Cumplirle al país

Foto por Ismael Fernández 

Sin embargo, esa propuesta, que con gran esmero redactaron los y las integrantes del equipo del entonces candidato a la gobernación, no resultó del agrado de algunos/as candidatos/as a la Asamblea Legislativa del mismo partido. Particularmente controversial resultaba la propuesta de restablecer el ‘legislador ciudadano’. Empero, todos/as esos/as candidatos/as juraron fidelidad a las banderas y a todo lo sacrosanto en su partido, incluyendo el consabido Programa de Gobierno con su propuesta de reforma legislativa, y caminaron juntos a las elecciones. Y ganaron.

“Todo proyecto que llegue a la Cámara de Representantes,
mi compromiso es que vaya a vistas públicas y el país
participe de cualquiera que sea, tenga que ver con
la Asamblea Legislativa, tenga que ver con el Ejecutivo.
Este es un gobierno de la gente, por la gente, y esta
Cámara de Representantes va a tener apertura total
en la discusión de cualquier proyecto”.
–Jaime Perelló

“[El legislador ciudadano] es un asunto que es sumamente
controversial, por varios aspectos. Yo lo que quisiera
es que utilizáramos la oportunidad para hacer vistas públicas,
para que se discutiera el asunto. Hay versiones encontradas
en todos los grupos de Puerto Rico sobre ese asunto”.
–Eduardo Bhatia

“[La Reforma Legislativa] es uno de los temas que queremos madurar.
En estos momentos es más de que nos envíen un proyecto, de que se
redacte un proyecto, de que el gobernador se reúna con un grupo de gente,
varios asesores. Yo no creo en proyectos de ley sin que haya discusión.
Va a haber discusión, se va abrir a vistas públicas y la gente va a comentar.
Y esto pasa en todos los partidos del mundo en la historia.
Tú haces una propuesta y, una vez logras el gobierno,
entonces lo abres a discusión, esa es la propuesta que tú haces,
[é]se es el principio”.
–Eduardo Bhatia

En los días siguientes a su victoria, así como durante los primeros días de sus incumbencias, algunos de los/as legisladores electos del partido en cuestión plantearon que tenían reparos con aquella propuesta de reforma legislativa incluida en aquel Programa de Gobierno al que juraron fidelidad. Dijeron, entonces, que era necesaria la celebración de vistas públicas, así como la creación de espacios amplios para la discusión y deliberación en torno a las propuestas. Expresaron, además, que así querían hacer las cosas en la Asamblea Legislativa durante el cuatrienio.

“Los legisladores del Partido Popular Democrático
son gente de palabra y estoy convencido
de que van a cumplir su palabra con el país”.
–Alejandro García Padilla

“Es importante que le cumplamos al país.
Con toda la deferencia que tienen dos personas
a quienes yo respeto y admiro mucho, Jaime Perelló
y Eduardo Bhatia, los compromisos se hicieron,
la asamblea popular avaló el programa de gobierno
que incluye eso. Eso es un programa de gobierno y hay que cumplir”.
–Carmen Yulín

La reacción del Gobernador y otros/as integrantes del partido fue denunciar a los/as legisladores/as rebeldes. La reforma legislativa, se decía, era un compromiso del partido con el Pueblo. Al votar por ese partido y sus candidatos/as, el Pueblo les dio un mandato que les obliga a aprobar todos los compromisos incluidos en el Programa de Gobierno. Diversas figuras de la sociedad civil, particularmente compuestas por sectores a favor de la reforma en cuestión, también denunciaron a los/as legisladores/as en cuestión.

“La vamos a cumplir completa. No a medias, no algunas partes.
Vamos a aprobar en su totalidad toda la Reforma Legislativa
que le prometimos al pueblo y el dinero producto de estos ahorros
va a ser utilizado para resolver los problemas que tiene el pueblo puertorriqueño”.
–Jaime Perelló

Ante la presión, el Presidente de la Cámara de Representantes y sus compañeros/as en dicho cuerpo recogieron velas, y anunciaron que aprobarían la reforma legislativa “en su totalidad”. Sólo queda el del Senado.

* * *

El recuento anterior se ha comentado mucho en los medios, pero me temo que se omite lo verdaderamente esencial. Me importa poco, como se ha discutido, si el Gobernador o el Senador salen fortalecidos o debilitados de este proceso. También me parece insípida, y más propia de aquel programa televisivo recientemente cancelado, la discusión relativa a los desvaríos tuiteros del Senador.

Tampoco me parece que la discusión sobre la adopción del ‘legislador ciudadano’ es lo verdaderamente fundamental del proceso. Y lo digo aunque el asunto me parece muy importante, y que me cuento entre los y las que tienen serios reparos con el regreso a los días del legislador part-time.1 Más allá de los reparos sobre el potencial de conflictos de interés y/o venta de influencias, considero que la propuesta convertirá la Rama Legislativa en un espacio mucho más inaccesible para las clases socioeconómicamente desventajadas, especialmente para las mujeres, y que agudizará el desbalance de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, sospecho que, pase lo que pase, éste no es el tipo de asunto que convocará a la sociedad civil a ir a las calles a manifestarse. Para ello habrá que esperar, y con razón, a las propuestas sociales y económicas del nuevo Gobierno.

Lo que despierta mi interés de todo este proceso es que nos revela algunos detalles de la visión de nuestros/as gobernantes sobre la naturaleza de nuestro sistema ‘democrático’. En particular, me interesa aquello de que para cumplirle al País hay que aprobar la Reforma Legislativa propuesta en el Programa de Gobierno del PPD.

De acuerdo a esta postura, aprobar la reforma legislativa es una especie de obligación moral contraída por el PPD con el País. Si el partido incluyó dicha propuesta en su Programa de Gobierno, y el Pueblo votó a favor de dicho partido en las elecciones generales, entonces el partido está obligado a aprobarla, so pena de quedar mal ante el Pueblo.

El Pueblo no votó por la Reforma Legislativa del PPD

Habría que comenzar por cuestionar las premisas sobre las que descansa tal ‘obligación moral’ de aprobar la Reforma Legislativa. Específicamente, me parece problemático plantear que el Pueblo votó a favor del Programa de Gobierno del PPD cuando eligió a sus candidatos/as.

En primer lugar, se trata de un documento cuyas propuestas fueron poco difundidas durante el proceso electoral. El documento mismo se aprobó a pocos meses de las elecciones. A ello debe añadirse cierta creencia generalizada de que se trata de documentos muy poco leídos por el electorado.2 Difícilmente puede decirse que el Pueblo tomó una decisión informada en torno a lo dispuesto en el Programa de Gobierno de PPD (o de cualquier otro partido), de manera que se entienda su voto como uno a favor de las propuestas allí incluidas.

Aún si pudiera decirse que el Programa, o la propuesta de reforma legislativa, tuvieron amplia discusión durante el ruedo electoral, ello no significa que los/as electores/as que votaron a favor de García Padilla u otros candidatos/as del PPD avalaban las mismas. Después de todo, las elecciones no eran un referéndum de ‘Reforma Legislativa PPD: Sí o No’, sino una elección de candidatos/as al gobierno.3

Algo, evidentemente, llevó a casi 900,000 personas a votar por García Padilla, pero ese ‘algo’ no es lo mismo para todas esas personas. Algunas habrán votado por él porque su desprecio por el incumbente era tal que tenían que hacer todo lo indecible para que no fuera reelecto, independientemente de lo que su contrincante principal propusiera. Otras lo habrán hecho porque son estadolibristas. Otras porque estaban de acuerdo con lo propuesto en el Programa en cuanto a algún tema fundamental para ellas, como el restablecimiento de la reserva natural del Corredor Ecológico del Noreste. No faltan tampoco las personas que votaron por él porque pensaban que se beneficiarían directa o indirectamente por su elección. Y otras, claro está, lo habrán hecho porque pensaron que, después de haber evaluado a todos los candidatos, entendieron que las propuestas de García Padilla eran las mejores.

Dicho de otra manera, la elección de Alejandro García Padilla y los/as demás integrantes del PPD no es producto de un bloque ideológico uniforme y alineado completamente con dicho partido, sino el producto de muchas fuerzas, a veces divergentes, que concurrieron a su elección por distintas motivaciones. No se trata de una mayoría electoral –de hecho, su mayoría plural es muy débil– sino de la suma de muchas fuerzas minoritarias en el País.

Lo anterior se manifiesta con mayor intensidad en Puerto Rico, donde los partidos políticos principales, y varios de los minoritarios, están organizados a base de una preferencia en torno a la relación política con Estados Unidos, y no en relación a una ideología política. Así, un independentista de corte neoliberal puede votar tranquilamente por los/as candidatos del Partido Independentista Puertorriqueño, independientemente de que el Programa de Gobierno del PIP sea de tendencia social-demócrata. Lo mismo ocurre con el PPD y el PNP, que aglutinan a la mayor parte del electorado estadolibrista y estadista, electorado que se mueve a lo largo de todo el espectro político ideológico.

Visto de esta manera, al votar a favor del PPD y sus candidatos/as, el Pueblo no emitió mandato alguno a favor de la reforma legislativa o de cualquier otra propuesta incluida en su Programa de Gobierno, estemos o no de acuerdo con la misma.

¿Cuán participativa es la democracia que quiere el PPD?

Quizás lo más preocupante del debate post-electoral en torno a la reforma legislativa es lo que representa en torno a la participación ciudadana en los procesos deliberativos sobre asuntos de importancia para el País. Aseverar que su victoria el 6 de noviembre obliga al PPD a aprobar las propuestas de su Programa de Gobierno sugiere que esta administración utilizará la misma estrategia de la saliente para justificar sus acciones: plantear que los debates en torno a la deseabilidad de cada propuesta fueron zanjados por el resultado electoral, en vez de someter las propuestas al debate y la discusión pública. Independientemente de cómo uno esté posicionado en torno al asunto de la reforma legislativa, tal visión reduccionista del proceso político, que convierte en estéril todo trámite procesal posterior a las elecciones, debe ser rechazada.

Como apreciación inicial, habría que decir que el Gobernador, defensor principal de esa posición, no ha sido del todo consistente con la misma. En días recientes, el Gobernador se negó a comprometerse públicamente con el restablecimiento del currículo con perspectiva de género en el Departamento de Educación, incluido en la página 28 del Programa de Gobierno del PPD. Al parecer, ese compromiso del Programa, y no la Reforma Legislativa, es optativo.

Curiosamente, ni siquiera el Programa de Gobierno comparte la visión articulada por el liderato del PPD. En su primera página, el documento dice que “[e]s un programa vivo que seguirá enriqueciéndo [sic] por nuestra gente y para nuestra gente cada día de la campaña y cada día de la gobernación de Alejandro García Padilla”. Además, el Programa está permeado por referencias a la participación de la ciudadanía en asuntos de interés público. ¿Cómo se puede hablar de un ‘programa vivo’ si, luego de las elecciones, el PPD está obligado a aprobar las propuestas allí dispuestas? ¿Qué participación tendrá la ciudadanía si las decisiones en torno a las cuales se participa en procesos ya han sido tomadas?

Quizás alguien responda que este Gobierno no será igual al anterior en su manera de gobernar. Que mire los nombramientos de personas de reputación intachable (y que no mire al pasado de los y las demás). Que esta Asamblea Legislativa sí será inclusiva y participativa. Ojalá y así sea. Sin embargo, si el Gobernador y algunas de sus principales figuras ya le adelantan al País que el PPD está ‘obligado’ a aprobar los compromisos contraídos en el Programa de Gobierno, ¿de qué servirán las vistas públicas y los demás espacios para la participación? De vistas y procesos participativos pro forma, es decir, en casos en los que la decisión ya está tomada, los y las que campeamos por el medioambiente podemos hablar. Si ése es el cambio que se avecina con el nuevo cuatrienio, me parece que no estaremos tan lejos de aquello de bajar proyectos por descargue, apagar los micrófonos de las minorías, y aprobarlos a viva voz.

* * *

Si el PPD tiene alguna obligación moral en torno a su Programa de Gobierno, será la de someter sus propuestas al escrutinio y la discusión pública. De eso, entre otras cosas, se trata el proceso político democrático, de entablar una conversación con el País para identificar medidas y estrategias para atender los males que nos aquejan. Eso no se logra con el voto, sino creando espacios amplios de discusión y participación ciudadana. Si a eso se refería Bhatia con sus reparos en torno a la reforma legislativa, creo que tiene toda la razón. Le vendría bien al Gobernador ser más tolerante con la disidencia dentro de su partido, así como adoptar prácticas que reflejen preferencias democráticas más amplias que las que ha demostrado en torno a este asunto.