Todos contra todos
Recurro a otro título negativo para describir el obrar y maniobrar de la clase política y la plutocracia criolla ante la crisis fiscal, que, por arte de magia y manipulación lingüístca, ahora es una “crisis humanitaria”. Acercándonos al precipicio fiscal anunciado para el primero de mayo, sin materializarse la ansiada y providencial intervención imperial, se presentó de golpe y porrazo en horas de la madrugada y se aprobó en menos de 48 horas la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico. Con ella se declaró una moratoria total en el pago de la deuda y una reorganización del Banco Gubernamental de Fomento que desataron literalmente el pandemónium: un infierno donde reinan el ruido y la confusión, y la avaricia y la inconsciencia se convierten en ejes de la “razón política”.
Desesperados ante el precipicio, los actores luchan todos contra todos para hacerse caer los unos a los otros. Dentro la kakistocracia bipartita, el PNP y el PPD luchan por adjudicar la responsabilidad del descalabro. Quién fue más tramposo, más ladrón o más inepto se convierte en uno de los ejes de la estéril discusión. Asimismo, unos dicen que se puede pagar la deuda y otros que no, esgrimiendo evidencias y estratagemas de dudosa credibilidad. El gobierno, no produce ni estados de cuentas auditados, ni planes estratégicos de ninguna especie. Los velagüira del PPD aprovechan la confusión para ganar unos votitos proponiendo enmiendas a la ley de moratoria y distanciándose del gobernador, aunque votaron por ella cerrando filas como él lo pidió. Mientras tanto, el PNP se concentra en su circo primarista y aquí no ha pasado nada que ya los americanos vendrán para salvarnos mediante la estadidad.
Los bonistas exigen pagos y solo negocian cuando se materializa el impago, dividiéndose en tribus guerreras para ser eximidos de cualquier recorte: bonistas constitucionales, bonistas de COFINA, bonistas puertorriqueños, cooperativas y los odiados fondos buitres parecen gladiadores en el circo romano tratando de matar al contrincante y prevalecer. También se unen a la pelea las aseguradoras de bonos que han radicado recursos en corte. Cada cual tira para su lado, haciendo propaganda de odio en Washington y de misericordia en San Juan: el país de irresponsables que sería un mal ejemplo para Illinois, versus las abuelitas pensionadas en San Juan. Como algunos congresistas cuestionan por qué si hay la tal crisis humanitaria, la gente no desborda las calles protestando, llevan al Secretario del Tesoro, Jack Lew, a Río Piedras a ver la pléyade de gente sin hogar, adictos a drogas y locales de tiendas cerradas que siempre estuvieron allí. La crisis humanitaria es la condición de los puertorriqueños pobres desde hace mucho tiempo. No es la crisis de la deuda la que tiene al Centro Médico en el descalabro en que se encuentra, ni los hoyos en las carreteras, ni los apagones, ni las alcantarillas desbordadas de aguas negras. Se aprovecha la ineptitud y malversación pública de siempre para FABRICAR la imagen de una crisis humanitaria, mientras las aseguradoras médicas y contratistas de los gobiernos municipales reparten millones de dólares en dividendos y ganancias a los egregios miembros de la plutocracia y sus amigotes y familiares de la kakistocracia. Puerto Rico no es un solo Puerto Rico hay varios y cada uno padece la crisis de formas distintas.
Finalmente, en Washington se pelean los republicanos que nos quieren imponer una junta de control fiscal “dura” sin mecanismos de reestructuración, contra los republicanos pragmáticos que quieren una junta “dura” pero con algún mecanismo de reestructuración, contra los demócratas que, respetuosos de nuestra imaginada soberanía, proponen una junta de “supervisión” fiscal con algún mecanismo de reestructuración. Curiosamente, los paladines de esa línea “blanda”, el Presidente Barack Obama y, el ahora embajador humanitario, Jack Lew, reiteran que no habrá rescate (“bailout”) y se limitan a enviar al Congreso republicano propuestas que saben habrán de ser rechazadas.
Al momento de escribir estas líneas se ha vuelto a materializar otra propuesta que parece reflejar el consenso entre republicanos pragmáticos y demócratas, el proyecto de la Cámara H.R. 5278. Esta última versión del proyecto denominado PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act) crea una Junta de Supervisión y Gerencia Financiera. Aunque este título parece articular el lenguaje “blando”, en su contenido la JSGF será dura: el objetivo es “proveer un método al territorio cubierto [por la ley] para alcanzar responsabilidad fiscal y acceder a los mercados de capital”. Se nos denomina sin “territorio” sin ambages y se invoca el “artículo IV, sección 3 de la Constitución de Estados Unidos, que provee al Congreso el poder para disponer de y formular todas las medidas y reglas necesarias para los territorios” como la base para este proyecto (sección 101, b, 3). Se trata de una mano de hierro envuelta en un guante de terciopelo y con una cara democrática. De hecho, se incluye una sección que explícitamente declara que nada en este proyecto de ley debe interpretarse como una restricción para que Puerto Rico determine su status futuro a través de un plebiscito (título IV, sección 402). La Junta será autónoma y no será una entidad del gobierno federal ni de Puerto Rico (sección 101, c, 2). Una especie de corregidor postmoderno integrado por una Junta de 7 miembros, donde solo uno será residente del “territorio”.
El salario mínimo de los jóvenes se reducirá a $4.25 por hora. Se provee un mecanismo de reestructuración financiera fragmentario si las negociaciones de “buena fe” con los acreedores no tienen éxito. El gobernador y el gabinete deberán someter a la Junta informes trimestrales de ingresos y gastos, y demostrar que estos se conforman al plan fiscal sometido y con el presupuesto balanceado que hayan propuesto. De no ser así, la Junta declarará el gobierno o agencia en violación y los señalados deberán hacer ajustes o “serán ajustados” con recortes de gastos y congelaciones de reclutamientos, gastos y contratos. Cada ley que implique gastos deberá ser sometida por la legislatura con justificaciones y fuentes de financiamiento y estarán sujetas a la aprobación de la Junta.
Del escenario de “perder, perder” hemos pasado al de todos contra todos y la Junta de Supervisión y Gerencia Financiera recrudecerá esta guerra. La amenaza de la ley de moratoria criolla, llena de imprecisiones y ambigüedades se revela así como otra maniobra de la kakistocracia truquera para forzar la mano de los amos imperiales. Pero cuidado con lo que se desea que se puede cumplir. Parece que finalmente la Junta vendrá pero no será el “príncipe azul” que algunos sueñan nos liberará de las garras de la kakistocracia y la plutocracia corrupta e inepta. Será más bien un sapo que si lo besamos pensando que se convertirá en príncipe nos envenenará.
Digan lo que digan, hagan lo que hagan los miembros de la kakistocracia bipartita, somos una colonia sin poderes soberanos, sin dinero y sin una clase gobernante que nos represente con dignidad. Dos partidos, una misma kakistocracia, es la lección que nos da la crisis. A ver si aprendemos y votamos por cualquiera menos por el “PNPPD” o los verdaderos indignados nos abstenemos de votar y nos unimos en protesta efectiva contra la partidocracia y la corrupción.