Deuda pública odiosa colonial: la flecha dirigida al Minotauro norteamericano
Preámbulo
Han ocurrido acontecimientos importantes que corroboran algunas admoniciones, sobre todo la ausencia de neutralidad y parcialidad de las tres ramas de gobierno hacia los acreedores y el sistema colonial promovido por la metrópolis. El Congreso rechazó paridad en el área de salud y poderes autonómicos dentro de la cláusula territorial. El mes de junio del 2016 fue determinante. El día 9 la Corte Suprema federal anuló la ley de quiebras criolla por ser campo federal ocupado. El día 13 en el caso de Pueblo v. Del Valle, resolvió que el Congreso es el único soberano y Puerto Rico es territorio sujeto a sus poderes plenarios bajo la cláusula territorial.[2] El 30 de junio el Congreso aprobó la ley Promesa. Pasamos a ser gobernados por una Junta de Control designada por el Presidente sin mediar ningún tipo de elección. Esta ley no provee un sistema ético legal adecuado para enfrentar la deuda y la crisis. El 3 de mayo del 2017 la Junta de Control radicó la petición bajo el título III de esa ley ante la Corte de Distrito Federal para Puerto Rico. Puerto Rico es gobernado desde la Corte de Distrito Federal por una Juez.
Ha avanzado la comprensión de la doctrina sobre deuda odiosa, pero no a los niveles de masividad necesarios. Como evento significativo, la Revista Jurídica de Harvard del 10 de abril del 2017 concluyó que si Puerto Rico es una colonia, Estados Unidos le mintió a la ONU en el 1953, la deuda pública es odiosa y la metrópolis es responsable de la misma. Publicación importante, porque desde esa revista a fines del siglo 19 se esbozaron las teorías imperialistas que fueron recogidas en los casos insulares que resolvieron que Puerto Rico es un territorio que pertenece a, pero no forma parte de, los Estados Unidos, pero las garantías de la Constitución Federal no siguen a la bandera. Ahora esa revista, consciente del desvarío imperialista que fundó, rectifica en una especie de «mea culpa» para iniciar un proceso hacia la derogación de los casos insulares.[3]
Ha habido experimentos loables: periodistas instaron litigios sobre información, la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana presentó querella ante la OEA. La campaña por la auditoría, gubernamental y ciudadana de la deuda, ha tenido acogida general. Haré señalamientos críticos fraternales sobre la auditoría.
La causa de la deuda impagable
Primero veamos: ¿Cuál es la causa eficiente de la deuda impagable?
Con la caída del campo socialista en 1989, terminó la Guerra Fría y Estados Unidos no tenía la necesidad geopolítica, entre otras, de presentar a Puerto Rico como vitrina de la democracia. El gobierno federal abandonó la colonia, aprobó los tratados de libre comercio con países vecinos durante la década de los 90, lo que eliminó la ventaja competitiva en el mercado norteamericano. En el 1996 el Congreso terminó las compañías 936 en un periodo de 10 años. Liquidó el corazón de la actividad económica.
Desde el 2006 comenzaron los siguientes procesos: depresión, recesión durante 11 años, éxodo cercano a 500,000 boricuas, baja sustancial de recaudos, degradación del crédito territorial, disminución de aportaciones a y menoscabo de los planes de retiro, pérdida de más de 200 mil empleos. El gobierno local, con la autorización federal, fue forzado a tomar préstamos con emisión de bonos triplemente exentos, para cubrir gastos recurrentes, refinanciar y pagar el servicio de deuda.
La deuda pública ascendía a $24 billones de dólares al 31 de diciembre del 2000. Desde antes hubo mala administración y corrupción. Pero importante, la deuda era pagable. Desde el 2000 al 2014 la deuda pública incrementó 195%, es decir $48 billones en sólo 14 años, para el total impagable de $72 billones.[4] Los sistemas de retiro sufrieron menoscabo de $48 billones. Un total de $122 billones de deuda pública al día de hoy. La deuda impagable coincide con el periodo de la firma de los tratados de libre comercio, la eliminación de las compañías 936 y el abandono federal. La causa de la deuda no ha sido la corrupción y mala administración del bipartidismo, sino el control colonialista y abandono de la metrópolis. El responsable de pagar esa deuda a los acreedores es su causante: el gobierno federal, controlador fiduciario del enclave colonial.
Auditoría de la deuda
Hubo y ha habido negligencia, mala administración y corrupción por el bipartidismo gobernante y habrá que investigar y acusar personas sin piedad. Pero esos funcionarios son una casta domesticada que ha representado la oligarquía dependiente criolla al capital absentista y los intereses federales. E igual que la ley Promesa y la Junta de Control, forman parte de la estructura territorial colonial federal y no se les puede separar como si fueran una oligarquía nacional con poderes soberanos para argüir que fueron la causa eficiente de la deuda impagable. Puerto Rico no es una neocolonia, no tiene ningún tipo de soberanía, es una colonia clásica monda y lironda. Y en las colonias manda la metrópolis y su casta de gobernantes han jurado lealtad a la constitución y leyes federales.
Reconozco que la campaña de una auditoría gubernamental o ciudadana tuvo ciertas ventajas: fomenta la transparencia, provee información para desarrollar estrategias y seguir deslegitimando al bipartidismo. Mas no ha sido suficiente. Ya que la campaña de la auditoría ha enfatizado en la corrupción del bipartidismo como el causante de la deuda y la crisis, ha generado un consenso de que el causante de la deuda pública impagable es de origen nativo. Ha servido para solidificar un consenso de aceptación a la Junta de Control. De esa manera no se ha estado llevando al mundo un mensaje claro, una posición anticolonial consecuente sobre la deuda pública. Eso es grave. Se ha llevado el mensaje de que los políticos corruptos puertorriqueños causaron la deuda y la crisis. Y que los puertorriqueños de la isla tienen que pagarla por sus malas decisiones electorales o hundirse en la miseria. La campaña ha apuntado el arco y la flecha hacia los puertorriqueños.
Deberíamos exigir la auditoría del colonialismo. De lo contrario los acreedores, el bipartidismo servil y la metrópolis, seguirán destrozando a nuestro país.[5]
Las luchas relacionadas con la deuda pública no pueden estar atadas al intento tardío y fallido federal de mejorar la estabilidad financiera de la colonia. La Ley Promesa y su Junta de Control federal, constituye un mecanismo provisional inservible para el pueblo de Puerto Rico. Tiene como fin intentar salvar la liquidez del ELA colonial, a la vez que se paga por la población la deuda a los acreedores. Pero eso no será posible porque se necesita desarrollo económico y la estructura colonial caduca no lo permite pues evita el desarrollo de nuestras fuerzas productivas. Conforme a los términos fantasiosos de la Ley Promesa, al cabo de un tiempo, 10 años según estiman expertos, cuando el ELA territorial tenga presupuestos balanceados y pueda mejorar su crédito para ir al mercado de préstamos, debería desaparecer la Junta de Control y la Ley Promesa, pero volvería a operar el mismo ELA colonial, endeudado hasta el tuétano y la ley federal 600 que lo creó. La Ley Promesa no dispone para el descargue de toda la deuda, solo mera reestructuración con planes de pago a los acreedores. No cura la crisis. A la larga vendrán nuevos reclamos y litigios de los acreedores. No se puede curar un paciente terminal con una curita o un ungüento inservible.
Ahora ya el Estado ha asimilado, digerido, e incorporado el reclamo de auditoría. Hay un anaquel de auditorías en proceso: la de la Junta de Control, Junta de Gobierno de la UPR, el descubrimiento de hechos que se generarán en los litigios y reclamaciones bajo el Título III, la auditoría que interesa efectuar la Comisión Federal de Valores y la que recién acaba de coordinar el grupo Transparencia en las Finanzas Gubernamentales con el Banco de Fomento Económico. Eso debe ser un botón de alarma. Ahora es cuestión de que se hagan todas esas auditorías, recopilar la información y publicar sus hallazgos. Pero en la realidad puertorriqueña, el reclamo puro y simple de la auditoría, lo asimila y manipula el sistema. Se queda en la frontera del territorio colonial si se obvia y no se educa, organiza ni moviliza sobre el problema fundamental: el colonialismo, causante de la deuda.
Es momento de enfocarnos. De crearle un problema geopolítico al gobierno de Estados Unidos. En las ocasiones que a una nación colonizada, estado nacional o neocolonial se les ha liberado de una deuda pública impagable o reducido la misma dramáticamente por ser insostenible, ha sido por controversias de impacto global, por impacto geopolítico al gran capital financiero y a las grandes potencias que han regenteado el mundo.[6] La nación puertorriqueña necesita convertir el asunto de la situación colonial y su criatura, la deuda odiosa, en un problema geopolítico para los Estados Unidos. Vamos a orientar: el responsable de la deuda pública injusta impagable es el gobierno de Estados Unidos, quien debe pagar la deuda a los acreedores en reparación de los agravios y daños causados por 119 años de colonialismo. Nada impide que los Estados Unidos cree un fondo para expropiar los créditos buitres al precio adquirido y que luego en derecho de nivelación recupere lo pagado mediante acciones criminales o demandas civiles contra los funcionarios y entidades culpables de corrupción. Coloquemos el arco y la flecha en la dirección correcta.
La radicación de la petición bajo el Título III
El 3 de mayo 2017 la Junta de Control radicó la petición bajo el Título III de Promesa sobre ciertas obligaciones generales del territorio, mientras mantuvo la paralización de litigios de los acreedores. Y posteriormente radicó petición limitada a $221 millones de la entidad Cofina. Varias corporaciones públicas, serán llevadas a ese proceso.
El sistema contenido en la Ley Promesa es inservible para resolver el problema de la deuda impagable, la crisis y la quiebra del sistema federal político con el territorio.[7] Puede haber: a) plan fiscal, b) decenas de tributos odiosos para cuadrar el presupuesto con el ahorro de $7 billones que esos dos renglones producirán, (c) «restructuración» de deuda bajo los títulos III y VI de la Ley Promesa para pagar unos plazos a los acreedores. Pero la deuda no la eliminan, solo pospone un tiempo las acciones de cobro de los acreedores. Seguiremos patinando hasta hundirnos en el pantano: con el agravamiento de la depresión y una caída cercana al 10% del producto bruto por los próximos dos años.[8] Falta lo esencial: (d) desarrollo económico, para estructurar una economía sostenida que genere empleos dignos y servicios sociales adecuados y eso es imposible, (e) sin soberanía solidaria, en una época de completo abandono del territorio por la Metrópolis.
Plebiscito, Congreso Anticolonial y Asamblea Constitucional
El plebiscito es un mecanismo inservible. Al principio surgió la coyuntura histórica ética concreta de votar para nuclear una amplia convergencia popular de voto castigo mientras se enfocaba en un reclamo anticolonial. El Secretario de Justicia federal exigió incluir en la papeleta la fórmula colonial territorial, cambió el escenario y amplios sectores soberanistas decidieron boicotearlo. Y nadie que se estime patriota debe romper el consenso del boicot. Porque participar en el plebiscito es inmoral, dura un día, no resuelve nada, no sirve para nada, en esta coyuntura confunde, divide, es dañino y es un distractor mayor. Evita el enfoque para concentrar en lo que es consenso mayoritario: la descolonización de Puerto Rico y la crisis causada por la deuda mediante los medios adecuados. Entonces es ver cómo tomamos esos dos asuntos sustantivos, descolonización y deuda impagable, que unen a todo el pueblo, de diversas ideologías, díaspóricos e isleños con creencia descolonizadora, que tienen ese consenso, y promovemos el medio vital que nos unifique.
Ese medio es la Asamblea de Delegados del pueblo, pero hay que diseñarla mejor. Ha habido muchos escritos, estudios y proyectos de ley presentados, boicoteados por el bipartidismo y que habrá que seguir mejorando.
Pero hay que darle espacio a los estadistas para que sean atraídos a la Asamblea Constitucional. He sugerido que si participan y ganan la mayoría de los delegados, como se anticipa en esta etapa, tengan la oportunidad, por un término de caducidad razonable, tal vez dos años, según lo aconsejen los cambios acelerados de la realidad, para presionar por su estadidad sin que los otros delegados les obstruyan su reclamo. No deben tener temor los estadistas que crean de verdad en descolonizar. Van a tener la mayoría de los delegados. Pero si no han conseguido la estadidad en ese periodo de tiempo, entonces los delegados, obligados a ese compromiso por un juramento y contrato previo, vuelven a deliberar para declarar la independencia o una fórmula soberana transitoria y aprobar una constitución.[9] Apostamos a que en la era del supremacismo blanco del presente, la estadidad a un territorio de mulatos isleños con otra cultura no la van a considerar.
La Asamblea Constitucional tiene que ser inclusiva de todos los sectores, debe ser permanente, sin límite de tiempo, deliberando y negociando y movilizando al pueblo; solvente con muchos recursos asignados; poderosa con la participación de la diáspora y los isleños, a la par que se incrementan luchas éticas novedosas de toda índole. Los estadistas deben reflexionar. Hay que sanar las heridas que dejan los eventos electorales tribalistas inconsecuentes plebiscitarios. Hace falta voluntad de unión frente a la metrópolis. Con la deuda, nadie, ni los estadistas, podrá gobernar más de cuatro años.
Lancé la siguiente idea mediante una columna reciente: convocar movilizaciones y reuniones municipales y en ciudades de la diáspora para la selección de cinco, pueden ser más, delegados de cada lugar.[10] Si este llamado conflige con una actividad el 11 de junio, esas reuniones pueden comenzar desde ahora o luego del plebiscito. Sería la respuesta descolonizadora al plebiscito inservible. Cada delegación local con representación de nuestras mujeres y juventud y veteranos. El propósito es que haya representatividad, amplitud. Y que estos delegados celebren reuniones preparatorias y una asamblea organizativa preliminar, para aprobar un proyecto de declaración de propósitos y convocar y organizar el Primer Congreso Anticolonial. Tengo claro que para ser viable necesita que una gran convergencia de sectores, grupos, frentes y partidos se unan a la convocatoria. Desde ese Congreso se convocaría a elecciones por la sociedad civil para seleccionar los delegados constituyentes. Lanzo las ideas para que las evalúen y las mejoren los deponentes, las organizaciones, el ilustre Colegio de Abogados, juventud, movimientos autogestionarios, ciudadanos independientes, grupos, frentes sociales, partidos patrióticos y soberanistas. Sin una amplia convergencia, las ideas se quedan en el tintero. Un comité provisional representativo de la sociedad civil podría hacer una convocatoria estructurada de los procesos iniciales locales y los que fueren necesarios para continuar siendo mejorados por las bases, dirigidos a celebrar un exitoso Primer Congreso Anticolonial.
Si fructifica, veremos que los delegados soberanos de una nación de 8.5 millones de almas tienen más fuerza que los 7 políticos que el sector estadoista ha decidido enviar a las escalinatas del Capitolio federal, embeleco que no se asemeja para nada a la experiencia de Tennessee. Porque los rubios de Tennessí tenían más valor que un sector del colonialista del anexionismo actual, que lo que les interesa es administrar la colonia para seguir chupando de los fondos públicos. En en 1796 celebraron una Asamblea Constituyente, eligieron tres delegados al Congreso, aprobaron una constitución, y una resolución que exigía el otorgamiento de la estadidad o declaraban la independencia.
La deuda pública colonial es un asunto político de estado, es decir, de la más alta jerarquía. Hay que cambiar el mensaje e insistir en denunciarla como deuda odiosa colonial, respaldada esa campaña por una Asamblea Constitucional convocada desde las bases por un Congreso Anticolonial, con participación de los isleños y la diáspora, combinada con la denuncia en los foros internacionales y ante el pueblo norteamericano, para convertir este asunto en un verdadero problema geopolítico para Estados Unidos. Para así dirigir la flecha al minotauro norteamericano, como le llamaba el Apóstol José Martí, y no a nuestra nación.
Conclusiones:
1. Existe un abandono evidente del gobierno federal hacia la colonia de Puerto Rico. Se ha evidenciado que las tres ramas de gobierno federal están parcializadas hacia el capital financiero.
2. La ley Promesa y su Junta de Control son mecanismos provisionales antidemocráticos coloniales, inservibles para resolver la grave crisis y el acuciaste problema colonial. Intenta salvar las castañas al ELA territorial mientras se hacen planes de pago a los acreedores a costa de recortes en servicios e impuestos para balancear el presupuesto y el pago de una deuda que es impagable por la nación puertorriqueña. La depresión económica aumentará. La deuda pública seguirá. Sin desarrollo económico no habrá empleos ni actividad económica sostenida y para lograrlo hace falta los poderes de soberanía que confiere la independencia nacional o un estado transitorio intermedio como la libre asociación. Ante el abandono federal no hay otra opción que la soberanía política de Puerto Rico.
3. Usar las cortes como táctica secundaria, como caja de resonancia. No cultivar ilusiones. Las cortes federales no son foros neutrales, el problema de la deuda pública es uno político, debe enfrentarse prioritariamente con tácticas y estrategias políticas.
Sugerencias y alternativas:
1. Hacer una campaña masiva centrada en la deuda odiosa colonial y el colonialismo. Vinculemos, como el oxígeno y el hidrógeno para formar el agua, la auditoría integral y la campaña de deuda odiosa. Sugiero esa concepción se refleje con un cambio de nombre en un Frente por la auditoría integral del colonialismo y de la deuda odiosa colonial.
2. Masificar la organización y educación del pueblo en la isla y en la diáspora.
3. Los ponentes de este simposio, las organizaciones que representan, sectores claves del público asistente y oyentes, las convergencias y frentes creados desde la sociedad civil pueden exhortar a constituir un Comité Provisional representativo, fomentar comités de bases, preparar un corto proyecto de declaración de propósitos y ruta para convocar procesos locales y necesarios, que mejoren con nuevas ideas el proceso, para hacer un Congreso Anti Colonial exitoso.
4. A corto plazo nada impide que desde ya se comiencen a organizar desde las bases y localidades grupos para comenzar este proceso. Luego del boicot al plebiscito, celebrar asambleas locales en todos los municipios y ciudades de la diáspora para seleccionar delegados representativos de mujeres, jóvenes y mayores, incorporar ideas, mejorar el proceso, y seleccionar delegados, celebrar una asamblea preparatoria para convocar y organizar a mediano plazo el Primer Congreso Anti Colonial.
5. Un Congreso Anti Colonial que convoque elecciones para la Asamblea Constitucional de Delegados o estatus desde la sociedad civil, para decretar la independencia si el sector mayoritario de los delegados estadoista obtiene la mayoría de los delegados y no consigue la admisión como estado dentro de un término de caducidad acordado razonable por los cambios acelerados que trae la realidad, los delegados negociar de nación a nación reparación de agravios, la asunción de la deuda por la metrópolis y medidas de transición hacia la independencia o un estado soberano de transición como la libre asociación.
6. Incrementar la denuncia del colonialismo y la deuda odiosa colonial en la sociedad norteamericana y en los foros neutrales internacionales para crear un problema moral, jurídico y geopolítico a los Estados Unidos.
*Síntesis de la Ponencia ofrecida en el Simposio: La Deuda Pública de Puerto Rico y la Responsabilidad del Gobierno Federal: Remedios y Cursos de Acción de la Ciudadanía (Parte II).
Auspiciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Asociación de Economistas de Puerto Rico, Frente Por la Auditoria Integral de la Deuda Pública. Vamos, Todos Somos Pueblo, Sindicato de Trabajadores Puertorriqueños; Convergencia por la Descolonización de Puerto Rico y Zoom Ideal.
[1] Tales como: (a) Reparación de agravios directamente bajo la Primera Enmienda de la Constitución Federal, ya que a los ciudadanos del territorio les protege un derecho de reparación fuerte y vigoroso, como el que gozaban antiguamente los siervos frente al Rey de Inglaterra, y los esclavos y mujeres previo a la abolición de la esclavitud y al sufragio universal. (b) Acciones por incumplimiento del deber de fiducia que emanan de la cláusula territorial; (c) incumplimiento de deberes de fiducia y contrato del Tratado de París; (d) por incumplimiento de contrato tácito o expreso y fraude a la población del territorio y a las Naciones Unidas en 1953 al representar falsamente que hubo un pacto en el 1952 mediante el cual Puerto Rico dejó de ser colonia norteamericana sujeta a los informes requeridos a las potencias coloniales sobre sus territorios; (e) bajo la cláusula de supremacía al incumplir tratados sobre derechos humanos y civiles; (f) por incautación, toma, congelación o devaluación de propiedades y riquezas de nuestros habitantes sin mediar justa compensación; (g) bajo la doctrina de deuda odiosa por ser esta norma vigente en el derecho anglosajón generada por Estados Unidos como medida geopolítica durante la Guerra Hispanoamericana para liberar a Cuba de su deuda colonial con España durante las negociaciones del Tratado de París; doctrina vigente, acogida, expandida y fortalecida en distintas variantes por el derecho imperativo internacional hasta hoy en día. Entonces advertimos que las cortes federales estaban contaminadas en esta etapa imperialista y neoliberal, eran foros que perdían legitimidad, y estarían parcializadas a favor de los acreedores y a las doctrinas coloniales. Ejemplo de ello es el mantenimiento de la doctrina segregacionista y discriminatoria de los casos insulares todavía vigente. Y que en el caso de Puerto Rico, sus cortes, incluida la mayoría de la Corte Suprema Federal, estarían prestas a elaborar excepciones políticas alegando cierto grado de autogobierno para distanciarse de las doctrinas sobre control federal establecidas en los casos de las naciones indígenas que han impuesto responsabilidad en asuntos, derechos y propiedad bajo el control federal.
Señalé además unas tendencias. Esas conclusiones y tesis han sido corroboradas por los eventos posteriores. Indicamos que ante la parcialidad de las ramas judicial, legislativa y ejecutiva federales, la lucha de la nación puertorriqueña tendría que concentrar en la organización y movilización política, incluida con preeminencia la asamblea constitucional de delegados de los isleños y su diáspora, para decretar la plena soberanía y negociar con la metrópolis reparación de agravios. No podemos cultivar ilusiones con el gobierno federal. ¿Cuánto más vamos a esperar para seguir creyendo que una juez de Distrito Federal operando bajo la Ley Promesa, o que las tres ramas del gobierno federal van a salvar a la población de Puerto Rico? A Puerto Rico lo salva un pueblo alerta, educado en la valoración de la libertad, organizado y militante para la defensa de sus derechos. Y lo destruye, la dispersión, el sectarismo, la ignorancia, el miedo y colonización mental. Quienes deseen seguir acciones en las cortes, bienvenidos, porque son medios secundarios que se utilizan como caja de resonancia. Pero nada más. El problema de la deuda pública, derivado del coloniaje, es uno político.
De las 10 recomendaciones que hicimos algunas se han ido desarrollando. Sin embargo no cuajó la Comisión Nacional Estratégica de la Deuda Pública, a pesar de una asamblea en octubre del 2015 con esos fines. No había las condiciones. Sin embargo, como he señalado, han ocurrido experimentos muy loables.
“Hacia una teoría de responsabilidad del gobierno federal sobre la deuda pública”, Revista de Política Pública y Legislación, Facultad de Derecho de la UIA, Volumen 1 (diciembre 2016). http://www.derecho.inter.edu/inter/sites/default/files/documentos_generales/RPPL-AGO-DIC-2016.pdf
Inmediato al primer simposio, la ponencia oral, mucho más corta, fue publicada en la Revista 80grados. “Hacia una teoría de responsabilidad del gobierno federal sobre la deuda pública”, 80grados, 1 de mayo 2015. http://www.80grados.net/hacia-una-teoria-de-responsabilidad-del-gobierno-federal-sobre-la-deuda-publica/
[2] COMMONWEALTH OF PUERTO RICO v. SANCHEZ VALLE et al., 579 U. S. ( 9 de junio 2016). Y:
COMMONWEALTH OF PUERTO RICO ET AL. v. FRANKLIN CALIFORNIA TAX-FREE TRUST ET AL., 579 U. S. ( 13 de junio 2016).
[3] US Territories: Introduction and Chapters I, II, III and IV. Harvard Law Review: Developments in the Law. (April 10, 2017).
https://harvardlawreview.org/2017/04/us-territories-introduction
https://harvardlawreview.org/2017/04/territorial-federalism/
https://harvardlawreview.org/2017/04/the-international-place-of-puerto-rico/
https://harvardlawreview.org/2017/04/american-samoa-and-the-citizenship-clause/
https://harvardlawreview.org/2017/04/guam-and-the-case-for-federal-deference/
En el Capítulo II, bajo el título «The International Place of Puerto Rico», se concluye:
«2. Ultimate Responsibility for the Debt. — Recognizing Puerto Rico as a Non-Self-Governing Territory may also have implications for its debt. In particular, Puerto Rico’s debt may qualify as odious, a designation that would give the island’s government reason to contest the enforceability of the debt in the first place.
The doctrine of odious debt, appropriately enough, is traditionally dated to the United States’ refusal to assume the debts of territories gained after the Spanish-American War — territories that included Puerto Rico, Cuba, the Philippines, and Guam.
Spain argued that “the United States would only become responsible for debts that were lawfully contracted by Spain as the legitimate sovereign of Cuba, and only for those debts that either benefited Cuba or were … local.”
The episode was influential on Professor Alexander Sack, who formally articulated a basis for odious debt in 1927.
The doctrine continues to evolve, with scholars arguing that it incorporates notions of sovereignty, development and democracy, and human rights.
There is at least a colorable argument that Puerto Rico’s debts do not benefit the population and that creditors like hedge funds knowingly engaged in precarious lending in the years following the beginning of Puerto Rico’s economic crisis in 2005.
The argument grows stronger if one accepts the potential relevance of the ongoing human rights crisis on the island and the claim that the island’s colonial status has worsened its debt.
Even the conceivable applicability of odious-debt doctrine — a doctrine usually contemplated in the context of transitional justice and dictatorial regimes— should give readers pause.
Additionally, while Puerto Rico’s general obligation bonds remain guaranteed by the Puerto Rican Constitution’s explicit debt-repayment clause, if Puerto Rico were recognized as non-self-governing and under Congress’s plenary powers, an argument could be made that Congress itself should be liable for the island’s massive public debt.» Id. Páginas 1,676-1677. (Citas omitidas).
https://harvardlawreview.org/2017/04/the-international-place-of-puerto-rico/
[4] Sergio M. Marxuach, «Crónica del Endeudamiento», Centro para una Nueva Economía, 3 de febrero 2015.
[5] Deuda Pública Colonial y Auditoría.. Revista 80 Grados. 11 de marzo del 2017. http://www.80grados.net/deuda-publica-colonial-
[6] Para comprender el significado y alcance de la doctrina sobre deuda odiosa colonial, véase la bibliografía citada en el ensayo: «Hacia una teoría de responsabilidad del gobierno federal sobre la deuda pública», Revista jurídica de política pública y legislación, Facultad de Derecho de la UIA. Volumen 1 (diciembre 2016). http://www.derecho.inter.edu/inter/sites/default/files/documentos_generales/RPPL-AGO-DIC-2016.pdf
Un ejemplo moderno de la liberación de una deuda odiosa con dimensión geopolítica fue la exoneración de la deuda colonial cubana en el contexto de la Guerra Hispanoamericana de 1898. Ya a fines de 1899 se habían terminado las negociaciones del Tratado de París y, como parte de esas negociaciones, Estados Unidos le impuso a España la condonación de la deuda colonial cubana. Aquella deuda era muy injusta porque se argumentó que se había generado para sufragar los gastos de la guerra contra los independentistas cubanos. Entonces, Estados Unidos, sin estar plenamente consciente de las consecuencias hacia el futuro de esa doctrina, elaboró la figura de deuda odiosa; y con esa doctrina le impuso a España su determinación de que tenía que asumir aquella deuda, que como nueva potencia colonial se negaba a asumir. Justificó su imposición en el argumento de que era una deuda generada por un poder despótico sin el consentimiento de la población cubana y con pleno conocimiento de la realidad y riesgos del acreedor. Desde entonces esa doctrina, con bases morales y justas, se expandió. En ensayos que abordan esa doctrina se reconoce que en 1927 que el pensador Alexander Sacks la atendió con rigor. En la nota 164, del Capítulo II del número de la Revista Jurídica de Harvard, página 1,677 se indica:
«Sacks tripartite definition quickly became the foundation of odious debt analysis…. Sacks posited that debts were not enforceable when «(1) they were incurred without the consent of the populace, (2) they did not benefit the populace, and (3) the lender knew or should have known about the absence of consent and benefit». Patrick Bolton & David Skeel, Odious Debts or Odious Regimes. 70 LAW & CONTEMPT PROBLEMS 83 (2007)».
Y desde entonces se ha expandido a otros escenarios y ha sido bandera de lucha de países contra las deudas injustas. Tenemos varios ejemplos de exoneración de deudas por razones geopolíticas, no necesariamente predicadas en la doctrina de deuda odiosa. La enorme disminución de la deuda de Alemania Occidental luego de la Segunda Guerra en el contexto de la Guerra Fría, la exoneración de la deuda iraquí, el ejemplo creativo desarrollado por el Ecuador. En los casos de Irak y Ecuador evidentemente fueron situaciones geopolíticas. En Irak, luego de la segunda invasión norteamericana, Estados Unidos necesitaba el funcionamiento del nuevo gobierno para mantener su influencia y control de sus reservas energéticas. Desempolvó la doctrina de deuda odiosa para que el gobierno instaurado no le pagara varios centenares de millones de dólares a bancos europeos. Los acreedores protestaron por el precedente que causaría la aplicación de la doctrina de deuda odiosa. Estados Unidos retiró ese argumento y en su lugar planteó que la deuda de Irak era insostenible, es decir que no se podía pagar sin afectar servicios esenciales a la población. En el caso de Ecuador, un país soberano, el Presidente Rafael Correa promovió un protocolo para una auditoría ciudadana de la deuda, concluyó que muchos fondos provenientes de préstamos se desviaron para fines ilícitos. Hizo un pronunciamiento público, expresó que la deuda pública del Ecuador era odiosa y decretó el impago. El valor de la deuda pública de la República del Ecuador se desplomó en los mercados mundiales, y su gobierno, que tenía un fondo de reserva, compró a precio de quemazón su deuda, ahorró billones de dólares en el servicio de deuda que desde entonces se utilizan para dar servicios a la población por un gobierno social demócrata progresista.
La doctrina de deuda odiosa ha sido acogida y expandida por la moralidad de justicia consensuada por la humanidad en el derecho imperativo internacional. La esencia es la noción de justicia, de equidad. Y hoy en día no sólo es injusto condenar al pago de deudas públicas a una nación sometida a una dominación colonial, también está proscrito imponer a los pueblos de estados nacionales y neocoloniales las deudas utilizadas para sufragar torturas, segregaciones raciales, guerras de agresión , genocidios, torturas, para sostener dictadores, oligarquías corruptas y atentados flagrantes a los derechos humanos y civiles de poblaciones que violentan los principios imperativos de los tratados mundiales civiles, políticos y humanos. Algún día el noble pueblo trabajador norteamericano, cuando acceda al poder, tendrá que valerse de esa doctrina para enfrentar la deuda trillonaria ensangrentada con guerras de agresión y genocidios. Nuestro ejemplo será valioso.
Así que la deuda pública colonial odiosa territorial no puede ser impuesta a la nación puertorriqueña que reside en la isla, menguada su población con el exilio forzoso fruto del colonialismo, y a ser pagada a costa de recortes de servicios y decenas de tributos odiosos que atentan contra la vida, salud, educación, alimentación y derechos humanos. No puede darse una batalla de naturaleza geopolítica contra la deuda pública puertorriqueña con teorías reformistas y digeribles por los Estados Unidos y sus funcionarios territoriales, la auditoría debe estar unida al concepto de deuda odiosa y a la lucha contra el colonialismo.
[7] Yazmin Colón y Rolando Emmanuelli Jiménez. El Título III de Promesa: Ajustes de las Deudas. 10 de mayo 2017.
No es un proceso de quiebras para liberar de la deuda a Puerto Rico. Las deudas de obligaciones generales prioritarias reconocidas en la Constitución del ELA tendrán que pagarse con gran probabilidad, ya sean mediante transacción o litigios prolongados con ciertas reducciones o tal vez hasta el último centavo con prioridad sobre todas las obligaciones, incluidas las generadas para servicios a la población. La deuda asegurada de Cofina, garantizada con los recaudos del IVU, también tendrá que pagarse porque existe una garantía especial para su pago, aunque existe una controversia levantada por los bonistas de obligaciones generales, que los bonos de Cofina se emitieron en infracción a los límites establecidos por la Constitución del ELA. Controversia compleja que parece durará un tiempo a menos que las partes deudora y acreedores lleguen a una transacción con la autorización de la Junta de Control, que actúa como síndico, y por la Corte de Distrito Federal. Las deudas de otros suplidores y acreedores no asegurados son las que pueden disminuir dependiendo del plan de pagos que apruebe la Corte Federal.
[8] Luisa García Pelatti. «Se espera la mayor caída de la economía que hayamos visto», (citando al economista Juan Lara). Sin Comillas. 12 de mayo 2017. http://sincomillas.com/nos-espera-la-mayor-caida-de-la-economia-que-hayamos-visto/
[9] Ese contrato debe estar en los acuerdos de convocatoria de la Asamblea Constitucional de delegados o estatus. El delegado estadista que regrese sin lograr la admisión tendrá que cumplir con el compromiso pactado, so pena de ser sustituido por un delegado afín a la solución de soberanía. Ayudará a desvanecer sus quimeras. Aspecto importante porque el cambio descolonizador hacia la independencia nacional o estados intermedios como la libre asociación requiere desarrollar cambios en las creencias, un nuevo bloque histórico que sustituya el bipartidismo, una cultura patriótica solidaria mayoritaria, cambiar el pensamiento y unir grandes mayorías que hoy siguen a los partidos coloniales.
«El derecho al voto de la diáspora, la deuda pública y la Asamblea Constitucional de Estatus», 80grados. 4 de marzo 2016. http://www.80grados.net/reflexiones-sobre-el-derecho-al-voto-de-la-diaspora-la-deuda-publica-y-la-asamblea-constitucional-de-estatus/
«Por un Congreso Anticolonial», Post Antillano, Revista Dominical. 28 de agosto 2016.
http://www.elpostantillano.net/revista-dominical/332-caribe-hoy/18005-2016-08-28-14-05-42.html
[10] A cerrar el plebiscito y mantener las escuelas abiertas. El Nuevo Día. 17 de mayo de 2017.
http://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/acerrarelplebiscitoymantenerlasescuelasabiertas-columna-2322088/