servicios que ofrece la institución desde que se implantó este sistema hace siete años? Igual pasa con las cuotas especiales. Son fondos restrictos, pero el estudiantado no sabe en qué se ha invertido la cuota de tecnología que se le cobra y mucho menos conoce lo que se ha hecho con la cuota de facilidades o la cuota de laboratorio. Incluso, ni los Rectores que están en funciones actualmente saben lo que hicieron sus predecesores con estos fondos previo a asumir sus responsabilidades como administradores de los recintos.
Otros plantearán que el aumento es necesario dado a que la UPR se encuentra operando bajo un déficit fiscal. Claro, pero ninguno de ellos defendió la integridad financiera de la institución cuando se aprobó la congelación de la formula, que privó a la UPR de recibir los fondos que le correspondían. Más allá de eso: ¿Dónde está el plan de reestructuración del Presidente de la UPR? ¿Por qué ha pasado más de un año desde que la Junta de Gobierno le dio la encomienda de elaborarlo y no hemos visto resultados? Si el problema es uno estructural, no podemos pretender que los estudiantes seamos los que financiemos el despilfarro de fondos institucionales como consecuencia de la ineficiencia burocrática. Tenemos que apostar a la eficiencia. Antes de hablar de aumentos en los costos de estudio, tenemos que procurar por el buen uso de los fondos existentes. Hacer lo contrario, sería agravar la precariedad económica de los estudiantes sin justificación válida.
Ante esto, mi llamado a la administración universitaria es que no aumenten los costos de estudios. No hace falta y los estudiantes ya hemos asumido nuestra responsabilidad. Es momento de que los administradores propongan otras soluciones que no conlleven el penalizar a los estudiantes. Si bien es cierto que los estudiantes no somos el único sector dentro de la Universidad, sí somos el corazón de la institución. Espero, y confío, que la Junta de Gobierno lo tome en consideración cuando tome su decisión el próximo 20 de diciembre, cuando consideren este tema y emitan su juicio final.
*El autor de este artículo es miembro de la Junta Universitaria de la Universidad de Puerto Rico y Vicepresidente del Segundo Comité Asesor de Financiamiento Institucional.
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