Privatizar o democratizar: el dilema de la contratación gubernamental

Solo es posible transformar la realidad viéndola de otra manera.
–Franz Kafka

Los multimillonarios contratos del Departamento de Educación (DE) de Puerto Rico con compañías privadas de fines lucrativos vuelven a ser noticia de primera plana. Ello así, no solo por razón de los exorbitantes pagos efectuados a empresas privadas que demuestran muy poca o ninguna efectividad en atender las necesidades del sistema, sus estudiantes, padres y docentes; sino también porque con demasiada frecuencia se trata de compañías que nacen de un día para otro, organizadas por allegados e importantes contribuyentes de los dos partidos políticos que se turnan la administración del gobierno. Dicha lamentable situación se genera gracias a una mecánica bastante simple que se repite una y otra vez, no solo en el DE, sino con mayor o menor intensidad (dependiendo de los presupuestos y la naturalezas de los servicios) a todo lo largo y ancho del aparato gubernamental a nivel central y de los municipios. La estructura es sencilla, se trata de un círculo vicioso en el cual: 1) se crean corporaciones con fines de lucro 2) por personas con importantes relaciones políticas que 3) por tal razón logran obtener contratos con el gobierno 4) para convertirse en intermediarios en la subcontratación de 5) personal que se supone capacitado y cualificado para prestar los servicios requeridos por el sistema y sus usuarios, que 6) el DE determina no contratar directamente; 7) obteniendo así un margen de beneficio como intermediarios, a base de someter al personal cualificado 8) incapaz de contratar directamente con el gobierno a 9) condiciones de empleo y sueldo muy precarias, y 10) luego compartir el beneficio de esa riqueza obtenida en los contratos, a través de aportaciones a los partidos y las campañas políticas. Y otra vez todo vuelve a empezar. Pero, un momentito, cojámoslo con calma antes gritar ¡CORRUPCIÓN!, porque sepan ustedes que no se trata de ningún esquema ilegal per se, a menos de que como parte del mismo, las compañías contratadas paguen sobornos a funcionarios individuales o se violen las leyes de financiamientos de campañas. De otro modo, todo es perfectamente legal.

Claro está, que el esquema pueda ser legal, no desdice el hecho de que se trata de un proceder que repugna a los más elementales principios de sana administración pública. Por eso debía legislarse para impedir el que las agencias gubernamentales puedan contratar con ese tipo de entidades “Miracle Grow” organizadas por allegados al gobierno. Primero, porque en la mayoría de los casos son corporaciones organizadas y dirigidas por personas que por sí mismas individualmente carecen de la mas mínima capacidad, preparación y experiencia para dedicarse a prestar los servicios contratados, y mucho menos para supervisar a otros; como los Félix Plaud, Anaudi Hernández, Ernic Ortiz y Alexandra Lúgaro de la vida. Segundo, porque operan como empresas lucrativas cuyo norte es generar el mayor beneficio económico privado para los propietarios de la empresa, sustrayendo del sistema unos fondos destinados al mejoramiento de los servicios disponibles a las escuelas públicas, sin que los mueva reinvertir ese dinero en mejorar y ampliar los servicios disponibles a la comunidad escolar. Tercero, porque en el proceso, con demasiada frecuencia someten a los profesionales capacitados o licenciados subcontratados por éstas a todo tipo de vejámenes; incluyendo el tener que ajustar sus prácticas a los estándares comerciales de rendimiento de esas compañías, en vez de tener como objetivo primario la prestación efectiva de servicios a los usuarios según sean necesitados, y a tono con las normas de responsabilidad profesional.

No obstante, administración tras administración, continúa reproduciéndose el mismo esquema que promueve el establecimiento de un lucrativo sistema de inmenso e instantáneo inmerecido enriquecimiento, olvidando que el norte tendría que ser mejorar la educación de nuestra niñez y juventud. Pero para que el ciclo funcione hay que mantener la maquinaria aceitada, aún al costo de tener que pagar multas federales por incumplimiento con los servicios de educación especial y otras. Y como muy bien aclara el amigo periodista y académico Hiram Guadalupe en su columna de 30 de marzo en el periódico Metro, el fracaso de tales corporaciones en la prestación de servicios, lejos de reducir su capacidad de generarles ganancias, las aumenta; pues mientras nuestras escuelas continúen fracasando, más dinero federal se sigue asignando al sistema, dinero que terminará en manos de esas mismas corporaciones fracasadas. Como bien señala Guadalupe, en la última década alrededor de una veintena de esas corporaciones han cobrado aproximadamente unos 1,000 millones de dólares tan solo en programas de tutorías y servicios de “apoyo” al estudiante, en contrataciones anuales que promedian los 100 millones de dólares. Tales corporaciones repetidamente obtienen la renovación de sus contratos, a pesar de que en general no logran evidenciar ningún progreso significativo, fracaso que es reconocido por el propio DE.

Imaginemos ahora un sistema distinto. Primero, uno en el cual sea un requisito de ley para la contratación gubernamental, el que las personas que dirijan y controlen las entidades que contraten con el gobierno tengan que demostrar su competencia en las áreas objeto de la contratación y sean seleccionadas en consideración a sus méritos probados y demostrada trayectoria. Segundo, un sistema en el cual no exista otro incentivo para la utilización del dinero público presupuestado para el mejoramiento y potenciación de la educación de la niñez y juventud puertorriqueña que el brindar el mejor y más efectivo servicio a la comunidad escolar en atención a los estándares profesionales y educativos aplicables, y no a la generación de ganancia privada. Tercero, una contratación gubernamental fundada en principios que eviten la posibilidad de que parte de los rendimientos de la actividades en cuestión se desvíen hacia el pago de campañas políticas, en vez de reinvertirse en mejores servicios y en el pago de salarios dignos a quienes sirven directamente a la población escolar. Todo ello sin que sea necesario que el DE tenga que emplear directamente al personal necesario, ni que lidiar con miles de contratos individuales, pero manteniendo a una efectiva fiscalización de los servicios prestados por entidades verdaderamente responsables y que operen con transparencia.

Ese sistema sería posible si se legisla para establecer criterios de mérito como condición a la contratación gubernamental y se estableciera un orden de prioridad a favor de entidades sin fines de lucro caritativa de bases comunitarias, genuinas y probadas (el hábito no hace al monje) y de cooperativas de trabajadores en las distintas áreas de prestación de los servicios requeridos. Ambos tipos de entidades operan dentro del marco de lo que cada vez con mayor auge se viene reconociendo como el sector solidario de la economía. Se trata de entidades jurídicas que no se organizan con base a la tenencia de capital y por tanto no operan a los fines de producirle ganancia a los inversionistas, sino que promueven una redistribución más equitativa de la riqueza social, operando a base de principios de solidaridad, ayuda mutua y gobernanza democrática. En ambos casos, las disposiciones legales aplicables generalmente les prohíben destinar fondos al pago de campañas políticas o hacer donaciones a los partidos, exigiéndosele neutralidad político partidista. Igualmente sus operaciones y disposición de ingresos están mucho más sujetas al escrutinio gubernamental, así como el de sus membresías y beneficiarios. Además, por ley se les permite incorporar y movilizar los servicios de personal voluntario desinteresadamente comprometido con el beneficio social, que no le es disponible incorporar en sus operaciones a las empresas con fines de lucro.

Supongamos que en vez de que el DE contrate con una corporación privada cuyo único fin es generar ganancias al actuar como intermediaria para la subcontratación de los profesionales que prestan los servicios directos a la comunidad escolar, esa intermediación se geste a través de una cooperativa de trabajadores, ya sean psicólogos escolares, terapeutas vocacionales, evaluadores, orientadores, o de una combinación de tales. Formalmente seguiría tratándose de contrataciones externas por el DE, sin la necesidad de tener que emplear directamente a tantos proveedores de servicios. No obstante, la naturaleza del proceso variaría sustancialmente para bien. Si no, pensemos cuánto cabe esperar que mejoraría la calidad de los servicios, si fueran los propios profesionales capacitados para proveerlos quienes manejaran las empresas contratadas y democráticamente tomaran las determinaciones relacionadas a la implantación de sus planes de trabajo y el establecimiento de prioridades y medidas de cumplimiento, a tenor principalmente con sus responsabilidades ético-legales como profesionales. Todo ello, contando con un sistema de auto-evaluaciones de calidad por sus pares, como copropietarios de las empresas cooperativas. Cuánto no mejorará la calidad de los servicios, si tales profesionales además comienzan a laborar en condiciones de trabajo más estables y con beneficios económicos mayores que los que hoy reciben como empleados de las corporaciones lucrativas existentes, todo ello en el contexto de relaciones laborales participativas y colaborativas, distintas a las actuales relaciones adversativas que nacen del sistema de explotación obrero-patronal inherente a las empresas capitalistas. Imagínense además que al eliminar al intermediario con fines de lucro y políticamente comprometido, no sólo se consigue mejorar la situación económica de quienes con su labor diaria proveen asistencia directa a las escuelas, sino que, además, esa mejoría en vez de costarle más al gobierno, se produce en el contexto de acuerdos contractuales en los cuales el DE efectivamente termina pagando menos pero obteniendo más y mejores servicios. Sería el perfecto “win win win situation” para las escuelas, los profesionales de servicios y el DE. Esa posibilidad no se trata de un sueño imposible. A manera de ejemplo, cabe destacar la reciente aprobación por parte de la Ciudad de Nueva York de una ordenanza requiriendo que en los contratos otorgados se evalúe su utilización para fomentar la creación y desarrollo de cooperativas de trabajadores, debido a que históricamente han demostrado ser un mejor vehículo para crear más y mejores trabajos, contribuir a combatir las inequidades sociales y fomentar una economía democrática.

No obstante, tristemente en Puerto Rico, cada vez que se discuten públicamente los problemas del DE, este tipo de propuestas son totalmente ignoradas, mientras se coquetea con profundizar el desmantelamiento de nuestro sistema público de enseñanza con mayor privatización y mayores beneficios para entidades de dudosas intenciones, capacidad e historial de cumplimiento; lo que solo profundizaría la lógica del círculo vicioso del  “lucrativo fracaso escolar” que describe Guadalupe en su columna. ¿Por qué en vez de privatizar, mejor no optamos por democratizar todo lo concerniente a la contratación de servicios con el gobierno en las diversas áreas, promoviendo verdadera transparencia y el desarrollo de empresas solidarias, manejadas democráticamente y en función de optimizar el rendimiento y beneficio social en todos los órdenes? ¡Abramos los ojos! No es tan difícil identificar formas de hacer las cosas mejor. Este es otro de esos asuntos donde no se trata de carencia de alternativas, sino de pura ausencia de voluntad política.