La Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público presentó un estudio sobre las más recientes emisiones de deuda. De izquierda a derecha: Alvin Velázquez, Mario Marazzi, Roberto Pagán, Carlos Frontera y Manuel Natal.
Los hallazgos son parte de un ejercicio de prueba de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público cuyo propósito era obtener un entendimiento básico de la deuda y las normas legales aplicables a la deuda de Puerto Rico, así como familiarizar a la Comisión con las operaciones financieras y los sistemas y procedimientos empleados por el gobierno en sus emisiones.
Según el resumen ejecutivo del informe de más de 40 páginas, el estudio se limitó a una revisión de la documentación producida por el Banco Gubernamental de Fomento sobre las dos emisiones más recientes de deuda realizadas bajo la buena fe y crédito del Estado Libre Asociado, siendo estas la oferta de $3,500 millones en bonos de obligaciones generales de 2014 y la emisión de pagarés en anticipación de los impuestos e ingresos, conocido como “TRANS”, de 2015, así como las investigaciones independientes económicas, legales y de contabilidad que sustentaron las emisiones.
La Comisión decidió comenzar a auditar la deuda a partir de las más recientes emisiones y continuar hacia atrás en orden cronológico. “La revisión –se advierte en el informe—se limitó a estas emisiones debido al hecho de que la Comisión todavía no ha recibido fondos para iniciar sus trabajos”.
Según el presidente de la Comisión, Roberto Pagán, “los hallazgos de esta prueba confirman la necesidad de darle los recursos necesarios a los esfuerzos de auditoría y comenzar a revelar quiénes son los tenedores de la deuda, el uso que se le dio a las emisiones y si se cumplió con los límites constitucionales y legales de las mismas”.
La Comisión debe explorar, primero que nada, el cumplimiento del gobierno con su propia Constitución, pues las distintas administraciones pueden haber actuado por encima de lo que estaban autorizadas.
Uno de los principales hallazgos es la identificación de alrededor de $30 mil millones adeudados a préstamos hechos para cuadrar el déficit presupuestario, actividad expresamente prohibida por la Constitución. Según el estudio, Puerto Rico ha estado tomando prestado para cubrir déficits desde tan temprano como el 1980.
La Comisión entiende que se debe estudiar más a fondo las consecuencias legales de esta anomalía.
También se detectó que en la emisión de 2014, aunque se informa a los bonistas que el producto de la transacción se usará para financiar el déficit, no se menciona que la Constitución tiene una provisión que exige un presupuesto balanceado. “Habría que examinar si los aseguradores y asesores de la emisión fueron diligentes en informar a los potenciales compradores de las limitaciones constitucionales de transacción”, dice el informe.
El estudio descubrió que Puerto Rico tiene aproximadamente $38 mil millones en Bonos de Revalorización de Capital (CBAs por sus siglas en inglés) un instrumento inusual mediante el cual quien emite la deuda no paga intereses ni principal hasta que el bono vence, aunque los intereses continúan acumulándose diariamente. Por ejemplo, un CAB emitido por COFINA en 2007 no madura hasta el 2056, lo que podría tener implicaciones legales ya que la Constitución prohíbe que se tomen préstamos financiados por más de 30 años. Otro CAB, adquirido en 1998 por $14.15 millones, vence el primero de julio próximo para el cual se deberán pagar $38.3 millones. La Comisión deberá estudiar el efecto del uso de estos bonos en la cantidad total de la deuda.
También se revela que el gobierno de Puerto Rico ha adoptado y seguido un patrón de refinanciar la deuda que está por vencer (scoop and toss en inglés). Por ejemplo, se encontró que parte de la emisión de 2014 pagó una deuda de 2003, que a su vez se usó para refinanciar una deuda de 1987, y ésta probablemente se originó en la década del ’70.
El estudio fue realizado principalmente por el licenciado Alvin Velázquez y el CPA John Johns con la asistencia del subcomité de Metodología de la Comisión integrado, entre otros, por el Dr. Mario Marazzi y el Dr. José Alameda.
La Comisión, compuesta por 17 miembros, incluye a representantes de las instituciones financieras, cooperativas, académicos y sindicatos así como a funcionarios electos y fue creada por virtud de la Ley 97 (de julio de 2015) que mandata que se audite de manera rigurosa y transparente la deuda pública y se determine la cantidad que realmente corresponde pagar.
VEA DOCUMENTOS SUPLEMENTARIOS
Resumen Ejecutivo del Informe de la Comisión
Informe Completo (inglés)
* Comunicado suministrado por la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público.
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