Alerta ante los crédito$ al cine
Cuando a Puerto Rico se le nombra el “Hollywood en el Caribe” hay que hilar fino y ser crítico. Como en otras jurisdicciones convendría examinar si se trata de un beneficio económico real y cuantificable para el País o de una propaganda que se promulga repetidamente pero de la que no tienen datos.
El notable y agresivo desarrollo de producciones fílmicas en Puerto Rico le ha ganado en esa industria el mote de “Hollywood en el Caribe”. Pero, ¿benefician al gobierno de Puerto Rico los créditos contributivos que son la base de ese supuesto ‘boom’? Informes de grupos especializados, e investigaciones periodísticas en varias jurisdicciones, indican que los créditos contributivos o incentivos fílmicos facilitados a las producciones de cine están lejos de ser la panacea que proclaman sus defensores.
Se hace evidente en el análisis económico realizado por la entidad independiente Tax Foundation que tales incentivos son contraproducentes en el desarrollo económico en general y menoscaban el recaudo tributario allí donde se otorgan.
El reporte especial que emitió Tax Foundation en 2010, desmiente en la mayoría de los casos los “argumentos especulativos” que políticos, comisionados, productores de cine, cineastas y cabilderos repiten para poder aprovechar las variadas formas existentes de esta “negativa política pública», de la que Puerto Rico no está exenta.
La Isla tuvo su cúspide ofreciendo incentivos contributivos al sector cinematográfico entre 2006 a 2012. No obstante, al día de hoy, la Corporación de Cine de Puerto Rico (CCPR) no puede precisar los beneficios económicos, si algunos. “No tengo una cifra, hemos estado trabajando en eso desde que llegamos. Y oportunamente se cuadrarán esos asuntos”, dijo al Centro de Periodismo Investigativo Demetrio Fernández Manzano, director de la CCPR, quien ocupa el puesto desde principios de este año.
Si bien es cierto que la tendencia a ofrecer créditos contributivos, cash rebates, estipendios directos, reducciones de impuestos o exenciones de ventas contributivas, entre otras modalidades, se disparó en 2003 y alcanzó el pico en Estados Unidos en 2009 cuando 40 estados y Puerto Rico ofrecían algún tipo de incentivo, al final de 2011 los programas se redujeron casi a la mitad.
El caso de Puerto Rico es reseñado en el informe especial como “lugar donde los créditos contributivos se hacen transferible y reembolsables” y se hace hincapié en que es el “único (lugar) en el que se paga la mitad del crédito elegible antes de que la filmación propiamente ocurra”.
Fernández Manzano defendió su gestión: “desde que empecé en enero estamos buscando maneras más efectivas para administrar la ley de incentivos. Yo no sé eso de que se entreguen los créditos contributivos antes de que se filme, pero puedo decir que se somete a la producción a un proceso de rigor”.
Jorge Marchand Herencia, ex asesor legal de la CCPR, explicó que en el caso de créditos para cine existen mecanismos legales para venderlos a otros contribuyentes. “Es un crédito transferible que se vende en el mercado. Quienes lo compran lo utilizan para deducirlo de la responsabilidad contributiva o venderlo a personas contribuyentes en Puerto Rico que quieran bajar su responsabilidad contributiva, como Wallmart y Home Depot”.
Como ejemplo, planteó que si la producción gasta un millón de dólares en la Isla a través de un crédito contributivo de 40%, Hacienda le emite un cheque de $400 mil. Por supuesto que en la cadena hay “vendedores” (brokers) que reciben un porcentaje que puede fluctuar entre 10-30% y la ganancia de ese crédito contributivo no genera impuestos.
Investigación británica se extiende a la Isla
En 2011 el fisco británico inició en Puerto Rico una investigación criminal abarcadora, realizada por la agencia Her Majesty Revenue & Custom (HMRC), que según pudo constatar el CPI, aún está vigente y en la que se indagan las transacciones y los compromisos de desarrollo de las corporaciones Salt y Pimienta, con bases en Puerto Rico e Inglaterra, respectivamente. Una carta firmada por Steve Blackburn, con fecha del 8 de julio de 2011, dice que ni Luis Ruiz Ruiz ni Pimienta/Buena Ondita es objeto de la investigación y que la participación de Ruiz en la pesquisa criminal “ha sido en calidad de testigo”. Blackburn está a cargo de la investigación.
HMRC vela por los impuestos sobre contribuciones y fiscaliza los bienes capitales privados que se reporten al fisco británico. El periódico The Guardian publicó el pasado diciembre una serie de artículos relacionadas a la pesquisa que vincula a productoras fílmicas, que presuntamente retrasan o evaden contribuciones durante largos periodos de tiempo por medio de cuestionados esquemas.
La investigación británica interesa pormenores sobre los acuerdos que realizaron productores británicos en la Isla, particularmente con el productor Luis Ruiz Ruiz, gerente general de Pimienta, y Luis Riefkohl Miranda, director ejecutivo de la CCPR de 2005-2009.
Pases para el fraude contributivo
Para 2012, de 40 estados, 17 habían eliminado o suspendido sus programas de créditos contributivos a la industria de cine. Otros estados habían limitado o iniciado investigaciones sobre su funcionamiento; en Iowa hubo fraude y malversación de fondos, en Michigan suscitó un escándalo poco glamoroso aunque bastante peliculero que el periódico New York Times presentó en la serie investigativa titulada Los Estados Unidos del subsidio en diciembre pasado, que examina los incentivos otorgados y su impacto en los empleos y la economía. El tercer artículo de esa serie es sobre los créditos fílmicos.
A pesar de que el capitalismo opera sobre riesgos y ventajas, el análisis de la Tax Foundation en torno a los “beneficios” de los incentivos contributivos lo que subraya es que son los contribuyentes quienes cargan con la parte riesgosa y no los grandes intereses fílmicos y sus vinculados.
Aun cuando el argumento más empleado es que “debido a la producción el turismo aumenta (hoteles, restaurantes)”, correlacionar esto y la visita de las estrellas de cine es “bastante especulativo”, resume el estudio.
Tampoco hay evidencia de que ocurra un incremento económico sólido que justifique las cuantiosas exenciones tributarias que se les facilitan.
El reporte concluye que lo más sano para la política pública y para el desarrollo económico es mantener una contribución estándar. Así se evita que políticos y allegados dirijan sus recursos con “especial atención a grupos específicos de empresarios a cambio de una tajada”.
* Más información en esta serie del Centro de Periodismo Investigativo.