De la sequía político-económica a la gestión colectiva sustentable del agua

Interventions in the organization of the hydrological cycle are always
political in character and therefore contested and contestable.

–E. Swyngedow (2009)

En meses recientes hemos vivido una de las peores sequías en años. Mas no se trata de un fenómeno aislado: ya hace tiempo se viene notando un progresivo agravamiento de los problemas de calidad, disponibilidad y distribución de agua en el país (Torres Abreu, 2009; Pérez Figueroa, 2012).1 En la prensa local, se ha mencionado un “déficit de lluvia» como la causa del problema. Por ejemplo, en un artículo reciente sobre la contaminación de las aguas, la periodista comenzaba diciendo que “La preocupación sobre la disponibilidad de agua en Puerto Rico se ha agudizado últimamente, sobre todo por la poca lluvia recibida este año y la baja en los niveles de los lagos, una relación de causa y efecto que controla en gran medida la naturaleza.” (Rivera Arguinzoni, 2014, énfasis mío). Cuando se ha analizado la influencia «humana», la prensa ha hecho referencia al «malgasto» de agua por parte del gobierno debido a infraestructura defectuosa2 (Alvarado León, 2014), y al «mal uso» por algunos grupos sociales (particularmente, gente con piscinas en los residenciales públicos). La sequía se presenta así como un problema “natural» y “administrativo-tecnológico» (léase: apolítico), que puede ser subsanado con una mayor y más «eficiente» infraestructura y administración del sistema de abastecimiento.

Pero en esa narrativa han quedado olvidados importantes asuntos, que algunos comentaristas han comenzado a dilucidar. Por ejemplo, José Rivera Santana (2014) y Arturo Massol (2014) muy atinadamente nos hablan de «la otra sequía»: la escasez de planificación del uso del suelo, de inversión en infraestructura, de coordinación entre agencias, y de visión y voluntad política para tomar acciones urgentemente necesarias (véase también Rivera Santana, 2000; Torres Abreu, 2009).

En este artículo quisiera analizar más detenidamente por qué estos problemas de planificación y gestión de agua son tan persistentes. Sugiero que tienen sus raíces en nuestro sistema político-económico.3 Desde esta perspectiva, la planificación en Puerto Rico ha fomentado exitosamente la acumulación de capital de ciertos sectores, pero no el bienestar común y la sustentabilidad. Por otro lado, también han fracasado las soluciones tradicionales, basadas en la construcción de infraestructura y que responden a la lógica de este modelo.  Ante esta situación, resulta necesaria la transformación de esos esquemas en una concepción del agua como bien común que debe ser gestionado colectivamente para el bienestar y la sustentabilidad.

Crecimiento económico a toda costa

“Nos despojan la minería a cielo abierto, las grandes presas, las carreteras y ductos, la urbanización desordenada, los grandes desarrollos turísticos, los privatizadores del agua, los que se adueñan de la biodiversidad y le ponen precio, los que comercializan y empobrecen nuestra riqueza cultural, los agro negocios, la publicidad y omnipresencia de la comida chatarra, los talamontes, los empresarios turísticos que se adueñan del paisaje, los cárteles del narco…Nos despojan un sinnúmero de corporaciones trasnacionales y mexicanas, y nos despojan los gobiernos que son sus personeros y cómplices, que además criminalizan a quienes defienden la vida y se oponen a la muerte que significa el avance de la barbarie”. (Declaración del colectivo de organizaciones Mexicanas “Por la tierra, por el agua y por la vida” La Jornada, 2014)

En el desarrollismo capitalista, el crecimiento económico constituye meta primordial, y algo inherentemente positivo, correlacionado con el «desarrollo» (Latouche, 2011).4 En este contexto, nuestra Junta de Planificación mide la «actividad económica” por las libras de cemento vendidas y la cantidad de petróleo y electricidad consumida. Bajo este modelo, la planificación del suelo, y la del agua, están subordinadas a los fines del crecimiento. De hecho, la creación de la Junta de Planificación (mediante la Ley 213 de 1942) expresamente tuvo como objetivo guiar el desarrollo económico de la isla, no la conservación de recursos. Mientras, la AAA, recordemos, es una corporación (si bien pública) que responde a bonistas y para la cual somos «clientes» a los que debe proveer ‘un servicio’ (Torres Abreu, 2009).

En Puerto Rico este modelo ha conllevado privilegiar actividades económicas con un uso intensivo del agua –las industrias petroquímica y militar, las farmacéuticas, los mega-hoteles, las agro-industrias, y, especialmente, la construcción desparramada y sin límites. Cabe recordar la Isla-Ciudad propuesta por Pedro Rosselló, y el argumento de la Asociación de Constructores de Hogares de que Puerto Rico todavía tenía 84% de territorio urbanizable. El agua constituye un bien económico útil para este crecimiento, y así se privatiza, permitiéndole a intereses particulares lucrarse de este bien a costa del ecosistema y del uso por parte de otros. Pero, parafraseando la pregunta sobre cuántos centros comerciales aguanta Puerto Rico (Cintrón Arbasetti, 2014), pregunto, ¿cuánto crecimiento económico más cabe en el país? ¿Cuánto más crecimiento aguanta el agua?

El consumismo y la normalización de la demanda

Según explica Torres Abreu (2009), el problema del agua en Puerto Rico está fuertemente ligado a un enfoque de gestión basado en satisfacer una demanda creciente por medio de mejoras a la eficiencia del sistema y la construcción de obras de infraestructura. La atención a la conservación de agua –al “manejo de la demanda”– ha sido nula. El crecimiento urbano desparramado y sin límites ha jugado un papel central en la “constitución y permanencia” de esta “lógica de manejo” que tipifica la demanda y su crecimiento como algo natural (Torres Abreu, 2009).5 Más aún, en la lógica de crecimiento económico, el aumento en el consumo de agua (al igual que el de la electricidad o la gasolina) se considera no solo “natural», sino positivo.

De hecho, el consumismo –el deseo ilimitado de bienes y servicios– es estrategia central del crecimiento económico y, en nuestro caso, está estrechamente asociado al ideal colonial del sueño americano. Esto tiene un obvio impacto directo sobre el consumo del agua: por ejemplo, la obsesión con la casa de grama siempre verde, o con el carro bien lavado (y la proliferación consecuente de los centros de lavado de auto). Los números hablan por sí mismos: nuestro  consumo promedio por abonado (residencia) se estima en 164.1 galones por día, casi igual que en Estados Unidos (176 galones), pero más de 20 veces el consumo de una familia africana (http://water.org/). En el contexto de un país en donde nunca se ha exhortado a ahorrar, sino a gastar (y donde el propio gobierno no da el ejemplo del uso concienzudo del agua), es fácil entender por qué caen en oídos sordos las exhortaciones a ahorrar agua.

La sequía de la igualdad 

La persistencia e incremento de las desigualdades que caracterizan el capitalismo (Picketty, 2014) se manifiestan e inciden de muchas formas en la gestión del agua; desde esta perspectiva crítica, en muchos casos la escasez no se debe a la ausencia física de agua, sino a la carencia de recursos monetarios y de poder político-económico (Swyngedouw, 2009). De acuerdo al Plan de Aguas del DRNA (2007), en el 2007 había 141 comunidades con “deficiencias crónicas” en el servicio de agua potable. En Río Grande, por ejemplo, comunidades de la denominada “cuna de los ríos” llevan doce años con problemas crónicos de agua (Rivera Arguinzoni, 2014b). De acuerdo con la AAA, la solución radica en mejorar la toma de agua del río Espíritu Santo. La explicación de un «déficit de lluvia” no es posible, en vista de los grandes jardines verdes, las piscinas y los campos de golf de que disfrutan los residentes y turistas de las urbanizaciones y hoteles de lujo del área. De hecho, es precisamente esa gran expansión turístico-residencial de la costa noreste lo que ha propiciado el problema. Quizás la toma de agua resuelva a corto plazo el asunto, pero si se sigue desarrollando el área, no será suficiente, o lo será a costa de la salud del ecosistema.

Igualmente, la amenaza de desahucio a residentes de complejos de vivienda pública por el uso de piscinas contrastó con el silencio total del gobierno y la prensa sobre los grandes consumidores de agua en la isla –las farmacéuticas, las urbanizaciones y hoteles de lujo, la Coca-Cola y las demás empresas que se lucran con el embotellamiento de agua, los centros de lavado de auto, etc.6

Esta historia no es nueva: en el 2007, la AAA inició una campaña contra los consumidores con conexiones ilegales de agua, a quienes amenazó con penas carcelarias, pero no tocó a las entidades del gobierno de los Estados Unidos como el Correo Central y la Marina (en Roosevelt Roads), que por décadas usaron millones de galones de agua sin pagar (Primera Hora, 2007). Si el agua es realmente escasa, ¿cómo se permite a un sector tener uso lujoso y lucrativo del recurso? ¿Y con qué legitimidad se puede reclamar conservación a un sector, cuando existe ese otro sector «intocable»?

Las «soluciones» técnico-productivistas

Ya vimos cómo el proceso de expansión del capital, especialmente la expansión (sub)urbana e industrial, conlleva un mayor uso de recursos de agua existentes, lo que genera escasez, pero de forma desigual. La respuesta típica de los Estados a este problema de incremento en la demanda –el cual, recordemos, se considera «natural» y positivo– es el desarrollo de obras (ej. represas, acueductos, desalinizadoras) para capturar, tratar y transportar más agua (Swyngedouw et al., 2002); en muchas ocasiones, estos proyectos se imponen de forma autoritaria, ignorando resistencias locales (Swyngedouw, 2009).

En Puerto Rico, la historia no ha sido diferente; el Superacueducto, como explica Torres Abreu (2009), es un ejemplo icónico. Si bien la severa sequía del 1994 fue el detonante para promover y justificar la construcción de esta obra faraónica, el proyecto venía discutiéndose desde mucho antes. El sector de la construcción fue uno de sus principales proponentes, ya que, como expresó el propio Rosselló, permitiría la expansión urbana del norte de la isla (Torres Abreu, 2009). De hecho, el proyecto facilitó el desparrame en esa zona. También hay que recordar cómo Rosselló impuso de forma arrolladora el proyecto, desoyendo los cuestionamientos que se le hicieron. Del mismo modo, el gran acueducto que lleva agua a Culebra no se hizo solo (o principalmente) para atender una deficiencia de agua en esa isla –los residentes históricos de allí estaban bien adaptados a un consumo limitado, dependiente de la lluvia– sino para facilitar el desarrollo del turismo de lujo, con hoteles como el W y mansiones de veraneo.

Por otro lado, en el Plan de Inversiones Capitales de la AAA y el Plan de Aguas del DRNA, se prevé la construcción de nuevas obras, incluidas represas, “para atender el aumento en demanda del recurso”. En esta línea, durante la sequía actual, varios alcaldes y legisladores de la zona oeste han propuesto que se construya una represa en la región, no solo para lidiar con las sequías, sino también como una medida para atender la nueva demanda generada por los proyectos turísticos y residenciales de la iniciativa Puerta del Sol (Rodríguez, 2014). Se combinan así las estrategias para responder al clima con una lógica de acumulación de capital y una agenda político-partidista, con la que se busca ganar apoyo de los electores con proyectos que muestren «que se está haciendo algo». En contraste, las iniciativas de conservación ambiental –tanto de áreas naturales como del agua– no son rentables políticamente (Torres Abreu, 2009).

Pero, a largo plazo, la demanda seguirá creciendo, y eventualmente nos quedaremos sin espacios (y probablemente sin dinero) para construir represas.7 Tampoco debemos olvidar el gran impacto socio-ecológico de este tipo de proyectos. Por ejemplo, con las represas de Caonillas y Dos Bocas, que permitieron el desarrollo industrial y urbano de San Juan y la zona costanera, se inundaron miles de cuerdas de las mejores tierras agrícolas de Utuado, lo cual posteriormente afectó severamente la economía del pueblo  (Matos Matos, citado en Colón Rivera et al., 2014).8

Hacia una transformación sistémica: el agua como bien común 

“Ecology isn’t ‘love of nature’: it’s the need for self-limitation… of human beings with respect to the planet on which they happen to exist by chance.” (Castoriadis, 2005) ((Le debo la cita a Giorgos Kallis.))

La escasez de soluciones reales al problema de gestión del agua en el sistema político-económico actual no debe sorprendernos: su propia lógica opera contra la sustentabilidad. Por esto, para realmente atender los urgentes problemas del agua, es necesaria una transformación del sistema vigente, entiéndase, visualizar e implementar formas alternativas de organización, producción y manejo de nuestros recursos naturales y ambientales. El modelo crecentista/desarrollista propone una “inevitabilidad del progreso”, entierra alternativas pasadas y presentes, y así hace invisibles otras para el futuro (Otero, et al., 2011). Frente a él, el modelo de los recursos naturales como bienes comunes sirve de base para prácticas y discursos alternativos en la gestión del agua.

En primer lugar, este modelo requiere un cambio de la visión del agua como bien económico para la acumulación de capital a su concepción como bien indispensable para la vida, el bienestar humano y la sustentabilidad ecológica (Bakker, 2007). En otras palabras, el objetivo de manejar el agua debe ser proteger el recurso y el ecosistema del que forma parte (especialmente las cuencas hidrográficas), a la vez que se garantiza el acceso al mismo necesario para el bienestar humano. Nuestro modelo económico debe igualmente cambiar a uno basado en estos principios (bienestar, sustentabilidad), y en la cooperación y solidaridad, en vez de la competencia y la acumulación del capital. Esto significa que no podemos permitir que, por ejemplo, el lucro de una empresa como Applied Energy Systems, o de sectores como el de constructores de hogares o el hotelero, se prioricen sobre el consumo básico de agua o el funcionamiento del ecosistema. De igual forma, hay que transformar nuestra agricultura en una ecológica, que no contribuya a la degradación de los recursos de agua y que esté mejor adaptada a las sequías.

En segundo lugar, el agua como un bien común necesario para la vida humana y la ecología implica que es de tod@s l@s ciudadan@s de Puerto Rico. Dejamos de ser meramente «consumidores» o “clientes» del agua, y nos convertimos en miembros de una comunidad con derechos y responsabilidades colectivas sobre este recurso. Tod@s debemos tener acceso igual al agua; no se puede permitir que algunos la usen de forma ilimitada solo porque pueden pagarla, mientras otros sufren escasez. Esto es muy importante ya que la igualdad, más allá de un principio, fomenta la colaboración entre personas para la gestión sustentable del recurso (ej. Andersson y Agrawal, 2011) y elimina una de las motivaciones principales del consumismo, la carrera del estatus social.

En tercer lugar, el concepto de bien común implica que tenemos el derecho y la responsabilidad de participar en forma equitativa y colectiva en el manejo del recurso, lo cual a su vez requiere una descentralización y democratización radical de todas las estructuras estatales que lo gobiernan, con una transición del “gobierno” a la gobernanza colaborativa del agua (véase Bakker, 2007, 2008).

Para ello, es necesario reconocer y promover la integración de grupos comunitarios y de la sociedad civil en su manejo, como por ejemplo las cooperativas de usuarios locales que proveen efectivamente el servicio de agua a los habitantes de las áreas rurales de Finlandia y de la región metropolitana de Gales, Reino Unido (Bakker, 2008). También hay que establecer mecanismos reales y efectivos de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el agua, por ejemplo, mediante comités de asesores o de asientos en las juntas de las agencias de agua, como las de Inglaterra; juntas multisectoriales y otros procesos participativos de manejo de cuencas hidrográficas (Antunes, et al., 2009; Kallis, et al., 2006); y los presupuestos participativos como el de la ciudad de Porto Alegre, en donde los ciudadanos participan en la decisión de cómo la corporación pública de agua invertirá su dinero (Bakker, 2008). Y debemos escuchar a los movimientos de base que proponen visiones alternativas de manejo del agua, como las más de 40 organizaciones que han convocado a un encuentro la semana que viene en San Salvador Atenco, México y tres meses de jornadas de resistencia bajo el lema “Por la tierra, por el agua y por la vida”, con el fin de “impulsar un programa nacional de lucha contra el despojo, para unir y potenciar las experiencias de lucha y resistencia y la construcción de alternativas.” (La Jornada, 2014)

En Puerto Rico, la sociedad civil y las organizaciones comunitarias y ambientales han jugado un rol fundamental en la conservación de los recursos, incluida el agua. Desde los orígenes del movimiento ambiental en la lucha anti-minera de los 60, la protección del agua ocupó un lugar central (Colón Rivera, et al., 2014; Concepción, 1995). Posteriormente, Casa Pueblo retomó esa lucha y la transformó en la gestión comunitaria de los bosques de la región, pero siempre con el agua como asunto crucial. El año pasado, luego de la lucha contra el gasoducto del norte, un grupo multisectorial liderado por Casa Pueblo nos presentó un “proyecto de país” denominado Bosque Modelo de Puerto Rico,9 que cubre la región por donde hubiera pasado ese “tubo de la muerte». Otras entidades como Protectores de Cuencas y el Programa del Estuario de la Bahía de San Juan también promueven prácticas y discursos diferentes sobre el manejo del agua, enfocados en conservación, restauración y colaboración multisectorial como estrategia para proteger las cuencas hidrográficas. El año pasado, en su propuesta de aumento tarifario, la AAA argumentó que parte del dinero sería para un cargo ambiental dirigido al proyecto del Caño Martín Peña y a “la conservación de cuencas”, pero lamentablemente no señalaron proyectos específicos.

No obstante, falta mucho para lograr representación ciudadana en las estructuras gubernamentales de toma de decisiones. Hace falta mayor representación (comunitaria, obrera, científica, profesional) en la Junta de Gobierno de la AAA. Por otro lado, existen unas 250 comunidades (cerca de 150 mil personas) sin conexión al sistema de AAA, los denominados sistemas non-PRASA (Juarbe, 2007). Estos sistemas enfrentan retos para cumplir con los estándares de calidad del agua, pero, en vez de pensar en integrarlos al sistema de AAA, ¿por qué no apoyar y fortalecer su gestión comunitaria?

Por último, el modelo del agua como bien común también implica revaluar las soluciones tecnocráticas que suelen proponerse para lidiar con el problema de su escasez. Habrá que identificar los límites ecológicos de nuestro consumo (la cantidad de agua que puede extraerse sin alterar el funcionamiento del ecosistema), y manejar la demanda. Los límites son necesarios para superar la escasez persistente debida al consumismo capitalista; pero, en última instancia, los límites al uso no deben imponerse desde arriba, sino voluntariamente, mediante decisiones colectivas (Schneider et al., 2010).10

Los cambios climáticos globales sin duda afectarán las condiciones materiales (ecológicas) relacionadas con el agua, incluidos los patrones de lluvia. Es probable que haya más y más intensas sequías, así como tormentas de mayor magnitud. Para prepararnos para ese futuro, debemos cambiar nuestra forma de manejar el agua. Tendremos que organizar y movilizarnos para cambiar el sistema político-económico crecentista y fomentar un “imaginario radical” contra-hegemónico. Para ese imaginario radical deberemos utilizar la “voluntad imaginativa” de la que nos hablaba Walter Benjamin, en una comunión que transforme desde abajo las relaciones entre nosotros y con el medio ambiente. Solo ahí lograremos superar la escasez.

Referencias

Andersson, K., y Agrawal, A. (2011). Inequalities, institutions, and forest commons. Global Environmental Change, vol. 21, pp. 866–875.

Antunes, P., Kallis, G., Videira, N. y Santos, R. (2009). Participation and evaluation for sustainable river basin governance, Ecological Economics, vol. 68, núm. 4, pp. 931-939.

Bakker, K. (2008). The ambiguity of Community: Debating alternatives to private‐sector provision of urban water supply. Water Alternatives, vol. 1, núm. 2, pp. 236‐252.

Bakker, K. (2007). The “Commons” Versus the “Commodity”: Alter-globalization, Anti-privatization and the Human Right to Water in the Global South. Antipode, vol. 39, núm. 3, pp. 430-455.

Colón Rivera, F., Córdova Iturregui, F. y Córdova Iturregui, J. (2014). El proyecto de explotación minera en Puerto Rico (1962-1968): Nacimiento de la Conciencia ambiental moderna. San Juan: Ediciones Huracán.

Concepción, C. M. (1995). The origins of modern environmental activism in Puerto Rico in the 1960s. International Journal of Urban and Regional Research, vol. 19, núm. 1, pp. 112-128.

Kallis, G., Videira, N., Antunes, P., et al. (2006). Participatory methods for water resource planning. Environment and Planning C, vol. 24, núm. 2, pp. 235-256

Latouche, S. 2011. La sociedad de la abundancia frugal. Contrasentidos y controversias del Decrecimiento. Barcelona: Icaria.

Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge/New York: Cambridge University Press.

Otero, I., Kallis, G., Aguilar, R. y Ruiz, V. (2011). Water scarcity, social power and the production of an elite suburb. The political ecology of water in Matadepera, Catalonia. Ecological Economics, vol. 70, núm. 7, pp. 1297-1308.

Pérez Figureoa, O. (2012). La geografía de la crisis del agua: ¿Dónde está Puerto Rico? Tesina de Bachillerato del Programa de Honor de la Universidad de Puerto Rico- Rio Piedras.

Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Belknap Press.

Rivera Santana, J. (2000). La planificación del recurso agua. Revista Jurídica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, vol. 35, núm. 1, p. 65.

Ruiz Marrero, C. (2003). Incompetencia humana en los desastres de las lluvias.
Claridad, 27 de noviembre.

Schneider, F., Kallis, G. y Martinez-Alier, J. (2010). Crisis or opportunity? Economic degrowth for social equity and ecological sustainability. Journal of Cleaner Production, vol. 18, núm. 6, pp. 511-518.

Swyngedouw, E. (2009). The Political Economy and Political Ecology of the Hydro-Social Cycle. Journal of Contemporary Water Research & Education, vol. 142, pp. 56-60.

Swyngedouw, E., Kaika, M. y Castro, E. (2002). Urban water: A political-ecology perspective. Built Environment, vol. 28, núm. 2, pp. 124-137.

Torres Abreu, A. (2009). ¿Satisfacer o manejar la demanda? Perspectivas dominantes en torno al debate sobre el consumo del agua en Puerto Rico. Revista de Ciencias Sociales, vol. 20, pp. 176-205.