[dc]E[/dc]l fin de la segunda guerra mundial catapultó la economía de los Estados Unidos a una era de crecimiento sin precedentes. El momentum de la intensiva producción de armamentos que le permitió suplir a los aliados para vencer el Axis, se tradujo en una industrialización masiva dirigida al consumo que elevó la productividad, el poder adquisitivo y su clase media a niveles sin precedentes.
Este desarrollo continuó hasta los años 70, cuando los países exportadores de petróleo rescataron sus patrimonios nacionales de las siete petroleras internacionales. Como resultado, el costo energético se disparó y el ritmo de crecimiento estadounidense se desaceleró. La nivelación de la tasa mediana de ingreso con su reducido poder adquisitivo resultó en excedentes en bienes de consumo. La respuesta a esta crisis fue la oferta de crédito a bajo costo.
A partir de las década de los 80, el consumo aumentó más aceleradamente que el ingreso. Simultáneamente – no es difícil inferir que para mantener el rendimiento de las inversiones o, dicho de otra forma, sostener el crecimiento de las ganancias, se redujeron los impuestos, sobre todo a las grandes corporaciones, y se aumentaron los programas de asistencia gubernamental. El déficit que, comenzando en los 60 representaba un 2% del Producto Interno Bruto, a partir de los 80, aumentó a un 4% del PIB. Actualmente ronda el 7%, lo cual representa unos $16.4 trillones, sí con “t”.
A pesar de que este desfase entre ingresos y obligaciones se mide en cifras, el gran desafío que enfrentan los EEUU obedece a la particular definición de democracia del país que, desde el siglo XIX, ha convertido ese término en su portaestandarte y modelo a imitar el resto del mundo.
La democracia estadounidense, además de los inalienables derechos a la libertad de expresión, culto, asociación y prensa, también ha privilegiado el derecho a la representatividad de sectores con intereses particulares ante el gobierno. A medida que la nación maduraba, esta representatividad pretendía restringir el discrimen contra grupos étnicos, religiosos o asociaciones voluntarias que no formaban parte del tejido tradicional de la sociedad. A partir de los años 50, cuando el presidente Eisenhower acuñó el término “complejo militar-industrial”, los intereses de los sectores con fines lucrativos han dominado la agenda del Congreso gestando una amplia gama de beneficios corporativos a costa de los intereses de la ciudadanía.
Las exenciones tributarias a gigantescas corporaciones, junto a la multibillonaria inversión militar, han devastado las finanzas de la nación creando déficits imposibles de solventar con la estructura fiscal actual. En otras palabras, los intereses lucrativos, por virtud de su enorme caudal y legitimado derecho a influenciar a los oficiales electos, han desplazado los intereses de los ciudadanos para los cuales fueron elegidos.
El estado de la nación se complica ante el indisputable derecho a generar ganancias. Muchas grandes empresas han recurrido a la re-incorporación fuera de los EEUU para eludir sus responsabilidades contributivas, lo cual ha redundado en una enorme fuga de capital. Esta fuga viene acompañada de billonarias inversiones en el extranjero y la transferencia de empleos a países con mano de obra e impuestos menos costosos.
A medida que la nación envejece, se desemplea, aumentan sus necesidades sanitarias y la demanda de servicios, subvencionable solo por el erario, cada vez más excede la capacidad del Estado de satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos.
Ante esta situación todo apuntaría a que la nación que “se puede confiar hará lo correcto, después de haber intentado todo lo demás” como dijo Winston Churchill, estaría tomando cartas en el asunto con el mismo sentido de urgencia con que ha respondido a sus desafíos militares. Pero no parece ser así. La influencia de los sectores lucrativos al parecer continuará asfixiando la agenda ciudadana, paradójicamente con el aval de los sectores conservadores que más se afectan adversamente por la insuficiencia federal. Los sectores liberales continuarán culpando la administración Obama por no imponer una agenda de reconstrucción nacional que tanto demócratas como republicanos rehúsan aprobar en el Congreso.
Confiamos en que la cordura prevalezca sobre la voracidad del lucro. Pero el déficit de consensos no parece estar amenazado por un superávit de sensatez. Puerto Rico, sujeto a los vientos que soplan del norte, debe comenzar a planificar la redistribución de responsabilidades ante el anunciado vendaval de la escasez.
Puerto Rico, sujeto a los vientos que soplan del norte, debe comenzar a planificar la redistribución de responsabilidades ante el anunciado vendaval de la escasez.
