Fianzas irrazonables

Que el andamiaje del Estado, ante situaciones antipáticas y trágicas, permita que a una persona que se presume inocente se le establezca una fianza millonaria con el propósito de que esta no pueda pagarla es preocupante y contrario a la Ley. La Constitución de Puerto Rico establece que “[t]odo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio”, y exige que esa fianza no sea excesiva. Esto es cónsono con la presunción de inocencia que nos cobija a todos los ciudadanos.

La fianza es un mecanismo para garantizar la comparecencia del acusado al proceso en su contra, por lo que utilizarla como castigo es incompatible por lo establecido en nuestro ordenamiento constitucional. El pretender que la fianza sea un castigo no es más que un subterfugio para crear la ilusión de que un horrendo crimen fue penalizado, por el hecho de que el imputado de alegadamente haberlo cometido, y quien se presume inocente, va a la cárcel por no pagarla.

La imposición de fianzas irrazonables no es un problema nuevo. Es por esto que se promovió ante el ojo público que los $300,000.00 que totalizaron la fianza originalmente impuesta a Jensen Medina Cardona era “baja”, ya que a otros imputados de delitos “similares” se les había impuesto cantidades mayores. Sin embargo, si entendemos que a personas de escasos recursos se le han impuesto fianzas de una cantidad con el propósito de que no puedan pagarlas, ataquemos eso, pero no demos legitimidad a la a la eliminación de facto de nuestros derechos.

Entre las visiones que permean la discusión sobre el tema, se resalta que a diferencia de otros lugares en Puerto Rico hay un derecho “absoluto” a la fianza. Tal planteamiento parte, entre otras, de dos premisas preocupantes. Primero, pretende hacer ver que el hecho de que la ciudadanía tenga mayores protecciones frente al Estado en comparación a otras jurisdicciones, esincorrecto. Segundo, le sugiere a quien oye/lee el argumento que toda persona que logra pagar la fianza queda, en efecto, libre.

El decir que en Puerto Rico existe un derecho “absoluto” a quedar libre bajo fianza no es más que un sofisma. Aunque una persona se presume inocente, a esta se le puede restringir su libertad sin que el Estado haya probado que es culpable, lo que elimina implícitamente protecciones que provee tal presunción. El caso de Medina Cardona es un ejemplo de ello, ya que junto ala fianza que originalmente se estableció, también se le impusouna serie de restricciones a su libertad, que incluyó supervisión electrónica (grillete). Estas restricciones a la libertad derrotan muchos de los argumentos que se utilizan para justificar el que se impongan fianzas irrazonables e ilegales, ya que el Estado tiene bajo su supervisión al imputado de un delito.

​La desinformación sobre los derechos de un acusado además va de la mano con la posición de que nuestras libertadesse tienen que ajustar a la “ola criminal” que nos afecta. Dicha visión sugiere que la criminalidad no es por la incapacidad del Estado de mantener un país seguro, sino porque los ciudadanostenemos derechos.

La defensa de los derechos de la ciudadanía no puede limitarse a situaciones simpáticas, ni tampoco puede ser parte de una retórica hueca para lucir bien ante el ojo público y en las redes sociales.

Las implicaciones de lo ocurrido las pasadas semanas van más allá del caso de Medina Cardona, a quien se le imputa un delito contra la vida mientras utilizaba un arma de fuego sin licencia para portarla. Tales imputaciones, de ser probadas, acarrean grandes consecuencias para la vida y libertad de este. Sin embargo, recordemos que la fianza no va dirigida al condenado de un delito, sino al imputado de este.

Exijamos al Estado que esclarezca la tragedia que cobró la vida de la joven Arellys Mercado Ríos utilizando los grandes poderes que tiene frente a la ciudadanía, pero dentro de los parámetros y derechos que nos protegen a todos por igual.